Domingo 19 de agosto de 2012 | Publicado en edición impresa
El escenario
El miedo como política del Estado
Jueces y fiscales aceptan en reserva que reciben fuertes presiones del Gobierno para salvar a los amigos y para destruir a los enemigos. A veces son conversaciones amables, pero otras veces son métodos brutales. Algunos de esos funcionarios judiciales han recibido sobres anónimos. Llevaban adentro fotos de esos funcionarios en lugares públicos, compartiendo momentos de distensión con amigos. No hacían nada malo. Pero la percibieron como lo que era: una notificación de que son seguidos por los servicios de inteligencia oficiales. Esos funcionarios llevaban en los tribunales (o llevan) cuestiones sensibles para el Gobierno.
El adoctrinamiento de estudiantes de escuelas por parte de La Cámpora sembró el temor entre los propios docentes. Es probable que muchos de ellos ni siquiera le informen en la Capital al gobierno de Macri de tales incursiones, como les ordenó el ministro Esteban Bullrich. No es adoctrinamiento. Enseñamos la verdad, justificó la Presidenta. La verdad es siempre relativa, pero nunca estará en las manos inapelables de una pequeña y sectaria facción política. Una ex secretaria de un ex funcionario importante de los Kirchner acaba de ser despedida de la YPF estatizada en revancha por las posiciones críticas de su anterior jefe. La empleada no tenía jerarquía ni relevancia en la petrolera.
La Unión Industrial no celebrará el Día de la Industria, justo cuando cumple 125 años. La habitual comida estará organizada por el Gobierno en Tecnópolis, que licuará la presencia de la central industrial con representaciones de la CGE, de CAME y, quizá, de La Salada. No hablará ningún representante de la UIA. Los empresarios están estragados de temor. El último caso fue aleccionador. Un empresario de la industria láctea deslizó algunas críticas a la situación nacional en el reciente coloquio anual de la Unión Industrial de Córdoba. Veinticuatro inspectores de la AFIP le cayeron al día siguiente en las oficinas de su empresa. El cristinismo cree, además, que la Unión Industrial de Córdoba, más independiente y liberal que la central nacional, es un instrumento de José Manuel de la Sota. Los casos de hostigamiento a Daniel Scioli, a Macri y, pronto, a De la Sota servirán también para aumentar el miedo (que preexistía) entre muchos gobernadores, más vulnerables política y financieramente que aquellos.
Sólo la Justicia puede intervenir una empresa, pero el Gobierno tomó esa decisión por sí solo con frecuencia en meses recientes. Son los casos de YPF y de la ex Ciccone. Funcionarios oficiales y la Gendarmería podrían repetir tales acciones en otras compañías privadas. Los empresarios lo saben.
Un líder empresario habló hace pocos días con dirigentes de La Cámpora para decirles que el problema económico del país es la falta de inversión más que la inflación. El empresario trataba de explicarles las razones de la desconfianza, pero un camporista le replicaba con los argumentos de su jefa: la culpa es de los bancos, que serán obligados a dar créditos. Tampoco tomaremos créditos, le respondió el industrial. ¿Por qué?, inquirió el camporista. Respuesta: ¿Para qué voy a endeudarme para agrandar mi empresa? ¿Para que Moreno me diga cuánto cuestan las cosas y a quién tengo que venderle, para que Kicillof me indique cuánto debo ganar y para que Marcó del Pont me ordene qué debo hacer con el dinero que gané? El camporista se enfureció aún más.
En una reciente y dramática exposición en la Academia Nacional de Periodismo, el director del diario Perfil, Jorge Fontevecchia, advirtió que el próximo 7 de diciembre el Gobierno podría intervenir los medios audiovisuales del Grupo Clarín con tropas de la Gendarmería. Si eso ocurriera, esas imágenes de gendarmes metiéndose por la fuerza en medios de comunicación no serán vistas por los argentinos. Un apagón audiovisual sucederá, concluyó Fontevecchia, un viejo crítico de Clarín que carece de intereses en medios audiovisuales. Señalaba, así, que el resto de la televisión está bajo control directo o indirecto del Gobierno. El propio Gobierno bate el parche de que el 7 de diciembre cambiará el ecosistema de los medios en el país, aunque la Corte Suprema nunca dijo eso. Sólo se caería una cautelar, si no hubiera antes una sentencia sobre la constitucionalidad de un artículo, y comenzaría a correr el plazo de un año para desinvertir. Pero el kirchnerismo podría estar instalando la idea de que existe un reloj implacable para dejarle lugar a la posterior arbitrariedad.
Después vendrán, si aquella advertencia se cumpliera, por los pocos diarios independientes que quedan. Para que la política del miedo funcione, el periodismo debe perder la voz, la imagen y las palabras
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