Gobierno de Kirchner: Irresponsabilidad Fiscal

Más irresponsabilidad fiscal
Si se modifica la ley de responsabilidad fiscal, saldrán favorecidos el populismo y los desbordes del Gobierno

Lunes 31 de agosto de 2009

El Poder Ejecutivo ha acogido favorablemente el pedido de dieciséis gobernadores y ha instruido a sus legisladores para que impulsen la sanción de un proyecto de ley por el que se dejarían sin efecto en los años 2009 y 2010 varios artículos de la llamada ley de responsabilidad fiscal. De esta forma, se intenta remover los límites que esta norma, sancionada en 2004, impuso al gasto y al endeudamiento del gobierno nacional y de las provincias. De prosperar esta iniciativa se convalidará el desborde presupuestario que es hoy una realidad.

Son cuatro los artículos que se proyecta anular o modificar. Se suprimiría el artículo 10º, que establece que el gasto no puede crecer de un año a otro en un porcentaje mayor que el del aumento nominal del Producto Bruto nacional o provincial, según corresponda. Al eliminar esta restricción no habrá límite para la expansión del gasto público y se dará vía libre para un mayor aumento del tamaño relativo del Estado respecto de la economía. Téngase en cuenta que en 2008 se alcanzó un récord histórico en la presión tributaria y en la relación entre el gasto público y el Producto Bruto.

Esta renuncia a contener el desborde se complementaría con la supresión de los artículos 15º y 19º, que establecen la obligación del equilibrio presupuestario y del financiamiento asegurado cuando se inicia un nuevo proyecto o programa. La apertura de las compuertas se complementa con la eliminación del límite de endeudamiento que rige por el artículo 21º de la ley vigente. Este dice que en cada ejercicio fiscal los servicios de la deuda no deben superar el 15 por ciento de los recursos corrientes del gobierno provincial. Dice, además, que las provincias se comprometen a no emitir títulos sustitutos de la moneda nacional de curso legal. Con esta supresión se abre la puerta para la aparición de las cuasi monedas.

No sería éste el primer fracaso en el intento de lograr disciplina fiscal a través de legislación ad hoc. La ley 25.152, también llamada de responsabilidad fiscal, sancionada en 1999, establecía un curso progresivo de reducción del déficit fiscal del gobierno nacional. Ocurrió que simplemente no se cumplió. No había penalidades para los funcionarios responsables, de manera que el incumplimiento pasó casi inadvertido. Finalmente, aquella ley fue sustituida por la que ahora se intenta modificar.

Nuevamente, los hechos consumados superan el marco legal cuando impera la imprevisión y la absoluta falta de responsabilidad en la toma de decisiones que repercuten sobre el gasto futuro. No hay planificación presupuestaria de mediano y largo plazo. Cuando esta falencia se combina con el populismo y el clientelismo político, el resultado es el que hoy observamos. Los gobernantes comprometen gastos futuros para construir poder presente. Será otro el que pague los platos rotos.

Estos comportamientos se acentúan cuando por alguna razón se dispone de recursos excedentes. Así ocurrió en la Argentina en épocas en que se nos ofrecía abundante crédito externo, o bien en años recientes al disponer de retenciones luego de la devaluación y del extraordinario auge internacional.

Si los funcionarios fueran responsables y supieran que siempre luego de las vacas gordas vienen las flacas, no estaríamos hoy frente a la crítica situación fiscal que atravesamos. Podemos avalar esta afirmación con varios hechos contundentes. Hoy hay en el país alrededor de 500.000 empleados públicos más que hace siete años. Estas personas no cubren empleos social o administrativamente necesarios, sino que en general constituyen burocracia clientelística.

El gobierno nacional concedió la jubilación a más de un millón y medio de personas que antes no habían hecho aportes. Se congelaron tarifas beneficiando innecesariamente a los que podían pagar y en compensación el Gobierno debió subsidiar a las empresas prestadoras. La corrupción campeó en los gastos del Estado, encareciéndolos. Pero tal vez el caso más grave de irresponsabilidad ha sido la transferencia confiscatoria de los aportes jubilatorios desde el sistema de capitalización hacia el de reparto. El fisco se ha beneficiado en el corto plazo, pero se ha echado encima una pesada hipoteca para el futuro mediato. La inviabilidad del sistema estatal de reparto ya estaba demostrada cuando se hizo la reforma previsional de 1994. Por eso se la hizo. La reciente reversión asegura un grave quebranto que cargará sobre los futuros contribuyentes y que obligará en algún momento a los responsables del Gobierno a encarar una nueva reforma, con el enorme costo del tiempo perdido.

La modificación de la ley de responsabilidad fiscal no puede calificarse ni de oportuna ni de inoportuna. Tampoco de evitable o inevitable. Será la firma del acta de rendición de una batalla perdida por la ciudadanía frente a la irresponsabilidad y el populismo de los gobernantes.

La Nación