Editorial I
Más improvisación en materia de seguridad
La fuerte vocación efectista de las autoridades debe ser reemplazada por la discusión de una genuina política de Estado para enfrentar a la delincuencia
a inseguridad es desde hace varios años la cuestión que más preocupa a la ciudadanía argentina. Sin embargo, lejos de avanzar hacia una necesaria política de Estado para enfrentar el problema, el kirchnerismo sólo ha exhibido una grave improvisación y una gran vocación efectista, que en modo alguno puede disimular la creciente anarquía reinante en nuestro sistema de seguridad, y que se trasunta en una estrepitosa falta de resultados.
El reciente desdoblamiento de los ministerios de Justicia y Seguridad en la provincia de Buenos Aires, con el nombramiento del intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, al frente de este último, no es más que un nuevo golpe espasmódico, con mucho tufillo electoral.
En el plano nacional, el Ministerio de Defensa comunicó oficialmente la incorporación de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército, a tareas de vigilancia y control fronterizo al informar el envío de 4500 efectivos a la frontera del norte del país, en el marco del denominado operativo Escudo Norte.
Este anuncio fue interpretado por algunos analistas como un probable primer paso hacia la inclusión del Ejército en la lucha contra el narcotráfico, una tarea reservada a las fuerzas de seguridad. De ser correcta esta interpretación, estaríamos ante una prueba más de la improvisación del Gobierno en la lucha contra ese flagelo, que obedece a la falta de una verdadera política de Estado en la materia y a la carencia de una genuina voluntad para encarar esa lucha.
Por lo pronto, el empleo de las Fuerzas Armadas en esa tarea policial requeriría un profundo debate y una reforma legal que lo autorice, pues las actuales leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia lo prohíben. Con toda razón, así lo ha señalado la oposición.
No es una casualidad que se verifique una similar improvisación, falta de políticas de fondo y de una mínima coordinación entre las distintas fuerzas y jurisdicciones, y de voluntad para enfrentar el drama de la inseguridad y la lucha contra el auge constante del delito. Por eso es que la política del parche en uno de esos campos repercute negativamente en el otro.
Fue así como, debido a la creciente inseguridad que el Gobierno ha negado con empeño durante años, se ha desplazado de las fronteras a nutridos contingentes de la Gendarmería para incorporarlos a las tareas policiales en zonas del conurbano. Muchos de estos efectivos, según recientes denuncias, se encuentran alojados en condiciones deplorables, hacinados y con viáticos insuficientes, lo que lleva a una desmotivación de los agentes que combaten el delito.
Ahora es el Ejército el que debe ir a la frontera a reemplazar a la Gendarmería. En la base de este alocado desplazamiento de tropas -o de "redespliegue" de las Fuerzas Armadas, según la definición de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner-, como si se tratara de fichas, se encuentra el fracaso de la labor de prevención y vigilancia.
La primera mandataria ya había anticipado esta línea de acción el 10 de julio pasado en la Cena de Camaradería de las Fuerzas Armadas, cuando afirmó: "No tiene mucho sentido tener por allí regimientos en pleno centro de nuestras ciudades y tener nuestras fronteras que sean verdaderos coladores. Creo que allí, las Fuerzas Armadas pueden cumplir un rol más que importante en colaboración directa con nuestras fuerzas de seguridad".
En 2011, mediante un decreto, Cristina Kirchner puso en marcha el operativo Escudo Norte para aumentar la vigilancia y el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo en las fronteras nordeste y noroeste del país, y encomendó esa misión al Ministerio de Defensa, que creó, mediante una resolución, el operativo Fortín II, a cargo del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, la ley de Seguridad Interior y la de Defensa les prohíben a las Fuerzas Armadas inmiscuirse en esas tareas, y la ley de Inteligencia las inhibe de realizar inteligencia interior. ¿Cómo podría el Ejército diagramar patrullajes sin hacer inteligencia interior? Mucho más improbable, además de ilegal, sería que las Fuerzas Armadas actúen en el combate contra la droga. Para decidir su posible intervención en esta última tarea, se requeriría un debate sobre una eventual reforma de las leyes para otorgarle legalidad, con la participación de todo el espectro político, además de los especialistas. En una palabra, requerirá esa profunda e indispensable discusión, inexistente hasta ahora, tendiente a elaborar una política de Estado en la lucha contra el narcotráfico.
Todos los anuncios sólo contribuyen a incrementar la incertidumbre. Ya en julio de 2007, Néstor Kirchner había anticipado que iba a emprender una lucha contra el narcotráfico y el contrabando, en coordinación con las Fuerzas Armadas y las de seguridad, en el norte del país, para lo cual se enviaron tres radares de alerta temprana del Ejército. Apenas 15 días después, el personal del Ejército que operaba esos radares en Formosa debió regresar a su destino original por falta de recursos económicos para solventar su estadía. Y al día de hoy, no sólo la radarización en las fronteras es insuficiente, sino que se carece de aviones para disuadir los vuelos ilegales y de una ley de derribo de aeronaves. En consecuencia, nuestras fronteras siguen siendo un colador para el narcotráfico.
El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, afirmó que presentará un pedido de informes al Poder Ejecutivo frente a la anunciada movilización del Ejército hacia zonas fronterizas. "La militarización de la seguridad es inaceptable. La ley de seguridad interior y la ley de defensa nacional son muy claras: las Fuerzas Armadas no pueden formar parte de tareas de seguridad interna", afirmó.
Como agravante del nuevo rol del Ejército en las fronteras, debe destacarse que éste comienza con el ascenso a la jefatura del cuestionado general César Milani, quien al asumir su cargo afirmó que es preciso que las Fuerzas Armadas "acompañen con renovadas ansias el proyecto nacional". Es decir, el del Gobierno. A su vez, Milani mantiene el cargo de jefe de Inteligencia del Ejército, algo sin precedente en la fuerza y que permite sospechar, ahora que se ha ampliado el rol del Ejército, la posible realización de labores de inteligencia interior prohibidas por la ley.
No podrá lucharse contra la delincuencia, ni menos contra el narcotráfico, recurriendo a improvisaciones y a medidas efectistas pero nada efectivas, tomadas por un gobierno que muestra una indiferencia suicida por este drama, pues, entre otras graves anomalías y contradicciones, mantiene acéfala desde el 19 de marzo último y al borde de la extinción a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).
Por eso es que la presencia del Ejército en la frontera, por sí sola, no garantizará en absoluto el éxito en un combate en el que, al carecerse de estrategias y lineamientos, se actuará por reacción y recurriendo, una vez más, a la consabida improvisación.
La Nacion
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