Miércoles 11 de septiembre de 2013 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Más presión impositiva y acoso intervencionista

El proyectado impuesto sobre los dividendos y la venta de acciones que no cotizan en Bolsa afectarán aún más la competitividad de las empresas

a angustia fiscal y la escasez de divisas que sufre el gobierno nacional, sumados a su instinto intervencionista, lo han llevado a someter al sector privado a acosos difíciles de sobrellevar. La modificación del impuesto a las ganancias añadirá una nueva vuelta de tuerca sobre la desmedida presión impositiva que soportan las empresas y los accionistas que cumplen sus obligaciones tributarias.

El 10% del impuesto a la distribución de dividendos se superpone con el 35% que las empresas ya han debido pagar sobre sus utilidades. Se acumula así un total neto de 41,5% sobre las ganancias. Es la tasa más elevada entre los países comparables de la región. En Chile es del 35% sobre los dividendos recibidos, pero se deduce lo que la sociedad ya ha devengado como impuesto primario a las utilidades, que es del 20%. En Uruguay la tasa del impuesto es del 25% mientras que en Brasil es del 15%, con un adicional del 10% para utilidades mayores a 240.000 reales anuales.

Pero el impuesto a las ganancias no es el único que ha crecido en la Argentina. Las provincias y municipios han producido aumentos notables en las alícuotas de sus propios tributos y tasas. El impuesto a los Ingresos Brutos alcanza niveles de hasta el 4% del valor de las ventas en muchas actividades y en varias provincias. Los gravámenes provinciales y municipales sobre la propiedad industrial y agropecuaria han crecido más que la inflación real al impulso de una avidez por cubrir los déficits de gran parte de los gobiernos locales. El crecimiento del gasto y la reducción de las transferencias recibidas desde el gobierno nacional han puesto a los gobernadores en la opción de emitir moneda propia o de aumentar sus impuestos. Han seguido este último camino, aunque nada asegura que deban apelar también al primero. Los municipios han seguido un curso similar con sus tasas y contribuciones.

El abuso impositivo sobre las empresas tiene su causa evidente en el desborde del gasto público, del cual nos hemos ocupado reiteradamente en esta columna editorial. Pero este no es el único problema que afecta en forma creciente la competitividad de quienes producen en la Argentina. Deben también sobrellevar el retraso en el tipo de cambio oficial aplicado al comercio exterior. Para peor, las empresas están informalmente pero efectivamente, obligadas a compensar importaciones con exportaciones propias. Esto les impone sobrecostos por tener que triangular con productos de actividades que les son ajenas y desconocidas. Esta caprichosa imposición del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, es contraria a cualquier regla elemental de una organización productiva y es sólo motivo de estupor y burla entre quienes miran a nuestro país desde pautas de racionalidad. Deben agregarse, además, todos los inconvenientes del cepo cambiario y de las autorizaciones para importar, que se otorgan con cuentagotas. Muchas veces esto exige pasar por el escritorio de aquel funcionario y someterse dócilmente a los peores destratos.

Los inconvenientes sobre la industria comprenden también la frecuente indisponibilidad de servicios públicos esenciales. Los suministros de gas y electricidad están sujetos al clima y a la demanda de uso residencial, que es privilegiada por obvias razones políticas. La imprevisión y los congelamientos tarifarios, de los que ya no se benefician las empresas, destruyeron la inversión y han creado una fuerte dependencia energética. Esto se traduce en costos y precios más elevados para la producción nacional. A eso debe sumarse el encarecimiento de los costos laborales por los cambios en la legislación y la alta conflictividad gremial.

Por otro lado, han crecido los gastos para proveerse la seguridad, ya que los gobiernos no la aseguran. También deben agregarse los altos costos de atender los intrincados requerimientos de la autoridad tributaria. Producir en la Argentina se ha convertido en una verdadera odisea y, de hecho, esto ha desalentado las inversiones tanto nacionales como extranjeras. Los aumentos en el impuesto a las ganancias sobre los dividendos y sobre la transferencia de acciones de empresas que no cotizan en Bolsa serán ahora una carga adicional. Quienes desde el oficialismo o desde la oposición han votado favorablemente estos proyectos por temor a oponerse al convocante eco popular de "gravar la renta financiera", deberían tener conciencia de que, finalmente, no harán más que afectar la inversión y la creación de empleo.

La Nacion