Martes 18 de febrero de 2014 | Publicado en edición impresa

Ley de Medios

Aprueban la división de Clarín tras cuatro años de pelea judicial

Por José Crettaz | LA NACION

A mediados de agosto, el Grupo Clarín deberá dividir sus medios audiovisuales en seis unidades empresariales distintas, tal como propuso en noviembre pasado, tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la constitucionalidad de la polémica ley de medios. Así lo determinó ayer la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) al declarar admisible el plan de adecuación presentado por la empresa tras cuatro largos años de litigio judicial y administrativo.

Sin embargo, a pesar de este aparente triunfo oficial, no hubo festejos en el Gobierno, como sí ocurrió en los días previos al fallido 7-D. En cambio, los que parecieron más satisfechos ayer fueron los voceros del Grupo Clarín. Salvo el presidente de la Afsca, Martín Sabbatella, no hubo como en otras oportunidades declaraciones de funcionarios de primera línea de la presidenta Cristina Kirchner.

Ahora, Clarín tendrá 180 días para reorganizarse societariamente, definir con cuál de las seis unidades audiovisuales se quedará y resolver, además, qué hará con las restantes: si las venderá a terceros no vinculados, las transferirá a familiares de los accionistas controlantes o a actuales ejecutivos del conglomerado, opciones todas ya instrumentadas por otros grupos y aprobadas o en proceso de aprobación por parte de la Afsca.

"Todas las opciones posibles están siendo analizadas", dijo a LA NACION el gerente de Comunicaciones Externas del Grupo Clarín, Martín Etchevers. Al menos un mes tardarán el directorio y la asamblea de accionistas de Clarín -empresa que cotiza en las bolsas de Buenos Aires y de Londres- en aprobar el plan.

El empresario mexicano David Martínez, dueño de Telecom Argentina, socio minoritario de Clarín en Cablevisión y uno de los principales tenedores de bonos soberanos del Estado argentino, fue clave en la aprobación del plan. Martínez -de diálogo fluido con el secretario legal y técnico Carlos Zannini, jefe de hecho de Sabbatella- busca asegurar sus negocios en el país, donde estaría viendo la posibilidad de consolidar estas participaciones accionarias.

Lejos de terminar, la polémica parece reverdecer. "El Grupo Clarín finalmente se rindió, porque ningún gigante logra para siempre pisarles la cabeza a los demás y condicionar a la sociedad, al Estado y a la democracia. Sobre todo cuando enfrente se para un gobierno que se hace cargo de una historia de 30 años de lucha y que está dispuesto a no dejar que se avasallen leyes y derechos", afirmó Sabbatella tras la reunión de directorio, que por unanimidad aprobó los planes de adecuación.

En un comunicado, la empresa respondió: "Esas declaraciones contra el Grupo Clarín no hacen más que confirmar su falta de imparcialidad y su intolerancia a los pocos medios que el poder político no controla".

"El Gobierno no sabe todavía si ganó o perdió la supuesta batalla contra los «monopolios mediáticos». Lo cierto es que, como fue siempre, este tema no le preocupa a la gente, que tiene sus intereses reales en la economía o en si empezarán las clases", afirmó Gerardo Milman, director de la Afsca por el Frente Amplio Progresista. "Acá no termina nada, acá recién empieza y hay que ver cómo el Estado está en condiciones de examinar las nuevas condiciones de los titulares de las licencias, y luego ver si funciona la lógica procompetitiva de la ley", afirmó Marcelo Stubrin, director por la Unión Cívica Radical.

"Esto no es gratis, tiene un costo enorme en pérdidas de sinergias, con medios más vulnerables frente al poder político y frente a la evolución tecnológica", insistió Etchevers. "Es el inicio del fin de las posiciones hegemónicas en el mercado de la comunicación que tanto daño les hicieron y les hacen a la pluralidad de voces y a la libertad de expresión", opinó Sabbatella.

Otros planes aprobados

El directorio de la Afsca también aprobó las adecuaciones de los grupos Manzano-Vila -el segundo más grande del país, propiedad del ex ministro justicialista José Luis Manzano y Daniel Vila- y Aldrey Iglesias, de Mar del Plata. En cambio, postergó nuevamente el tratamiento de las adecuaciones de Telefónica-Telefé (ver aparte), Prisa-Radio Continental y Pierri-Telecentro.

Prisa, una empresa cuya casa matriz está en España, enfrenta el escollo de ser una firma extranjera que controla un licenciatario de medios audiovisuales. Y Telecentro deberá resignar su sistema de TV paga inalámbrica y solicitar varias licencias para cubrir el mismo territorio al que hoy llega con una sola.

El caso de Manzano-Vila queda supeditado a la definición del concurso de acreedores de su principal empresa, la cableoperadora Supercanal, que lleva 15 años y aún no está cerrado porque el juez interviniente exige la presentación de avales que garanticen que los acreedores cobrarán la deuda. La adecuación de este grupo de medios también está sujeta a la resolución de una medida cautelar dictada en un misterioso juicio que impide a la Afsca decidir sobre los activos de la empresa.

Stubrin y Milman, que votaron afirmativamente esta resolución, exigieron que antes de dar otro paso el juez interviniente en el concurso dé su conformidad, lo mismo que "todo otro magistrado judicial que pudiere haber dictado alguna medida precautoria que impida la transferencia de bienes, acciones, empresas o licencias del grupo Supercanal". Además, la Afsca le exigió a Manzano-Vila una serie de correcciones en su plan de adecuación.

Ayer, el directorio de la Afsca -con los votos negativos de Stubrin y de Milman- también aprobó la adjudicación de LT28 AM 1470, de Rafaela, a la fundación Rafaela XXI, presidida por Marta Engler, ex funcionaria y estrecha colaboradora del diputado nacional kirchnerista Omar Perotti, hombre fuerte de la política local en esa ciudad santafecina. Se trata de la primera emisora concursada sólo entre entidades no comerciales.