Editorial I
Chávez y la legalidad
El aval judicial para que el presidente venezolano demorara su reasunción en el cargo, sin fijarle plazos, vulnera el derecho y pone en riesgo a la república
ocos conocen la verdad acerca del estado de salud de Hugo Chávez. Apenas saben sus detalles los líderes cubanos y la plana mayor del oficialismo de Venezuela. Presumiblemente también, aunque seguro que en menor medida, algunos jefes de Estado de la región cercanos a la ideología chavista, que participaron anteayer en Caracas del masivo encuentro convocado en apoyo del oficialismo para el día en que el presidente de Venezuela debió haber reasumido el cargo, acción que no ocurrió.
El pueblo de ese país sigue sin acceder a esa información. A cambio, recibe noticias imprecisas sobre el estado de Chávez, que continúa internado en Cuba, en lo que se muestra como una minuciosamente calculada operación de los servicios de inteligencia. Lo cierto es que, lejos de aclarar las cosas, el extendido silencio informativo deriva en que todas las hipótesis sobre el futuro del popular líder caribeño queden abiertas.
No obstante esas enormes lagunas, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, concedió rápidamente a Chávez "todo el tiempo que necesite", sin precisar ningún límite, para reponerse y prestar el juramento que lo habilita a asumir la presidencia de su país por un nuevo mandato de seis años: el cuarto consecutivo.
La decisión apuntada debe meditarse en función de los antecedentes jurídicos venezolanos sobre este mismo tema. Pese a lo que algunos observadores sostuvieron respecto de que la jura es un mero "formalismo", la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha sido clara. Según la Sala Constitucional de ese tribunal, se trataba de "una solemnidad imprescindible para la asunción de la magistratura". Palabras precisas, emitidas por ese organismo en mayo del año 2009. Por ello, también consideró que el juramento "condiciona la producción de efectos jurídicos de una de las funciones esenciales: la ejecutiva".
Lo antedicho se complementa con otro antecedente en idéntica dirección. En este caso, emanado de la Sala Electoral del mismo tribunal. Se trata del dictamen 59, del 31 de mayo de 2005, que dispuso que "no podrá considerarse completado o finalizado el proceso electoral que no culmine en la efectiva toma de posesión del cargo por parte del candidato electo".
En función de esos dos antecedentes, la oposición requirió el juramento. Como respuesta, se organizaron en las calles de Caracas, manifestaciones de apoyo a Chávez a las que concurrieron los jefes de Estado de Uruguay, Bolivia y Nicaragua, así como el canciller argentino, Héctor Timerman. Este último concurrió por instrucciones precisas de la presidenta Cristina Kirchner, que decidió viajar a La Habana para interiorizarse de la salud de su amigo.
Antes de concretarse esos apoyos, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela cambió su anterior criterio y, con el voto de sus siete jueces, decidió que "el Poder Ejecutivo (.) seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa". Como si se tratara de un mismo y único mandato, no de una reelección. A lo que agregó, por boca de su presidenta, Luisa Estella Morales, que "no existen méritos para la convocatoria de una junta médica", que establezca el verdadero estado de salud de Chávez.
Por todo esto, Nicolás Maduro, vicepresidente y hombre de confianza de Chávez, ha seguido en funciones, sin aplicarse el articulado de la Constitución de Venezuela que regula el supuesto de falta absoluta del presidente, con lo que se dejó de lado la posible convocatoria a una nueva elección.
Diosdado Cabello, el titular de la Asamblea Nacional, visiblemente exasperado, llamó hiperbólicamente a sus partidarios a defender la decisión del alto tribunal "rodilla en tierra, fusil en mano y bayoneta calada".
La oposición, por su parte, ha convocado a una marcha de protesta para el 23 de este mes, en reclamo del imperio del derecho, así como información fidedigna sobre la verdadera situación de Chávez.
Henrique Capriles, aún líder de la oposición unificada, tras aceptar la opinión del alto tribunal sobre la difícil situación institucional venezolana, reclamó transparencia y el cese de las provocaciones intimidatorias.
La decisión del Tribunal Superior de Justicia venezolano parece haber evitado que el Estado de Derecho quedase de lado, por aquello tan lamentable de que para los bolivarianos, al menos "lo político tiene prioridad sobre lo jurídico".
No obstante, ocurre que la Constitución de Venezuela tiene un procedimiento específico previsto para gobernar este tipo de emergencias. Lo han dejado de lado quienes suponen que la ausencia de Chávez no es absoluta y que, en un tiempo razonable, podrá hacerse cargo de las importantes funciones que le confió su pueblo en las urnas.
Es de esperar que los hechos no desmientan ese supuesto. Respetar el derecho es una exigencia central de la democracia. Es, en verdad, uno de sus principios básicos, que no debe ser manipulado políticamente. La evolución de la salud de Chávez demostrará pronto cuán acertada o no ha sido la decisión de la justicia venezolana. El pueblo todo de Venezuela merece transparencia y apego a la ley
La Nacion
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