Lunes 24 de marzo de 2014 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Caso Monsanto: sin lugar para distraídos

El nuevo estudio del impacto ambiental de una planta procesadora de semillas en Córdoba deberá poner fin a una ardua polémica

os movimientos ambientalistas han tenido una fuerte presencia mundial desde el último tercio del siglo XX. Han contribuido, como elemento de equilibrio, al balance más justo, más prudente en la relación entre el aprovechamiento sin límites de los recursos no renovables del planeta y las reglas elementales de preservación de la naturaleza y del entorno en el que debe desenvolverse la vida humana.

Hasta allí todo ha sido en favor del bien común. El problema, como sucede en renglones paralelos con el aprovechamiento de los derechos humanos como factoría al servicio de intereses políticos y económicos, se presenta cuando la invocación de principios ecológicos y de sustento de la existencia humana en la tierra va atada a supersticiones colectivas , alentadas por quienes procuran subordinar, a causas discutibles, luchas de indudable nobleza.

En la localidad de Malvinas, a 15 kilómetros de la ciudad de Córdoba, está paralizada desde hace meses una planta de procesamiento y acondicionamiento de semillas de maíz. Se trata de una inversión total de 400 millones de dólares, la mayor que en estos momentos encare Monsanto en el plano internacional, gigante de la actividad agronómica y conceptuada por realizaciones de la más alta vanguardia tecnológica.

El proyecto de Malvinas en nada se diferencia de la planta de esa firma que desde hace veinte años opera en el partido de Rojas, en la zona núcleo bonaerense. En rigor, tampoco debería tener una naturaleza ajena a la de otros 40 establecimientos de igual índole abiertos en distintas partes del país. ¿Qué ha ocurrido para que la Cámara del Trabajo de Córdoba haya dado lugar, a comienzos del año último, a una medida de amparo presentada por vecinos a fin de que se suspenda la construcción del establecimiento de Malvinas?

Al margen de la decisión judicial, que acató, Monsanto decidió no invertir un dólar más hasta que el proyecto cuente con la aprobación legal definitiva. El Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de Córdoba ha devuelto el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa en razón de que "identificó que en el desarrollo del proceso productivo no se cumple con los requisitos básicos de gestión integral de estudios". Ha dicho que la documentación presentada es insuficiente, reiterativa y sin la profundidad técnica necesaria. La inversión prevista en Malvinas supone crear una fuente de trabajo para 400 personas. Más que eso, equivale a una radicación directa de capitales en un país que los ahuyenta.

Córdoba había sido protagonista en los últimos años de un par de episodios desdichados sobre mala práctica de procedimiento agronómicos, pero que en el sentir colectivo, espoleado por grupos políticos de activismo callejero, han quedado grabados. En el caso que hoy nos ocupa, la empresa se ha ofrecido para la presentación de un nuevo estudio, a cuya elaboración invita a científicos acreditados; entre otros, a algunos actuantes en la Universidad Nacional de Córdoba.

Esa es la única manera de resolver una cuestión a la que están abrazados por lo menos dos movimientos políticos de izquierda. Si las decisiones que conciernen al aprovechamiento de los recursos naturales y a la dotación de nuevas industrias van a quedar prisioneras de motivaciones políticas y emotivas sin racionalidad alguna, debe temerse un porvenir sin salida para nuestro país.

Deben hacerse los estudios que correspondan, con absoluta seriedad y profundidad. Del mismo modo, los políticos, desde el gobierno nacional y provincial hasta las autoridades locales, deben tener el coraje cívico que exige ejercer la función pública y debe acercarse Monsanto a la sociedad para explicarle lo que ocurre y para consensuar, en las operaciones comerciales de todos los días, sus intereses con el de la sensibilidad de los productores argentinos.

Es rasgo de perspicacia tomar nota de que la comunidad agropecuaria tendría que haberse preocupado más de lo que lo ha hecho hasta aquí por una situación que, como la de Malvinas, le concierne en su conjunto.

No se trata, además, de que la Nación y la provincia se desentiendan de un conflicto perturbador del desarrollo nacional y pretendan descargar el costo de defender las obras en cuestión, aislado de otras compañías responsables, en el intendente de Malvinas, que es radical. No caben ambiguedades en temas de esta complejidad, no sólo ambiental, sino institucional.

Llama la atención que pueda producir daños a una población cordobesa lo que funciona sin agravios en otras partes del país, pero eso debe probarse de manera fehaciente y con urgencia. No hay lugar para los distraídos, comenzando por quienes celebraron el anuncio de una de las escasas inversiones de capitales extranjeros que estaba en marcha en la Argentina.

La Nacion