Una gestión con pocas luces

Sábado 10 de noviembre de 2012

Una gestión con pocas luces

Por Francisco Olivera  | LA NACION



En la tarde sofocante, Luis Beuret, subsecretario de Energía Eléctrica, salió casi a las corridas del Ministerio de Planificación y se dirigió a Cammesa, administradora del mercado compuesta por las empresas de electricidad y el Estado. Fue el miércoles, con la ciudad colapsada por el tránsito y en medio de un apagón que alcanzaba en ese momento a unos 500.000 clientes residenciales. En realidad, para ningún funcionario de la cartera que conduce Julio De Vido habría tenido sentido seguir en el lugar de trabajo: el edificio estaba ya sin luz y entraría momentos después en penumbras, por lo que varios empleados fueron autorizados a volverse a la casa.

Beuret es algo así como el Julio Cobos de la industria eléctrica. Ingeniero mendocino, se desempeñó durante muchos años en Cammesa y se ganó la confianza de sus pares de las empresas, que se sintieron defraudados al verlo después de 2007, ya designado subsecretario del área, relativizando con frecuencia las dificultades del sector. El miércoles volvió a ser él, de todos modos, junto con el subsecretario Roberto Baratta, el que interactuó con los agentes del mercado para atenuar los efectos del corte, provocado por una falla en dos líneas de alta tensión de Edesur.

La energética será recordada, probablemente, como la gestión más difícil de entender del kirchnerismo. Diez años le bastaron para despedazar un sistema que, después de la privatización de 1992, llegó a ser considerado uno de los más modernos del mundo y, aunque ahora parezca extraño, modelo de gerenciamiento. La Argentina venía de un promedio de cortes de 21 horas anuales por usuario y, gracias a inversiones por unos 16.800 millones de dólares, logró al cabo de una década reducir las interrupciones a sólo 5 horas. Todo, sin que le costara un centavo al usuario, porque las tarifas bajaron un 21%: una familia tipo que pagaba en septiembre de 1992 una factura de 35 pesos sin impuestos, por bimestre, abonaba, en 2002, 28.

Fue, guste o no, una de las privatizaciones más exitosas, principalmente si se atienden los números de lo que ocurrió después. Según un informe del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), publicado en la página de Internet del organismo, si se comparan los períodos 2003-2006 y 2007-2010, se advierte que entre uno y otro los cortes subieron, según la empresa prestadora, hasta 90% en cantidad de interrupciones por hogar y 175% en duración.

Es cierto que a veces, en cuestiones energéticas o de Estado, la épica suele primar sobre determinados asuntos técnicos. De otro modo no se entendería el conmovedor spot publicitario con que YPF acaba de sorprender a la industria petrolera: muestra a un camión cisterna de combustibles con el logo de la empresa en medio de una locación de perforación de crudo. Una creatividad sólo comparable a exhibir un quiosco y promotoras de Milka o Toblerone frente a una plantación de cacao.

Es esa obsesión retórica lo que seguramente habrá llevado el jueves a De Vido a inflar el pecho y exclamar, ante un periodista de TN que le preguntaba si no hacía una autocrítica de su gestión: "Nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho". O a la propia presidenta de la Nación a inaugurar, el año pasado, con una turbina girando en falso para la ocasión, nada menos que la central de Atucha II, cuyo suministro de electricidad empezará en un plazo no menor a un año y medio.

Pero el problema no es el énfasis del discurso, sino haber desatendido al mismo tiempo cuestiones elementales de la electricidad. Al principio no parecía tan difícil: habría bastado sólo con repasar el plan con que Daniel Cameron, actual secretario de Energía, recorría despachos, centros de conferencias y empresas durante la campaña de Néstor Kirchner en 2002. "Existen riesgos concretos de desabastecimiento a mediano plazo (2 a 3 años) a partir de la salida de la recesión", advertía uno de los slides de esa presentación, acompañada al pie por el anticipo de "Kirchner presidente". Ese programa incluía, por ejemplo, aumentos escalonados de tarifas domiciliarias durante los primeros 18 meses de gestión. Nunca se aplicaron.

No es la primera vez que un ingeniero es apartado de este tipo de discusiones. Le ocurrió hace tres viernes a Alberto Fiandesio, asesor de la Secretaría de Energía y enviado, por encargo de Cameron, a una reunión de la Comisión de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas. La idea era conversar con cinco petroleras -entre ellas, Pan American Energy, Total y Petrobras- cada una por separado. Imposibilitado de ir por el casamiento de su hijo, Cameron, que integra la comisión con Moreno y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, mandó a Fiandesio. Era además una buena manera de incluir a un ingeniero en el encuentro: Moreno y Kicillof son economistas; Baratta, licenciado en Comercio Exterior.

Pero la llegada de Fiandesio no entusiasmó. Primero, a Baratta se le ocurrió encomendarle otra tarea: le pidió que trabajara en un asunto menor sobre gas con Walter Fagyas, un joven asesor del ministerio. "Pero es que yo vengo en representación de Cameron", se defendió Fiandesio. No hubo caso, no tenía que estar allí. Abandonó entonces enojado la reunión y tuvo, momentos después, un problema de presión como consecuencia del disgusto.

Es lo que ocurre cuando por debajo de todo subyace lo que los militantes llaman "la política". Sería el único modo de asimilar los 14.300 millones de dólares que gastará este año la Argentina en importaciones energéticas, Aerolíneas y el sistema ferroviario. Un informe de Emilio Apud, ex secretario de Energía, deja al respecto entrever similitudes y contrastes irritantes con los años 80. Si se suman las pérdidas anuales que tenían 17 compañías estatales como YPF, Ferrocarriles, Entel, Gas del Estado, Segba y Agua y Energía antes de las privatizaciones de Menem, la cifra asciende, a valores actualizados de marzo de 2012, a un nivel equiparable: 15.609,412 millones de dólares.

Veinte años más tarde, el agujero es el mismo. Ese monto, que alcanzaría hoy para cuadruplicar la asignación por hijo, habría bastado ayer para tapar un hueco fiscal sin la necesidad de privatizar empresas. Dos panzadas de progresismo.

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