Viernes 14 de febrero de 2014 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Un vicepresidente con pedido de indagatoria

Sería una enorme muestra de independencia que la Justicia citara a Boudou en la causa Ciccone, acusado por un presunto hecho de corrupción

inalmente, ocurrió lo que tenía que ocurrir, lo que todos en el Gobierno y en la Justicia reconocían como inevitable: el fiscal federal Jorge Di Lello pidió al juez federal Ariel Lijo que indague al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, tras acusarlo de negociaciones incompatibles con su cargo en el caso de la ex imprenta Ciccone.

Podríamos decir que nos encontramos ante un hecho de suma gravedad por el cargo que ejerce Boudou, pero más llanamente también podemos decir sin eufemismos que es un verdadero escándalo que quien ostenta tan alta investidura y reemplaza a la Presidenta en caso de enfermedad o viajes, se encuentre acusado en un presunto caso de corrupción. Con el agravante de que el vicepresidente nunca ha dado explicaciones acabadas que despejen las muy fundadas dudas y sospechas que no hacen más que crecer y fortalecerse con los nuevos datos que sobre este caso ha aportado el periodismo independiente.

Sostuvo el fiscal Di Lello que Boudou, mientras ejercía como ministro de Economía, se interesó indebidamente en el trámite del levantamiento de la quiebra de la ex imprenta Ciccone Calcográfica. En cambio, no lo acusó de ser el dueño de la nueva Ciccone, aunque escondido detrás de testaferros. Junto con Boudou, imputó también al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por el mismo presunto delito, y a otras siete personas.

En el caso de Echegaray, lo acusa de haberle otorgado a la nueva Ciccone un tratamiento impositivo de carácter preferencial. El requerimiento del fiscal incluye a Alejandro Vandenbroele, titular de la firma The Old Fund, que se hizo cargo de Ciccone, y quien vivía en un piso en Puerto Madero cuya propiedad se atribuye a Boudou.

En opinión del fiscal, es preciso que la situación procesal del vicepresidente en la causa -una de las tantas en que aparece involucrado por su escandaloso proceder mientras era ministro de Economía- tenga una pronta resolución debido a que, por la jerarquía del cargo, "se encuentra comprometido el mandato constitucional acordado oportunamente por el pueblo de la Nación". Agregó que la causa Ciccone está "sujeta a una gran actividad mediática" y que, dado el tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones, "no resulta razonable que un funcionario público, de la jerarquía del vicepresidente de la Nación, esté sujeto a investigación penal de manera eterna e indefinida".

Por lo pronto, el juez Lijo puede acceder al pedido fiscal y ordenar la indagatoria, u ordenarla después, o rechazar el pedido. Es sabido que Lijo, en principio, era partidario de indagar a Boudou más adelante y continuar con las testimoniales hasta abril o mayo próximos, y que prefería a Echegaray como testigo y no como imputado, igual que a Nicolás Ciccone, fundador de la imprenta, a quien Di Lello también imputó.

El fiscal procura esclarecer qué actividad desarrollaron Vandenbroele y la firma The Old Fund, que adquirió Ciccone Calcográfica, precisamente cuando había sido declarada en quiebra "con fondos cuyo origen fue puesto en duda".

La compra, señaló, habría tenido la intención de "lograr la contratación con el Estado nacional para la producción de billetes de curso legal" y aclaró que a Boudou se lo investiga porque se habría interesado en la operación comercial junto con su socio comercial José María Núñez Carmona. Sospecha el fiscal que el levantamiento de la quiebra y el otorgamiento de un beneficioso plan de pago de las deudas que mantenía de Ciccone se habría instrumentado con la connivencia de funcionarios de la AFIP, principal acreedora.

La diferencia de criterios entre el juez y el fiscal no debería preocupar, siempre y cuando ambos tiendan a la búsqueda de la verdad. Es cierto, como sostuvo Di Lello, que ha transcurrido demasiado tiempo y que es hora de que Boudou pueda defenderse. Pero los responsables del transcurso del tiempo sin indagatorias son él y el juez. ¿Por qué Di Lello no pidió antes la indagatoria? Además, dada la situación en que se encuentra Boudou, la acusación de este fiscal es muy leve.

Hasta ahora, lo que ha hecho el vicepresidente ha sido impulsar la remoción de funcionarios que no lo protegieron, como el anterior juez y el anterior fiscal, y el procurador general de la Nación, Esteban Righi. Su presentación voluntaria ante el juez Lijo al día siguiente del pedido de indagatoria fue sólo un gesto para la televisión y la militancia. Todos los ciudadanos se encuentran a disposición de la Justicia.

Con similar desparpajo, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que hubo "una sistemática persecución y linchamiento mediático [de Boudou] a partir del adelantamiento de información respecto de las medidas del fiscal actuante". Un disparate. Informar con velocidad y veracidad es la obligación del periodismo serio e independiente. A menos, claro, que Capitanich en su fuero interno considere que el futuro procesal de Boudou puede equipararse con el de alguien que tiene una soga al cuello.

Cuanto antes se pueda escuchar la versión del vicepresidente sobre los hechos, mejor. Para la justicia federal penal de nuestro país, particularmente tan lenta cuando se trata de quienes ostentan el poder político, sería un enorme paso adelante y una señal de independencia animarse a indagar a un alto funcionario aún en funciones y resolver su situación atendiendo exclusivamente a las pruebas.

La Nacion