Editorial I

Ante un peligroso retroceso institucional

Los últimos ataques a la Justicia por parte de la Presidenta y de Hebe de Bonafini constituyen una amenaza y un intento de presión

Es cada vez mayor la inquina que el Poder Ejecutivo Nacional manifiesta contra los tribunales que no se doblegan ante su voluntad, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y también es cada vez mayor la agresividad con que la Presidenta y sus voceros formulan esas críticas que en nada se diferencian de la presión lisa y llana.

El viernes, desde la escalinata del Palacio de Tribunales, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, volvió a arremeter contra los integrantes de la Corte , y anunció que todos los jueves revelará la historia de cada uno de los magistrados de ese tribunal para que se sepa "quiénes son, de dónde vienen, a quiénes apoyaron". El silencio con que el Gobierno acompañó los dichos de Bonafini sólo puede leerse como un tácito respaldo a la amenaza.

Al día siguiente, la Presidenta, desde su cuenta de la red social Twitter y mediante una andanada de 22 mensajes, formuló el más duro de sus cuestionamientos a la Justicia, dudando de su idoneidad, achacándole la defensa de "las corporaciones" y acusándola de afectar el funcionamiento institucional del país porque se ha transformado en un "superpoder". Al opinar sobre el fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal que el viernes último frenó la estatización del predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) dispuesta por el Gobierno, sostuvo que el sistema democrático "está severamente dañado por la falta de administración de justicia". Agregó que hay "un desequilibrio total del sistema democrático" porque "los jueces gobiernan anulando decisiones" del Poder Ejecutivo y Legislativo, y sostuvo que la mencionada Cámara "ha traspasado -y se le ha permitido traspasar- todos los límites".

Por lo visto, la Presidenta entiende que, cuando un tribunal realiza el control de constitucionalidad, previsto en la Ley Fundamental, se erige en un "superpoder" si resuelve en contra de la voluntad de la Casa Rosada. En realidad, es el Ejecutivo el que pretende erigirse en un "superpoder" al procurar, con la crítica y la ofensa públicas, asustar y dominar al Poder Judicial.

No debería sorprender este final: Néstor Kirchner había llegado al poder en 2003 después de rebelarse a cumplir con la orden del más alto tribunal del país de reponer al ex procurador general de Santa Cruz, Eduardo Sosa, removido por aquél en una decisión que la Justicia consideró ilegal.

Otras decisiones en igual sentido adoptadas por la Corte fueron igualmente desconocidas por las autoridades de esa provincia, y el tribunal elevó una nota al Congreso de la Nación con la notificación de los hechos. Eso fue lo mínimo que podía haber hecho la Corte en su afán de evitar una colisión de poderes y, por lo tanto, una crisis fomentada con inconsciencia institucional por el Poder Ejecutivo. Fue también un modo de decirle al Congreso que se hiciera cargo de la parte que le correspondía.

Con una reacción airada ante la independencia de criterio con la cual la Corte mantuvo la cautelar que ha preservado derechos legítimos de medios de comunicación mientras se sustancia la cuestión de fondo sobre la ley en materia audiovisual, la Presidenta, con el lenguaje desinhibido que la caracteriza, ha dicho que los jueces no pagan impuestos a las ganancias y cobran jubilaciones de privilegio, situaciones con antiguo sustento constitucional.

Peor aún, el ministro de Justicia, Julio Alak, llegó al colmo de advertir que una decisión contraria a los intereses del Gobierno en el caso que ha dominado la escena política de fines y comienzos de año sería "un levantamiento" contra el Poder Ejecutivo. Constituir eso en escándalo es menos perverso que la utilización de los instrumentos de inteligencia con el propósito de amedrentar a los jueces de la Corte.

En ámbitos judiciales se habla de situaciones llamativas: el juez Juan Carlos Maqueda constató que es seguido; se han distorsionado expresiones ocasionales del juez Carlos Fayt, en las que encomió la personalidad pública del presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, a fin de desprestigiar a éste, y hasta se ha suspendido la aprobación del proyecto de reformas al Código Civil, previstas para el fin de 2012, y en el que habían trabajado Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco. Ningún recurso es prescindible para el pequeño núcleo duro del poder cuando se trata de apalear a los adversarios. Así, se han envilecido los recursos públicos en gastos de propaganda política en la vía pública por los cuales se ha procurado demonizar la figura del presidente de la Corte.

Esta escalada debe cesar cuanto antes para evitar que se desboque. Un enfrentamiento entre dos poderes o, mejor dicho, el ataque constante que sufre uno de ellos por parte de otro, indica que estamos ante un muy peligroso retroceso institucional.

La Nacion