Editorial I
Otra estafa a los jubilados
Mientras el Gobierno dice que no puede pagar los reajustes previsionales, desvía los fondos de la Anses para hacer proselitismo
La alevosía y el descaro con los cuales el Gobierno viene estafando a los jubilados no conoce freno en su afán de continuar abusando de quienes no pueden defenderse.
Cálculos de varios especialistas en seguridad social señalan que, en realidad, el último aumento otorgado a las jubilaciones y las pensiones debería haber sido de entre el 14,1 y el 14,5 por ciento, y no del 11,42 por ciento aplicado a partir de septiembre último.
Ese tres por ciento de diferencia representa más de 6000 millones de pesos anuales que dejaría de percibir la llamada clase pasiva, y generó un pedido de informes efectuado a la Anses por el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, para que el organismo previsional explique cómo realizó el cálculo del incremento. Ese cálculo se efectúa dos veces al año, tomando la mitad del incremento de la recaudación impositiva destinada a la Anses por beneficiario y la mitad de la variación semestral de los salarios, según el Indec o el índice del Ministerio de Trabajo. De ambos índices de salarios se opta por el más alto.
A su vez, y por el mismo motivo, el director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, fue denunciado por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y de violar la ley de movilidad jubilatoria, por la asociación civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional. La denuncia recayó en el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Al mismo tiempo el diputado radical Eduardo Santín, vicepresidente de la Comisión de Previsión Social, denunció en la Cámara baja que la Anses "perjudicó a todos los jubilados y pensionados del país en 400 millones de pesos por mes".
El posible "error" en el aumento se suma a la avalancha de juicios que los jubilados se ven en la obligación de iniciar para intentar que la Anses les actualice sus haberes de acuerdo con el fallo Badaro, que dispuso la movilidad de las jubilaciones. En este sentido, tras ser convocado por la Corte Suprema por ese motivo, Bossio explicó ante el máximo tribunal que si tuviera que satisfacer los 240.000 planteos judiciales por reajustes de haberes, el organismo caería en un déficit operativo, pues carece de fondos suficientes para esos pagos.
Los jueces de la Corte querían saber por qué la Anses no aplica el criterio de movilidad establecido por el alto tribunal. Bossio sostuvo que todo cuanto ingresa se gasta y mencionó que se amplió la base de prestaciones, que desde 2003 comprende a sectores postergados.
Es sabido que por medio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que maneja poco más de 200.000 millones de pesos, y de sus excedentes, la Anses se ocupa de financiar los déficits del Tesoro Nacional y concede créditos tanto a empresas públicas como a privadas, y también financia diversos planes de viviendas, el de computadoras escolares, el Procrear, los 14.000 millones de pesos de la Asignación Universal por Hijo y los 20.000 millones de pesos anuales de las pensiones no contributivas que otorga Desarrollo Social y que en diez años subieron de 300.000 a 1.200.000 pesos.
Por lo tanto, si es cierto, como sostiene Bossio, que la Anses no puede pagar los haberes que les corresponden a jubilados y pensionados, se debe, en primer término, a una decisión política inhumana, que equivale a un saqueo. Y en segundo término, a que el organismo previsional, desobedeciendo varias decisiones judiciales, se ha convertido en una caja destinada a financiar medidas de tipo proselitista.
Un dato sirve para mostrar qué ha ocurrido con los haberes jubilatorios en la última década. En 2001, sólo el 16,1 por ciento de los jubilados y pensionados cobraba el haber mínimo, mientras que en la actualidad lo cobra el 75 por ciento. El Gobierno ha privilegiado a quienes perciben el haber mínimo, postergando en los aumentos al resto de los beneficiarios, quienes tuvieron que recurrir a la Justicia para reclamar los ajustes que les adeudan.
Por esa razón, la Corte Suprema estableció que los haberes tenían que haberse actualizado según la evolución de los salarios. El fallo Badaro originó, a su vez, más juicios previsionales. El corriente año ingresaron en los tribunales 74.731 nuevas causas, que representan un incremento del cinco por ciento respecto del año pasado.
Es evidente la absoluta falta de interés de la Anses, y por lo tanto del Gobierno, por cumplir con quienes aportaron al sistema durante décadas, al tiempo que ya no sabe a qué recurrir con tal de estafarlos y quedarse con su dinero. Hace ya tiempo que en esta columna sostenemos que este saqueo descansa sobre un cruel cálculo: que el tiempo fatalmente juega en contra de los pobres jubilados y pensionados que deben recurrir a la Justicia.
Por esta razón es que, a estas alturas, y habiéndose concretada ya la segunda presentación de Bossio ante la Corte, en la cual sostuvo que no pagará lo que adeuda a los jubilados, el máximo tribunal, sin más dilaciones, debe adoptar una pronta decisión y también los recaudos para que ésta sea de cumplimiento efectivo para un gobierno acostumbrado a hacer caso omiso de sus fallos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario