Sábado 09 de marzo de 2013 | Publicado en edición impresa

El análisis

Una derrota de la impunidad

Por Jorge Urien Berri  | LA NACION

Había sonado a burla aquel sobreseimiento a todos los acusados por el contrabando de armas del Ejército a Croacia y Ecuador en septiembre de 2011 , que ahora la Sala I de la Cámara de Casación ha enmendado en una de las causas por corrupción que más pruebas acumula en sus miles de fojas. Se abre, así, un sorpresivo paréntesis en la larga rutina de la impunidad.

Son demasiadas las pruebas y demasiados los muertos que recorren este caso que entronca con el de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995 y sus siete muertos y centenares de heridos. Y quizá también con la caída de un helicóptero del Ejército en el Campo de Polo de Palermo en 1996 (11 muertos) y con la muerte, en 2003, de la ex secretaria de Emir Yoma, ex cuñado de Carlos Menem, antes de que ella declarara en las causas de Río Tercero y del contrabando.

Los entretelones, las idas y venidas, los enjuagues y presiones y los hitos que jalonaron el accidentado caso no cabrían en la novela más dislocada porque era mucho, era demasiado lo que estaba en juego desde que el caso estalló en 1995 gracias a una nota de la nacion y a la denuncia del abogado Ricardo Monner Sans: un ex presidente, parte de su gabinete, las armas del Ejército, la violación de embargos internacionales, el atentado de Río Tercero y la independencia -o no- de la Justicia.

El último de los hitos tuvo lugar el martes 13 de febrero de 2011 cuando, luego de casi tres años de juicio, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 absolvió a los 18 acusados por considerar que los envíos de armamento del Ejército a Croacia y Ecuador, realizados entre 1991 y 1995 gracias a tres decretos secretos firmados por Carlos Menem, no constituyeron contrabando. Así lo resolvieron los jueces Luis Alberto Imas y Horacio Artabe, lo que posibilitó los sobreseimientos de los sorprendidos acusados.

En cambio, el tercer juez, Gustavo Losada, consideró que el contrabando existió y pidió condenas. Aquella tarde, en el despacho de Losada, un funcionario judicial me confió con llamativa seguridad que, ante los elementos recogidos en el juicio, la Cámara de Casación tendría que pronunciarse en favor del contrabando y por las condenas. Acertó. Las doce condenas conocidas ayer son por "contrabando agravado por tratarse de material bélico y por contar con la intervención de funcionarios públicos". Entre los absueltos se encuentra Emir Yoma. La muerte de su ex secretaria Di Natale al caer desde un décimo piso privó al juicio de un importante testimonio. El expediente de su muerte se cerró sin pronunciarse por el homicidio, pese a las numerosas pruebas y a un peritaje de la Policía Federal que así lo determinó.

Entre los condenados por el contrabando de armas, más de uno hoy quizá lamenta no haber hablado en el juicio oral, por decisión propia o por consejo de sus defensas. Por ejemplo, el teniente coronel (R) Diego Palleros, el hombre que trajo el negocio y actuó de intermediario entre Croacia y la Argentina, podría haber mejorado su situación -y empeorado la de otros- de haber hablado. Por las amenazas de muerte y de prisión, huyó al exterior al estallar el caso y regresó en 2004 para declarar. Nunca lo logró. Me decía que los abogados se oponían. En el juicio oral llegó a anotar su nombre en la lista de "oradores". Tuvo que borrarlo. Los tiempos de la Justicia cuando está de por medio el poder permiten hablar de una prehistoria. En la de este caso, hubo actuaciones decisivas, como la del fiscal federal Carlos Stornelli, y luego las del entonces fiscal y hoy camarista Mariano Borinsky y la de los abogados de la Aduana que oficiaron de querellantes. Uno de ellos, Carlos Lobos Oroño, cuestionó en 2011 las absoluciones y su indignación le costó el cargo en la AFIP de Ricardo Echegaray. Menem se había vuelto un firme aliado del Gobierno.

Si bien aún restan las apelaciones ante la Corte, es de esperar que este fallo rompa el letargo judicial en que yace la causa por el atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero, punto de concentración de las armas contrabandeadas. A diferencia de las voladuras de la embajada de Israel y la AMIA, sus ideólogos y autores son argentinos y en el expediente se afirma que las explosiones buscaron ocultar pruebas del contrabando. El fallo de ayer señala que no lo lograron.