Gobierno de Kirchner: Nueva ley de Radiodifusión para controlar los medios

Avanza el Gobierno en el control del papel de diario


El oficialismo aspira a regular la venta, distribución y fabricación del principal insumo del periodismo escrito; el proyecto le permitirá mayor injerencia en la empresa Papel Prensa


Por Laura Serra 


Miércoles 14 de diciembre de 2011




Impávida ante las advertencias y las críticas de todo el arco opositor, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados despachó ayer el dictamen que propone declarar de interés público la fabricación, comercialización y distribución del papel para diarios, iniciativa con la que el Gobierno apunta a controlar la empresa privada Papel Prensa, cuya propiedad mayoritaria corresponde a Clarín y a LA NACION.


El dictamen, que se cimentó sobre dos proyectos que el Poder Ejecutivo envió el año pasado al Congreso, se aprobó durante el plenario que celebraron ayer las comisiones de Comercio, Comunicaciones, Asuntos Constitucionales, Libertad de Expresión, y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja.


Cosechó 85 firmas, todas ellas kirch- neristas. Ahora, el objetivo del oficialismo será apurar la aprobación del proyecto en el recinto, en sesiones maratónicas que se celebrarán a partir de hoy, hasta posiblemente este sábado, para girarlo de inmediato al Senado.


El propósito de los legisladores kirchneristas es ofrendar la norma a la presidenta Cristina Kirchner antes de fin de año.


La oposición, incluso los diputados de aquellos bloques más inclinados a instaurar un marco regulatorio a la producción de este insumo básico con una mayor participación del Estado, como Proyecto Sur y el Frente Amplio Progresista (FAP), rechazó el dictamen y presentó proyectos alternativos.


La mayoría de las bancadas alertó sobre que la iniciativa, lejos de garantizar una mayor libertad de expresión, como proclama el oficialismo, atenta contra este derecho constitucional con un solo objetivo: controlar la empresa Papel Prensa y condicionar, así, el funcionamiento de dos diarios -Clarín y LA NACION- que no resultan afines al Gobierno.


El proyecto oficial propone declarar de interés público la producción, venta y distribución de pasta de celulosa y de papel de diario, e incorpora también un amplio marco regulatorio de la actividad, que concluye con una serie de cláusulas transitorias que, a juicio de la oposición, apuntan a que el Estado termine controlando la empresa Papel Prensa. En efecto, en los artículos 40 y 41 del proyecto del kirchnerismo exigen a la empresa Papel Prensa a "operar como mínimo a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel" así como ejecutar un plan de inversiones cada tres años para satisfacer la totalidad de la demanda interna de papel para diarios.


Ante esa eventualidad, si la empresa no pudiera cumplir con estas inversiones y el Estado -que hoy cuenta con una participación accionaria del 27,4 por ciento en la empresa- debiera hacer frente con fondos mayores a su porcentaje accionario, entonces estos aportes podrán utilizarse para acrecentar la participación accionaria estatal en la firma.


La oposición en pleno advirtió que, en virtud de estos dos artículos, la vocación real del Gobierno apunta a controlar la empresa Papel Prensa (licuando la participación de los accionistas privados) y, con ella, el principal insumo de los principales diarios.


El bloque del oficialismo optó por ignorar las críticas y firmar, obediente, el dictamen de mayoría. Tampoco se aceptó ampliar el debate para escuchar a representantes de las empresas privadas del sector.


Sólo la diputada Juliana Di Tullio, presidenta de la Comisión de Comercio de la Cámara, y su colega Carlos "Cuto" Moreno justificaron con discursos el proyecto del oficialismo.


"Esta iniciativa atiende las dos principales demandas de los diarios del interior del país. Una de ellas es que la producción y comercialización del papel de diarios sea declarado de interés público y que el sistema de importación sea igual para todos. Ambos temas están contemplados en nuestro proyecto, que permite salir de la trampa que significa que tres diarios se quedaran con todo el papel de diario y determinaran el precio, lo que rompe la competencia", enfatizó Moreno.


El proyecto incluye la obligación de publicar el precio único de referencia para toda operación que involucre como mínimo una tonelada de insumo.


Por su parte, la diputada Di Tullio destacó que la iniciativa oficial recibió el apoyo de más de 120 representantes de medios periodísticos, académicos y universitarios que participaron el año pasado en las audiencias públicas que organizó el oficialismo.


Con el argumento de que esas audiencias ya habían concluido, rechazó el pedido de la diputada Patricia Bullrich (Unión por Todos) para que representantes de Clarín y LA NACION, presentes ayer en el plenario de comisiones, pudieran exponer su punto de vista ante los diputados.
"Deuda con los argentinos"


"Este proyecto apunta a resolver la inequidad que hoy existe para el acceso al papel de diario por parte de todos los medios con un precio igualitario. Este es un gran tema que tenemos como deuda todos los argentinos", enfatizó.


El proyecto establece, además, que el Ministerio de Economía será el encargado de hacer cumplir la regulación y le da amplias facultades para determinar quiénes y en qué cantidades pueden importar papel para diarios.


También se determinará desde el Gobierno y desde un Comité Federal que se creará a partir de la sanción de la ley qué inversiones debe hacer Papel Prensa y de qué manera debe completar el proceso de venta y distribución del principal insumo de los diarios.


EN DETALLE


    Interés público. Se le da esa entidad a la fabricación, la comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios. Y se crea una comisión parlamentaria permanente para seguir el tema.


    Control estatal. El Ministerio de Economía tendrá la función de controlar el cumplimiento del marco regulatorio. Un nuevo organismo fijará trimestralmente las necesidades de importación.


    Papel Prensa. Deberá operar a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel y presentar y ejecutar cada tres años un plan de inversiones. Cuando esos fondos sean provistos en forma más que proporcional por el Estado Nacional (hoy socio minoritario) podrá capitalizarlos y aumentar su participación en la empresa.


    Precio. Los fabricantes deberán informar un precio único obligatorio para toda operación que involucre la adquisición de más de una tonelada de papel.




La Nación








LA NACION pide aportar su visión sobre el tema


Lo planteó por carta el presidente del directorio


Miércoles 14 de diciembre de 2011 


El presidente del directorio de SA LA NACION, doctor Julio Saguier, pidió a los titulares de las comisiones que comenzaron a tratar el proyecto que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel para diarios que se le permita aportar información y expresar su opinión sobre el impacto que podría producir esa regulación.


La nota fue enviada a los presidentes de las comisiones de Comercio, Juliana Di Tullio; Comunicaciones, Mario Oporto; Asuntos Constitucionales, Diana Conti; Libertad de Expresión, Mónica García, y Peticiones, Poderes y Reglamentos, Carlos Kunkel, todos ellos pertenecientes al Frente para la Victoria. El texto de la carta es el siguiente:


"Habiendo tomado conocimiento por informaciones periodísticas del vertiginoso tratamiento que tendría el proyecto para regular la producción y comercialización de papel para periódicos, en nuestro carácter de accionista privado de la empresa Papel Prensa, principal fabricante nacional de este insumo que sería afectada por dicha normativa, solicitamos a los señores diputados de las comisiones pertinentes:


"1.- La posibilidad de ser informados con antelación y precisión sobre los alcances del mismo, ya que aún no conocemos el texto oficial siendo Papel Prensa objeto principal de dicha regulación.


"2.- Una vez conocido dicho texto, nos brinden asimismo la oportunidad de acercarles información relevante acerca del mercado de papel en la Argentina y en el mundo, así como del funcionamiento de la empresa. Creemos que esta información puede ser relevante sobre todo teniendo en cuenta que muchos legisladores acaban de asumir sus bancas.


"3.- Finalmente, poder expresarles el efecto que, en nuestra opinión, tal regulación podría tener para la industria y el libre abastecimiento de papel por parte de los diferentes diarios del país.


"Esperando una respuesta afirmativa y poder ser recibidos a la brevedad, saludamos a los señores diputados con nuestra mayor consideración."


La preocupación transmitida a los legisladores por el presidente del directorio de la SA LA NACION, se suma a la inquietud reflejada en la prensa independiente. Al respecto, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) advirtió en una solicitada publicada ayer que "la eventual intervención del Estado en este ámbito puede conducir a males mayores que los que supuestamente se pretende corregir", y recordó los períodos en que la escasez de papel, el manejo discrecional de cupos para la importación o el establecimiento de gravámenes aduaneros elevados fueron "condicionantes severos para el ejercicio del periodismo"


La Nación





Qué decía Cristina Kirchner hace más de 10 años sobre la oposición y los medios


Miércoles 02 de noviembre de 2011


El programa Le doy mi palabra, emitido en la noche del martes 1° de noviembre por la señal Canal 26, realizó una edición especial, que consistió en un recorrido por varias entrevistas efectuadas por el periodista Alfredo Leuco a Cristina Kirchner, durante los años 1997 y 2000.


En las declaraciones de la entonces senadora nacional, quedó evidenciada la diferencia entre sus opiniones actuales y algunas de las perspectivas que mantuvo durante los años en que ocupó ese cargo en la cámara alta. El archivo evidencia la mutación en su mirada acerca de temas como el diálogo con la oposición y el papel que tiene en la vida política, así como en asuntos como la influencia de los medios de comunicación en la sociedad.


Además, muestra qué opinión le merecían algunos personajes que ocuparon cargos durante las dos presidencias de Carlos Menem y luego se retiraron de la vida pública, como Domingo Cavallo, ex ministro de Economía, así como de otros que permanecen vigentes en la política actual, como Eduardo Duhalde, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.


"Si alguien no adhirió a los roles de oficialismo y oposición, soy yo", aseguraba en el año 2000. "He tenido posturas críticas de mi partido y de mi gobierno", dijo respecto de la gestión de su marido, Néstor Kirchner, al frente del gobierno de Santa Cruz. "El criterio no es tanto de colaboracionismo sino de apoyar (aquello con) lo que uno está de acuerdo, y disentir con lo que (se está) en desacuerdo", consideró, y agregó que hay quienes "han adherido a todo si fueron oficialistas y disintieron con todo cuando fueron oposición". "Hay que comenzar a respetar la palabra, que en Argentina está devaluada", concluyó


Una de las declaraciones de la entonces senadora nacional, emitida en 1998, fue acerca de las capacidades que debería tener la oposición partidaria: "La UCR y el PJ tienen estructuras hace tiempo", dijo. "A la dirigencia opositora le cuesta mucho más armar una interna. Se ha intentado debatir el fin de las listas sábanas (...) esto quiebra un poco los liderazgos internos partidarios". De esa forma, consideró que "si hay una figura con un prestigio pero no está sujeta a lo que quiere el liderazgo del partido, tiene un lugar".


En 1998, la Presidenta defendía al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, al referirse a él como alguien que "tuvo la valentía de enfrentar a "las logias" que según ella había desarrollado la policía bonaerense "contra los gobiernos civiles", y que "sirvió como apoyatura a Camps y a las redes de juego y prostitución", aseguraba. "Ninguna dirigencia se había atrevido a meterse porque había una suerte de temor", aseguraba.


Respecto de los medios de comunicación, su perspectiva actual parece diferir de la que sostenía en 1997, cuando expresaba: "Es una simplificación (afirmar) que a la gente la manejan a través de un aparato de radio o televisión", decía. "Los medios pueden llegar a mostrar cosas. Por ejemplo, cuando Yabrán fue a la Casa Rosada, los medios no lo inventaron, lo mostraron", afirmó.


En una entrevista en el 2000, Leuco le preguntaba a quién prefería si tenía que elegir entre Domingo Cavallo, que se postulaba como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Gustavo Béliz, su compañero de fórmula. Cristina Kirchner aseguraba que no podía elegir: "Es una pregunta que no voy a responder, porque tengo amigos en todos lados". "Como votante de otro distrito, me impide manifestarme, no sería justo. Cavallo y Bélliz tienen méritos", opinaba.


La Nación

Una derrota en todos los frentes
Joaquín Morales Solá 
29.08.2010


Pocas veces, como en los últimos días, un gobierno sufrió una derrota sin necesitarla. Pocas veces, también, la primera figura del Estado se entreveró con tanta pompa en una historia trucada que se reveló mentirosa inmediatamente después. Pocas veces, un gobierno hizo tanto, en tan poco tiempo, para quebrar su frente interno y para unificar a sus opositores. Pocas veces, el matrimonio gobernante necesitó una sola decisión para recoger muchas y pésimas reacciones en los principales países del mundo. Nunca antes el kirchnerismo había cosechado tanta nada en sus reclamos de adhesión a los líderes del empresariado argentino.

¿Qué significa todo eso sino la descripción de una derrota? ¿Por qué los Kirchner necesitaban una invención sobre Papel Prensa? ¿Por qué, en fin, decidieron descerrajar la peor amenaza que recibió la prensa argentina desde el restablecimiento democrático, hace casi tres décadas? Todas esas preguntas pueden responderse, quizá, con una sola pregunta: ¿qué se podía esperar de una operación comandada por líderes políticos que profesan el odio y practicada por Guillermo Moreno, viejo arquitecto de otras derrotas oficialistas, como la guerra contra el campo y la destrucción del Indec?

El primer frente que capituló fue el judicial. El testimonio ante el juez de Isidoro Graiver y la declaración pública de su sobrina, María Sol Graiver (hija de Lidia Papaleo, la supuesta principal acusadora contra Papel Prensa), desarticularon en pocas horas el relato embustero que se dio desde el propio atril presidencial. Isidoro y María Sol Graiver dijeron que no suscribían la denuncia oficial contra los dueños privados de Papel Prensa, los diarios La Nacion y Clarín. Lidia Papaleo misma no pudo sostener luego ante el juez las acusaciones presidenciales.

Cristina Kirchner llegó al barroco de la manipulación cuando afirmó que creía más en un presunto off the record de Isidoro Graiver, de hace tres meses, que en las afirmaciones de éste en una solicitada, en una declaración voluntaria ante un escribano y en su testimonio ante el juez. Ministros del Gobierno se convirtieron luego en especialistas de la familia Graiver con más pergaminos que los Graiver. Fue la imagen patética de un ejército en retirada, disparando al aire los últimos proyectiles de una guerra perdida.

Es evidente que los hermanos Papaleo, Lidia y Osvaldo, quedaron de un lado, y la familia Graiver en la vereda de enfrente. Ninguno de los hermanos Papaleo tuvo nunca acciones propias en Papel Prensa; Lidia firmó los documentos de la venta sólo en nombre de su hija, María Sol, heredera de su padre muerto, David Graiver, jefe del conglomerado económico. María Sol Graiver informó luego que está absolutamente distanciada de su madre y de su familia materna desde hace tres años, aunque la mala relación entre ellos sería más antigua aún.

El ritmo de la ofensiva kirchnerista contra la prensa depende ahora de los jueces. Podrán demorar la derrota anunciada del kirchnerismo o resolverla de inmediato. Llama la atención la aparición de una denuncia voluntaria contra Papel Prensa, de un abogado desconocido, en el juzgado de Norberto Oyarbide, el juez que mejor ha servido a los intereses del oficialismo en los últimos tiempos.

La caja que abrió el Gobierno podría desatar otras guerras. David Graiver controló fondos de los Montoneros y ésta fue la peor consecuencia para su familia después de su muerte. ¿Cómo se financiaron los Montoneros? ¿A quiénes solventaron con sus recursos para que los ayudaran? ¿Cuáles eran las formas de extorsionar de esos jefes guerrilleros? ¿Dónde fueron a parar los millones de dólares que recaudaron mediante secuestros? ¿Acaso una investigación cabal y seria del pasado no llevaría hasta el propio Perón, si se hurgara en los orígenes de la criminal y paraestatal Triple A?

La diletante mesa de café en que se convirtió el atril presidencial, cuando Cristina Kirchner sacudió el pasado con más prejuicios que ignorancia, no reparó en esos baúles prudentemente cerrados por la actual historia oficial. Fue, eso sí, una disertación para sesentones. Personajes, circunstancias y anécdotas falsas dichas por la Presidenta pertenecen a una época que nada les dice a los argentinos de hasta 40 años.

La oposición venía de duros desgajamientos. Kirchner la abroqueló. Los líderes opositores de la Cámara de Diputados no dudaron en volver a unirse, porque consideraron que una institución fundamental de la democracia, como lo es la prensa, estaba en juego. Es cierto que la más decidida de todos fue Elisa Carrió, pero también es verdad que el radical Oscar Aguad fue, dentro de su partido, el que vio con más claridad la gravedad de ese instante.

Los dirigentes del radicalismo tienen un problema interno con Carrió, que es más grande que cualquier otro problema. No quieren, dicen, ser llevados por ella con hechos consumados. El propio presidente del partido, Ernesto Sanz, debió callarlo al senador oficialista Miguel Pichetto, cuando éste aseguró que Ricardo Alfonsín era solidario con el Gobierno. No existe una sola persona en el radicalismo que esté de acuerdo con la acción del Gobierno contra la prensa, le replicó Sanz.

La confusión tenía argumentos. Ricardo Alfonsín y Hermes Binner, pero sobre todo este último, habían coincidido en declarar la producción de papel de interés público. Con argumentos tan falsos como los que se dieron el martes, ese proyecto ingresó el viernes en el Congreso. No existe ningún país referencial del mundo en el que el papel para diarios sea un servicio público. El Gobierno sólo debe asegurar la correcta provisión de papel a un precio de mercado; para eso, le es suficiente sacarle cualquier arancel a la importación de papel, que es lo que sucede ahora. Hay muchos países proveedores de papel en el mundo. Chile es uno de ellos y está geográficamente, incluso, más cerca de varias provincias argentinas que la planta de Papel Prensa.

¿Terminará el Congreso siendo el mecanismo de intervención de hecho de Papel Prensa, decisión que el Ejecutivo desistió de tomar en el momento agónico? No pocos radicales y algunos de sus aliados sólo aspiran a correr al kirchnerismo por izquierda. A veces, ellos toman decisiones como si pensaran en un Estado de ángeles noruegos. Pero el Estado argentino es el Estado de Kirchner, faccioso y personalista. Los peronistas, desde Duhalde hasta Felipe Solá, no suelen caer en aquellas confusiones de otros opositores.

Más de 60 dirigentes de la Unión Industrial, que integran la comúnmente complicada junta directiva nacional, decidieron por unanimidad, el mismo día del discurso presidencial, que ninguno de ellos iría a la Casa de Gobierno. La poderosa AEA, integrada sólo por los dueños de las principales empresas nacionales y extranjeras, tuvo un trámite más fácil. Un chequeo telefónico terminó en la misma conclusión: ninguno aceptaría la intensa presión del oficialismo para que fueran a la Casa de Gobierno. No fue ninguno, por primera vez.

Sabemos que van a agredir a empresas periodísticas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahí? ¿No será alguno de nosotros la próxima víctima?, se despachó en aquella reunión interna de la Unión Industrial el primer orador. Fue suficiente. Nadie disintió.

Washington dijo públicamente que sigue de cerca el caso de la prensa argentina y comentó que el conflicto forma parte de la relación bilateral. Importantes fuentes diplomáticas extranjeras, que no son norteamericanas, hicieron llegar a los editores de los dos diarios involucrados, en estricta reserva, mensajes de perplejidad y disgusto por el sermón presidencial del martes. El diario español El País escribió el párrafo más duro que se haya escrito sobre los Kirchner: "[El matrimonio Kirchner]? como las peores dictaduras, podría esta vez haber manipulado el pasado reciente". En una respuesta más cómica que digna, la cancillería argentina informó que está preocupada por la libertad de prensa en los Estados Unidos.

Desde el final del peronismo setentista, en manos de Isabel Perón, no se veía en democracia una estirpe de oficialistas tan primitiva y cerril. El matrimonio presidencial había mejorado últimamente en las encuestas, pero la sociedad le reclamaba, al mismo tiempo, menos autoritarismo. Los Kirchner tienen el final escrito en el corto plazo de un año, porque siempre resultan derrotados en su combate contra ellos mismos.

La Nación


EL PAIS › LA CORTE SUPREMA REVOCO LA SUSPENSION DE LA APLICACION DE LA LEY DE SERVICIOS AUDIOVISUALES
La ley de medios ya sólo es cuestión de tiempo

Por unanimidad, los ministros de la Corte revocaron la decisión de la Justicia mendocina. Sin embargo, la ley de medios seguirá suspendida por un fallo similar en Salta. Se calcula que ahora la Cámara salteña levantaría la medida.

Miércoles, 16 de junio de 2010


 Por Irina Hauser


“Ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma erga omnes (de modo general) ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860.” La advertencia surge de uno de los párrafos centrales del fallo de la Corte Suprema que ayer revocó, por unanimidad, la sentencia de la Cámara Federal de Mendoza que había suspendido la aplicación de la ley de servicios audiovisuales íntegra a pedido del diputado del peronismo federal Enrique Thomas. La resolución de los jueces supremos tiene la impronta de un llamado de atención hacia todos los tribunales y fija un límite frente a lo que ven como una tendencia creciente a paralizar normas, disposiciones o políticas de gobierno con medidas cautelares. También sostiene que ningún legislador puede impugnar en el ámbito judicial el proceso de sanción de una ley para tratar de “reeditar” así un “debate que perdió en el Parlamento”. Admitirlo, dice la Corte, sería violentar la división de poderes y “abriría el camino hacia la anarquía poniendo en peligro la vigencia de todas las leyes”.


Frente al fallo de la Corte, la ley de medios no recobrará su vigencia de manera automática porque todavía sigue en pie una medida cautelar dispuesta por el juez de Salta Miguel Medina que, igual que la Justicia mendocina, suspendió la aplicación de la norma con efecto general. El caso salteño, promovido por otra peronista disidente, la diputada Zulema Daher, llegó con la apelación del Gobierno a la Cámara Federal de la provincia, y sería resuelto entre hoy y mañana, informaron en ese tribunal a Página/12. Lo lógico, después de semejante bajada de línea suprema, es que los camaristas norteños se atengan al criterio de sus superiores. En ese caso, la ley recuperará vigencia y sólo seguirán sin aplicarse artículos puntuales, como la cláusula que obliga a la desinversión en un año en casos específicos de ciertas licenciatarias de radio y TV que obtuvieron medidas cautelares favorables.


El diputado Thomas, un aliado de Julio Cobos, se había presentado ante la Justicia mendocina para denunciar, tras la aprobación de la ley de medios, supuestas violaciones al reglamento de la Cámara de Diputados durante el proceso de sanción, del cual participó. Thomas inició la demanda diciéndose afectado como ciudadano y como legislador, atribuyéndose incluso la representación de todos los ciudadanos (aunque muchos acuerdan con la ley). Enseguida, la jueza de Mendoza Olga Pura de Arrabal le dio la razón y suspendió de manera general toda la norma, con una medida cautelar. Luego, la Cámara Federal local –con la firma de Otilio Romano, Alfredo López Cutiño y Julio Petra– confirmó la decisión. Habló de “vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional” en el trámite legislativo. El Gobierno apeló, y el asunto llegó a la Corte que levantó en peso a los jueces mendocinos. Les reprochó haber tomado una medida “sin razonabilidad”, sin haber aplicado “criterios especialmente estrictos” ni haber hecho una valoración “equilibrada” del caso.


Razones supremas


Dos integrantes de la Corte tradujeron a Página/12 el espíritu del fallo: “Queremos evitar que los jueces gobiernen a través de medidas cautelares”. Es, en definitiva, lo que viene repitiendo el presidente supremo, Lorenzetti, en cuanto acto le toca hablar. El fallo que firmaron los siete jueces del alto tribunal (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Enrique Petracchi y Carlos Fayt) está en sintonía con el dictamen del procurador Esteban Righi. No analiza la constitucionalidad del contenido de la ley sino que revoca la medida cautelar que la congeló con el fin –enfatiza– de “corregir una deformación que introduciría el caos en la vigencia de las leyes sancionadas por el Congreso lesionando para siempre el ejercicio de los poderes constitucionales”. El texto de la Corte desarrolla cuatro conceptos decisivos, basados en la propia doctrina suprema:


- La discusión por la suspensión judicial de toda la ley de medios es un asunto “de gravedad institucional” porque “compromete” al “principio de división de poderes” al “neutralizar” la ejecución de una norma aprobada en el Congreso y al sistema mismo de “control de constitucionalidad”.


- Thomas no tiene legitimación como ciudadano para cuestionar la ley porque no demuestra un perjuicio directo ni un “interés concreto” y “diferenciado”. Tampoco la tiene como supuesto representante del “interés de todos los ciudadanos” porque eso “deformaría las atribuciones del Poder Judicial en sus relaciones con el Ejecutivo y con la Legislatura y lo expondría a la imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares”. La Corte, además, no puede evaluar la constitucionalidad de una ley “en abstracto”, sino un caso concreto con derechos afectados.


- Thomas fue electo, dice la Corte, para representar a los ciudadanos en el ámbito del Congreso, pero no puede pretender lograr en el terreno judicial la “reedición de un debate que ha perdido en el seno del Poder Legislativo”. Sólo podría reclamar legitimación si demostrara “un daño claro, directo inmediato de sus prerrogativas legislativas”, pero no lo hizo. “No surge” que haya sido “inequívocamente privado de ejercer las atribuciones que le asisten como legislador”.


- Ningún tribunal puede suspender o derogar una ley con efectos generales para toda la población. Ni Thomas ni ningún legislador “representa a la cámara legislativa que integra ni al pueblo de la Nación, por lo cual se arribaría al irrazonable resultado de extender una medida judicial a sujetos que no sólo no la han solicitado sino que, incluso, podrían no compartirla”, sostiene el fallo. “Una cautelar que suspende la vigencia de toda la ley” afecta “el principio constitucional de división de poderes”, “al modelo de control de constitucionalidad” y “no respeta el criterio de razonabilidad”, agrega. “La dispersión de una potestad contralegislativa de semejante magnitud es inimaginable, dado que abriría el camino hacia la anarquía poniendo en peligro la vigencia de todas las leyes”, alerta.


“Lo importante –celebró Joaquín Da Rocha, jefe de los abogados del Estado– es que la Corte ha puesto las cosas en su lugar. Podían tan solo haber cuestionado la legitimación de Thomas, pero dijeron mucho más: si ante cada ley un juez la invalida, no va a haber más leyes.” Thomas, despechado, difundió un comunicado donde dice que “la celeridad con que el máximo tribunal ha resuelto un asunto de tamaña complejidad es, cuanto menos, llamativa”.


Cautelares con cautela


La preocupación por cierto fanatismo en conceder medidas cautelares para jaquear disposiciones, leyes, medidas políticas o de gobierno (a menudo a pedido de legisladores) creció en la Corte desde el verano último cuando jueces del fuero contencioso administrativo paralizaron el uso de las reservas para el pago de la deuda y ordenaron restituir a Martín Redrado en el Banco Central. En los contertulios supremos también se mencionan fallos del fuero contencioso de la ciudad de Buenos Aires, aunque algunas voces en Tribunales sugieren no ponerlos a todos en la misma bolsa, ya que más de uno de ellos ha apuntado a preservar derechos sociales, laborales y de salud concretos –entre otros– que el municipio no garantiza.


En el caso de los DNU sobre las reservas, la Corte intentó en febrero mandar un mensaje hacia los tribunales al rechazar una cautelar pedida por la provincia de San Luis. Pero pocos jueces inferiores se dieron por aludidos. La dinastía de los Rodríguez Saá reapareció ahora, con la ley de medios, al promover una demanda directamente ante los supremos. Este es uno de los casos donde Sus Señorías podrían avanzar en el análisis del contenido propiamente dicho de la ley. Otro, próximo a llegar a los despachos cortesanos, es el que promovió el Grupo Clarín en el fuero civil porteño, que obtuvo una cautelar que lo liberó –de momento– de la obligación de desprenderse de licencias. En la Corte creen que ya marcaron la cancha y avisan que con los debates de fondo se tomarán su tiempo.


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Kirchner: "La conspiración Cobos,  Clarín  y oposición es real"
El ex presidente los acusó de querer "derrotar al Gobierno antes de fin de año"; también criticó el fallo de la Justicia por poner freno al DNU que creó el Fondo del Bicentenario; en plena crisis institucional, el diputado fue entrevistado en Canal 7

Domingo 24 de enero de 2010


En medio de la crisis institucional que provocaron los dos decretos de la presidenta Cristina Kirchner -autorizando el pago de deuda con las reservas del Banco Central y expulsando al titular de la entidad-, el ex presidente, Néstor Kirchner, redobló los embates contra el vicepresidente Julio Cobos, los medios y la oposición, a los que acusó de conspirar contra el gobierno de su esposa.


"La conspiración Cobos, Clarín, oposición es absolutamente real", disparó el diputado. Y agregó que esos grupos buscan "conspirar o derrocar al Gobierno antes de fin de año", fecha en la que estaría vigente la nueva ley de medios.


En esta oportunidad Kirchner no utilizó la tribuna ni el atril para dar su mensaje, sino que eligió un pograma de televisión. El ex mandatario participó del hiperoficialista 6,7,8, emitido por Canal 7.


Contra Clarín. Por otro lado, Kirchner declaró que se reunión "en varias oportunidades" con Héctor Magnetto, CEO de Grupo Clarín, dado que el empresario buscaba que el ex presidente "hiciera lobby" para lograr que el grupo mediático consiguiera la licitación de Telecom. El diputado precisó que esto ocurrió antes del conflicto del Gobierno con el campo, y que Magnetto le ofreció a cambio "apoyo mediático".


"Magnetto no me puede desmentir", dijo el diputado luego de exponer su versión. Y añadió: "No somos lobbistas de nadie".


"No tengo dudas de que uno de los responsables de la conspiración es Magnetto", aseguró Kirchner.


"Nosotros estamos viviendo una mordaza mediática absoluta", sostuvo.


DNU. En tanto, el ex presidente afirmó que "son horrendos" los fallos emitidos el viernes por la Cámara en lo Contencioso administrativo, ya que le está "quitando el rol al Congreso" respecto de los decretos de necesidad y urgencia.


Kirchner sostuvo que los fallos demuestran "una clara coincidencia" con [Héctor] Magnetto, la oposición, y todos los demás". Además, utilizó con ironía el término "partido judicial" para referirse a la Justicia.


Respecto al conflicto institucional entre el Poder Ejecutivo y el Banco Central, Kirchner opinó que "no hacer lugar al Fondo del Bicentenario es un acto de absoluta irresponsabilidad".


El ex presidente explicó que el Fondo "genera desendeudamiento", por lo que resulta "una medida central y esencial para la economía argentina". Además, aclaró: "Somos tan moderados y prudentes que solamente estamos haciendo uso de la reservas disponibles"


La Nacion






Un juez suspendió la ley de medios por "irregularidades"
Cuestionó el trámite legislativo; es el tercer fallo en contra de la norma que impulsó Kirchner

Martes 22 de diciembre de 2009

Adrián Ventura
LA NACION

La jueza federal Olga Pura de Arrabal, con asiento en Mendoza, suspendió la aplicación de toda la ley de medios audiovisuales, porque encontró que el Congreso habría incurrido en serias irregularidades reglamentarias durante el trámite de sanción de la ley y pidió informes al Poder Ejecutivo y al Congreso.

La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Pura de Arrabal en una causa promovida por el diputado Enrique Thomas (Peronismo Federal-Mendoza). Esta es la tercera medida cautelar contra la ley de medios en siete días, pero el fallo es mucho más amplio, en sus alcances, que los dictados por el juez federal Edmundo Carbone, de la Capital Federal, y por el juez federal Miguel Medina, de Salta.

La primera resolución contra la ley de medios fue dictada por Carbone, que suspendió el plazo de un año para que el Grupo Clarín venda las empresas que exceden los parámetros estrechos que fija la ley (el plazo de desinversión del artículo 161).

La semana última, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, descalificó al magistrado, quien ayer fue respaldado por un comunicado de la Cámara Civil y Comercial Federal que valoriza su trayectoria y distinciones obtenidas, por ejemplo, a la excelencia judicial.

Ese mismo día, en Salta, el juez Medina dictaba la segunda resolución, que suspendió ese mismo artículo y también los artículos 45 (multiplicidad de licencias) y 62 a 65 (trasmisión en cadena).

Esas resoluciones pusieron de relieve importantes cuestionamientos a la validez constitucional de esos artículos y suspendieron la vigencia de esas normas, sin perjuicio de que otros tramos de la ley sí continúen vigentes. La resolución de Medina, sin embargo, pretendió ir más allá en sus alcances y ordenó al Poder Ejecutivo que frenara la reglamentación de la ley.

A diferencia de esos fallos, el dictado por Pura de Arrabal ataca a la ley durante su mismo trámite de sanción: es decir, no parte de dudar de la validez de algunos artículos de una ley vigente, sino que, directamente, acepta provisionalmente -en forma cautelar- que la ley pudo haber sido sancionada con graves vicios durante el procedimiento legislativo: si esto es así, en rigor, la ley nunca debió sancionarse.

Por eso, la magistrada federal ordenó la suspensión de la aplicación de la ley y de todos los actos que la pongan en ejecución y les corrió traslado al Poder Ejecutivo y al Congreso nacional para que brindaran un informe en el plazo de catorce días.
La resolución

El fallo dictado por la jueza Pura de Arrabal consideró los siguientes puntos:

    * Cita un fallo de la Corte (el caso Binotti) que invalidó una decisión legislativa porque había sido adoptada en violación al reglamento legislativo.

    * Dice que Thomas, en el amparo, acreditó que se había vulnerado el reglamento de la Cámara de Diputados y el artículo 66 de la Constitución, "lo que afecta la legalidad del acto en sí".

    * Consideró acreditadas distintas irregularidades, entre ellas, que los despachos de comisión fueron firmados por diputados que no estaban presentes, que no fueron puestos en secretaría a disposición de la prensa para su publicación durante las 24 horas siguientes, ni estuvieron en observación durante siete días hábiles, ni se respetó el quórum. En realidad, no ocurrió nada de ello en la única madrugada que alcanzó para decidir los despachos de comisión y votar en el recinto: para la jueza, la ley tuvo un trámite "vertiginoso, no obstante la extensión de 165 artículos y la calidad de sus disposiciones".

    * La jueza también señala que la ley, por su contenido, podría violar el artículo 32 de la Constitución nacional -que prohíbe dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta- y el artículo 13 de la Convención Americana.

    * La jueza, para justificar la decisión de suspender la norma en su plenitud, explicó: "No hacerlo implicaría poner en ejecución una norma impugnada como nula desde su nacimiento".

El diputado Thomas afirmó ayer: "Hubo un cúmulo de irregularidades. En las comisiones, sus integrantes no pudieron conocer a ciencia cierta en qué consistía la norma; se violó el reglamento; se constituyó de forma irregular el quórum, y la sesión especial se convocó con escasas horas de anticipación, lo que impidió que muchos diputados estuvieran presentes".
Protagonistas
AGUSTIN ROSSI
Presidente del bloque FPV

A instancias del Gobierno, el jefe de bloque de diputados del oficialismo, Agustín Rossi, apuró la media sanción a la ley sin respetar el reglamento: el debate en comisión fue irregular; los despachos no fueron puestos a consideración de los diputados ni se respetaron los plazos.
ENRIQUE THOMAS
diputado peronismo federal

El diputado Enrique Thomas (Peronismo Federal-Mendoza) promovió una acción de amparo: pidió no impugnar la ley, sino directamente las irregularidades reglamentarias cometidas en la Cámara de Diputados durante el trámite legislativo. Por eso, a su entender, la ley sería nula desde su mismo nacimiento. La jueza federal Pura de Arrabal hizo lugar a la medida cautelar.

La Nación

El Gobierno tildó de "sorprendente y llamativo" el freno judicial a la ley de medios
El ministro Alak dijo que la medida que suspende la aplicación de la norma es "provisoria" y puso en duda la competencia del juez que la dictó; la Casa Rosada apelará


Jueves 17 de diciembre de 2009

La primera reacción oficial a la  resolución judicial  que frenó la aplicación de la nueva ley de medios no tardó en llegar.

Quedó a cargo del ministro de Justicia, Julio Alak, que tildó de "llamativa" y "sorprendente" la resolución que declaró inconstitucionales dos artículos de la norma.

"La resolución dictada por el juez Edmundo Carbone, haciendo lugar a una presentación judicial de inconstitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es sorprendentemente extraña y seguramente será revocada por una instancia judicial superior", planteó el funcionario a través de un comunicado.

El ministro incluso puso en duda la trascendencia y el contenido de la resolución. "Si bien la medida es totalmente provisoria, pretende descalificar la plena vigencia jurídica de la ley sancionada recientemente por amplia mayoría en el Congreso", se quejó.

"Queda claro que esta medida no es una declaración de inconstitucionalidad. Es una medida absolutamente provisoria, un examen superficial de la cuestión y, además, no está firme porque no ha sido confirmada en una instancia superior", completó el jefe de la cartera de Justicia.

El freno. La Justicia suspendió la aplicación de dos artículos de la ley de medios que obligan a desprenderse de canales de televisión, radios y señales en el plazo de un año, y sólo autorizan a transferir licencias con la autorización de la nueva Autoridad de Aplicación, que pretende controlar el oficialismo.

Esta medida cautelar, solicitada por el Grupo Clarín (particularmente perjudicado por aquellos artículos), es la primera decisión judicial contra la controvertida ley de medios.

La resolución suspende la aplicación de los artículos 41 y 161 de la ley sancionada en octubre por entender que podrían afectar "en forma retroactiva e inconstitucional" los derechos de propiedad y de industria lícita. La ley intenta cambiar el mapa de los medios audiovisuales en la Argentina, donde operan siete grandes grupos y muchos operadores más pequeños.

Contra el juez. En el texto, Alak también apuntó directamente contra el juez. "Resulta sumamente llamativo que el magistrado haya adoptado esta medida cuando su renuncia al cargo fue aceptada el 6 de noviembre y restan 6 días hábiles, hasta el 31 de diciembre, para que abandone definitivamente su cargo", deslizó.

En la misma línea, cuestionó la competentcia del magistrado para intervenir en el asunto. "Es extraño que el juez , a cargo del juzgado nacional de primera Instancia en lo civil y comercial número 1 de Capital Federal desde 1980, se haya declarado competente para entender en esta materia, ya que las cuestiones contra el Estado deben tramitarse dentro del fuero contencioso administrativo", señaló.

Por otra parte, tal como se daba por descontado, anticipó que "dentro de los plazos que establece el Código Procesal", el Gobierno apelará la medida

La Nacion

Por primera vez, un juez declaró inconstitucional la ley de medios
Ordenó la suspensión de la aplicación de los artículos 41 y 161 porque "conducen a un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita

Miércoles 16 de diciembre de 2009

Un juez consideró inconstitucional la ley de servicios de comunicación audiovisual impulsada por el Gobierno y ordenó la suspensión de la aplicación de dos artículos fundamentales de la norma que obligan a los grupos periodísticos a desprenderse de licencias.

El juez en lo Civil y Comercial Eduardo Carbone dijo que los artículos 41 y 161 de la ley "conducen a un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita" establecidos en los artículos 14 y 17 de la Carta Magna.

De esta forma, el magistrado hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín, según la resolución a la que accedió DyN.

Polémico. El artículo 161 es la llamada cláusula de desinversión, que obliga a las empresas de radio y televisión por cable y por aire a desprenderse de las licencias que superen el límite establecido por la nueva ley en el plazo de un año.

No sólo fue el artículo que el kirchnerismo aprobó con la diferencia más estrecha (38 votos a favor y 28 en contra), sino que además fue el que generó los cruces más encendidos en el recinto.

La Nacion


El Gobierno gastó $ 28 millones para promocionar la ley de medios
Fue durante los casi dos meses que duró la discusión del proyecto en el Congreso

Domingo 6 de diciembre de 2009

Laura Serra
LA NACION

El Poder Ejecutivo no escatima recursos en su afán de publicitar sus actos de Gobierno y promover lo que considera sus "verdades relativas". Lo demostró sobradamente durante la campaña electoral, con un crecimiento exponencial de la publicidad oficial y luego, también, en su batalla mediática para promover la polémica ley de radiodifusión, en la que desembolsaron 28.313.019 pesos.

Esta no ha sido la única campaña publicitaria millonaria que emprendió el Gobierno en el último tiempo. Sin ir más lejos, durante la crisis que lo enfrentó con el campo el año pasado, gastó 39.243.059 millones de pesos y, más recientemente, erogó unos 14 millones de pesos de los fondos de la Anses para distribuir, en plena campaña proselitista, una carta a todos los jubilados y pensionados instándolos a apoyar al Gobierno en las próximas elecciones, tal como publicó La Nacion hace una semana.

La propia Jefatura de Gabinete admitió, en su último informe a la Cámara de Diputados, haber invertido los poco más de 28 millones de pesos en su batalla mediática para promover la nueva ley de radiodifusión. Ese informe se repartió, en versión CD, entre todos los diputados hace tres semanas, cuando asistió al recinto de la cámara el ministro Aníbal Fernández. En él respondió por escrito las más de 600 preguntas que le habían elevado los legisladores, entre ellas la que formuló el diputado Omar de Marchi (Demócrata, de Mendoza), que requería los montos de ese desembolso publicitario, los fundamentos para incurrir en ese gasto y si se reestructuraron otras partidas presupuestarias para afrontarlo. Esto último no fue respondido.

Lo que, sí, se detalló fueron los montos que se destinaron a los distintos tipos de medio (de lo que se informa aparte). En este sentido, el ranking lo encabezan los canales de televisión de la Capital, en los que se invirtieron casi nueve millones de pesos para los spots publicitarios; en segundo término, figuran los diarios porteños, al que se destinaron 6,7 millones y, en tercer lugar, los cables de la Capital, que recibieron 4,1 millones en total. En el interior, también se invirtió en pautas publicitarias, aunque en un monto menor.
La pelea rural

La Jefatura de Gabinete también precisó, en el mismo informe y ante la pregunta del bloque Pro, haber gastado los poco más de 39 millones de pesos en spots publicitarios oficiales durante el enfrentamiento con sectores del campo por la suba de las retenciones agropecuarias.

A manera de ejercicio comparativo, vale mencionar que los 28 millones de pesos que se gastó en poco más de un mes ?período que demandó la sanción de la ley de medios en el Congreso? casi duplica lo que el Poder Ejecutivo destina, para todo el año, en el programa de detección y tratamiento de enfermedades crónicas del Ministerio de Salud. O cuadruplica lo que esta misma cartera invierte en los programas Cobertura de las Emergencias Sanitarias y Sanidad Escolar, también para todo el año.

Pero el afán de propalar la voz oficial sin límites de gasto es un rasgo en la gestión kirchnerista. Según un informe de Poder Ciudadano, durante el primer semestre de este año electoral el Gobierno gastó más de tres millones de pesos por día en publicidad oficial y triplicó los fondos destinados a ese rubro en comparación con el mismo semestre de 2008.

Entre enero y junio pasados, el Poder Ejecutivo invirtió algo más de $ 622 millones para dar a conocer la gestión (a razón de 3,4 millones diarios), contra $ 181 millones que había gastado en igual período del año anterior, es decir que la pauta oficial tuvo un aumento del 243 por ciento.

Pero, además, este año la Casa Rosada ya lleva gastado un 57% más de lo invertido en ese rubro en todo 2008, cuando pagó en total $ 395 millones por publicidad oficial.    

La Nación


El escenario
Nuevo capítulo del apriete a los diarios
Joaquín Morales Solá
LA NACION

El omnipotente secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, despidió al jefe de la Sindicatura General de la Nación, Carlos Pacios, porque éste no cuestionó (ni hizo cuestionar) el último balance de Papel Prensa. Hay que decirlo de ese modo frontal para entrever hasta dónde llega el proyecto oficial de tomar el control de la principal empresa productora de papel para diarios, la mayoría de cuyo paquete accionario está en manos de La Nacion y Clarín.

Aprobada ya una ley que le asegurará al Gobierno una vigilancia constante sobre los medios de comunicación audiovisuales, todo indica que les llegó la hora del apriete kirchnerista a los medios gráficos, cuyo principal insumo es, precisamente, el papel.

La ofensiva contra Papel Prensa no es nueva, pero tampoco es vieja. Comenzó hace un mes, cuando Moreno nombró en el directorio de la empresa a la más conocida de sus operadoras, Beatriz Paglieri, que antes ya se había ocupado de la destrucción del Indec. La llegada de Paglieri a Papel Prensa fue contemporánea de la renuncia de todos los anteriores representantes estatales en la empresa, luego de que éstos fueron sometidos a una brutal reprimenda por parte del secretario de Comercio.

En esa explosiva reunión, que motivó una denuncia judicial de parte de uno de sus oyentes, Moreno expresó la intención del gobierno de extenuar a Papel Prensa hasta que el Estado esté en condiciones de expropiarla o de comprarla a precio vil.

El vínculo de la salida de Pacios con la ofensiva sobre Papel Prensa se hace evidente si se repara en que junto con él fueron eyectados los síndicos del Estado en la empresa papelera, Carlos Manuel Vidal y Alejandro  Turri. La Sindicatura General de la Nación, un órgano de auditoría interna del Gobierno, puede supervisar a Papel Prensa porque la empresa tiene un porcentaje de su paquete accionario (el 27 por ciento) en poder del Estado. Hace poco tiempo, también debió dejar su cargo, empujado por el mismo funcionario, el ex titular de la Comisión Nacional de Valores Eduardo Hecker, acusado de no haberse prestado a la persecución de la papelera.

Pacios y Hecker constituían, tal vez sin quererlo ellos mismos, la última frontera antes del probable desembarco del kirchnerismo en Papel Prensa. De ahora en más, el gobierno de los Kirchner, extrañamente derrotado en elecciones de hace cinco meses, estará en condiciones de cumplir el viejo anhelo de poder presionar sobre la prensa gráfica, sometida ya durante seis años al sistema de premios y castigos con la publicidad oficial.

También Moreno es sólo un símbolo, aunque un símbolo feroz del poder que emana de la residencia de Olivos. Moreno se autodefine como un "soldado" de un ejército cuyo "general" es Néstor Kirchner. Resulta imposible imaginar que semejante embestida contra los dos principales diarios del país esté siendo ejecutada por la decisión personal del secretario de Comercio; es Kirchner, digámoslo de una buena vez, quien lo mandó a hacer lo que está haciendo.
Control

En el cruel instante de la decadencia, el proyecto político de los Kirchner consiste en tomar el control de los medios periodísticos, de enlazar a los intendentes del conurbano con dinero contante y sonante y de quebrar a la oposición mediante la cooptación de sedientos gobernadores. Como se ve, ni la Presidenta ni su esposo se ocupan de los problemas que afligen a vastos sectores de la sociedad argentina.

El relevo de Pacios por Daniel Reposo, un ex directivo de la Anses (convertida en los últimos tiempos en una cantera inagotable de genios tan kirchneristas como desconocidos), merece además una reflexión de enorme gravedad institucional. La Sindicatura es el órgano que audita a la administración desde el interior de ésta. Por su lado, la Auditoría General de la Nación es la institución que ejerce la auditoría externa del Gobierno. Ninguna de las dos agencias funciona como corresponde.

La Sindicatura debería tener una autonomía técnica homologable dentro y fuera del país. Pero el Gobierno no tuvo mejor idea que nombrar en la cúpula de la Sindicatura a la esposa de Julio De Vido, que es el ministro que controla y maneja una incomparable cantidad de recursos del Estado, durante cuatro años y medio. Luego fue designada en su lugar la esposa del actual titular de la Anses, pero ésta no soportó mucho tiempo. Las casualidades son, por lo general, obra de las intenciones.
La Auditoría

La Auditoría General de la Nación es un organismo constitucional; la Constitución indica que su titular debe ser un representante de la oposición. Actualmente es el radical Leandro Despouy, pero el Gobierno hizo también ahí algunas travesuras. Nunca actualizó las reglamentaciones a la Constitución de 1994. Como consecuencia de viejas leyes, Despouy está rodeado por un colegio de auditores con clara mayoría oficialista, que le ha hecho la vida imposible.

Despouy ha resistido con un eficiente equipo propio, pero debió enfrentar hasta la pretensión oficialista de prohibirle que diera informes públicos sobre su gestión.

Lo que está sucediendo con la Sindicatura General de la Nación es una calamidad institucional, se lo vea por donde se lo vea. Es una agresión a la libertad de prensa que el Gobierno haya decidido controlar, mediante la intervención a Papel Prensa (que es lo que realmente quiere), la producción nacional de papel para diarios. Y es una agresión a cualquier noción de transparencia democrática que el kirchnerismo esté dispuesto a someter, remover y designar funcionarios en los organismos que nacieron para controlar a los gobernantes.

La Nación





El avance sobre los medios
Otro golpe de Moreno: hizo echar al jefe de la Sigen
Pacios se resistía a avanzar sobre Papel Prensa, objetivo del Gobierno

Mariano Obarrio
LA NACION

En medio de un hermetismo más acentuado de lo habitual, la presidenta Cristina Kirchner dio ayer un paso más en su escalada contra los medios. Le pidió la renuncia al jefe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Carlos Alberto Pacios, por haber resistido presiones para incrementar las auditorías internas sobre la empresa Papel Prensa, sobre cuyo control la Casa Rosada pretende avanzar.

Según dijeron a LA NACION diversas fuentes oficiales en la más absoluta reserva, el autor de las presiones fue, una vez más, el poderoso secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, funcionario que responde directamente al ex presidente Néstor Kirchner.

"Le pidieron la renuncia, la presentó y se la aceptaron. Eso está confirmado, pero no podemos decir más", afirmaron a LA NACION fuentes allegadas al propio Pacios. En la Casa Rosada nadie quiso ayer confirmar oficialmente la información.

A la salida de Pacios se le sumaron, en las últimas 48 horas, las remociones de los síndicos del Estado en Papel Prensa, Carlos María Vidal y Alejandro Turri.

Diversas fuentes coinciden en que, con el aval de Kirchner, Moreno se propone tomar el control de Papel Prensa, sociedad conformada por Clarín (49%), LA NACION (22,49%) y el Estado nacional (27,46%). Según consta en una denuncia judicial, el 14 de septiembre el funcionario explicó a ex directores de esa compañía un plan para estatizarla y los amenazó con duras represalias en caso de que éstos lo ventilaran.

La semana pasada, también por presiones de Moreno, renunció Eduardo Hecker, titular de la Comisión Nacional de Valores. Según se supo, Hecker rechazó las exigencias de Moreno para obtener información de los balances de Papel Prensa.

El temor ahora en Balcarce 50 reside en el nuevo costo político que significará la demostración de otro atropello contra empresas vinculadas a medios de comunicación.

La presión contra los medios no cede. Se originó cuando, por decisión de Kirchner y de la Presidenta, el Gobierno logró sancionar hace casi dos meses la nueva ley de radiodifusión, que establece un mayor control estatal sobre los medios audiovisuales.

La voluntad del Gobierno para controlar Papel Prensa significaría en los hechos un avance en la regulación de la venta del papel a los diarios y la prensa gráfica.
La disputa

Un funcionario oficial explicó a LA NACION la intimidad de las presiones de Moreno. "La semana pasada, Moreno se comunicó telefónicamente con Pacios. Lo presionó para que como síndico hablara con la comisión fiscalizadora que tiene la Sigen en Papel Prensa sobre una auditoría en curso en esa empresa. Pacios le contestó que no podía usar su cargo para eso y que son los miembros de esa comisión los que tienen responsabilidad sobre esa empresa y que él no se podía meter", relató.

Dentro de la Sigen resultó ayer una jornada de extremo nerviosismo. En la oficina privada de Pacios, sus secretarias derivaban todas las consultas periodísticas a la oficina de prensa del organismo. Pero las dependencias del vocero, Federico Di Gregorio, directamente no respondían las llamadas.

"Hay orden tajante de no hablar", aseguraban algunos funcionarios de esa repartición. "Especulen con lo que quieran", agregaron. En la Casa Rosada, funcionarios bien informados confiaron que el motivo de la renuncia fue "la negativa de Pacios a avanzar con auditorías sobre Papel Prensa".

"Que hubo presiones de Moreno y que Pacios se negó a aceptarlas eso es seguro. Pero no hay más detalles. Están herméticos", señaló a LA NACION un funcionario oficial.
El caso Hecker

Pacios fue designado al frente de la Sigen en enero de 2009, cuando su antecesor, Julio Vitobello, se hizo cargo de la Oficina Anticorrupción. Hasta entonces, Pacios fue jefe de gabinete de Vitobello en la Sigen. "No es un hombre de Vitobello; es un técnico que lo secundaba y luego asumió", dijo un allegado a Vitobello.

Sin embargo, en el kirchnerismo califican a Pacios, como a Vitobello, como dos de los pocos funcionarios que eran incondicionales al ex jefe del Gabinete Alberto Fernández y que quedaron en la administración pese a la renuncia de éste.

"La Sigen es un área peligrosa para el kirchnerismo porque monitorea la administración interna. Y Papel Prensa es un área clave", confiaban ayer en la Casa Rosada.

El episodio que terminó con la renuncia del titular de la Sigen hizo rememorar la dimisión de Hecker, la semana última. En una dura discusión, entre el ex titular de la CNV y Moreno, éste exigió que no aceptara un balance contable de Papel Prensa que no llevaba las firmas de los directores que representan al Estado, los morenistas Beatriz Paglieri y Pablo Aldo Cerioli. También se dijo que Hecker se resistió a dar información de Papel Prensa y de otras empresas.

Moreno había amedrentado a dos directores del Estado de la empresa papelera, Carlos Collasso y Mauricio Mazzón, el 14 de septiembre último, cuando les reveló un plan para expropiarla. Según consta en una denuncia judicial, los amenazó para que no ventilaran las intenciones oficiales. "Afuera tengo a mis muchachos, expertos en partirle la columna y hacerle saltar los ojos al que hable", habría advertido, según Collasso -representante del Estado en el Consejo de Vigilancia de la firma-, dijo ante escribano público y ante la Justicia. Luego renunciaron.

La Nación



La ofensiva contra los medios / Otro organismo de control afectado
Por presión de Moreno se va el jefe de la Comisión de Valores
Eduardo Hecker deja su cargo por resistirse a cuestionar los balances de la firma Papel Prensa

Jueves 12 de noviembre de 2009

Florencia Donovan
LA NACION

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, volvió a mostrar sus dientes. Esta vez, la víctima fue el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Eduardo Hecker, quien de manera imprevista presentó ayer su renuncia, presuntamente, tras una serie de entredichos con Moreno, por la situación de la empresa mixta Papel Prensa.

Hecker, que estaba al frente de la entidad que se encarga de velar por la transparencia y buen funcionamiento del mercado de valores desde noviembre de 2006, no respondió a la llamada de LA NACION. A última hora, envió un comunicado a los medios en el que confirmaba su renuncia, esgrimiendo "motivos estrictamente personales".

Lo cierto es que en la City trascendió durante la jornada de ayer que su salida estuvo más relacionada con el enfrentamiento que mantenía con Moreno por Papel Prensa, la empresa que elabora papel para la mayoría de los diarios del país.

"Todo comenzó cuando la CNV publicó a comienzos de octubre aquella Acta de Papel Prensa en la que el Consejo de Vigilancia denunciaba haber recibido aprietes de Moreno. El conflicto después fue escalando", explicó una alta fuente del mercado que pidió no ser identificada. En esa ocasión estaba presente también Beatriz Paglieri, la economista que instrumentó los controvertidos cambios en el Indec tras la intervención del Gobierno, y que fue más tarde designada directora del Estado en Papel Prensa (ver aparte).

Aunque no fue confirmado, algunas fuentes aseveraron que Moreno habría intentado que la CNV objetara diversos puntos de los balances presentados por Papel Prensa en los últimos 10 años, además de iniciarles sumarios a todos los directores de la empresa. Algo similar ya había intentado hacer el secretario de Comercio Interior con los directores representantes del Estado en aquella reunión denunciada por el Consejo de Vigilancia de la papelera, según consta en el Acta fechada el 6 de octubre.

La CNV es la encargada de monitorear los estados contables de todas las empresas que están dentro del régimen de oferta pública, como es el caso de Papel Prensa. Si bien las compañías deben someter sus balances al escrutinio de sus auditores y de la Bolsa de Comercio, la CNV tiene luego la potestad para realizar objeciones específicas.

Hecker, que había llegado a la CNV de la mano del entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, con quien mantenía una excelente relación gracias a su cercanía con la ahora diputada Vilma Ibarra, se había quedado ya hace tiempo sin padrinos ni referentes políticos dentro del kirchnerismo. Hasta ahora, el economista y ex presidente del Banco Ciudad durante la gestión de Aníbal Ibarra había mantenido en la entidad reguladora de los mercados un perfil extremadamente bajo y más bien técnico.

Pero, según confiaron las fuentes, habría sido el ministro de Economía, Amado Boudou, quien le habría solicitado ayer temprano su renuncia. Aunque, a cambio, le habría ofrecido un puesto dentro del área económica, de menor jerarquía, según deslizaron desde el Ministerio de Economía. No estaba claro si lo aceptaría o no.

Hecker, por su parte, le comunicó su salida a los empleados de la entidad poco después del mediodía. Dijo, a su vez, que Alejandro Vanoli, hasta ahora vicepresidente del organismo, lo reemplazaría en el cargo.

Economista y profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y miembro del Plan Fénix, Vanoli ya había sonado a mediados de año como posible candidato para acompañar a Boudou en la Secretaría de Finanzas. LA NACION intentó contactarse con él ayer en reiteradas ocasiones, pero no recibió respuesta a sus llamadas.
Sin quórum

De todos modos, aun con Vanoli al frente de la CNV, el Gobierno debería realizar en los próximos días algún nombramiento adicional, ya que el directorio de la entidad no tendría el quórum suficiente para sesionar. Por norma, la CNV cuenta con la posibilidad de tener cinco directores, aunque precisa de un mínimo de tres para su funcionamiento.

Previo a la salida de Hecker, en la mesa chica de la CNV ya había dos puestos vacantes. Hoy, además de Vanoli, el directorio está conformado por Héctor Helman. No habían trascendido ayer los nombres de quienes podrían llegar a completar la mesa.

La salida de Hecker provocó gran desconcierto en el mercado. Si bien en los últimos meses la CNV había adoptado una política de mayor control con los distintos agentes -sobre todo en pos de regular la compraventa de acciones y bonos, destinada a fines cambiarios-, entre los operadores Hecker era respetado por su mesura y discurso de escasa confrontación.

Antes de asumir en la CNV, Hecker se había desempeñado como presidente del Ciudad. También durante la gestión de Aníbal Ibarra había ocupado la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad. En el pasado, había sido consultor del Banco Mundial y director del Centro de Estudios para la Producción en la órbita de la Secretaría de Industria, durante el último año de gobierno de Carlos Menem.

La Nación


Hecha la trampa, ¿sólo después se hace la ley?
Por Mariano Grondona

Domingo 1 de noviembre de 2009

Suele decirse que "hecha la ley, hecha la  trampa  ". Este antiguo refrán refleja un orden de valores. Primero viene la ley, esto es, la pretensión de imponer desde el Estado una iniciativa de bien común; sólo después viene la trampa mediante la cual algún "vivo" o simplemente la realidad se interponen entre la intención honesta, quizás ingenua, del legislador, y el curso de los acontecimientos. Los últimos intentos del kirchnerismo han seguido un camino inverso. Primero el ex presidente concibe la trampa, a la que sólo después envuelve en alguna ley o en algún decreto para presentárselos al Congreso, al que induce a internarse en la minuciosa discusión de sus enredados artículos como si éstos fueran lo que en verdad importa y no el ardid que Kirchner quiere disimular.

Tenemos sobrados ejemplos de esta conducta. Para dar sólo algunos de ellos, cuando el Poder Ejecutivo lanzó la reforma de las AFJP, consiguió que los legisladores se entretuvieran en discutir si la fórmula preferible para los futuros jubilados debería ser el ahorro privado o el sistema estatal del "reparto", y más de un grupo de centroizquierda, en principio opositor, se dedicó a discutir minuciosamente esta disyuntiva ideológica inclinándose al fin por la estatización de los ingentes fondos en juego sin advertir, con buena o mala conciencia, que lo que en verdad quería Kirchner, su "trampa", era apoderarse de estos fondos para utilizarlos después a voluntad.

Otro caso, más reciente, ha sido el ya famoso proyecto de la "ley de medios". La argumentación, el ropaje legal con el que el Gobierno vistió este proyecto, fue la necesidad de montar un sistema de medios audiovisuales, incluida la difusión del fútbol, que abriera los más diversos canales de comunicación a los argentinos en nombre de la libertad. Pero lo que en realidad quería el Gobierno era avanzar en la construcción de su propio monopolio con la excusa de combatir el supuesto monopolio de los medios privados de comunicación. La batalla, que esta vez fue más ardua que en el caso de las AFJP, terminará probablemente en los estrados de la Justicia. No debe olvidarse en este breve recuento la también reciente ley de presupuesto, ante la cual, con el pretexto de obtener la prórroga por un año de sus "superpoderes" para proteger la "gobernabilidad" del país en estos tiempos de transición, el Ejecutivo se aseguró la facultad de disponer por este plazo de un margen de discrecionalidad aún más amplio que el que había obtenido en los años anteriores, al servicio de su hegemónica "caja".

La reforma política

En el caso de la "reforma política", que es el intento más audaz de Kirchner de conservar el poder más allá de 2011, el proyecto que el Ejecutivo acaba de presentar al Congreso alienta la intención de encerrar a la mayoría de las fuerzas políticas opositoras dentro de un brete legal tan estrecho que, de confirmarse, disminuiría drásticamente sus opciones de cara a la próxima elección presidencial.

Esta es la nueva "trampa". Para consumarla, el Gobierno pretende borrar del mapa a los partidos nuevos que se han desarrollado en los últimos tiempos exigiéndoles condiciones prácticamente inalcanzables para la próxima elección presidencial. Esta medida afectaría gravemente las posibilidades de partidos como Pro, de Macri, y el amplio abanico de la centroizquierda. Así es como Kirchner le paga a ésta el temerario apoyo que ella le dio en el Congreso. Al incluir además disposiciones que prohíben la propaganda privada en la campaña electoral, el ex presidente tiene en mente neutralizar efectivamente a Francisco de Narváez para evitar que lo derrote por segunda vez, como ya lo hizo en la provincia de Buenos Aires el 28 de junio. En cuanto al creciente influjo del peronismo no kirchnerista, "federal", la idea del Gobierno sería adelantar las elecciones primarias destinadas a consagrar a los candidatos presidenciales de cada partido al mes de junio de 2010, con la intención de evitar que este otro peronismo disponga del tiempo necesario para competir con él dentro del Partido Justicialista oficial.

Con el objeto de "envolver" esta otra trampa en un nuevo argumento para ingenuos, el Ejecutivo ha recogido en su proyecto la idea, ampliamente compartida, de que nuestro país debiera volver cuanto antes al sistema de las elecciones primarias simultáneas y abiertas para consagrar a los candidatos presidenciales, que rige en las democracias presidenciales bien ordenadas y que nosotros teníamos antes de 2003 hasta que el por entonces presidente Duhalde, turbado por su obsesión antimenemista, dejó al justicialismo y al país sin ellas; provocó así el desorden institucional cuyo gran beneficiario resultó ser el propio Kirchner. El método de las elecciones primarias y abiertas debe ser restablecido, pero no con el inconfesado propósito de convertir a Kirchner en "el caballo del comisario".

Los límites

Una maniobra si se quiere menor ha sido, el jueves último, el lanzamiento presidencial de una iniciativa de ingreso universal para la niñez que por lo pronto no es "universal" porque sólo alcanzará a los hijos de los desocupados o a los que se desempeñan en el sector informal, y que tampoco se procesaría a través de canales institucionales, sino a través de la vasta red clientelística que maneja Kirchner. Pero esta medida, que parecía responder a un anhelo ampliamente compartido como es el de apoyar a la niñez sin recursos, se hizo en realidad para "tapar" el proyecto del ingreso universal a la niñez que había presentado Elisa Carrió, aunque con el propósito inverso de que fuera verdaderamente "universal" y de que discurriera por fuera de los "punteros" políticos, piqueteros y municipales que rodean al Gobierno. Para anunciar su proyecto, la Presidenta usó por enésima vez la cadena oficial de radiocomunicación, apostando a que el consiguiente impacto mediático aventara el mayor peligro que preocupa a los Kirchner: que la oposición termine por arrancarles el bien inapreciable de la iniciativa política. El hecho de que el Poder Ejecutivo haya consignado su proyecto sobre la niñez a un decreto de necesidad y urgencia en lugar de un proyecto de ley muestra a su vez que, a medida que se acerca el 10 de diciembre, cuenta cada vez menos con el Poder Legislativo.

En el curso de su proyectada "reforma política", mientras tanto, el kirchnerismo también pretendió atraer a ese importante segmento de la oposición que es el vasto partido radical, el único capaz de sortear el brete legal de la reforma política que amenaza a los demás partidos. Así fue como Kirchner quiso remedar la alianza peronista-radical de 1993 de la que fue portador el desafortunado Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, cuando aquél logró nada menos que cambiar la Constitución para ponerla al servicio de su ambición reeleccionista.

Está claro que Kirchner encuentra cada día más obstáculos para imponer su hasta ayer omnímoda voluntad. Prueba de ello es que la oposición rechazó en pleno participar de la reunión a la que la había convocado la Presidenta para lanzar el proyecto de la reforma política. Esta noticia, alentadora para todos aquellos que quieren contener a Kirchner, ha sido amortiguada empero por nuevos disensos entre los propios opositores como el que acaba de aflorar entre Duhalde y De Narváez, una noticia preocupante porque, aparte de sus constantes triquiñuelas, Kirchner también abriga el deseo, o la ilusión, de que la oposición no logre asegurar al fin su propia cohesión con un sentido de patriótica grandeza capaz de superar las ambiciones personales.

La Nación


No hubo acuerdo por la fe de erratas de la ley de medios y la discusión seguirá mañana en el Senado
Los jefes de bloque se reunieron para analizar si corresponde o no anular el documento, pero no hubo consenso; la discusión seguirá en el recinto de la Cámara alta

Martes 20 de octubre de 2009

El debate en torno a la validez de la fe de erratas con la que el oficialismo introdujo cambios al texto de la ley de medios que se aprobó en la Cámara de Diputados sigue sin resolución.

Los jefes de los 22 bloques del Senado se reunieron hoy para analizar si corresponde o no anular el documento, pero no lograron un acuerdo, por lo que la discusión segirá mañana en el recinto.

Los líderes de las bancadas estuvieron reunidos durante casi dos horas a puertas cerradas en el Salón Gris de la Cámara alta. Cómo pasó en su momento con el debate respecto de la cantidad de comisiones por la que debía pasar la ley de medios, los senadores no lograron consensuar una posición común, por lo que la discusión seguirá mañana en el recinto.

Si prospera la posición de la oposición, el Senado podría declarar la nulidad del documento. Si así fuera, el oficialismo enfrentaría un problema, porque podría quedar bajo sospecha la validez misma de la ley, sancionada por la Cámara alta hace diez días.

La nulidad de la fe de erratas abriría un capítulo más en la lucha legal que, según se anticipa, rodeará la aplicación de la norma. Además, demoraría los plazos en los que la Casa Rosada espera poner en marcha los mecanismos para poder empezar a aplicar la norma.

La postura de la nulidad es sostenida por el radicalismo y representantes de otras fuerzas, como los senadores Carlos Rossi (Partido Nuevo-Córdoba) y Samuel Cabanchik (Proyecto Buenos Aires Federal-Capital). El kirchnerismo, en tanto, se resiste a aceptar esa posibilidad e insiste en que la fe de erratas es un instrumento habitual y perfectamente legal.

Cuestionamientos. El texto de la nueva ley de radiodifusión fue aprobado por el Senado con severos errores en la remisión que en dos artículos (95 y 124) se hace a otras tantas cláusulas de la ley. La fe de erratas que emitió la Cámara de Diputados, cuya validez está ahora bajo la lupa, intentó subsanar esa incongruencia.

Sin embargo, desde la oposición advierten que ese documento excede las facultades que la Cámara baja le concedió al presidente del cuerpo, Eduardo Fellner, al permitirle renumerar los artículos y corregir errores ortográficos. Pero eso no es todo. La oposición también cuestiona el trámite legislativo seguido por la fe de erratas.

Es que el documento llegó al Senado 22 días después de que el proyecto fuera aprobado por la Cámara de Diputados y de que la Secretaría Parlamentaria se hubiera tomado cinco días para pasarlo en limpio.

Además, cuando la fe de erratas ingresó en el Senado, el 9 de octubre, en pleno debate de la iniciativa, el secretario parlamentario, Juan Estrada, no se lo comunicó al cuerpo, como correspondía.

La Nacion

¿Por qué a Pagni?
Por Mariano Grondona
Especial para lanacion.com

Miércoles 21 de octubre de 2009

Homero escribió que Ulises era "fecundo en ardides". Desde el adelantamiento de las elecciones al 28 de junio hasta la presunta "reforma política", que ha concebido para retener el control del Partido Justicialista contra el embate del "peronismo federal", pasando por las "candidaturas testimoniales" y el cuestionado proyecto de ley de medios, hasta ahora sólo podía decirse de Néstor Kirchner que era "fecundo en maniobras ilegales" para aferrarse al poder que aún le queda mientras lo abandona el consenso popular. Pero sólo "hasta ahora" porque, animado por la ansiedad que lo embarga en pos de su incierto objetivo, lo que deberíamos preguntarnos ahora es si Kirchner, atravesando una invisible frontera, no ha empezado a mostrar que es, además, "fecundo en maldades".

Este duro interrogante parece sin embargo apropiado no bien se detecta la reciente agresión oficial contra el columnista Carlos Pagni, quien ha pasado a simbolizar en el imaginario de la caverna del poder ya no sólo el periodismo en general sino especialmente el periodismo gráfico al que el Gobierno piensa atacar no bien complete la ofensiva contra el periodismo audiovisual que inició a través de la ley de medios. En este sentido, el ánimo de Kirchner parece tan perturbado que se ha atrevido a albergar a un conocido productor televisivo para que preparara un video de 17 minutos de duración por ese medio del Gobierno pero no del Estado que es Canal 7, en una acción que descalifica a quien ejecutó el encargo no sólo "moralmente", por participar de una maniobra inconfesable, sino también "técnicamente" porque basta un mínimo conocimiento televisivo para advertir la grotesca factura del video que ha generado.

Pero Kirchner pudo elegir entre varios periodistas como blanco de su agresión. ¿Por qué escogió, precisamente, a Pagni? Porque, además de sus opiniones puramente críticas, el tipo de columna que escribe Pagni incluye un alto componente informativo, y a este Gobierno, pese a promover el "pensamiento único", no lo molestan tanto las "opiniones" adversas, que son debatibles por naturaleza, sino las "informaciones" cuyo inquietante contenido lo pone en máximo estado de alerta. El reciente ataque a Pagni deja ver la meta periodística del propio Kirchner: tolerar que, mientras no lo pueda evitar, los columnistas opinen, pero impedir en cambio que la pura y simple verdad de lo que está ocurriendo en las entrañas del poder salga a la luz. La "opinión crítica" que también emite Pagni es para el kirchnerismo sólo un pecado venial, incomparablemente menos peligroso que la "información objetiva" de lo que está pasando. Descubrirla y revelarla: éste ha sido el pecado mortal de Carlos Pagni.

La Nacion


PJ dividido / Fin de semana cargado de actos
Reapareció Kirchner con una defensa de la ley de medios
Dijo que "no es en contra de nadie"; preparan una celebración a la que irá la Presidenta

Juan Pablo Morales
LA NACION

Néstor Kirchner se hacía esperar detrás del escenario, mientras el locutor se las ingeniaba para estirar sus intervenciones. En la penumbra del salón principal de Parque Norte esperaban ansiosos un puñado de intendentes, algunos ministros y una variada gama de militantes movilizados desde el conurbano.

El reloj anunciaba las 20.12 cuando el ex presidente, por fin, reapareció. Era la primera vez después del silencioso aislamiento con el que había monitoreado en el Congreso su mayor obsesión en los últimos dos meses: la ley de medios.

Cuando le dieron la palabra, de hecho, intentó referirse a ella, aunque de modo elíptico: "Todas las leyes que vota nuestro Parlamento no son contra nadie; son a favor de todos los argentinos".

Abajo todavía seguían los aplausos. Una puesta en escena que se repetirá hoy, por partida doble. A las 11, el líder peronista volará a San Vicente para hablar en un acto de la juventud del PJ bonaerense. Por la tarde, encabezará los festejos por el Día de la Lealtad en el Teatro Argentino de La Plata, un encuentro al que podría sumarse la Presidenta.

No sería el último. El Gobierno ya estaría preparando otro acto, previsto para el miércoles que viene, según adelantaron fuentes oficiales. El objetivo: festejar la ley de medios. Algo así como la coronación final de la última obsesión kirchnerista.

El ex presidente ayer mostró parte del espíritu de las épocas triunfalistas. Después de hablar del Congreso, reacomodó palabras y gestos en busca de otra de sus preferencias: criticar a la oposición, aunque sin usar nombres propios. Anoche incluso pareció apuntarle a Eduardo Duhalde, que la semana pasada había sugerido que podría anotarse en la carrera presidencial.

"Cualquier compañero tiene derecho a ser candidato; lo que no se puede hacer es generar acciones que vayan en detrimento de la profundización de las políticas en la Argentina", cuestionó.

Luego agregó que "ya habrá tiempo de debatir las candidaturas" y recordó, especialmente, el proyecto de reforma política del Gobierno, que él mismo controla desde Olivos y con el que espera sentar las bases para instalar su candidatura en 2011, según les adelantó a varios de los peronistas que suelen visitarlo en la quinta presidencial. "Esperemos que avance la reforma política para que avance la democracia", dijo ayer.
Contra los adversarios

También sintió especial apego hacia la palabra "provocación". La repitió tres veces para hablar de sus detractores. "Es importante que se fomente el debate de ideas, pero a veces los que no tienen ideas nos provocan para que nos equivoquemos", se quejó.

A esas alturas ya habían pasado dos horas del comienzo de la excusa que había encontrado Kirchner para volver a hablar: el coloquio "Debatiendo desde el movimiento nacional la Argentina del nuevo milenio", organizado por la Federación Argentina de Municipios, que conduce el intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra.

Sólo cuando el coloquio ya había empezado el salón empezó a poblarse. Cuando hablaba Aldo Ferrer llegó el gobernador Daniel Scioli. Cuando Ferrer terminó se sumó el vicegobernador Alberto Balestrini. Cuando era el turno del vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, llegó el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.

Hubo algunos ausentes. Varios organizadores estaban sorprendidos: había menos de una decena de intendentes del conurbano. Kirchner fue el último dirigente en llegar, cuando el coloquio ya terminaba.

En el cierre, Pereyra -el anfitrión- colmó de elogios a los Kirchner. Scioli repitió la fórmula y, además, se encargó de contar que Kirchner le había dicho que la Presidenta podría sumarse al acto de hoy en La Plata, después de su gira por la India. Hasta anoche, en la capital provincial todavía dudaban que fuera. De estar ahí, Kirchner le cederá a su esposa el honor del cierre.
Todos por Perón
TEATRO ARGENTINO DE LA PLATA
Homenaje kirchnerista

    * El ex presidente Néstor Kirchner encabezará hoy, a las 16, el acto del oficialismo por el Día de la Lealtad en el Teatro Argentino de La Plata, donde se han hecho los lanzamientos de campaña proselitista.

ESTADIO OBRAS
Peronismo disidente unido

    * Aunque amagaron con dos actos, Eduardo Duhalde logró unificar al PJ disidente en una ceremonia, que encabezará Felipe Solá, a las 16, en el Estadio Obras.

EN CORDOBA
Schiaretti y De la Sota

    * Para recuperar la mística peronista cordobesa, el actual gobernador y su antecesor harán un acto juntos en la capital provincial.

EN CHUBUT
Sueño presidencial

    * El gobernador Mario Das Neves hará un acto en su provincia, quizá para medir su convocatoria con la esperanza puesta en 2011.



Kirchner ordenó la radicalización del Gobierno
Por Joaquín Morales Solá

Domingo 18 de octubre de 2009

Un intenso proceso de radicalización del oficialismo está en marcha. Néstor Kirchner es el ideólogo, el promotor y el líder. Es raro que un fundamentalismo de esa naturaleza suceda después de una derrota y, por eso, existen ya serios interrogantes sobre cómo serán los dos años finales del gobierno de su esposa.

Persecución personal de sus adversarios, sean estos políticos, empresarios, periodistas o medios de comunicación. La meta consiste en la devastación de todos ellos. Presión sobre el Congreso para arrancarle leyes lesivas de la Constitución y del sistema político. Cooptación o compra de legisladores que inicialmente formaban parte de la oposición. Coerción para interpretar las leyes y los reglamentos de acuerdo con los escasos tiempos políticos del Gobierno.

Los Kirchner han perdido elecciones, pero también han sido abandonados por la simpatía o la comprensión de una vasta mayoría social. Según tres prestigiosas encuestas recientes, los Kirchner oscilan entre el 70 y el 80 por ciento de imagen negativa entre los consultados; cerca del 70 por ciento desaprueba la gestión de Cristina Kirchner y, de acuerdo con una de esas mediciones, el 66 por ciento de los argentinos es pesimista sobre el futuro próximo del país. Abandonados en la práctica y en teoría por la sociedad, los Kirchner actúan como si ya no tuvieran nada que perder.

Esta última constatación explicaría un enigma: ¿por qué Kirchner, aun entre sus permanentes extravagancias, fue más moderado y racional durante su mandato que en el de su esposa? Funcionarios que acceden al ex presidente suelen explicar también que él cree que Cristina Kirchner no puede darse el lujo de la moderación. Yo no necesitaba demostrar que era fuerte, pero ella puede parecer débil , suele explicar en las restringidas tertulias de Olivos. Durezas sin concesiones, entonces.

Pero quizá se trata solamente del sinceramiento de una manera de ser y de gobernar, de la reproducción de la vieja fotografía de Santa Cruz. Tal vez el Kirchner escasamente moderado de otros tiempos era sólo un político que todavía aspiraba a seducir a los moderados y mayoritarios sectores medios de la sociedad. Prometía todo sin comprometerse a nada. Actuaba, en fin, lo que no era.

Ahora es al revés: quiere forzar otra vez al Congreso para sacarle una reforma política, hecha para que él pueda aspirar a quedarse con la estructura del peronismo. Kirchner se aferra a las estructuras institucionales y políticas cuando se ha quedado sin seguidores. Cree, y probablemente no esté equivocado, que la atomización del peronismo empujará a sus brazos a los intendentes del conurbano bonaerense, en cuyo predicamento confía con una fe propia de las religiones. Los intendentes también lo dejan solo, a veces. Planifica, además, un sistema de cooperativas de trabajo en la provincia de Buenos Aires, que la oposición (incluida la izquierda) ha calificado de sistema de acopio de seguidores.

Según estimaciones de políticos bonaerenses, esas cooperativas de trabajo podrían absorber entre 300 y 400.000 personas. La reforma política kirchnerista persigue la instauración inmediata de internas abiertas en los partidos políticos para elegir candidatos. Aquel número de eventuales votantes lo haría imbatible a Kirchner , asegura un intendente. Eso podría ser así si el resto de los candidatos le aceptara sus particulares reglas del juego. Los otros candidatos irán por fuera del partido , retrucó un viejo político del peronismo.

Falta menos de dos meses para el 10 de diciembre. Sin embargo, no es seguro que el ecosistema político vaya a cambiar para entonces. Los Kirchner acaban de conseguir la mejor aprobación de un presupuesto que tuvieron desde que están en el gobierno; el presupuesto es tramposo, saltarín y embustero. Con todo, el oficialismo logró votos de dos diputados de Pro (Julio Ledesma, actual y electo para el próximo período, y Patricia Gardella, con mandato hasta 2011); de diputados que responden a los gobernadores radicales Brizuela del Moral, de Catamarca, y Colombi, de Corrientes, y hasta de uno que llegó a la Cámara de Diputados de la mano del furiosamente antikirchnerista Luis Patti.

¿Cómo lo hizo? Todas las conjeturas son posibles. Los votos cambian, se deslizan, se travisten. Una parte de la política y de la sociedad ha perdido la sensibilidad moral. El enorme escándalo por los sobornos en el Senado, hace casi diez años, podría reproducirse una vez por semana en los tiempos que corren. No pasa nada.

También es cierto que la oposición peca de ingenua con frecuencia. Imagina un futuro institucional con grandes planes de limitaciones para el kirchnerismo, sin tener en cuenta que está frente a un gobierno en funciones y en acciones, y que el kirchnerismo no vacila ante la frontera que separa lo correcto de lo incorrecto.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se topó con la sorpresa de que Kirchner le había desarmado un almuerzo, convocado por él, con cinco gobernadores peronistas. Urtubey quería explorar la posibilidad de una corriente de gobernadores independiente de Kirchner y de Duhalde. No pudo.

¿Es correcto que el Boletín Oficial publique una fe de erratas sobre el texto de una ley sancionada por el Congreso y promulgada por la Presidenta? No, sin duda. La única fe de erratas que puede publicar el Boletín Oficial debería referirse a un error propio de impresión, pero no puede enmendar un texto aprobado por el Congreso. Sin embargo, el Boletín Oficial se encargó de arreglar en su edición los zafarranchos de la ley de medios audiovisuales.

Ya se abundó lo suficiente sobre los errores de contenido de esa ley. El problema de ahora son los errores de forma, producto de los irracionales apuros parlamentarios del oficialismo para conseguir la aprobación de su proyecto. La Cámara de Diputados llegó a violar el reglamento interno del cuerpo para despachar decenas de cambios y aprobarlos en el curso de pocas horas. El Senado tenía vedada cualquier revisión, porque hubiera alargado el trámite. Lo que salió como ley es el desprolijo borrador de un jardín de infantes.

La radicalización del Gobierno es contagiosa. Testigos y víctimas de esa epidemia, que no carece de una dura violencia física, fueron el titular del radicalismo, Gerardo Morales, en su propia provincia, Jujuy, y la flamante embajadora norteamericana, Vilma Martínez, en Mendoza. La diplomática se salvó por centímetros de recibir en la cara un tomate transformado en proyectil. Actuaron fuerzas de choque afines al Gobierno. Nadie evitó nada en ningún lado.

Elisa Carrió tiene la virtud de la claridad cuando habla. Anunció que el Gobierno, en su guerra contra el periodismo, ya la emprendió contra Clarín y ahora seguirá contra LA NACION. Tiene razón. Está haciendo aprobar en el Congreso, a todo trapo, un proyecto de ley dirigido contra los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Autoriza la extracción compulsiva de "pequeñas dosis de sangre" para conseguir el ADN de las personas en casos en los que se quiere averiguar la identidad biológica de las personas.

Dos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia señalan que los jueces deben buscar "procedimientos alternativos" a la violencia física. Esto es: nadie puede ser obligado a poner su cuerpo como prueba. Carrió denunció que la venganza oficial había desbordado a los padres y ahora se ensañaba con los hijos. El método contiene una dosis increíble de inhumana frialdad.

Un columnista de LA NACION fue víctima también, por esas mismas horas, de una aberrante operación difundida por Canal 7. La televisión pública pasó del oficialismo a la propaganda y de la propaganda a la difamación. ¿Cuánto falta para que pase de la difamación a la obscenidad política? ¿Cuánto falta para que la libertad se haya convertido en una nostalgia?


La Nación


La prensa argentina
Son preocupantes la pobreza y los errores argumentales de muchos legisladores durante el debate de la ley de medios

Jueves 15 de octubre de 2009

Pocas veces los medios masivos de comunicación, el periodismo y los periodistas han sido criticados con más saña, y no menos liviandad, que a lo largo del debate de la precipitada ley de servicios audiovisuales. Sin embargo, pocas veces, como en esa oportunidad, nos hemos sentido más honrados por la función que este diario ejerce ante la sociedad argentina desde su fundación, próxima a cumplir 140 años.

La crítica a la prensa ha sido de carácter general y, en algún caso, ha estado individualizada, colocando a LA NACION en el centro de los ataques. Nos engañaríamos, con todo, si creyéramos que ha habido algo que debamos agradecer en medio del charco que iban dejando las exposiciones oficialistas.

Las deliberaciones en el Congreso de la Nación han sido tan patéticas como para que quien disponga de un cierto apego por las mejores tradiciones políticas argentinas y por los valores de la libertad de expresión sienta un malestar irreprimible. El oficialismo de los últimos cinco años ha trabajado en una línea que desde George Orwell en adelante ha sido suficientemente descripta: se miente y se miente, con tan incesante creatividad, que el pasado, con sus graduales modificaciones, es tan actual como el presente.

Lo menos que podría decirse es que la mayoría de los legisladores en ambas cámaras pasaron por alto el repudio manifiesto de la ciudadanía a la política gubernamental en los comicios del 28 de junio último. Tomaron así como un voto de confianza para perseverar en la acción que ha llevado al país a un punto inimaginable lo que fue, en cambio, un llamado de atención estentóreo a fin de que se reoriente de una vez por todas la acción de gobierno.

En este espacio hemos analizado con reiteración el texto de la ley aprobada y expuesto nuestra opinión contraria a una decisión apresurada e incompatible con los principios básicos del orden constitucional del país. Entre ellos figuran la prohibición de censura y las garantías para que el derecho de propiedad no se convierta en letra muerta. Es lo que podría ocurrir con las inversiones de permisionarios de radios o canales de televisión a los que se resuelva apartar en los términos perentorios y estrechos que estipula una ley con disposiciones inconstitucionales como la que acaba de sancionarse.

Por lo dicho, preferimos acentuar el comentario de hoy en el asombro que han causado las acusaciones genéricas contra el periodismo. Han sido hechas, en no pocos casos, por legisladores cuyo desempeño ha sido de un grado de seriedad congruente con la tenacidad con la cual giran de posiciones según los vientos dominantes de la política. Convengamos que algunas de las situaciones vividas durante las deliberaciones del Senado se han hecho acreedoras de páginas antológicas.

Aquellos legisladores no han estado en absoluta soledad, es justo reconocerlo. Los ha acompañado un coro de supuestos especialistas en medios de comunicación cuya temeridad al disparar agravios contra el periodismo es, además de flagrante, equivalente a la vacuidad de los fundamentos que esgrimen para afirmar que toda la prensa miente.

Desde luego que hay, y en todo tiempo ha habido, una prensa que jamás estaría en condiciones de conquistar la credibilidad de la ciudadanía, sobre todo en las franjas en que se halla más sedimentada la conciencia de la responsabilidad cívica que impele a reclamar no sólo derechos que ejercer, sino también deberes que cumplir. El periodismo, como cualquier otra actividad, es, en definitiva, una expresión de la sociedad en que se genera. No es mejor ni peor que ella. Así también, los gobiernos que se suceden constituyen el síntoma más elocuente del punto de maduración que atraviesa la Nación en cada una de sus etapas.

Lejos estamos, pues, de la voluntad de asumir la defensa en pleno de todos los integrantes de la prensa nacional. Pero situaciones como la que se vive, en lugar de plantearnos la revisión de nuestras prácticas periodísticas, gravitan como un motivo de orgullo legítimo y de estímulo para seguir siendo parte del historial periodístico que ha prestado reconocidos servicios a la República. Eso es independiente de los errores que puedan haberse cometido a lo largo de 140 años y que se reiteran, sin duda, casi a diario, como en toda obra humana a pesar de los esfuerzos para entregar lo mejor de nosotros mismos.

Lo que jamás alcanzará para quedar borrado por la gritería o los énfasis de advenedizos es que, desde hace más de cien años, el periodismo argentino ha logrado un relieve internacional notable como consecuencia de la pujanza y talento de sucesivas generaciones de periodistas y hombres de bien. Desde la perspectiva trazada por la significación de su prensa, la Argentina integra desde hace más de un siglo el elenco indiscutible de países del primer mundo.

Es ése el gran aporte de la prensa nacional al reflejo en el mundo de la cultura de los argentinos.

La Nación




Cobos investiga la ley de medios
El vicepresidente ordenó determinar si hubo irregularidades en la publicación; polémica fe de erratas

Jueves 15 de octubre de 2009

Gustavo Ybarra
LA NACION

La ley de radiodifusión no deja de generar escándalos. Ayer, el vicepresidente Julio César Cobos ordenó iniciar una investigación para determinar si hubo irregularidades en la publicación de la norma, ya que el texto divulgado en el Boletín Oficial tiene una redacción distinta a la sancionada por el Senado en la madrugada del sábado último.

La piedra del escándalo es una "fe de erratas" remitida por la Cámara de Diputados en la noche del viernes, cuando el proyecto era discutido en general por el Senado, y que corregía errores en la redacción de la iniciativa.

El primer dato llamativo es que el cuerpo que preside el kirchnerista jujeño Eduardo Fellner haya enviado esas correcciones más de veinte días después de que la Cámara baja aprobara el proyecto, lo que ocurrió el 17 de septiembre, que su Secretaría Parlamentaria demorara cinco días en "pasar en limpio" el texto, luego de que la iniciativa se discutió durante seis audiencias públicas en la Cámara alta.

Pero, además, la fe de erratas no siguió los carriles reglamentarios cuando llegó al Senado. En ningún momento de la sesión fue comunicada ("dado a cuenta", en la jerga parlamentaria) al pleno del cuerpo como correspondía por tratarse de un documento que modificaba la iniciativa en debate, responsabilidad del secretario parlamentario, el peronista Juan Estrada.

"Esto no es una fe de erratas; cambiaron la ley", denunció el senador Gerardo Morales (UCR-Jujuy), quien reclamó que el proyecto "vuelva al Congreso" para su ratificación o rectificación. Unas horas antes, el presidente del radicalismo se había presentado en los tribunales de Comodoro Py para acusar por "cohecho pasivo" a la senadora Dora Sánchez (UCR-Corrientes) por haber cambiado su voto a cambio de apoyo económico para el gobernador de su provincia, Arturo Colombi.

En el oficialismo, la única voz que se elevó para defender el controvertido trámite fue la del jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto (Río Negro). "Con esta fe de erratas no se modificó el contenido de ningún artículo, sino que simplemente se le dio orden a la correlatividad de los mismos; fue un ajuste meramente numérico del articulado", aseguró.
Las objeciones

El conflicto por la fe de erratas fue denunciado por el senador Carlos Rossi (Partido Nuevo-Córdoba), que anteayer le elevó una nota a Cobos denunciando la anomalía. Es que en el Boletín Oficial aparecieron reminiscencias de los artículos 95 y 124 diferentes de las que aprobó Diputados. Ayer, Rossi insistió ante LA NACION en calificar el hecho de irregular. "Esto es grave y se suma a las objeciones por la constitucionalidad de la ley."

A raíz de la presentación de Rossi, el vicepresidente ordenó la apertura de un expediente para averiguar si hubo irregularidades en la publicación de la ley.

Este incidente no hace más que dejar al descubierto el manejo desprolijo y desesperado que el kirchnerismo le imprimió al trámite de publicación de la ley de radiodifusión con tal de poder promulgarla antes de que la presidenta Cristina Kirchner abandonara el país en viaje oficial a la India, en la tarde del sábado. Fue tal el apuro del Gobierno que a las 6 de la mañana de ese día, cuando concluyó el debate de más de 20 horas en el Senado, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, le arrancó a Cobos la firma y la numeración de la norma para poder acelerar su publicación en el Boletín Oficial.

El incidente de la "fe de erratas" cobra más trascendencia a partir de las declaraciones de Cobos, quien aseguró que nunca fue notificado del ingreso del expediente. "Si me lo hubiesen dicho, se lo habría comunicado al cuerpo", afirmó ayer.

Todas las miradas apuntan a Estrada, que fue quien recibió el documento de la Cámara de Diputados cuando se desarrollaba la sesión. En diálogo con LA NACION, el secretario parlamentario explicó que no notificó al cuerpo porque pensó que "se iba a plantear en el debate en particular, cuando se trataran los artículos". Además, negó que estuviera obligado a informar del ingreso del expediente al cuerpo.

Ayer, los operadores pyme de televisión por cable del interior y la Asociación Argentina de Televisión por Cable adelantaron que acudirán a la Justicia para proteger sus derechos ante la nueva ley de medios, que, afirman, contiene artículos inconstitucionales. Así lo anticiparon Walter Burzaco, presidente de ATVC, y José Toledo, presidente de la Red Intercable, que reúne a 235 pymes del interior.

La Nación


 

Los mercenarios
Por Mariano Grondona
Especial para lanacion.com


Miércoles 14 de octubre de 2009

Tanto en el Senado como en Diputados, el kirchnerismo logró aprobar la ley de medios con una mayoría más amplia que la prevista. Algo similar había ocurrido con las votaciones parlamentarias sobre la estatización de las AFJP y la prolongación de los "superpoderes". Es así que se abre una inquietante pregunta en dirección del futuro: si en este Congreso el Gobierno obtuvo mayorías más holgadas que las previstas, ¿es seguro que a partir del 10 de diciembre será inexorablemente derrotado? Los cálculos más cuidadosos parecían anticipar que, a partir de la renovación del Congreso, al kirchnerismo lo esperaba una seguidilla de derrotas parlamentarias pero, a la luz de lo que viene ocurriendo en el "viejo Congreso", ¿hasta qué punto los cálculos sobre el "nuevo Congreso" resultan, todavía, confiables?

El error que se ha cometido al estudiar la gravitación del kirchnerismo en el Congreso resulta de que sólo se han venido computando "dos" fuerzas políticas básicas, una perteneciente al Gobierno y la otra a la oposición, cuando deberían haberse computado "tres" porque, al lado de los oficialistas y los opositores "estables", que votan de acuerdo a lo anticipado, ha venido creciendo una tercera fuerza. ¿La llamaremos "el partido de los mercenarios"?

La palabra "mercenario" proviene del latín "merces", que significa "pago", como el que recibían las tropas apátridas a las que alquilaban los príncipes italianos en los albores del Renacimiento. Con "merces" se ligan otras palabras afines como "mercado", "comercio" y "Mercurio", que era el dios romano del comercio.

Algunas decenas de "mercenarios" han venido alterando en estos meses las cuentas que se hacían antes de cada una de nuestras votaciones parlamentarias. No sabemos aún si la "tercera fuerza" mercenaria aumentará o disminuirá a partir del 10 de diciembre pero, dada la crisis moral que afecta a algunos de nuestros políticos, lo seguro es que persistirá porque, si el cambio de bando del diputado Borocotó escandalizó hace dos años por lo insólito, los últimos pronunciamientos del Congreso sugieren que este ex macrista y súbito kirchnerista está cada día más acompañado.

Los "pagos" que están recibiendo los nuevos mercenarios pueden provenir de diversas causas, unas más deshonrosas que otras. Si a veces el dinero viaja simplemente de un bolsillo a otro, también puede ocurrir que el favor que ofrece el "príncipe" a un determinado legislador no esté ligado a su enriquecimiento personal sino a que él se ha "quebrado" para aliviar a la provincia que representa de la extorsión financiera de la Casa Rosada. Por una vía o por la otra, lo cierto es que el dinero está trepando hacia el tope de la escala de valores. ¿Debería sorprendernos entonces que esa adoradora del becerro de oro que es la corrupción siga creciendo?



Argentina passes controversial media reform

By Oliver Balch in Buenos Aires

Published: October 11 2009 17:16 | Last updated: October 11 2009 18:39

Argentina’s largest media groups will be required to sell off various radio and television channels in the wake of a controversial media law rushed through on Saturday.

After several weeks of intense parliamentary debate, the media reform bill won approval on Sunday after a 20-hour debate in the country’s upper house.
EDITOR’S CHOICE
Fernández takes aim at Argentina's media - May-30
Mid-term polls leave Fernández a lame duck - Jun-30
Prisa to sell stake in textbook publisher - Sep-28

The ‘yes’ vote provides an important political boost to the flagging administration of President Cristina Fernández de Kirchner, who is set to lose her parliamentary majority when a new Congress sits in December.

Ms Fernández, who has given only a handful of open press conferences since taking office in 2007, says the new media law is designed to bring greater competition to the sector.

The broadcasting bill obliges owners of multiple media concessions to disinvest a percentage of their holdings so as to allow for greater government or non-profit participation.

Media groups have twelve months to meet the disinvestment requirement, which they argue contravenes property rights. Clarín Group is expected to challenge the bill in the courts, a lawyer for the media conglomerate told The Financial Times.

A regular critic of the Argentine press, Ms Fernández’s relationship with the country’s main media operators soured during a four-month farmers’ strike last year.

Relations have deteriorated further since the ruling party lost mid-term elections in June – an outcome that the government blames on media bias, particularly by the powerful Clarín Group.

According to Argentina’s premier, Clarín Group controls 73 per cent of all media licences. Its suite of business interests includes the leading cable television company Cablevision and television channel Canal 13. Clarín, which also owns the country’s leading daily newspaper, claims the number is below 40 per cent.

Other private media companies due to be affected by the reform bill include Spain’s Grupo Prisa and Telefonica.

Supporters of the bill, which defines media as being for the “social and public good”, aft.rgue that a reform of the sector is long overdue. Argentina’s media laws date back to the last military dictatorship over 25 years ago.

But critics say that the reform threatens freedom of speech and opens the door to government censorship. Among the chief concerns is a new watchdog that will be answerable to the government rather than an independent agency.

Opponents also draw parallels with the decision by Venezuela’s president Hugo Chavez not to extend the transmission licences of various opposition broadcasters.

The bill represents a “negative development”, concurs Daniel Kerner, an analyst with research firm Eurasia Group.

“It will probably leave a more fragmented, less efficient and politically vulnerable media sector, and further increase political tensions”, he adds.

The media law could be the first in a series of controversial bills in the run-up to the formation of the new Congress in December, political analysts warn.

Although opposition lawmakers were unable to build sufficient quorum to defeat the bill, which was passed by 44 votes to 24, they say they will propose a bill to retract the changes once the new Congress sits.

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Financial Times





Pedirán a la Justicia que declare inconstitucional la ley de medios
Directivos de los grupos Clarín y Vila ratificaron que acudirán a los tribunales para cuestionar la norma sancionada ayer; "Hay algunas cosas que son insólitas y que no existen en ningún lugar del mundo", advirtieron


Domingo 11 de octubre de 2009


Tras la sanción de la ley de medios, las empresas afectadas ratificaron que recurrirán a la justicia por considerar algunos artículos como "inconstitucionales". Jorge Rendo, director de Relaciones Externas del Grupo Clarín, y Daniel Vila, presidente del Grupo Uno coincidieron en que el próximo paso serán los tribunales.

"El Grupo Clarín va a recurrir a la Justicia para hacer valer sus derechos. No se trata de ganar tiempo, se trata de que realmente hay artículos que son inconstitucionales. Alguien debe reparar esto", dijo Rendo, en FM Milenium. "Hay cosas de la ley que son insólitas y que no existe en ningún lugar del mundo", agregó.

Por su parte, Vila criticó la ley: "Trae problemas, está mal redactada, tiene artículos repetidos, ni creo que fuera redactada por un abogado". Y adelantó la estrategia de Grupo Uno: "Vamos a recurrir a la Justicia porque tiene varios artículos inconstitucionales. Sin judicialización habrá despidos", dijo en diálogo con FM Blue.

"¿Qué pasa si en un año no vendo mi empresa?", preguntó Vila en alusión al artículo 161 de la ley publicada ayer en el Boletín Oficial, que fija en ese tiempo el plazo para desprenderse de los activos excedentes. "Tendré que bajar la persiana, pagar las indemnizaciones y despedir gente", advirtió.

Sobre las posibles repercusiones de la aplicación de la nueva normativa, Rendo recordó que en TyC tuvieron que planificar un retiro voluntario luego de que la Asociación del Fútbol Argentina rompiera el contrato para asociarse con el Gobierno. Sin embargo, el ejecutivo afirmó que "no hay ningún plan de achique", para los 16.000 empleados directos que tiene el holding.

Papel Prensa. Los dichos de Guillermo Moreno sobre el supuesto plan del Gobierno para intervenir Papel Prensa también generó repercusiones. Rendo calificó como un "disparate" la idea y denunció que con el operativo sobre Papel Prensa se busca "controlar" a los medios gráficos.

"A mí me causa gracia la posición de Néstor Kirchner, porque escucho a quienes quieren estigmatizar al Grupo Clarín. Pero en realidad (Néstor) Kirchner no nos dio nada: la fusión de Cablevisión con Multicanal la hicimos nosotros, fue un trabajo impecable, pero siempre en la compra o en los movimientos empresarios de esta magnitud en cualquier lugar del mundo hay alguna incidencia política", explicó.

La Nación




El Gobierno y la prensa / Definiciones del jefe de Gabinete
Advertencia sobre Papel Prensa
Fernández dijo que el Estado podría intervenir si se lesionan derechos de terceros; promulgan la ley de medios


Domingo 11 de octubre de 2009


Mariano Obarrio
LA NACION

El gobierno de Cristina Kirchner admitió ayer que el Estado podría intervenir en la empresa Papel Prensa a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia si "cometiera alguna acción que lesionara" a los diarios compradores de papel, aunque procuró relativizar esa posibilidad al asegurar que no había ningún plan específico para estatizarla.

Fue el jefe del Gabinete, Aníbal Fernández, el encargado de dar esta definición. Lo hizo pocas horas después de que el Senado aprobara la ley de radiodifusión que impulsaba la Casa Rosada.

La inusual aparición de Fernández -dio una conferencia de prensa en la Casa Rosada ayer sábado- obedeció a la necesidad de informar que la Presidenta había promulgado la ley apenas fue sancionada por el Senado. Ayer mismo, fue publicada en una edición extraordinaria del Boletín Oficial, algo inédito, ya que se imprime de lunes a viernes.

Como la Presidenta viajó anoche a la India, el Gobierno apuró el trámite en tiempo récord para evitar que éste recayera en el vicepresidente Julio Cobos, que desde hoy estará a cargo del Poder Ejecutivo. En Olivos, desconfiaron de que Cobos la promulgara con un veto parcial.

Acerca del avance del Estado sobre Papel Prensa, Aníbal Fernández aseguró: "No hay un plan específico para estatizar" la planta, propiedad de los diarios Clarín , LA NACION y del Estado, que abastece a unos 170 diarios de todo el país.

Sin embargo, aclaró Fernández: "Cuidado, que tanto Papel Prensa como cualquier empresa de nuestro país que cometa, cometiera o pudiera cometer -tómenlo bien eventualmente- una acción que lesione las posibilidades de cualquiera de los eventuales compradores o necesitados del producto, porque estamos hablando nada menos que de papel para la producción de diarios, sí va a actuar el Estado a través de Defensa de la Competencia. No tenga dudas de que vamos a actuar".

El jueves último, se conoció una denuncia judicial de uno de los consejeros que representan al Estado en la empresa, Carlos Collasso, contra el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por amenazas e intimidación, en una reunión en la que este funcionario, de la intimidad del ex presidente Néstor Kirchner, habría revelado un plan oficial para expropiar, estatizar o comprar la empresa.

Consultado sobre la denuncia judicial, Fernández aseguró: "Lo que nosotros estamos viendo en este caso es una denuncia de la denuncia de la denuncia. Las evaluaciones se tienen que llevar al ámbito que correspondan". Y agregó: "No dudo de la denuncia. No la tengo en cuenta porque no me consta a mí".

Es cierto que Fernández desmintió un plan de estatizar Papel Prensa. Pero en agosto último, una semana antes de estatizar las transmisiones de fútbol de la AFA, el propio Fernández lo había negado. Cuando LA NACION lo consultó sobre eso, el ministro fue enfático: "No juegue con mis palabras. Ahora, usted no me va a condicionar a mí, como yo no lo voy a condicionar a usted. Yo tengo toda la libertad del mundo de cambiar de opinión cuando se me plazca". Y agregó: "No teníamos intención de hacerlo; era un problema entre privados y la AFA le hizo una propuesta al Gobierno".

"No le mentí, le dije lo que estaba sucediendo. Y cada cosa hay que mirarla en su contexto", dijo.

Y mencionó otra transacción en la que intervino Defensa de la Competencia. "Cuando la petrolera de Perez Companc le vendió a Petrobras, se le obligó a ésta a desprenderse de Transener. Sucedió en la Argentina a través de Defensa de la Competencia: cuando uno tiene una posición dominante hay que garantizar que no exista el monopolio."

Con los ejemplos del fútbol y de Transener, donde el Estado impulsó el ingreso de una empresa cercana, como Electroingeniería, el ministro dejó flotando la idea de que el Estado podría intervenir en Papel Prensa.

Consultado por LA NACION sobre el apuro para promulgar la ley, Fernández dijo: "La Presidenta se autoimpuso la obligación de hacerlo antes de viajar". Cerca de Fernández negaron que se hubiera temido que Cobos -reemplaza desde ayer a Cristina Kirchner en el Poder Ejecutivo hasta el viernes próximo- podría promulgar la ley con un veto parcial.

La nueva ley de servicios de comunicación audiovisual adoptó el número 26.522. "Será reglamentada, lo antes posible", dijo.

Sobre las denuncias de compras de votos en el Senado que hicieron tanto el ex presidente Eduardo Duhalde y otros referentes de la oposición, Fernández ironizó: "Tiene una enorme cuota de ingenuidad política o de mala leche: en cualquiera de los dos casos, no voy a responder". Y opinó: "No tendrán fundamento" las impugnaciones judiciales a la ley de medios.

La Nación


 El kircherismo aprobó la ley que le da al Gobierno mayor poder sobre los medios
06:10|Impuso su número en el Senado y sancionó la Ley de Medios sin ninguno de los cambios que reclamaba la oposición. El Ejecutivo controlará la autoridad que regirá la radio, la TV y el cable; los multimedios son obligados a vender frecuencias en un año y no hay regulación de la pauta oficial. Así, los Kirchner apuestan a conformar un mapa de medios a su medida.

 El Gobierno de los Kirchner ya tiene la Ley de Servicios de Comunicación que pretendía y que le otorga un mayor poder sobre los medios. No hubo sorpresas en el Senado, donde el kirchnerismo impuso su mayoría para sancionar el texto tal como había llegado de Diputados, sin incorporar ninguno de los cambios que reclamaba la oposición para modificar sus artículos más polémicos y mejorar la norma.

Como se esperaba, el oficialismo contó con una holgada mayoría (tuvo 44 votos a favor y 24 en contra) para la aprobación en general de la Ley de Medios, gracias a su propio número y a apoyos extrapartidarios. Y, pese a que en la votación en particular sufrió unas pocas deserciones, tampoco allí sufrió sofocones. El proyecto –cuestionado por constitucionalistas y entidades periodísticas, entre ellas la de Editores de Diarios (ADEPA) y la AIR (Asociación Internacional de Radiodifusión), y empresarias, como AEA- fue aprobado sin cambiarle ni una coma a lo que salió de la Cámara Baja tras el trámite que apuró el oficialismo.

El proyecto que el Senado convirtió en ley después de casi 20 horas de debate tiene muchos puntos polémicos. Entre los principales está la conformación de la autoridad de aplicación de la norma (el organismo que vigilará la asignación de frecuencias de radio y TV y se encargará de la renovación de las licencias), en el que el Gobierno tendrá el control al poder elegir a hasta cinco de sus siete miembros.

La nueva ley, que divide el espectro radioeléctrico en tres partes iguales (una para el Estado, otra para medios comunitarios y el tercio restante, para los privados), omite además regular la publicidad oficial, lo que le da un mayor poder al Gobierno para presionar con la pauta a medios más débiles.

Uno de los aspectos que mayor polémica despertó está vinculado al poder que mantiene el Gobierno para adjudicar las frecuencias en ciudades de más de 500.000 habitantes. El senador santafecino Carlos Reutemann advirtió que esa potestad "avasalla el federalismo", mientras que su colega puntano Adolfo Rodríguez Saá ya anticipó que su provincia planteará su inconstitucionalidad. Es uno de los puntos sobre el que más advertencias hubo con respecto a futuras peleas judiciales.

También avanza sobre los actuales licenciatarios, obligándolos a desinvertir en un plazo de un año desde que la autoridad de aplicación establezca el mecanismo para que lo hagan, con lo que se descuenta que esas licencias deberán ser malvendidas y podrán ser compradas a precio de remate por empresas cercanas al poder, como, por otra parte, ya sucedió con radios y canales de TV. Senadores de distintos partidos coincidieron en que, así, la ley vulnera el derecho de propiedad y generará numerosos reclamos judiciales.

Otro aspecto cuestionado es la prohibición que establece para los propietarios de servicios de cable de tener canales de televisión abierta o producir más de una señal de cable, algo inédito en la legislación internacional.

Los senadores opositores, y en particular la salteña Sonia Escudero, señalaron varios aspectos más como inconstitucionales, sobre todo porque legislan en materias de las provincias o colisionan con tratados internacionales. O graves errores que van más allá de la forma, como el artículo que establece la revisión "bianual" de las licencias; María Eugenia Estenssoro se encargó de señalar que, tal como está, implicas que habrá dos revisiones por año, ya que una revisión cada dos años –tal como la planteada oficialmente- sería "bienal". Indefectiblemente, los planteos chocaron contra la sólida pared que conformó el oficialismo para evitar los cambios.

Desde su origen, el proyecto tuvo el nombre de su destinatario: apuntó específicamente contra el Grupo Clarín. Los ataques del Gobierno y sus partidarios comenzaron durante el conflicto con el campo. Se profundizaron durante la campaña para las elecciones legislativas de junio, cuando el ex presidente Néstor Kirchner popularizó su latiguillo de "¿Qué te pasa, Clarín?". Luego llegó la compulsiva reestatización de la televisación del fútbol. Y más recientemente aún, y tras otras agresiones, el injustificado operativo intimidatorio de cientos de agentes de la AFIP en la sede del diario.

La votación de la Ley se dio en un clima enrarecido por diversos motivos. Uno de ellos, ligado directamente a lo que pasó en el Senado: en muy pocos días, la cobista correntina María Dora Sánchez mostró un viraje de 180 grados y pasó de considerar el texto "un mamarracho" a votar a favor tanto en general como en particular; el cambio quedó envuelto en sospechas de estar ligado a la muerte de un empresario vinculado al gobernador provincial Arturo Colombi. Además, en los últimos días se conocieron los aprietes del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sobre los representantes del Gobierno en Papel Prensa y su amenaza de expropiar esa empresa en la que son accionistas el Estado, Clarín y La Nación. Y, por si fuera poco, el ex presidente Eduardo Duhalde y su esposa, la senadora Hilda González, denunciaron que son espiados por la SIDE, sumándose a un grupo de jueces federales que ya habían hecho una denuncia similar.

En total, el debate en Senado se extendió por ... horas. La sesión estaba convocada originalmente para las 10, pero la chicharra sonó cerca de media hora hasta que el kirchnerismo logró que 37 senadores se sentaran en sus bancas. La primera exposición fue la del ultrakirchnerista Nicolás Fernández, quien defendió los artículos más polémicos del texto y, c omo la mayoría de los oficialistas que lo siguieron, sostuvo que la norma generará mayor "pluralidad", que la ley no regula contenidos y que la autoridad de aplicación da garantías de transparencia.

La votación de la ley en general llegó recién a las 2:27, después de que expusieran decenas de senadores que se cruzaron sobre todo por la cuestión de la seguridad jurídica, el control estatal, la conformación de la autoridad de aplicación y el respeto al federalismo. Luego siguieron otras cuatro horas durante las cuales la oposición insistió en pedir los cambios que reclamaba para mejorar la ley.

Casi desde el inicio del debate, el reclamo fundamental de los opositores y hasta del oficialista Guillermo Jenefes –que votó a favor en general pero apoyó varias modificaciones- fue que la Cámara alta actuara en su rol de revisora y aceptara cambios en el texto . Sin embargo, el oficialismo se mostró abroquelado en una posición intransigente e impuso sistemáticamente su mayoría para evitar tocar el texto de Diputados, tal como pretendían sus jefes políticos, Néstor y Cristina Kirchner, para conformar un mapa de medios a su medida y pavimentar sus sueños de cara al 2011.

Clarin



Primeras repercusiones luego de la maratónica votación

  Sábado 10 de Octubre de 2009 


El Gobierno celebró la sanción de un proyecto que calificó de "serio, consensuado y respetuoso"
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, celebró esta mañana la sanción de la nueva ley de medios por parte del Senado y aseguró que el Gobierno nacional no le teme a posibles planteos judiciales contra la norma ya que, según consideró, se trata de un texto "serio" y "consensuado".

"Realizar presentaciones judiciales es un derecho que asiste a cualquier ciudadano. En nada tiene que asustarnos. Tenemos la tranquilidad de que el proyecto que ha sido presentado fue aprobado por amplia mayoría y se es serio, consensuado y respetuoso", sostuvo Fernández.

En declaraciones radiales, el funcionario minimizó además las críticas de la oposición a la iniciativa, al considerar que "son chicanas de la política".

Fernández recordó que la ley "nos permite democratizar los medios de la Argentina. Es una ley que viene trabajándose de hace mucho tiempo y nosotros tuvimos la oportunidad de llevarla a la práctica".

Luego recordó que "ya había sido presentada por Alfonsín, Menem y De la Rúa y ninguno la pudo llevar a la práctica. Nosotros sí".

Y concluyó que "nosotros no tenemos por qué cercenar a nadie. Todo el mundo tiene el derecho de hacer su interpretación, y los derechos humanos por los que nos reconocen en todo el mundo son el derecho a la vida y la libertad de expresión, y vamos a seguir actuando de esa manera".

Ambito.com


EL PAIS › EL OFICIALISMO CONSIGUIO LA APROBACION EN GENERAL DEL PROYECTO QUE TENIA LA MEDIA SANCION DE DIPUTADOS
Nueva etapa para los medios audiovisuales

En la madrugada, y luego de más de catorce horas de debate, el oficialismo consiguió por 44 votos contra 24 la aprobación en general de la ley de Comunicación Audiovisual. Aseguraba contar con los votos para aprobar todos los artículos sin cambios.

Por Miguel Jorquera

Con 44 votos a favor y24 en contra, el kirchnerismo aprobó en general el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual y se encaminaba a convertir en ley la iniciativa del Gobierno esta madrugada, tras el debate artículo por artículo en el recinto del Senado.

“Es una ley moderada, democrática”, aseguró el jefe del bloque del oficialismo, Miguel Angel Pichetto, en el cierre, pasadas las 2 de la mañana. Pichetto dedicó buena parte de su discurso a criticar el dictamen de minoría que el radicalismo presentó ayer mismo. “Tiene profundas contradicciones”, sostuvo. “No es perfecta, pero es un paso gigantesco”, definió Pichetto la ley aprobada.

Antes, el presidente de la UCR, Gerardo Morales, cuestionó el proyecto y advirtió sobre la “peligrosidad de los conversos”, en alusión al cambio de posición de la cobista correntina María Dora Sánchez, que votó a favor del proyecto y a la que definió como “tránsfuga”: pidió que la Justicia la investigue por cohecho. En tanto, el socialista Rubén Giustiniani justificó su voto en general en la convicción partidaria de terminar con la ley de la dictadura y que con el Comfer intervenido el Gobierno dispone de más discrecionalidad que con la futura normativa.

Uno de los escasos momentos de tensión se vivió por la mañana. Desde el sillón de la presidencia del Senado, Julio Cobos miraba nervioso el reloj y masticaba una decisión. Faltaban pocos minutos para que venciera el plazo reglamentario de media hora de espera para que se cayera la sesión y el oficialismo todavía no había reunido el quórum para sesionar.

El jefe del bloque K, Miguel Angel Pichetto, y José Pampuro advirtieron el nerviosismo de Cobos y se acercaron para calmarlo. Sobre la hora, el kirchnerismo alcanzó el quórum con el aporte de los ex aristas fueguinos José Martínez y María Díaz. La convaleciente oficialista misionera, Elida Vigo, y la cobista correntina Sánchez también estaban en sus bancas.

La sesión arrancó con algunas intervenciones apasionadas, pero el fervor se diluyó con el correr de las horas, cuando los números ya estaban echados. El kirchnerismo había garantizado 42 votos para la aprobación en general del proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual y reunía –sostenían– al menos 37 senadores fieles, sobre 69 presentes, para resistir cualquier embestida opositora para modificar algún artículo.

A media tarde, entre los senadores de la oposición había resignación sobre el resultado de la votación en general y aunque trataban de incentivar la posibilidad de cambios en el articulado, ya comenzaban a hablar de revisar la ley tras el recambio legislativo de diciembre.

“Siempre que se discute intereses concentrados, monopolios, hay tensiones y allí la política debe decidir de qué lado está, y nosotros decidimos jugar del lado de la sociedad, de los que no pueden expresarse”, arrancó el santacruceño Nicolás Fernández como miembro informante del oficialismo, después de que el díscolo Guillermo Jenefes resignó ese rol. “Defendemos la libertad de prensa y esta ley ratifica ese compromiso. No hay un solo artículo que hable de contenidos”, concluyó Fernández.

Como presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Jenefes tuvo 30 minutos para su descargo. Dueño de un multimedio en Jujuy, comenzó su discurso con reproches a sus pares empresarios: “Me quieren hacer responsable de que hoy se trate esta ley en el Senado”, dijo, y denunció: “La presión la sufrí por parte de los medios de prensa que querían que traicionara mis tradiciones políticas”. Después, cargó contra algunos aspectos del proyecto.

El entrerriano Arturo Vera fue el primer radical en tomar la palabra. Afirmó que “es totalmente falsa la afirmación de que las objeciones” que planteó su partido “son excusas para que no haya ley”. Pero también expresó la resignación opositora al reconocer que el kirchnerismo tenía los votos para aprobar el proyecto y clamó por deserciones en el oficialismo para facilitar los cambios en el articulado.

“Aunque dice que quiere terminar con los monopolios, este proyecto oficial habilita un solo monopolio, el del Gobierno. Esto es volver a los ’80”, clamó la senadora de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro. “Es contra un sector, del cual antes eran amigos”, afirmó el cobista Emilio Rached, sobre “la relación Kirchner-Clarín”.

“La judicialización será el camino que les queda a los licenciatarios de radiodifusoras, por lo que la consecuencia podría ser costosa para el Estado”, dijo Carlos Reutemann y afirmó que “hay un claro menoscabo al derecho de propiedad de los licenciatarios”. Culminó un monótono discurso leído exclamando “por la libertad de prensa y la libertad del pueblo”.

“No existe ninguna limitación para que las telefónicas ofrezcan servicios de triple play: telefonía, Internet y señal de televisión de cable”, sumó la senadora salteña del PJ disidente, Sonia Escudero, que comparó el proyecto oficialista con la ley de la Revolución Libertadora por el control que estableció esa dictadura sobre los medios de comunicación. “Esta ley es un botín, y ese botín son las provincias argentinas: es el federalismo. No es verdad que esta ley es constitucional, que no avasalla a las provincias y que no viola los derechos adquiridos”, sostuvo otra peronista disidente, la puntana Liliana Negre de Alonso.

Las respuestas del oficialismo no se hicieron esperar. “Acá se discute la libertad de prensa o de imprenta. La peor censura es la que no se ve. Esto es lo que pasa en la actualidad por los grandes monopolios periodísticos”, dijo la oficialista cordobesa Haidé Giri antes de lanzar una ironía: “En la Argentina el sonido del clarín lo unimos a las marchas militares. Estoy contenta porque al clarín se le van unir muchísimos más instrumentos para que sea la orquesta del pueblo argentino”.

El pampeano Rubén Marín aseguró que “todo monopolio u oligopolio atenta contra la libertad de expresión. Estamos tratando de que la capacidad de acumulación de unos pocos no condicione a la sociedad y a los gobiernos”. “Discutimos si la agenda política, en torno de cuáles son los debates esenciales, se fija desde la política o se hace desde los multimedios”, agregó el kirchnerista neuquino Marcelo Fuentes.

Sobre la medianoche, ya no había dudas de que el oficialismo contaría con los votos para aprobar la ley. A las ausencias del peronista cordobés Roberto Urquía y del radical chubutense Norberto Massoni por problemas de salud, se sumó el faltazo de Carlos Menem, a pesar del anuncio de Adolfo Rodríguez Saá de que el riojano llegaría al Senado para votar en contra.

Tras la votación en general, el oficialismo contabilizaba a su favor más de los 36 legisladores necesarios para frenar los intentos de introducir cambios en el articulado que hiciera regresar el proyecto a la Cámara baja. El radicalismo resignaba las ilusiones de modificar el proyecto y varios senadores trazaban otro objetivo: la hora de emprender el viaje a Rosario para participar del lanzamiento de la línea interna del jefe partidario, Gerardo Morales. Algunos kirchneristas, en cambio, especulaban con la presencia de Néstor Kirchner en el Senado o a Plaza Congreso.

Pagina/12






El Senado aprobó la nueva ley de medios sin modificaciones
El kirchnerismo logró sancionar la norma con 44 votos a favor y 24 en contra; el controvertido artículo de desinversión fue aprobado con 38 adhesiones; hubo duros cruces al final del debate; "Tarea cumplida: llevamos adelante una propuesta transformadora", celebró Aníbal Fernández

Sábado 10 de octubre de 2009

Tras casi 20 horas de debate, el Senado aprobó esta madrugada la nueva ley de medios audiovisuales que impulsó el Poder Ejecutivo con 44 votos a favor y 24 en contra sin incorporar ninguna modificación.

Pasadas las 6 de la mañana, se aprobó el punto más controvertido de la ley, el artículo 161, que obliga a las empresas de radio y televisión por cable y por aire a desprenderse de las licencias que superen el límite establecido por la nueva norma en el plazo de un año. Se trata de la cláusula de desinversión que ha sido objetada por las cámaras empresariales del sector por considerar que vulnera los derechos adquiridos, ya que los obligará a vender sus bienes a precio vil.

Dicho artículo, fuertemente cuestionado por la oposición, fue aprobado con una mayoría más ajustada: obtuvo 38 votos a favor y 28 en contra.

Minutos antes, la senadora Sonia Escudero (PJ - Salta) había lanzado una dura advertencia tras recordar que por un decreto de Néstor Kirchner se habían prorrogado las licencias por diez años: "No se pueden desconocer los derechos adquiridos. El Estado será sujeto pasivo de millonarios juicios".

"El artículo 161 nace muerto y si se lo quiere aplicar por la fuerza todos los argentinos tendremos que pagar las consecuencias", concluyó.

Entre otros, los senadores Guillermo Jenefes (Jujuy), Rubén Giustiniani (Santa Fe) y Silvia Giusti (Chubut) votaron en contra de ese artículo, mientras que la radical Dora Sánchez, que dio un giro de último momento, decidió abstenerse en esa votación.

Los dirigentes de la oposición esperaron hasta último momento con alguna expectativa de generar cambios para que el proyecto fuera girado a la Cámara de Diputados, pero en el kirchnerismo se mostraron desde el inicio de la jornada confiados en que lograrían la sanción de la ley sin modificaciones, tal como la presidenta Cristina Kirchner reclamó a los senadores oficialistas.

"Propuesta transformadora". Aníbal Fernández, que siguió el debate en el Senado, celebró la aprobación. "Nos propusimos llevar adelante una propuesta transformadora y lo logramos. Tarea cumplida", dijo el jefe de Gabinete ante los periodistas que lo esperaban a la salida del Palacio Legislativo.

Además, intentó quitarle trascendencia a las advertencias de la oposición respecto de que la nueva ley podría derivar en planteos judiciales. "La norma es constitucional y no tiene ningún tipo de tacha. No puede asustarnos que pueda aparecer una demanda [contra la ley]", planteó.

Por otra parte, admitió en público la aspiración de la Casa Rosada de que la ley estuviera aprobada antes de que Cristina Kirchner emprenda su viaje a la India, lo que ocurrirá en las próximas horas. "Teníamos que tener el tema resuelto", reconoció.

La votación en general se produjo a las 2.27 luego de una jornada que transcurrió con duros cuestionamientos y advertencias de la oposición y defensas a ultranza del oficialismo, en un clima atravesado por las sospechas por los cambios de voto de última hora.

Otro de los artículos que más resistencia tuvo fue el 32, que terminó con 39 votos a favor y 29 en contra. Ese artículo dispone que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de adjudicar las licencias para las ciudades de más de 500.000 habitantes.

No estuvieron en el debate, que comenzó a las 10.40 de ayer, ni el ex presidente y senador por La Rioja, Carlos Menem, que había lanzado duros cuestionamientos contra la ley, ni Emilio Rached, que luego se sumó a la votación en particular. Tal como se preveía, tampoco participaron de la votación los senadores Roberto Urquía (PJ-Córdoba) y Norberto Massoni (UCR-Chubut).

El jefe del bloque kirchnerista, Miguel Angel Pichetto, que cerró el debate, embistió contra los críticos de la iniciativa. Apunto concretamente contra el acto contra la ley organizado el martes pasado por el rabino Sergio Bergman y por el dirigente ruralista Alfredo De Angeli. "Vinieron ese cortador de rutas profesional y ese rabino fundamentalista, que hicieron un acto patético", lanzó.

Por otra parte, defendió a la senadora Sánchez, que había sido duramente cuestionada por su sorpresivo cambio de voto. "Los legisladores que se van de nuestro bloque y votan en contra nuestro son ídolos populares. Sin embargo, aquellos senadores que deciden apoyar una iniciativa del Gobierno son tránfugas, son ladrones", se quejó.

"Transfuguismo". Minutos antes, el radical Gerardo Morales había sorprendido con una seria advertencia a Sánchez. Afirmó que pedirá a la Justicia que la investigue por el supuesto delito de cohecho.

"La senadora Sánchez admitió que el proyecto era un mamarracho y que los Kirchner iban a lograr aprobarlo acordando con los gobernadores. En caso de que afirme que ahora apoyará la ley, pido que se remitan [las constancias] a la fiscalía para que verifique si se cometió un delito", sostuvo el presidente del radicalismo. "El transfuguismo (sic) se tiene que terminar", concluyó.

En tanto, el senador oficialista Fabián Ríos (Corrientes), tras realizar una férrea defensa del proyecto, admitió yerros en la gestión kirchnerista: "La fusión de Cablevisión y Multicanal fue un error, un error que fortaleció la tendencia monopólica".

Antes, Adolfo Rodríguez Saá había alertado: "La ley es mala no sólo porque es de la dictadura, sino porque es autoritaria".

Críticas. Entre los planteos opositores, sobresalió el de Chiche Duhalde. "No creo que se vaya a generar más libertad de prensa, lo que se va a propiciar es una enorme cantidad de juicios", advirtió. Y también se refirió a la composición de la autoridad de aplicación: "A mi me hubiera gustado que dependiera del Congreso".

La composición de la a autoridad de aplicación, contenida en el artículo 14 de la ley, fue uno de los ejes de mayores cuestionamientos por parte de la oposición, que reclamó, sin éxito, modificar su composición para restarle peso al Poder Ejecutivo. También exigieron un mecanismo más transparente para la selección de sus miembros.

El salteño Juan Carlos Romero también lanzó duras críticas. "La libertad es lo que nos va a hacer progresar, no el control de los medios. Este Gobierno ha minado la seguridad jurídica y la confianza en este país", atacó.

Carlos Reutemann (PJ-Santa Fe) fue el primero en poner sobre el tapete las dudas en torno a la constitucionalidad de la ley y en advertir que, de aprobarse, como finalmente ocurrió, la ley podría derivar en una ola de presentaciones ante la Justicia.

"Esta ley no pasa el texto mínimo de constitucionalidad", sentenció. Y alertó: "La judicialización será el camino de los licenciatarios que quieran defender sus derechos, y las consecuencias serán imprevisibles y costosas", alertó.

En favor. "Esta es la ley con más consenso de la vida institucional del país. No hay un sólo artículo que regule contenidos y la libertad de expresión está garantizada", aseguró el ultrakirchnerista Nicolás Fernández (Santa Cruz). "Estamos convencidos de que medios deben ser vehículos de la realidad. Pero muy distinto es que sean constructores de la realidad de manera capciosa", añadió.

El apoyo de Jenefes estuvo en duda hasta último momento. Como era de esperar, el senador justificó su apoyo, aunque planteó objeciones en el debate en particular.

Las especulaciones sobre el voto del senador Ramón Saadi (Catamarca) habían crecido durante los últimos días. Saadi votó en favor del proyecto y aprovechó su intervención en la Cámara alta para criticar a los medios de comunicación por vincular su posición política con una supuesta ayuda que del Gobierno en la política interna del justicialismo santiagueño.

La decisión de la Silvia Giusti también generó controversias. "No defiendo los intereses de ningún medio ni del Gobierno. Voy a votar según mi conciencia", dijo. Apoyó la ley en general y luego votó en contra del artículo 161.
Fallas

En la última votación de la mañana, falló el sistema de voto electrónico. Tras varios minutos de deliberaciones, se realizó el voto a viva voz. Allí el oficialismo se impuso 42 a 20. Se aprobó sin modificar ni una coma.


Aclaración: En esta nota se atribuyeron erróneamente a la senadora Elena Corregido (Chaco) críticas a la ley de medios que no fueron pronunciadas por ella

La Nación






Tras la sanción, la UCR advierte que proliferarán los planteos ante la Justicia
"Muchos van a recurrir a litigios", alertó el senador Sanz; además, afirmó que, si prosperaran las presentaciones, "toda la sociedad tendrá que hacerse cargo"

Sábado 10 de octubre de 2009

Tal como hizo a lo largo de todo el debate, terminada la maratónica sesión en el Senado, la UCR advirtió sobre la "litigiosidad" que podría provocar la nueva ley de medios.

Concretamente, el jefe del bloque de la UCR, el mendocino Ernesto Sanz, aseguró que la norma provocará sendas quejas ante la Justicia.

"A partir de esta sanción va a haber mucha gente que se sentirá perjudicada. Las tachas de inconstitucionalidad y las violaciones a los derechos protegidos por la Constitución van a convertir en una ley litigiosa", alertó el legislador.

En este punto, cuestionó directamente a la Casa Rosada. "El Gobierno ha sacado la ley que quería para sí, pero no una buena ley ni la que necesita la Argentina. La ley está tan mal hecha que va a ser de muy dudosa aplicación", lanzó.

Pero no se detuvo allí y advirtió: "Se pudo haber mejorado y enriquecido la ley. Pero el oficialismo eligió el camino del libro cerrado y ahora el problema lo tenemos todos. Ganaron en el Senado, es cierto. Pero la ley está tan mal hecha que va a ser de muy difícil aplicación".

Hacia el final, Sanz volvió sobre las posibles derivaciones judiciales de la sanción de la ley. "En el caso de que el Estado pierda los litigios, nos vamos a tener que hacer cargo todos nosotros como sociedad", planteó.

La clave de la discordia. El artículo que genera más dudas en términos jurídicos es el 161, la llamada cláusula de desinversión, que obliga a las empresas de radio y televisión por cable y por aire a desprenderse de las licencias que superen el límite establecido por la nueva ley en el plazo de un año.

Ese límite fue objetado por la oposición y por las cámaras empresariales del sector por considerar que vulnera los derechos adquiridos, ya que los obligará a vender sus bienes a precio vil.

La Nación






La democracia se suicidó
Por Adrián Ventura
Especial para lanacion.com

Sábado 10 de octubre de 2009

Hoy, con la aprobación de la ley de medios K, el país cambió: la democracia renunció a toda pretensión de mejorar la calidad institucional.

Podrá haber cada vez más corrupción, más autoritarismo, más pobres, más muertos por inseguridad, más hambre y más problemas que nadie se preocupará en solucionar.

Pero, para qué va el Gobierno a solucionar los problemas, si escribirá la historia a su antojo.

Ahora, todos los funcionarios corruptos son ricos porque fueron hábiles empresarios, aunque nunca hayan atendido ni un kiosko; los muertos por inseguridad habrán muerto porque fueron malas personas que no accedieron a ceder sus autos o billeteras a los pobres delincuentes; y el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, famoso por presionar a empresarios y funcionarios será Robin Hood.

Es paradójico que un gobierno que fue electo por el pueblo y que tiene origen democrático se haya empeñado en reeditar la ley de medios de la dictadura, matizada con tantas prohibiciones que, en lugar de favorecer los flujos de información, los interrumpe.

El gobierno quiere medios enanos, para taparles la boca y pegarles en la cabeza cuando se animen a decir lo que al Gobierno le disgusta.

La gente, agobiada por problemas como la inflación, el esfuerzo por llegar a fin de mes, la inseguridad, la droga y otros problemas cotidianos no advierte la gravedad de lo ocurrido ayer, una ley que no atrapa los dineros en el corralito ni que se incauta de los fondos de pensión pero que es mucho peor que eso: cercena la libertad de todos.

En 1989 se derrumbó el Muro de Berlín, en 2009, el Gobierno y el Congreso, alegremente, construyeron el muro de la censura.

La Nación



Salió la ley de medios recontra K
Por Pablo Sirvén
Especial para lanacion.com

Sábado 10 de octubre de 2009

Ya está. Allá vamos: la sovietización progresiva de los medios nos espera con los brazos abiertos y, ahora, con fuerza de ley.

Medios más chicos y opacos, más dependientes de la publicidad oficial, menos preocupados en ser atractivos, más corporativos y sectoriales (un 33% del nuevo espectro que representará a organizaciones no gubernamentales que, en no pocos casos, funcionarán en tándem con el otro 33%, representado por medios del Estado/Gobierno), y que todavía no se sabe cómo y por quién serán financiados y con qué tipos de capacidades profesionales afrontarán esa nueva tarea).

Como suele suceder, lo justo y lo lógico suele ubicarse en un lugar intermedio entre las desmesuras extremas: algunos holdings de comunicación no debieron crecer tanto como lo permitieron Menem (les autorizó a ampliarse sin límite y miraba para otro lado cuando arrasaban y/o absorbían a sus debilitados competidores), Duhalde (les concedió la ley de quiebras que los salvó de la hecatombe en 2002) y el mismísimo Kirchner (les regaló diez años más de licencias y les condonó deudas); ni tan chicos ni dependientes de los favores estatales, como pretende ahora Cristina Kirchner y su obediente brazo ejecutor legislativo.

Se molestan en el Gobierno que se denomine "ley de medios K" a la legislación que el Congreso acaba de sancionar. Pero, en verdad, el mote, a la luz de los resultados, ya le queda chico: debería ser llamada "ley de medios recontra K" porque no bastaron 19 horas de intensos debates para que el Senado pudiese ejercer, siquiera tocando una mínima coma, su papel de cámara revisora.

Ningún argumento (ni siquiera de la propia bancada oficialista, que aportó menos votos en algunas de las votaciones clave en particular) fue válido para corregir las más polémicas asperezas del texto (autoridad de aplicación, plazos de desinversión, restricciones varias y arbitrarias impuestas a los actuales operadores, el creciente papel intervencionista reservado al Estado, etcétera).

Se perdió una ocasión única: había consenso entre todos los sectores en cumplir, al fin, con una vergonzosa asignatura pendiente de la democracia, cual era la de elaborar una ley de radiodifusión moderna y pluralista acorde con el sistema en el que hemos elegido vivir para siempre desde 1983. Pero el kirchnerismo prefirió, en cambio, reducir la causa a bandera sectaria de su exclusiva propiedad para, de paso, asestarle el golpe de gracia a su virtual antiguo aliado, el Grupo Clarín, del que se distanció cuando estalló la crisis del campo el año pasado.

Durante 26 años la impericia de los políticos y el eficaz y persistente accionar de lobbies empresarios para trabar el alumbramiento de una nueva ley de radiodifusión desembocó en el continuo y cómodo emparchado a gusto de la ley 22.285, que permitió negocios inconcebibles y privilegios inauditos para pocos.

Lo peor tenía que suceder y sucedió: el nefasto péndulo argentino (que va de un extremo a otro, sin nunca detenerse en el medio): la "solución" vino impuesta por quienes, paradójicamente, se destacaron por asfixiar a la prensa no adicta en Santa Cruz y que ahora pretenden rearmar el sistema de medios, pero a nivel nacional, a su imagen y semejanza, con el insólito aval de ciertos anestesiados ámbitos académicos e intelectuales que los aplauden encandilados.

La lucha acaba de comenzar: será un arduo proceso de reconversión donde los más perjudicados judicializarán los pasos a seguir y hasta, si es necesario, apelarán a sociedades fantasma o testaferros para defender sus actuales posiciones. Inevitablemente la Corte tendrá que expedirse sobre algunas cuestiones.

Habrá que estar muy atentos para advertir y, en lo posible, neutralizar las consecuencias imprevisibles (inclusive para este Gobierno) que acarreará la bomba que acaba de ser activada para hacer saltar por los aires el actual y muy imperfecto sistema de medios audiovisuales. Se aproximan nuevas batallas.

La Nación




Uso del poder, pero sin consenso
Por Rosendo Fraga
Especial para lanacion.com

Sábado 10 de octubre de 2009

Un año atrás, el 17 de julio, el desempate del vicepresidente Julio Cobos en el Senado daba por tierra con la resolución 125 que había generado el prolongado conflicto con el campo y que aún no ha sido resuelto.

Fue la derrota política más importante sufrida por Kirchner hasta entonces. Pero cuatro meses después, el 20 de noviembre, el oficialismo logró, con una amplia mayoría, la aprobación de la estatización de las AFJP, del blanqueo, del presupuesto y la prórroga de los superpoderes y la emergencia económica.

El kirchnerismo tuvo entonces una sorprendente recuperación en términos de poder, pero no recuperó el consenso y el 28 de junio pasado tuvo su mayor derrota electoral y política desde el fracaso frente al campo.

Es ahora, más de cien días después, que Kirchner, al lograr la sanción de la ley de medios, logró reconstituir el poder, como lo hiciera un año atrás.

Sin embargo, la opinión pública no apoya la nueva ley de medios. Así, si se formulara de determinada manera la pregunta puede ser una clave para inducir la respuesta que se pretende en los sondeos de opinión.

En el caso del debate sobre el proyecto de ley de medios, si se preguntara: "¿Está de acuerdo con que se permita la desnacionalización de las emisoras de radio y televisión que propone el proyecto?, la respuesta mayoritaria sería negativa.

Si, en cambio, la pregunta fuera: "¿Cree que las organizaciones sociales y de bien público deben tener emisoras de radio y televisión como lo propone el Gobierno?", la respuesta mayoritaria sería que sí.

La primera, sobre todo si se reforzara la información con un título como: "Rechazo a la ley de medios que impulsa el Gobierno", daría la idea de que la gente está en contra.

Además, si a la segunda se le subrayara la publicación de la información con un "Apoyo a la ley de medios que impulsa el Gobierno", daría la idea de que tiene consenso el proyecto que acaba de ser sancionado.

La realidad es que la gran mayoría de la opinión pública no ha leído los artículos del discutido proyecto ni los leerá. No olvidemos que llega al diario sólo uno de cada cinco habitantes mayores de 18 años y que la mayoría de ellos no se detiene a leer los textos de este tipo de información.

Pero resulta hoy que dos de cada tres que tienen opinión están en contra y sólo uno de cada tres está a favor.

La razón es muy simple: hoy sólo uno de cada cuatro tiene una imagen positiva de Kirchner, y al percibir que éste impulsa el proyecto, se opone sólo por esta razón.

Lo mismo puede suceder a la inversa entre quienes lo apoyan: la mayoría no conoce en detalle el proyecto, pero lo apoya porque es el de Kirchner. Esto no implica la inexistencia de matices.

Sólo el 23% tiene una imagen positiva de la Presidenta, pero el 33% ve favorablemente la ley de medios. Ello implica que hay un sector de diez puntos que, sin apoyar al oficialismo, coincide con él en el proyecto.

Se trata de un segmento específico que tiende a coincidir con ese voto de izquierda que no acompaña al kirchnerismo, como se vio en la última elección, pero que coincide con él en este tema, como ocurrió en la Cámara de Diputados en la votación del miércoles 16 de septiembre.

Si bien puede ser un sector cualitativamente relevante, no lo es tanto cuantitativamente en el conjunto de la opinión pública.

Pero además, el rechazo de la mayoría a la ley de medios se explica también por el contexto político de "madre de todas las batallas" en el que sucede -cada vez más la terminología militar está sustituyendo a la política en el conflicto que se desarrolla en la Argentina entre oficialismo y oposición.

Pero quizás la clave para comprender por qué el proyecto de ley de medios no genera entusiasmo a favor en la gente, esté en que Kirchner, - cuya desaprobación está llegando al 80% de acuerdo a la encuesta de Poliarquía presentada la semana pasada en la convención del IAEF,- es quien como líder del oficialismo está pensando más en recuperar poder que en ganar consenso, y en consecuencia está dispuesto a seguir perdiendo imagen con tal de desarticular a sus adversarios, que han pasado a ser enemigos.

En 28 de junio pasado, siete de cada diez no votaron por el Gobierno. Los sondeos muestran que el oficialismo ha seguido perdiendo imagen desde entonces. Las elecciones en Santa Fe, Salta y Corrientes evidencian que el kirchnerismo se ha desarticulado como fuerza electoral nacional. Dos de cada tres no apoyan la nueva ley de medios, pero ambas cámaras del Congreso la han aprobado con amplias mayorías.

Una explicación es que su actual composición es consecuencia de las victorias oficialistas de 2005 y 2007, cuando el oficialismo ganó con el 40 y el 45% de los votos respectivamente. Pero se llega también a situaciones difíciles de entender, ya que en la provincia de Santa Fe, donde el kirchnerismo no llega al 10% de los votos, dos tercios de los 17 diputados nacionales del distrito votaron a favor de la ley de medios.

La sanción de esta norma implica una fuerte contradicción entre el poder que todavía conserva Kirchner,- por lo menos hasta el 10 de diciembre, cuando entre en funciones el nuevo Congreso,- y el consenso que le es cada vez más adverso.

La historia muestra que el poder puede demorar las realidades del consenso, pero no anularlas o impedirlas, sobre todo en democracia.

(*) El autor es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría



Las cuentas pendientes de los medios
Por Martín A. Becerra
Especial para lanacion.com

Sábado 10 de octubre de 2009

Cuando el fragor por la inédita discusión social y parlamentaria sobre la regulación de los servicios audiovisuales disminuya, será tiempo de hacer cuentas. No las de los principales grupos, que estuvieron en la agenda reciente, sino las del conjunto del sistema de medios.

El mercado de medios de la Argentina es inestable. Además de las malformaciones propias de un marco regulatorio obsoleto, con raíces dictatoriales y parches legales de la democracia que lo empeoraron al permitir altos niveles de concentración, el sistema audiovisual tiene otra complicación objetiva: la debilidad de su estructura de mercado.

De las cinco mil estaciones de radio que funcionan en el país, menos del 5% se autofinancia con publicidad. Las empresas de televisión abierta, sector que absorbe el 36% de una torta publicitaria calculada en 7000 millones de pesos anuales, afirman que no son rentables. Los canales líderes en audiencia son la excepción, con ganancias basadas en su amplia audiencia acumulada en sus redes de transmisión en horario central (prime time) y en la exportación de contenidos.

A diferencia de los medios abiertos y generalistas, la televisión por cable es redituable, pero su mercado dista de ser abierto a la concurrencia, ya que es cautivo del proveedor dominante, como admitió Eduardo Eurnekian. En efecto, en muy pocas ciudades hay más de una oferta de TV por cable. Así, el operador obtiene beneficios pero nada impide que abuse de su posición y traslade márgenes excesivos de ganancia al precio que paga el usuario. Su modelo de negocios se asimila al de las telecomunicaciones (sector con el que el audiovisual converge), aunque al pago del abono le añadió la facturación publicitaria.

Ahora bien, ante la sanción de la ley en el Congreso hay que subrayar que la "cuestión económica" excede las dificultades actuales de los operadores comerciales: la esperanza de ampliar las voces que acceden a la titularidad de los medios podría marchitarse si no se resuelve de modo claro, ecuánime y con reglas públicas esta cuestión.

También la sustentabilidad de los medios que gestiona el Estado, y que dejan de ser gubernamentales para tener control parlamentario y federal, reclama atención no sólo por su importancia cultural, sino también por la económica.

En la discusión del proyecto el tema económico fue adquiriendo visibilidad. Empresarios del sector expresaron dudas porque la iniciativa no resolvería el dilema, presentado como excluyente, entre permitir el ingreso de nuevos actores sociales al mapa de los medios y asegurar su sostenimiento, dado el carácter no elástico de la pauta publicitaria hoy concentrada en pocos grupos. La competencia del Estado tampoco satisface a los operadores comerciales: los medios públicos (no gubernamentales) podrán recibir tanto subsidios como publicidad, mientras que las empresas sólo se financiarían mediante el recurso publicitario. Por otro lado, el adelanto de reservar un 33% de las licencias a operadores no lucrativos que se inscribe en la perspectiva del derecho a la comunicación, también demandará fondos para producir contenidos de alta calidad.

Aunque opuestas en lo filosófico y en su expresión política, estas posiciones exteriorizan dos coincidencias: naturalizan la formalidad de un mercado publicitario de por sí limitado como única opción de financiamiento de los medios, y eluden abordar la contradictoria pero fértil relación económica que liga, desde hace décadas, al Estado con los operadores audiovisuales.

Los medios comerciales no hubieran sorteado sucesivas crisis sin el diligente auxilio prestado por los gobiernos a través de la periódica condonación de deudas fiscales y previsionales, la venta de pliegos de televisión y radio a precios irrisorios, el socorro financiero para evitar la convocatoria de acreedores, la desgravación impositiva, los subsidios y regímenes de competitividad, la extensión de plazos de explotación del negocio, el congelamiento de la venta de pliegos como impedimento para el ingreso de competencia, el incumplimiento de obligaciones de inversión como el soterramiento del cable, entre otras medidas. Esto constata que existe una periódica intervención del Estado para otorgar discrecionalmente ayudas al sistema de medios. El panorama es complejo.

En muchos países de Europa existen sistemas amplios y ecuánimes de "ayudas a la prensa" (que se extienden, en rigor, a otros medios). Con ello, el Estado sincera la dotación de recursos para garantizar que el ejercicio de la libre expresión sea potenciado por voces diversas y por actores también diferentes.

Como dijo el diputado Carlos Raimundi en el debate de la ley, la historia argentina demuestra que hay un vínculo problemático, pero íntimo, entre el estamento político y las empresas de comunicación. Sincerar y estabilizar mediante reglas claras ese vínculo resulta clave para la convivencia democrática. La ley de medios abre la posibilidad de instituir una agenda democrática para la comunicación.

Ello implica, además de los temas pendientes de acceso a la información pública y de publicidad oficial, planificar una ley de servicios convergentes (audiovisual, telecomunicaciones, banda ancha) y otra de apoyos económicos del Estado a todos los medios de comunicación. La inversión del Estado debería ser concebida en el mismo rango que la que se realiza, con recursos públicos, en el ámbito educativo.

Liberar al financiamiento de los medios de la pauta publicitaria como única salida económica posible, morigera su inducción al consumo y a la vez habilita una excelente discusión acerca del mejor destino de los recursos que la sociedad toda genera.

El autor es director del departamento de Ciencias Socialesde la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del Conicet

La Nación



El Senado aprobó en general la ley de medios y se vota en particular
Tras 15 horas de debate, el kirchnerismo logró sancionar la iniciativa con 44 votos a favor y 24 en contra; el controvertido artículo sobre la autoridad de aplicación fue aceptado; duros cruces al final del debate; Menem, ausente

Viernes 9 de octubre de 2009

Después de más de 15 horas de debate, el Senado aprobó en general la nueva ley de medios audiovisuales que impulsa la Casa Rosada con 44 votos a favor y 24 en contra.

La votación se produjo a las 2:27 de la madrugada, luego de una jornada que transcurrió con duros cuestionamientos y advertencias de la oposición y defensas a ultranza del oficialismo, en un clima atravesado por las sospechas por los cambios de votos de última hora.

En tanto, se desarrolla el debate en particular de cada uno de los artículos de la iniciativa. El controvertido artículo sobre la autoridad de aplicación ya fue aceptado, con 40 votos a favor.

Los dirigentes de la oposición todavía buscan generar algún cambio para que el proyecto sea girado a la Cámara de Diputados, pero en el kirchnerismo se muestran confiados en que lograrán hoy la sanción de la ley.

La discusión, que comenzó a las 10.40, finalizará con el debate en particular de la norma, que según se prevé demandará varias horas más.

Ausentes. Estuvieron ausentes hoy cuatro senadores, entre ellos, el ex presidente Carlos Menem, que había lanzado duros cuestionamientos contra la ley.

La maratónica sesión se desarrolla en medio de los esperables elogios del kirchnerismo y las críticas de todo el arco opositor.

El senador Miguel Ángel Pichetto, que cerró el debate, lanzó duras críticas. En referencia al acto organizado el pasado martes por el rabino Sergio Bergman y por el dirigente ruralista Alfredo De Angeli, el dirigente kirchnerista dijo: "Vino ese cortador de rutas profesional y ese rabino fundamentalista, que hicieron un acto patético".

Con respecto a la controversia generada por un supuesto cambio de voto de una senadora radical, Pichetto señaló que se trató de una "curiosa" interpretación de la realidad: "Los legisladores que se van de nuestro bloque y votan en nuestra contra son ídolos populares. Sin embargo, aquellos senadores que deciden apoyar una iniciativa del Gobierno son tránfugas, son ladrones".

Transfuguismo. En el tramo final del debate y tras lanzar fuertes cuestionamientos al proyecto oficial, el senador Gerardo Morales sorprendió con una seria advertencia a la senadora Dora Sánchez, al acusarla de cambiar su voto a último momento. Afirmó que pedirá a la Justicia que la investigue por el supuesto delito de cohecho.

"La senadora Sánchez admitió que el proyecto era un mamarracho y que los Kirchner iban a lograr aprobarlo acordando con los gobernadores. En caso de que afirme que ahora apoyará la ley, pido que se remitan [las constancias] a la fiscalía para que verifique si se cometió un delito", sostuvo el presidente del radicalismo. "El transfuguismo (sic) se tiene que terminar", concluyó.

En tanto, el senador oficialista Fabián Ríos (Corrientes), tras realizar una férrea defensa del proyecto, admitió yerros en la gestión kirchnerista: "La fusión de Cablevisión y Multicanal fue un error, un error que fortaleció la tendencia monopólica".

Minutos antes, Adolfo Rodríguez Saá había alertado: "La ley es mala no sólo porque es de la dictadura, sino porque es autoritaria".

Críticas. Entre los planteos, sobresalió el efectuado esta noche por Hilda Chiche Duhalde. La senadora bonaerense atacó al oficialismo, aunque reconoció, apesadumbrada, que "esta ley va a salir". Sin embargo, pidió que la iniciativa vuelva a ser tratada en Diputados, ya que algunos artículos -adujo- fueron votados erróneamente en la cámara Baja.

"Yo no creo que se vaya a generar más libertad de prensa, lo que se va a propiciar es una enorme cantidad de juicios", advirtió. Y también se refirió a la composición de la autoridad de aplicación: "A mi me hubiera gustado que dependiera del Congreso".

Minutos después le tocó el turno al senador socialista Rubén Giustiniani, quien adelantó que apoyará en general la iniciativa, pero que rechazará los artículos 14,32, 45, 47, 93 y 161.

Juan Carlos Romero también lanzó duras críticas. "La libertad es lo que nos va a hacer progresar, no el control de los medios. Este Gobierno ha minado la seguridad jurídica y la confianza en este país. Y eso no se revierte haciendo leyes que restrinjan las libertades", atacó.

Además, el senador salteño comparó la situación argentina con el escenario político de Venezuela y Bolivia. "Estamos entrando tarde en ese proceso", dijo, irónico. Y agregó: "Espero que no limiten Internet, como en Cuba", agregó.

Por su parte, el radical Pablo Verani ratificó esta noche que rechazará el proyecto oficial de medios. "Todo el mundo sabe que soy un viejo afiliado radical, por lo tanto acompaño al bloque", afirmó.

Carlos Reutemann (PJ-Santa Fe) expuso también lanzó duros cuestionamientos. Puso sobre el tapete la constitucionalidad de la iniciativa y advirtió que, de sancionarse, la ley podría generar una ola de presentaciones ante la Justicia.

"Esta ley no pasa el texto mínimo de constitucionalidad", sentenció. Y alertó: "La judicialización será el camino de los licenciatarios que quieran defender sus derechos, y las consecuencias serán imprevisibles y costosas".

Reutemann profundizó sus diferencias políticas al cuestionar la conformación de la autoridad de aplicación. "Otro sería el escenario si la entidad fuera autónoma e independiente, o dependiente del Congreso", planteó.

En favor. "Esta es la ley con más consenso de la vida institucional del país. No hay un sólo artículo que regule contenidos y la libertad de expresión está garantizada", aseguró el ultrakirchnerista Nicolás Fernández (Santa Cruz). "Estamos convencidos de que medios deben ser vehículos de la realidad. Pero muy distinto es que sean constructores de la realidad de manera capciosa", añadió.

El apoyo de Guillermo Jenefes (Jujuy) estuvo en duda hasta último momento. Como era de esperar, el senador comenzó su discurso con una pormenorizada justificación de su apoyo a la iniciativa de la Casa Rosada.

Sin embargo, ratificó que planteará objeciones durante el debate en particular de cada uno de los artículos del proyecto de ley, que será el verdadero eje de la sesión.

Jenefes apuntó específicamente al controvertido artículo 161, más conocido como "cláusula de desinversión", que obligará a las empresas de radio y de televisión abierta y por cable a desprenderse en el plazo máximo de un año de todos los medios que superen el límite de licencias que establece el proyecto. El senador advirtió que ese límite atenta contra los derechos adquiridos y que por eso hace falta revisarlo.

Las especulaciones sobre el voto del senador Ramón Saadi (Santiago del Estero) habían crecido durante los últimos días. Saadi votó en favor del proyecto y aprovechó su intervención en la cámara Alta para criticar a los medios de comunicación por vincular su posición política con una supuesta ayuda que del Gobierno en la política interna del justicialismo santiagueño.

La decisión de la Silvia Giusti también generó controversias. "No defiendo los intereses de ningún medio ni del Gobierno. Voy a votar según mi conciencia", dijo. Y pese a que la senadora aseguró que apoyará el proyecto en la votación general, también adelantó que podría incorporar cambios en la discusión en particular.

Más voces en contra Los senadores de la oposición coincidieron en advertir sobre los "excesos" que, a su entender, contiene el proyecto en materia de control sobre los medios.

Por su parte, Roberto Basualdo (Interbloque Federal-San Juan) opinó que la iniciativa "tiene muchas cosas buenas" , pero también "muchas cosas malas" y que éstas últimas "deben ser corregidas". "No podemos permitir que sea el gobierno de turno el que censure al pueblo", alertó.

El senador del Movimiento Popular Neuquino, Horacio Lores, confirmó que votará, en general, a favor del proyecto y dijo que hará observaciones en particular cuando se discuta el articulado. "¿Cuál sería la tragedia de este cambio?", dijo, en referencia a la posibilidad de implementar modificaciones.

¿Votos suficientes? La aspiración de la Casa Rosada es que Cristina Kirchner pueda salir mañana de viaje a la India con la satisfacción de haber obtenido una de las leyes que más desea.

Esta mañana, el presidente del bloque oficialista, el rionegrino Miguel Pichetto, se había mostrado confiado en contar con los votos necesarios para convertir el proyecto en ley.

Para llegar a ese número, el kirchnerismo cuenta con el respaldo de los bloques aliados de Tierra del Fuego, el Movimiento Popular Neuquino, el bussismo de Fuerza Republicana y la radical Sánchez, protagonista del cambio que provocó el escándalo de las últimas horas.
Cacerolazo

Las controversias sobre el voto de la senadora radical Dora Sánchez (Corrientes) llegaron, literalmente, hasta la puerta de su casa. En la localidad correntina de Mercedes, decenas de personas organizaron un cacerolazo en rechazo al giro de la senadora respecto al proyecto del oficialismo.

El pasado miércoles, Sánchez anunció un inesperado cambio en su voto. Luego de criticar la iniciativa oficial, la senadora radical afirmó que aprobaría el proyecto.


La Nacion     



En el Senado, la oposición advierte sobre las "excesivas atribuciones" oficiales respecto a los medios
Tras la encendida defensa del kirchnerismo, la UCR y el PJ disidente alertaron sobre las facultades que el proyecto da al gobierno de turno para el manejo de licencias; Jenefes cuestionó el daño a los derechos adquiridos, pero ratificó su apoyo en general; se espera un largo debate

Viernes 9 de octubre de 2009

En un clima atravesado por las sospechas en torno a los cambios de votos de última hota, el Senado encara desde las 10.40 el crucial debate del controvertido proyecto de ley de radiodifusión que impulsa la Casa Rosada.

Presidida por Julio Cobos, la sesión comenzó con una férrea defensa de la iniciativa oficial a cargo del ultrakirchnerista Nicolás Fernández (Santa Cruz).

"Esta es la ley con más consenso de la vida institucional del país. No hay un sólo artículo que regule contenidos y la libertad de expresión está garantizada", aseguró el senador. "Estamos convencidos de que medios deben ser vehículos de la realidad. Pero muy distinto es que sean constructores de la realidad de manera capciosa", añadió.

Poder de fuego. En este punto, disparó contra los emprsarios de los medios. "El 80 por ciento de los contenidos están en manos de cuatro empresas. El secreto es no tener espacios paralizantes, porque esos espacios son ocupados por un sector de poder que concibe la idea de un Estado ausente y bobo", lanzó.

Hacia el final de su exposición, volvió a la carga. "Esta ley no tiene ninguna mala intención. Quiere que la sociedad sepa quiénes son los dueños de los medios. Aquí hay quienes se ponen nerviosos porque si pierden poder de fuego pierden poder para marcarnos la agenda", aseguró.

El segundo en la lista de oradores fue Guillermo Jenefes (Jujuy), cuyo apoyo al proyecto oficial estuvo en duda hasta último momento. Como era de esperar, el legislador comenzó su discurso con una pormenorizada justificación de su apoyo a la iniciativa de la Casa Rosada, aunque manifestando disidencias.

"Antes que nada, quiero rechazar en forma categórica las voces que pretenden hacerme responsable de que este proyecto se trate hoy. Mi obligación cono senador era firmar un dictamen en disidencia y no tener de rehén al bloque al que pertenezco", se despachó.

Enseguida, ratificó que planteará objeciones durante el debate en particular de cada uno de los 165 artículos del proyecto de ley, que será el verdadero eje de la sesión, ya que existen severos cuestionamientos a varias cláusulas del proyecto, muchas de ellas tildadas de inconstitucionales por la oposición y por especialistas en derecho durante las exposiciones preliminares en el Senado.

Jenefes apuntó específicamente al controvertido artículo 161, más conocido como "cláusula de desinversión", que obligará a las empresas de radio y de televisión abierta y por cable a desprenderse en el plazo máximo de un año de todos los medios que superen el límite de licencias que establece el proyecto.

El senador advirtió que ese límite atenta contra los derechos adquiridos y que por eso hace falta revisarlo. "No podemos aprobar a libro cerrado todo lo que viene de la Cámara de Diputados. Aspiro a que como senadores ejerzamos la facultad de revisar y modificar lo que este mal en los proyectos de ley: esa es la funcion que nos fija la Constitución", indicó enérgico.

No obstante, ratificó que apoyará la iniciativa en el debate en general y celebró que se reemplace la ley de radiodifusión de la dictadura. "La ley no es tan mala como para rechazarla ni tan buena como para no ser modificada", sintetizó.

Tras el discurso de Jenefes, senadores de la oposición coincidieron en advertir sobre los "excesos" que, a su entender, contiene el proyecto en materia de control sobre los medios.

"Hay que modificar la ley", concedió el radical Arturo Vera (Entre Ríos). No obstante, enseguida agregó: "No podemos conceder al manejo discrecional de los medios estatales por parte de quien gobierna. No es una buena ley la que le reserva al partido de gobierno potestades que significan el manejo directo o indirecto del espectro radioeléctrico".

Y completó: "Si sancionamos esta ley habremos perdido la oportunidad de dictar un instrumento que impida los excesos en materia de difusión".

Sospechas y acusaciones. El debate se realiza en medio de un clima enrarecido en el que abundan las denuncias contra el Gobierno por la supuesta "compra" de apoyo de opositores. Los cuestionamientos cobraron fuerza en las últimas horas tras conocerce casos de legisladores que pasaron del rechazo total al apoyo a una iniciativa que cambiará de manera radical el mapa de los medios audiovisuales en el país.

La aspiración de la Casa Rosada es que Cristina Kirchner pueda salir mañana de viaje a la India con la satisfacción de haber obtenido una de las leyes que más deseaba en los últimos tiempos.
 "No hay nada espurio".  Esta mañana, poco antes del inicio de la sesión, que durará al menos doce horas, Pichetto defendió a la senadora correntina y radical que a última hora paso de rechazar la iniciativa oficial a asegurar que votará a favor.

"Ella tendrá sus motivos y fundamentos", señaló en alusión a Dora Sánchez. Enseguida, añadió: "No conozco la situación financiera de Corrientes ni sé qué datos tuvo en cuenta la senadora, pero las situaciones de apoyo del Gobierno a las provincias de ninguna manera son un acto espurio".

Votos suficientes. Por otra parte, en declaraciones a radio 10, Pichetto se mostró confiado respecto de que el proyecto que promueve la Cámara de Diputados, y ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, se convierta en ley, aún bien entrada la madrugada. Con el mismo ánimo, desestimó que la oposición logre introducir modificaciones. "Como estamos y con el nunero que tenemos no va a haber cambios. Es probable que la aprobación en general sea por 43 votos. En particular puede bajar a 38 o 39, pero el número es muy suficiente", aseguró.

Para llegar a ese número, el kirchnerismo cuenta con el respaldo de los bloques aliados de Tierra del Fuego, el Movimiento Popular Neuquino, el bussismo de Fuerza Republicana y la radical Sánchez, protagonista del cambio que provocó el escándalo de las últimas horas.

La Nación



Los que dudaron o cambiaron su postura a último momento justificaron el giro
Jenefes reiteró que no podía "tener de rehén" a su partido y denunció "presiones" de los medios para que no apoyara la iniciativa oficial; expectativa por las palabras de la correntina Sánchez y del tucumano Zalazar

Viernes 9 de octubre de 2009

Concentraron la atención en los últimos días y vuelven a hacerlo durante el debate. Son los senadores que en las últimas horas horas cambiaron su voto, pasaron de un cerrado rechazo al proyecto oficial de ley de medios a anunciar que finalmente votarán a favor.

El primero en hacerlo fue Guillermo Jenefes (Jujuy) que repitió en buena medida los argumentos que había expuesto la semana pasada no bien trascendió que finalmente apoyaría a la Casa Rosada, aunque firmaría en disidencia el dictamen de comisión del proyecto oficial de ley .

"Antes que nada, quiero rechazar en forma categórica las voces que pretenden hacerme responsable de que este proyecto se trate hoy aquí en el Senado. Mi obligación cono senador era firmar un dictamen en disidencia y no tener de rehén al bloque al que pertenezco. No pretendan que la responsabilidad recaiga sobre este senador, que actuó conforme a sus inversiones. Es mentira decir que yo tenía la llave de este debate", lanzó no bien empezó a hablar.

Presiones. Después de "desmentir categóricamente" que haya canjeado su voto por ayuda financiera para su provincia, aludió a supuestas presiones. "En realidad, sufrí la presión de los medios de prensa, que tenían la pretensión de que traicionara mis convicciones políticas y al Partido Justicialista", aseguró.

Hasta hace dos semanas, Jenefes, cuya familia política es dueña de medios en Jujuy, había dejado trascender que votaría en contra del proyecto de la Casa Rosada particularmente molesto por el artículo 161, que fija un plazo de un año para que las empresas de medios se desprendan de las licencias para poder adaptarse al nuevo ordenamiento.

A fines de la semana pasada finalmente se supo que el jujeño apoyaría la iniciativa en general y que pedirá cambios en el debate en particular, como ya ratificó en el recinto. Su firma al dictamen en tres de las cuatro comisiones por las que pasó el proyecto fue vital para que la iniciativa pudiera tratarse hoy, tal como pretendía el Gobierno.

Tras la exposición de Jenefes, se esperan las palabras de Dora Sánchez (UCR-Corrientes) y de Carlos Salazar (Fuerza Republicana-Tucumán), que también cambiaron de postura en los últimos días.

La Nación




De Videla a los Kirchner, la historia de la polémica ley de radiodifusión
La norma fue promulgada por la dictadura en 1980; durante el período democrático se le hicieron más de 200 modificaciones o complementos; hoy podría quedar en el pasado

Viernes 9 de octubre de 2009

Por Natalia Pecoraro
De la redacción de lanacion.com
npecoraro@lanacion.com.ar

La ley de radiodifusión que hoy podría quedar en la historia tuvo más de 200 modificaciones o normas complementarias desde la vuelta de la democracia. Todos los presidentes presentaron proyectos para cambiarla, aunque, hasta ahora, ninguno la derogó.

La ley 22.285 fue promulgada por el presidente de facto Jorge Rafael Videla el 15 de septiembre de 1980 para fijar "los objetivos, las políticas y las bases" que tenían que "observar los servicios de radiodifusión". En ese momento también fue creado el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), que tanto entonces como ahora basa su política y la aplicación de sanciones en esa normativa.

El 26 de abril de 1988, el entonces presidente Raúl Alfonsín envió al Congreso un proyecto que se apoyaba en un trabajo del Consejo de Consolidación de la Democracia, que no prosperó.

Un año después, el 30 de mayo de 1989, envió otra iniciativa que tampoco avanzó.

Menem. En 1989, recién llegado a la presidencia, Carlos Menem derogó el artículo 45, que negaba a las empresas periodísticas extender su actividad al campo de la televisión y radiofonía. Así quedaba abierto el camino para la privatización de los canales 11 y 13 (que se hizo el 23 de diciembre de ese año, cuando Televisión Federal y Artear se hicieron cargo de las emisoras). Canal 2 y Canal 9 ya habían regresado a manos privadas en 1983, por una decisión del general Reinaldo Bignogne, tomada poco antes de las elecciones del 30 de octubre.

El 29 de noviembre de 1996, el gobierno mandó al Senado un decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias con un anexo con 49 proyectos de ley, entre los cuales había uno para modificar la de radiodifusión. Las sesiones extraordinarias se hicieron, pero nunca se llegó a debatir el proyecto.

Diez meses después, se aprobó un dictamen de comisión que restringía el ingreso de capital extranjero y limitaba el ingreso de las telefónicas al mercado. Fue duramente criticado por los legisladores de la Alianza y no prosperó.

En diciembre de 1997, el proyecto enviado por el Ejecutivo el año anterior perdió estado parlamentario.

Promesa. El 28 de diciembre de 1997, durante un encuentro con los dirigentes de ADEPA, Menem prometió que una nueva ley de radiodifusión sería aprobada al año siguiente. Jorge Yoma, uno de sus hombres más cercanos, se mostró escéptico: "Se requeriría un acuerdo de los partidos políticos tan trabajoso como una reforma constitucional".

Las palabras de Yoma no eran casuales. Durante la Convención Constituyente de 1994 se había discutido incluir un artículo antimonopólico en el nuevo texto constitucional, pero prefirieron derivar el asunto a una futura ley, que nunca salió.

Ese año, en varias oportunidades, legisladores de distintos partidos y el propio presidente habían dicho que 1997 no terminaría sin que el país tuviera una nueva ley de radiodifusión. Todos los proyectos presentados quedaron en los cajones del Congreso.

Un decreto polémico. El 2 de octubre de 1998, un decreto de necesidad y urgencia posibilitó a los titulares de licencias radiales a transferir sus acciones aunque no hubieran pasado cinco años desde la iniciación de las emisiones regulares de la frecuencia.

Candidatos. Durante agosto y septiembre de 1999, justo antes de las elecciones presidenciales, los dos principales candidatos, Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa, debatieron sobre la ley de radiodifusión y manifestaron públicamente sus posiciones. Ambos estaban de acuerdo con que tenía que reformularse inmediatamente.

Con respecto a las medidas que instrumentaría, Duhalde había dicho que todos los sectores y partidos políticos tenían que "tratar de cero" un nuevo proyecto que respetara a las emisoras pequeñas, "evitando la anarquía".

También había asegurado que no privatizaría Argentina Televisora Color (ATC), sino que "mejoraría" su administración. Hablaba de la ley de radiodifusión como una "prioridad".

El entonces gobernador bonaerense había dicho además que no le gustaba "ni medio" que capitales extranjeros pudieran desembarcar en la Argentina para comprar empresas periodísticas.

De la Rúa. "Es un desafío de la Alianza elaborar una nueva ley, moderna y actualizada, cuya consigna básica sea no restringir, sino ampliar y asegurar la libertad de prensa", había dicho Fernando de la Rúa.

"Esa ley tiene más de veinte años y además de la ilegitimidad con que fue sancionada, sufre un anacronismo tal que la hace inaplicable", había opinado . "Vamos a impulsar desde el Ejecutivo una nueva ley que surja del consenso entre todos los sectores involucrados en la producción de contenidos culturales".

Otro decreto polémico. En septiembre de 1999, Menem modificó puntos considerados clave de la ley de radiodifusión mediante el decreto de necesidad y urgencia 1005.

La norma autorizaba que cualquier persona física o sociedad comercial fuera titular de hasta 24 licencias de radio o televisión en todo el país, modificando el tope de 4 admitidas por la ley. También habilitaba la formación de redes o cadenas para radio y TV y autorizaba la transferencia de licencias, que estaba prohibida.

Las reacciones en contra del decreto no se hicieron esperar. Diputados de la oposición pidieron derogarlo. "Es indiscutible la necesidad de dictar una nueva ley de radiodifusión. No hay razón de necesidad, urgencia, mérito, conveniencia u oportunidad capaces de justificar el dictado de este decreto", había dicho entonces un grupo de legisladores, entre quienes estaba la actual ministra de Defensa, Nilda Garré.

Un poco a favor. La Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (Cemci), que agrupaba a varias entidades, había difundido entonces su opinión respecto al polémico decreto. "Viene a corregir algunos de los aspectos normativos más anacrónicos, lo cual sin duda es auspicioso, pero no suficiente".

En noviembre de 1999, el Congreso convirtió en ley un proyecto para crear un multimedio estatal, que contemplaba la creación de una comisión de comunicaciones que unificaría a Radio Nacional con el servicio de radiodifusión de la Argentina en el exterior y con ATC. La iniciativa preveía que ese multimedios del Estado fuera controlado y supervisado por una comisión bicameral del Congreso.

Intento de la Alianza. Durante los primeros meses del radical De la Rúa como presidente, en marzo de 2000, el Gobierno anunció la "decisión de construir consensos" con diversas entidades privadas de la radiodifusión y con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupaba a las universidades nacionales, para converger en una nueva ley para el sector para reemplazar la 22.285.

Ese intento se concretó seis meses después, cuando el Gobierno concluyó la redacción de un anteproyecto para fijar nuevas reglas en el mapa de la radio y la TV. La iniciativa introducía un nuevo régimen de competencia para los propietarios de los medios de comunicación y fijaba límites para la adjudicación de licencias.

El texto fue remitido a distintas instituciones para recoger opiniones. Las críticas de los directivos de los principales grupos propietarios de radios y emisoras de televisión no tardaron en llegar. Se mostraron "sorprendidos" por el contenido del proyecto, especialmente por los límites para la presencia de capitales extranjeros.

Multimedios estatal. El 25 de enero de 2001, el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 94, creó el Sistema Nacional de Medios Públicos (SMNP), que fusionaba Canal 7, Radio Nacional y la agencia Télam.

El SMNP quedaba entonces en jurisdicción de la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Presidencia, y tenía por objeto "administrar, operar y desarrollar los medios y servicios de radiodifusión sonora y televisiva, periodísticos y de transmisión de contenidos" que se le transferían por ese decreto.

Nuevo proyecto. En abril de 2001, el Comfer y Darío Lopérfido, entonces secretario de Cultura, elaboraron un proyecto de ley que definía el otorgamiento de nuevas licencias de radio y televisión, un mayor control en la explotación de emisoras, un ajuste y ordenamiento en los contenidos de programación de las emisoras, la creación de redes nacionales de televisión abierta y pautas comunes para todos los licenciatarios. No prosperó.

Duhalde. Cinco días antes de dejar el poder, en mayo de 2003, el presidente Eduardo Duhalde firmó un decreto que modificaba el artículo 11 de la ley 22.285 y autorizaba a las administraciones provinciales a tener un canal de TV abierta y una radio AM, y a los municipios a disponer del servicio radiofónico en FM.

Sin fines de lucro. En noviembre de 2004, la Cámara de Diputados aprobó una modificación a la ley de radiodifusión que permitía a las cooperativas y mutuales ser propietarias de medios de comunicación. El proyecto fue aprobado por 146 votos en favor y 2 negativos. Sin embargo, la sanción definitiva del proyecto fue en agosto de 2005.

Nueva ley. A fines de marzo de 2008, tras varias semanas de rumores y desmentidas, el entonces interventor del Comfer, Julio Bárbaro, renunció a su cargo, que ocupaba desde junio de 2003. Gabriel Mariotto lo reemplazó, e inmediatamente trascendió la intención de la presidenta Cristina Kirchner de sancionar una nueva ley de radiodifusión.

En abril de ese año, en una entrevista con LA NACIÓN, Mariotto, un hombre de extrema confianza del secretario de Medios, Enrique Albistur, había adelantado : "La voluntad de la Presidenta es avanzar sobre una nueva ley para desconcentrar el mercado".

La Iglesia. En septiembre del año pasado, el titular de la Comisión de Comunicación Social del Episcopado, arzobispo Mario Maulión, se reunió con Albistur y le dio su respaldo para la creación de una nueva norma que apuntara "al bien común, la libertad de expresión y la pluralidad".

Este año. Finalmente, el Gobierno presentó este año el anteproyecto para reemplazar la ley de radiodifusión. La Presidenta hizo el anuncio el 18 de marzo, en el teatro Argentino de La Plata, ante una multitud.

Después de cinco meses, el Poder Ejecutivo envió el proyecto al Congreso. El anuncio fue en la Casa Rosada, en un acto repleto de militantes, gobernadores, ministros y sindicalistas. Ese día, Cristina Kirchner definió a la prensa como un "suprapoder" y denunció: "La libertad de expresión no puede convertirse en libertad de extorsión".

Tras cuatro audiencias públicas, diversas denuncias de la oposición para evitar el tratamiento del proyecto en el recinto y de una reunión final del plenario de comisiones que duró 14 horas, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto hace tres semanas; sin la presencia de la oposición, que se retiró en protesta por las irregularidades del proceso.

Hoy, el proyecto sancionado en la Cámara baja es debatido en el Senado. Los legisladores opositores aseguraron que pelearán hasta el último minuto para que no sea aprobado tal como está. Los oficialistas se mostraron confiados.

La Nación





Ley de medios K: duras críticas del PJ disidente y la UCR en el comienzo del debate

12:50|La peronista Sonia Escudero aseguró que los empresarios nacionales tienen "miedo de que el holding K se quede con sus medios". Y el radical Arturo Vera pidió cambios contra "la influencia del poder de turno". Desde el kirchnerismo apuntan a sostener los artículos más cuestionados. Hay un clima tenso por las denuncias de cambios de voto.

En un clima tenso por las sospechas que generaron en las últimas horas los cambios de voto intempestivos y las acusaciones de la oposición, el Senado ya debate la ley de medios K. Las primeras voces de la UCR y del peronismo disidente, así como el oficialista Guillermo Jenefes, titular de la comisión de Comunicación, pidieron cambios y denunciaron que el kirchnerismo busca controlar los medios. Antes, hubo una férrea defensa del ultrakirchnerista Nicolás Fernández de los artículos más cuestionados.

Jenefes, titular de la comisión de Comunicación, reclamó que el Senado efectivamente actúe como Cámara revisora de lo aprobado en Diputados. Y pidió que se garantice la "seguridad jurídica". Envuelto en polémica por el paso del proyecto en el plenario de comisiones, ya que firmó el dictamen de mayoría en disidencia sin impulsar cambios, Jenefes aseguró que hará "observaciones" a la ley. También realizó duras críticas a los medios de comunicación y a la oposición en la Cámara baja, por "levantarse de las bancas y no dar el debate".

Jenefes expresó que "bajo ningún concepto los malos son los radiodifusores privados de la Argentina". Y puso el foco en que el proyecto "puede ser mejorado para dar seguridad jurídica".

"Debemos respetar los derechos adquiridos a la luz de los derechos que otorgaba la legislación vigente", planteó. También pidió mejoras en la autoridad de aplicación y en el régimen de sanciones y de caducidad de licencias. Y sostuvo que es "excesivo" el rol de la ley en materia de contenidos.

También el primer senador de la UCR en tomar la palabra habló de cambios. Fue Arturo Vera, quien, quien criticó que la propuesta K "violenta lo que dicen los foros de periodistas y las asociaciones civiles".

"No nos resignamos a perder la oportunidad de hacer una buena ley, aquella que preserve todos los intereses en juego. Los medios deben estar liberados de la influencia del poder de turno", lanzó.

Por su parte, la peronista disidente Sonia Escudero dijo que los empresarios nacionales "tienen miedo de que el holding K se quede con sus medios". Y auguró: "ese será el golpe final a la libertad de expresión en la Argentina".

El comienzo del debate había quedado en manos de Nicolás Fernández, quien anticipó la postura oficialista, apuntando a la discusión en particular tras la votación en general. Así, defendió puntualmente los artículos más polémicos.

Afirmó que la ley "no regula contenidos". Y sostuvo que es "un disparate decir que esta ley da un año para desinvertir" a los licenciatarios de medios audiovisuales, aunque efectivamente ese es el plazo que marca la norma. El senador K argumentó que la autoridad de aplicación da garantías de transparencia también en ese aspecto. Es otro de los puntos más cuestionados.

En el kirchnerismo hay confianza. El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, se animó a dar números optimistas: estimó que el oficialismo alcanzará a completar la sanción con "entre 40 y 42 votos" para la aprobación en general y "entre 38 y 39" para la sanción en particular.

La sesión estaba convocada originalmente para las 10, pero la chicharra sonó cerca de media hora hasta que el kirchnerismo logró que 37 senadores se sentaran en sus bancas. Tendrá una modalidad algo más rápida que lo habitual, pero igual se prevé que sea maratónica. Los jefes de bloques y miembros informantes tendrán media hora para exponer y cada senador raso contará con 10 minutos. Esto implica que la discusión en general puede durar más de 12 horas, con un plus de unas 3 horas para el debate del articulado en particular.

El ambiente ya tenso desde del debate en Diputados se enrareció en las últimas horas tras conocerse el abrupto cambio del voto de dos opositores que habían anunciado su rechazo a la ley y ahora votarán a favor. El más escandaloso es el caso de la cobista correntina María Dora Sánchez, cuyo viraje quedó envuelto en sospechas de estar ligado a la muerte de un empresario vinculado al gobernador provincial Arturo Colombi. El otro es el del bussista tucumano Carlos Salazar, que de todos modos anticipó que hará objeciones a algunos artículos, como reveló ayer Clarín.

La senadora correntina admitió que cambió su voto por favores: "Es para favorecer a mi provincia, en un contexto que no puede ser recortado", confesó.

Clarin




El Senado tiene la palabra

El kirchnerismo está seguro de tener los votos para aprobar el proyecto en general y confía en que será sancionado sin cambios. La oposición busca conseguir modificaciones en algunos de los artículos en un debate que se extenderá hasta la madrugada.

Por Miguel Jorquera

Llegó el turno del Senado. Los senadores del kirchnerismo buscarán convertir hoy en ley el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual en la sesión especial que comenzará a las diez de la mañana. La oposición se abroquelará detrás de la estrategia de conseguir en el recinto alguna modificación al texto de la media sanción de Diputados para frenar la iniciativa y que esta regrese a la Cámara baja. Ayer, el bloque oficialista volvió a reunir su tropa en un clima más distendido que el de algunos días atrás y el radicalismo conservó el hermetismo sobre su propio dictamen, al que considera la llave que abrirá paso a los cambios en la iniciativa. En tanto, el peronismo disidente –que también se plegará a la estrategia trazada por el radicalismo– intentó diferenciarse a través de una rueda de prensa de una liga de ex gobernadores para criticar el proyecto del Gobierno.

La víspera del día D en el Senado fue agitada. Al mediodía, la Comisión de Labor Parlamentaria –de la que participan todos los presidentes de bloque– pactó tras algunos rodeos los tiempos que tendrán los muchos oradores previstos en la sesión de hoy. Los miembros informantes de cada dictamen tendrán treinta minutos para exponer, en tanto cada senador a título personal dispondrá de diez para expresar su postura sobre el proyecto de comunicación audiovisual. No habrá límites de tiempo durante el debate sobre el articulado de la media sanción que llegó desde Diputados.
Hermetismo radical

Al término del encuentro, el radicalismo volvió a la carga contra el proyecto oficial. “El kirchnerismo no tiene límites, están fuera de sus cabales y, por controlar los medios de comunicación, está dispuesto a cualquier cosa”, dijo el presidente de la UCR, Gerardo Morales. El senador jujeño tampoco perdió la oportunidad para embestir el cambio de actitud de la senadora cobista por Corrientes, María Sánchez (ver aparte), y concluyó que “esto viene muy mal, poco transparente”.

El radicalismo evitó abrir el juego de su estrategia y guardó bajo llave el dictamen de minoría con el que llegará hoy al recinto. Los senadores y asesores del bloque de la UCR trabajaron toda la semana en consensuar con el resto de la oposición un texto común sobre los artículos más cuestionados, con la idea de seducir a los oficialistas díscolos y conseguir su apoyo. Entre ellos cuentan al jujeño Guillermo Jenefes, dueño de un multimedio en su provincia, y a los chubutenses Silvia Giusti y Marcelo Guinle. Todos ellos adelantaron su voto a favor en general pero mantienen sus críticas sobre varios de los artículos del proyecto.

En la lista de los más resistidos figuran el 14, referido a la composición de la autoridad de aplicación; el 32, que faculta al Ejecutivo a adjudicar las licencias en las ciudades de más de 500 mil habitantes, aunque las mismas se harán bajo las pautas que fije la autoridad de aplicación; y el 161, que contiene la llamada cláusula de desinversión, que estipula el plazo de un año para que las empresas monopólicas se adecuen a la nueva norma.
El PJ desidente, sin ley

Aunque se plegarán a la estrategia que trazó el radicalismo para dar batalla en el recinto por cambios en la iniciativa, el peronismo anti K, nucleado en el Interbloque Federal, se mostró unido para embestir contra la ley que impulsa el Gobierno. La mesa, en la rueda de prensa, la presidió un suerte de liga de ex gobernadores: los senadores Carlos Reutemann (Santa Fe), Juan Carlos Romero (Salta), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), y los diputados electos Felipe Solá (Buenos Aires) y Ramón Puerta (Misiones). “Argentina no puede seguir entrampada en los caprichos de un matrimonio”, dijeron.

Romero fue mucho más explícito sobre el objetivo que propuso el peronismo disidente para la sesión de hoy: “La mejor ley es que no haya ley”, sostuvo el salteño antes de afirmar que “este texto tiene mucho de revancha por el que no piensa igual que el Gobierno” y que se asemeja “al modelo chavista”.

“La falta de federalismo ya es insoportable. Esta ley de medios es unitaria”, sumó Solá y sostuvo que “las presiones existen y fueron llevadas al máximo por este Gobierno”. Fiel a su estilo, Reutemann afirmó que “se debería haber logrado un acuerdo de todo el espectro político argentino”. Rodríguez Saá pasó el aviso político: todos ellos convocarán a un acto propio para el 17 de octubre, el Día de la Lealtad peronista.
Confianza kirchnerista

Mientras tanto, el jefe del bloque K, Miguel Angel Pichetto, abría las puertas de su despacho para juntar a los senadores del oficialismo. Casi toda la bancada acudió a la cita. Faltaron el cordobés Roberto Urquía y la misionera Elida Vigo, ambos con licencia por enfermedad; pero tampoco estuvo en la reunión la chubutense Giusti.

Puertas afuera, Pichetto prefirió la cautela y esquivó hacer pronósticos, aunque se lo veía mucho más sereno que los días anteriores y seguro de los números que maneja. Los cálculos menos optimistas le auguran al oficialismo la certeza de conseguir la sanción en general del proyecto. El bloque K reuniría al menos 40 senadores, entre propios y aliados, a favor del proyecto, sobre un total de 72 legisladores que componen la Cámara alta.

Diferentes son las cifras a la hora de calcular los votos propios en los artículos más resistidos, pero mucho dependerá de la asistencia en el recinto. Urquía, Vigo y el radical Norberto Massoni no serían de la partida por sus problemas de salud. Con 69 senadores presentes –en caso que concurran todos los demás– el kirchnerismo necesita 35 votos para resistir cualquier embestida opositora sobre cambios en el texto. Un número que lo acerca al objetivo de transformar en ley el proyecto. Aunque nada estará dicho hasta el momento de la votación.

Cobos se reservó el cierre de la agitada jornada. Desde su despacho se distribuyó un escueto comunicado (ver aparte) donde el vicepresidente sólo le pone título a la misiva con el objetivo de sacarse de encima el peso político sobre el cambio de decisión de la cobista correntina Sánchez.

Pagina/12




Radiodifusión / Hoy, debate fundamental en el Senado
Se vota la ley de medios en un clima enrarecido
Acusan a la Casa Rosada de "comprar" el apoyo de opositores

Viernes 9 de octubre de 2009

Gustavo Ybarra
LA NACION

El Senado se dispone a discutir hoy el controvertido proyecto de ley de radiodifusión en medio de un clima político enrarecido por los inesperados y sugestivos cambios de posición de varios senadores en los últimos días, que pasaron del rechazo total al apoyo sin cortapisas a una iniciativa que cambiará de manera radical el mapa de los medios audiovisuales en el país.

Hasta el momento del inicio de la sesión, previsto para las 10, la Casa Rosada centrará su atención en el punteo de los votos que necesita para aprobar el proyecto, que llega al recinto tal cual lo aprobó la Cámara de Diputados el 17 de septiembre, según la orden impartida por la Casa Rosada y cumplida por sus senadores.

Todo indica que el oficialismo tiene los votos necesarios para sancionar el proyecto al término de una sesión que, se estima, será maratónica, con más de 15 horas de debate, pero que le permitirá a la presidenta Cristina Kirchner salir mañana de viaje a la India con la satisfacción de haber obtenido una de las leyes que más deseaba en los últimos tiempos.

La oposición llega al debate unificada en las denuncias por supuestas "maniobras oscuras" del Gobierno para cooptar votos opositores, sobre todo el de la radical correntina Dora Sánchez. Senadores del radicalismo y del PJ disidente sugirieron que hubo "pago de coimas" o "promesas de impunidad". El vicepresidente Julio Cobos también planteó sus sospechas de que hubo promesas de favores políticos a cambio de votos.

Más allá del resultado de la votación, la sanción de la ley no marcará el final del camino. Muchas de las empresas periodísticas que se sienten perjudicadas prometieron objetarla en la Justicia, mientras que el arco opositor al Gobierno dijo que buscará modificarla una vez que se produzca el recambio legislativo del 10 de diciembre, cuando el oficialismo pierda sus mayorías en ambas cámaras del Congreso.

La iniciativa también mereció la queja unánime de las entidades que reúnen a las empresas de radiodifusión y periodísticas, por considerar que viola el derecho a la libertad de expresión ya que pondrá en manos del Poder Ejecutivo la decisión sobre el futuro de cientos de emisoras de radio y televisión.

Los cálculos en el bloque oficialista que conduce Miguel Pichetto (Río Negro), arrojaban ayer un piso de 43 votos a favor en general, aportados por el kirchnerismo y los bloques aliados de Tierra del Fuego, el Movimiento Popular Neuquino, el bussismo de Fuerza Republicana y la radical Sánchez.

Esta legisladora fue la última "adquisición" de la Casa Rosada en su búsqueda de la mayor cantidad de votos posibles para aprobar la iniciativa, y se produjo luego de que el gobernador de Corrientes, Arturo Colombi, frustrado en su intento de alcanzar la reelección el domingo pasado al caer derrotado en un ballottage provincial, se reuniera con Néstor Kirchner en la residencia de Olivos.

Sin embargo, el verdadero eje de la sesión pasará por el debate en particular de cada uno de los 165 artículos del proyecto oficial, ya que existen severos cuestionamientos a varias cláusulas del proyecto, muchas de ellas tildadas de inconstitucional por la oposición y por especialistas en derecho durante las exposiciones que brindaron en las seis jornadas de audiencias públicas que se celebraron desde que el texto llegó al Senado, el 21 de septiembre.
Artículo decisivo

El más controvertido es el artículo 161, más conocido como "cláusula de desinversión", que obligará a las empresas de radio y de televisión abierta y por cable a desprenderse en el plazo máximo de un año de todos los medios que superen el límite de licencias que establece el proyecto.

Esta disposición es cuestionada por la oposición, por considerar que vulnera derechos adquiridos a la luz de la ley vigente (22.285, promulgada durante el último gobierno militar) y por el decreto 527/05 por el que Néstor Kirchner, en uno de los últimos actos como jefe del Estado, prorrogó por diez años las licencias de canales de televisión de aire.

En este artículo, que se discutirá casi al final del debate, el oficialismo tendría al menos 39 votos seguros, una cifra más que suficiente si se toma en cuenta que, como máximo, habrá 70 senadores en el recinto por la ausencia de dos legisladores por enfermedad.

La estrategia de la Casa Rosada es sancionar la ley con el mayor número de votos posibles para contrarrestar eventuales cuestionamientos judiciales, lo que se tradujo en una ardua tarea de cooptación de voluntades.

A varios senadores oficialistas se les ofrecieron cargos en la administración pública y otras prebendas para acallar sus críticas; mientras que a los representantes de Tierra del Fuego (ex ARI) se los conquistó con la promesa de la sanción de una ley que promoverá la industria de productos electrónicos en la provincia austral.

Pero el caso más polémico fue el de la correntina Sánchez. La oposición cuestionó en duros términos el cambio de rumbo, como el presidente del comité nacional de la UCR, el senador por Jujuy Gerardo Morales, que acusó al gobernador Colombi de "buscar impunidad" ante denuncias penales en su contra. También se expresaron sobre el tema el peronismo disidente y el vicepresidente Julio Cobos.
La Academia de Educación advierte

    * La Academia Nacional de Educación auguró en un comunicado que la ley de servicios audiovisuales tenga "un tratamiento equilibrado y reflexivo", y que se arribe a "una legislación sólida y trasparente, que aleje cualquier sospecha de urgencias coyunturales".


La Nación







Las ofertas oficiales que torcieron votos decisivos
Se negociaron futuros cargos públicos y fondos para las provincias

Viernes 9 de octubre de 2009

Mariano Obarrio
LA NACION

Se negociaron cargos públicos, fondos para las provincias y liderazgos partidarios. La actividad de Néstor Kirchner en las últimas horas se redujo a conseguir votos en el Senado para que hoy sea sancionada sin cambios la ley de radiodifusión. El propio Kirchner pide varios informes por día a sus máximos operadores políticos y legislativos. "Todos los senadores piden y piden", dijo a LA NACION un allegado al ex presidente.

En el gobierno de Cristina Kirchner interpretan que la Casa Rosada y el propio Kirchner se juegan su futuro en la sesión de hoy. Si pierde, temen que los apoyos parlamentarios escurran en el PJ.

Por eso arden los teléfonos de los operadores de Kirchner: el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, el asesor político Juan Carlos Mazzón y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

El convencimiento del Gobierno a la senadora radical por Corrientes María Dora Sánchez fue comparado ayer por el ex presidente Eduardo Duhalde con los "sobornos en el Senado en 2001". Sánchez, leal al gobernador Arturo Colombi, había denostado el proyecto de ley y anteayer anunció que lo apoyará. Se le ofreció ayuda económica a la provincia para poder pagar los sueldos y auxilio político al saliente Colombi, jaqueado por denuncias de corrupción y muertes sospechosas, admitieron en el Gobierno.

Pero esa operatoria se extendió a otros casos. "Tenemos entre 36 y 40 votos para aprobar la ley sin cambios, incluso para los artículos más conflictivos", dijo a LA NACION un alto funcionario.

Al senador Guillermo Jenefes (PJ-Jujuy), el más buscado, la Casa Rosada quiso garantizarle que si apoya la ley, su multimedio en Jujuy no sufrirá perjuicios, reconocieron en el kirchnerismo. La clave de la ley estará en la reglamentación.

Pero su voto es una incógnita. Adelantó que propiciará cambios. Pero en la Casa Rosada dicen que no se opondrá a dos artículos cruciales: el que dispone la desinversión en el plazo de un año y la autoridad de aplicación, dos pilares que obsesionan a Kirchner para controlar los medios. "No tenemos noticias de esas negociaciones", dijeron a LA NACION cerca de Jenefes, que hace días estuvo en la Casa Rosada.

El caso de Mónica Troadello (PJ-Mendoza) fue comentado en el Congreso y en la Casa Rosada. Se asegura que le ofrecieron la Subsecretaría de Recursos Hídricos para cuando termine su mandato, el 10 de diciembre próximo. Ayer la senadora no respondió a las llamadas de LA NACION.

El PJ disidente le disputa al Gobierno el voto de Ramón Saadi (PJ-Catamarca). En el kirchnerismo confiaron que le ofrecieron apoyo para luchar por el peronismo provincial con el gastronómico Luis Barrionuevo. Su voto está en duda.

A Julio Miranda, de Tucumán, le habrían ofrecido ayuda para mantener la vicepresidencia de la Obra Social del Sindicato Petrolero y un futuro cargo oficial.

Del chubutense Marcelo Guinle, en el Gobierno aseguraron que le ofrecerían ayuda para ser gobernador de Chubut, luego de que termine el mandato de Mario Das Neves. Se negociaron además fondos para obras en la provincia, pese a las críticas de Das Neves. Cerca del senador dijeron que apoya la iniciativa desde hace un mes y que no hubo cambios.

Sobre otra chubutense, Silvia Giusti, el Gobierno intentó convencerla con un futuro espacio oficial desde diciembre. La riojana Teresita Quintela habría conseguido fondos para la capital provincial, que gobierna su hermano Ricardo Quintela. "Hace tres meses se gestionaron porque no recibe coparticipación de la provincia", dijeron colaboradores de la senadora.

El neuquino Horacio Lores, según la Casa Rosada, podría garantizarle a su gobernador, Jorge Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, envío de fondos. "No sabemos nada", aseguraron en su despacho.
Idas y vueltas
GUILLERMO JENEFES
Senador PJ ? Jujuy

    * La Casa Rosada le garantizaría que si apoya el proyecto sin cambios su grupo de medios en Jujuy no sufrirá perjuicios. Su voto es una incógnita, pero el Gobierno cree propondrá modificaciones menores, como la protección a los cables del interior.

RAMON SAADI
Senador PJ ? Catamarca

    * Desde el Gobierno confiaron que le ofrecieron apoyo político para pelear por el peronismo catamarqueño contra Luis Barrionuevo. Incluso, podría intentar acceder a la presidencia del PJ, hoy intervenido.

MARIA DORA SANCHEZ
Senadora UCR ? Corrientes

    * Desde Balcarce 50 podrían aliviar los problemas financieros hasta el final de mandato del gobernador Arturo Colombi, jaquedo por los conflictos políticos y denuncias de corrupción.


La Nación


MENSAJE DEL GRUPO CLARIN
64 años creyendo en el país y construyendo medios argentinos

Usted conoce Clarín. Somos un diario que nació en 1945 con una mirada nueva. La de ser un diario masivo y de calidad. Que pueda llegar a todos. Que privilegie la información y que desde lo editorial apueste al desarrollo integral de la Argentina.

Clarín fue asentándose: con los años se convirtió en el primer diario nacional y uno de los líderes de habla hispana. Sostenido por el trabajo de sus periodistas y el acompañamiento sus lectores. Cuidando la independencia empresaria como reaseguro de la periodística.

Con una visión focalizada en el crecimiento del país, Clarín no sólo quiso ser espectador, sino protagonista de los cambios que vivieron los medios y las audiencias en las últimas décadas.

No hicimos nada diferente de lo que hicieron grandes medios alrededor del mundo. Decidimos acompañar la evolución tecnológica. Invertimos para llegar a nuestros públicos a través de otros lenguajes, audiovisuales y digitales.

Lo hicimos conscientes de que los medios de comunicación se globalizan cada vez más y creyendo importante preservar nuestro rol como actores argentinos. Actores con la dimensión suficiente para competir sin diluirse frente a los conglomerados internacionales que llegaban al país. Para sostener nuestros valores y nuestra identidad. Para producir, informar y entretener con nuestro acento.

Así fuimos conformando el Grupo Clarín. Una compañía de capitales argentinos, cuyos accionistas y números son de dominio público. Aunque somos más pequeños, nuestra estructura es similar a la de otros grupos de medios de Iberoamérica, como Prisa de España, Globo de Brasil o Televisa de México. No fue fácil hacerlo desde aquí, en un país con discontinuidades, un menor tamaño relativo y contando únicamente con recursos propios. Si nos comparamos con el mundo, nuestra facturación es 66 veces menor a la de Telefónica, 40 veces menor a la de Time Warner y 24 veces menor a la de CBS.

Nuestras inversiones, plantadas aquí, superaron los 20.000 millones de pesos en los últimos 20 años. Hoy cotizamos en las Bolsas de Londres y Buenos Aires pero tenemos el orgullo de haber crecido en la Argentina, de haber decidido quedarnos pese a las ofertas de compra de grupos extranjeros. E incluso de tener operaciones en Uruguay, Paraguay y México.

Para cualquier país, una empresa como Clarín suele ser un exponente del emprendimiento privado, un motivo de orgullo nacional. Porque se trata de una voz de peso local en un mercado cada vez más transnacional. Porque genera empleo calificado y configura una importante industria cultural. Pero en la Argentina de hoy eso parece no contar. Clarín está siendo estigmatizado con intenciones políticas. Por eso vale aclarar algunos puntos.

En ninguna de sus actividades el Grupo Clarín es un monopolio. De hecho, el mercado argentino de medios es uno de los más diversos del mundo. Y Clarín actúa en cada segmento compitiendo intensamente. Nos gusta la competencia. Nos estimula y estamos acostumbrados a ella.

En Buenos Aires, Clarín compite con 12 diarios nacionales pagos de interés general, número muy difícil de encontrar en las principales capitales del mundo. C ompite en los kioscos con La Nación, La Prensa, Diario Popular, Crónica, Página/12, Crítica de la Argentina, Bae, Buenos Aires Herald, El Cronista, Ambito Financiero, Perfil y Miradas al Sur. En el país compite con más de 200 diarios regionales y locales que son voces de referencia en su zona, donde los diarios nacionales tienen una inserción reducida.

En televisión abierta, el grupo es titular de Canal 13, una de las cinco estaciones que se reciben en el Gran Buenos Aires. Allí mismo también se escuchan más de 550 radios. De todas ellas, Clarín participa en una AM y una FM (Mitre y La 100). Hay varios grupos que tienen más radios que las permitidas. No es nuestro caso.

En canales de noticias, la Argentina cuenta con 5 señales nacionales, todas de dueños diferentes (Crónica TV, América 24, C5N, Canal 26 y TodoNoticias). Una de ellas, TN, es de Clarín. No hay otro país en el mundo con una oferta semejante.

En Internet, cualquier persona puede distribuir contenidos. De los sitios más visitados del país, Clarín.com ocupa el puesto número 10. Los anteriores no son argentinos. Estamos orgullosos de sostener esta presencia en un espacio donde lo nacional suele caer en la insignificancia.

En el mercado del cable, Clarín viene invirtiendo, desde 1993, en la conformación de una red que hoy encabeza Cablevisión. Es el primero entre más de 700 operadores, y siempre compite con otras opciones, en cable o en satélite. Conformó la primera red alternativa a las grandes telefónicas. Así logró, por ejemplo, una presencia en Internet que dinamizó el mercado de banda ancha.

Se ha llegado a decir que Clarín tiene el 73% de las licencias de radiodifusión del país. Es falso. Para que quede claro: e n todo el país, Artear posee cuatro licencias de televisión abierta, sobre 42 existentes. Radio Mitre posee 9 licencias, so­bre más de 5.000 existentes. El cable no es radiodifusión porque no usa éter: sus licencias son locales (a diferencia de la TV satelital, que goza de una licencia nacional). Cablevisión tiene un 47% de participación en ese mercado. Este porcentaje es similar o está por debajo de los mayores operadores de cable de países como Francia (65%), I talia (75%), España (57%), Alemania (52%), Reino Unido (50%), Chile (67%), Perú (82%) y Venezuela (50%), Brasil (46%), Colombia (46%) y México (46%).

Clarín ha invertido siempre en la Argentina con una misión central: el periodismo y los medios de comunicación. Por eso tenemos los equipos de periodistas más numerosos y premiados del país. Por eso, muchos de los profesionales más prestigiosos han surgido de nuestros medios o eligen trabajar en ellos. En 1995, cuando se constituyó como tal, el Grupo se definió en esta actividad. No nos dedicamos a otra cosa. Clarín tiene medios porque esa es su razón de ser. No los tiene para otro fin.

Somos el principal multimedios del país, pero no el único. Y nos gustaría que hubiera varios más. Lamentamos que colegas que iniciaron proyectos parecidos hayan decidido vender a lo largo de estas décadas. O que grupos fuertes, que parecían de largo aliento, se desarticularan según los ciclos políticos y económicos.

Cada uno de nuestros pasos los dimos cumpliendo la ley. En 1990, cuando Artear se presentó a los concursos de Canal 11 y Canal 13, ganó los dos. Obtuvo los máximos puntajes y optó por la frecuencia del 13. Fue el único canal que no cambió, en 20 años, su composición accionaria. El único que no se vendió, que apostó siempre a la producción nacional, que se especializó en ficción y noticias.

En paralelo, Artear generó señales nacionales para alimentar una grilla de cable donde hasta las noticias y el deporte venían desde afuera del país. Nos propusimos hacer contenidos argentinos, que reflejaran nuestra realidad, nuestra identidad, nuestra diversidad, nuestro talento, nuestra cultura.

Así nació TN, realizado con los más altos estándares periodísticos y tecnológicos. O Volver, que se convirtió en un resguardo entrañable de la historia del cine y la televisión argentinos. O TyC Sports, con foco en los deportes y los deportistas nacionales. O Quiero, pensado para difundir la música de nuestros artistas.

Canales de libre creación que no usan espectro radioeléctrico. Que contribuyen a dar trabajo, a generar y preservar contenidos nacionales. Sin razón técnica alguna, el proyecto de Ley de Medios pretende limitar o silenciar esas voces. ¿Eso es promover la diversidad?

En el cable, Clarín comenzó con una operación en San Pedro. Fue creciendo en una industria madura, conquistando nuevos abonados y a partir de cables existentes. En los 90, el sector se extranjerizó: vinieron las grandes compañías norteamericanas: US West, Continental, TCI, Hicks, Liberty. Clarín hizo el esfuerzo y se mantuvo como el segundo operador nacional.
Luego vino la crisis, con la deuda en dólares. El 95% de ella tomada en el exterior, por lo que se multiplicó por tres. Tuvimos que desprendernos de compañías importantes, como CTI y DirecTV. Reestructuramos esa deuda de manera privada, con recursos enteramente propios. Y tras la recuperación, volvimos a apostar en el país.

Nadie nos regaló nada. En 2006 adquirimos el 60% de Cablevisión, lo que permitió que una compañía extranjera vuelva a ser argentina. Desde entonces, la empresa sumó 1000 nuevos empleados, no distribuyó dividendos e invirtió más de 550 millones de dólares en redes y digitalización. Como sucede en varios países de Europa y América, los cables se consolidaron para generar masa crítica y prepararse para competir con las grandes empresas de telecomunicaciones. Claro que mientras los países serios equilibran los mercados para que compitan entre iguales, aquí se quiere fracturar en partes a los locales.

Sabemos que el futuro de nuestra industria pasa en gran medida por la banda ancha. Y esto requiere dos cosas, que el proyecto de ley desconoce. Primero, promover la inversión en redes alternativas y la competencia en Internet, para lograr mejor capacidad, velocidad y precio. En lugar de eso, se limita arbitrariamente el alcance de los cables y se destruyen sus inversiones recientes, discriminándolos frente a las telefónicas que pueden llegar al 100% de los hogares. Segundo, promover sólidas empresas audiovisuales para que nuestro talento no se diluya en un mar de contenidos globales. Los países del mundo y de la región lo entienden así, y por eso en lugar de ponerle trabas, acompañan a sus grupos de comunicación. No parece ser la intención hoy en la Argentina.

La paradoja es que en varios aspectos, este proyecto se emparenta con la vocación de fragmentar y controlar que tenía la ley de la dictadura. Parece que se quiere regular para un escenario de hace treinta años, donde sólo existían la radio y la TV abierta. Hoy el cable, Internet y la digitalización multiplican al infinito las posibilidades. Deberíamos apostar a que nuestras producciones puedan llenar esos espacios. Sin embargo se imponen restricciones arbitrarias y alejadas de los ejemplos internacionales.

¿Cuál es la lógica de prohibir a un grupo tener un cable y un canal abierto en la misma área? Uno produce y otro transporta lo que producen muchos. Esta exclusión no existe en todo el mundo.

¿Cuál es la lógica de limitar a sólo una señal la que pueden producir los canales abiertos o los cables? Afuera sucede todo lo contrario: los canales abiertos y los cables son los principales productores de contenidos. Las cuatro cadenas privadas de televisión de EE.UU. producen señales de noticias propias (MSNBC, Fox News y CBS News) y otras señales temáticas (History Channel, ESPN, Disney Channel, Fox Sports, National Geographic, Bravo, USA Network, Discovery, etc). Lo mismo sucede con operadores de cable importantes, como Time Warner, que produce HBO, Cinemax, CNN o Cartoon Network.

En los últimos meses, se ha emprendido una batalla contra un grupo periodístico nacional. No es inusual que los gobiernos se molesten con los medios: la tensión prensa-poder es natural en la democracia. Lo que sí resulta inaudito es que se haya puesto todo el aparato estatal (el formal y sus resortes más oscuros) para amedrentar, a través la estigmatización política y la difamación personal. Una campaña direccionada a Clarín pero que lo excede como destinatario. Y que revela un objetivo muy claro: desacreditar a los medios de comunicación como contrapeso en la democracia.

No estamos en guerra con nadie. Aunque nos ataquen seguiremos contando lo que entendemos le pasa y le interesa a la sociedad. Eso quizás molesta. Y por eso las campañas sucias, los panfletos paraoficiales, las intimidaciones de la AFIP, el uso de organismos públicos como herramientas de apriete.

16 mil personas trabajan con nosotros. Somos uno de los principales generadores de empleo calificado en el país. Todas nuestras operaciones cumplen la ley. Quizás por eso quieren hacer una ley para que no la podamos cumplir.

Coincidimos en que la democracia se debe una nueva ley de radiodifusión. Este proyecto pregona la democratización pero consagra un poder discrecional sobre los medios. Además busca atomizarlos y debilitarlos. Para que no se escuchen y dependan de las dádivas oficiales. O directamente para acallarlos.

Este proyecto deja a los medios en estado de precariedad absoluta, al no respetar las licencias vigentes, algo que ni siquiera sucedió en Venezuela. Y autoriza que la única red de radio y TV que llegue a todo el país sea la del Estado.

Cuando las leyes son pensadas contra algunos, cuando el personalismo utiliza el poder del Estado y no encuentra freno en las instituciones, están en riesgo las garantías de todos.

Esto es parte de lo que el Grupo Clarín tenía pensado decir en el Senado de la Nación, antes de que se anticipara el final del debate en Comisión. Queremos compartirlo con los senadores y con toda la sociedad.

Creemos que de nada sirve nuevamente forzar la polarización de un debate. Desde nuestro lugar apelamos a la racionalidad. A que se proteja no sólo la seguridad jurídica sino nuestro derecho a seguir apostando en el país.

Confiamos en que el debate legislativo pueda servir para tener una mejor ley, que pemita preservar la libertad de expresión, el desarrollo de la industria audiovisual y el acceso de más ciudadanos a los nuevos medios.

Desde Clarín seguiremos trabajando, como siempre, en comunicar a los argentinos en su mismo idioma.

Grupo Clarín
Buenos Aires, 4 de octubre de 2009.



Represalia y desquite
Joaquín Morales Solá
LA NACION

Jueves 8 de octubre de 2009


Una vieja aspiración de los gobiernos autoritarios ha sido, y es, el control del suministro de papel para la prensa gráfica. El intempestivo desembarco de Guillermo Moreno en Papel Prensa, la empresa que provee del principal insumo a gran parte de los diarios argentinos, sólo confirma la decisión política de los Kirchner de acorralar a los medios periodísticos hasta extenuarlos. La conclusión a la que ha llegado el matrimonio gobernante es muy clara: el periodismo fue el culpable de su fracaso electoral el 28 de junio pasado y deberá pagar por esa culpa. De igual modo que el sector rural está pagando por la primera derrota política que sufrió la pareja gobernante, cuando el Senado rechazó las retenciones a la soja en 2008.

Represalia y desquite. Esa es una parte de la verdad. La otra consiste en suponer erróneamente que el kirchnerismo recuperará el crédito social no bien haya controlado al periodismo independiente. Si la historia de las sociedades se escribiera de manera tan simple y trivial, jamás hubiera implosionado el bloque soviético ni hubieran caído las dictaduras de otro signo ideológico que asolaron al mundo durante buena parte del siglo pasado. Pero Néstor Kirchner tiene viejos conceptos, al parecer congelados en la refrigerada Santa Cruz.

Vale la pena consignar un ejemplo: el actual senador Alfredo Martínez, radical de Santa Cruz, suele recordar que fue durante muchos años intendente de Río Gallegos cuando Kirchner era gobernador. En los actos oficiales que ambos debían compartir, la televisión local nunca tomaba imágenes del intendente, al que mostraba de espaldas. Las cámaras exponían sólo al entonces gobernador Kirchner, que controlaba con mano férrea los medios de comunicación.

Moreno es el pendenciero ideal para estos menesteres. Un hombre capaz de destruir por orden de su jefe la vieja y prestigiosa agencia oficial de estadísticas y de maltratar a empresarios con un vocabulario de burdel, está en condiciones de llevar hasta el final la ofensiva kirchnerista contra el periodismo. Moreno tiene ideas tan obsoletas y pasadas de moda como las de Kirchner, pero ese detalle importa poco: lo que importa es su vocación para obedecer hasta más allá del deber. Por eso, podría deducirse sin margen de error que quien compareció en Papel Prensa fue Néstor Kirchner en persona y no sólo Moreno.

* * *

Tampoco la Presidenta es inocente. De hecho, Moreno dijo que el empellón a la empresa papelera era una "orden de la presidenta de la Nación", según el valiente testimonio de Carlos Collasso, un representante del Estado en el Consejo de Vigilancia de Papel Prensa, que asistió, evidentemente estupefacto, a la sesión de diatribas del secretario de Comercio Interior. Cristina y Néstor Kirchner no desentonan cuando se trata de estigmatizar a la prensa.

No es casual, del mismo modo, que Moreno haya designado como jefa de todos los representantes estatales en la empresa a Beatriz Paglieri, la misma funcionaria que llevó a cabo la demolición del Indec. Los gritos y los insultos a los actuales directores estatales de la empresa y la conversión de Paglieri en una procónsul de Moreno en Papel Prensa, motivaron, inclusive, la renuncia de los otros directores estatales, Carlos Mauricio Mazzón (hijo de Juan Carlos Mazzón, influyente operador de Kirchner) y Juan Drucker.

Según se desprende del testimonio de Collasso, la estrategia de Moreno no difiere de otras que el kirchnerismo ya puso en marcha, muchas veces exitosamente, para apropiarse de empresas privadas. Consiste primero en movilizar a los gremios que representan a los trabajadores de la empresa en cuestión. Los conflictos laborales llegan entonces hasta el punto de hacer inviable la vida de la empresa. El Gobierno interviene luego la compañía y, por último, la expropia. Moreno puso especial énfasis en conocer a los dirigentes gremiales de la empresa. El operativo de acoso contra los dueños actuales de Papel Prensa ha comenzado, entonces.

El kirchnerismo se escuda siempre en su supuesta lucha contra las cosas que hizo la dictadura de los años 70. Hay mucho de hipocresía en esos argumentos. En efecto, está hablando ahora de que la ley de medios audiovisuales vigente es una ley de la dictadura, olvidando las 140 modificaciones que gobiernos democráticos le hicieron a esa norma y que cambiaron de raíz su concepción original.

Uno de los argumentos actuales contra Papel Prensa es que fue comprada por tres diarios (LA NACION, Clarín y La Razón ) durante la dictadura. Pero, ¿no hubiera sido peor que los militares controlaran hasta el abastecimiento de papel a los medios gráficos? ¿La producción nacional de papel para diarios no fue, acaso, una conquista para la independencia del periodismo, que dejó de depender exclusivamente de las importaciones de papel y de los consiguientes arrebatos de los gobiernos de turno?

La compra de Papel Prensa no fue un trámite fácil. Incluso, varios directivos de los diarios vivieron amenazados durante un largo tiempo. El entonces mandamás de la Armada, Emilio Massera, se oponía a esa compra y deslizó inconfundibles mensajes intimidatorios contra los principales directivos periodísticos. En aquella época, una palabra de Massera podía significar la vida o la muerte de cualquier argentino. Massera tenía un proyecto político que consistía en capturar el poder y eternizarse en él; consideraba indispensable para concretar esa ambición el control de los medios de comunicación, de la cultura y de la educación.

Otro argumento que usa el oficialismo es que Papel Prensa sólo abastece a sus dueños (LA NACION, que controla el 22,49 por ciento de las acciones, y Clarín , que posee el 49 por ciento del paquete accionario) en detrimento de los diarios más pequeños. No es cierto. Papel Prensa les vende papel a gran parte de los diarios del país y, en momento de crisis como la actual, vende mucho menos que lo que produce.

Ahora bien, si el Gobierno está tan preocupado por los diarios del interior ¿por qué no les vende a ellos su participación en el paquete accionario de Papel Prensa, que es un 27,46 por ciento? ¿Por qué en lugar de esa sana decisión prefirió buscar el camino que lo lleva directo a una nueva expropiación y al control por parte del kirchnerismo de la producción nacional de papel para diarios?

Papel Prensa fue pensada para una producción anual de 105 mil toneladas, pero ahora puede producir 150 mil toneladas por año. Ese enorme progreso tecnológico, que requirió inversión, desde ya, estuvo acompañado de estrictas normas para preservar el medio ambiente y cumplir con los necesarios principios ecológicos. Es una empresa que cotiza en Bolsa y está sometida a todos los controles que se requieren para eso.

* * *

No existe ninguna razón (ni política ni económica ni social) que respalde el atropello kirchnerista contra Papel Prensa. Tampoco el kirchnerismo necesita de razones. Las normas, la ley y las instituciones valen ya muy poco. ¿Acaso Moreno no nombró a su espadachín Paglieri a cargo de toda la representación estatal en la empresa sin que la eventual directora haya sido designada por la asamblea de la empresa, que está prevista para fines de este mes?

El primer Perón, en el que Kirchner más se inspira, creó un sistema según el cual el Estado concedía cuotas de papel, entonces totalmente importado, a los diarios. Los diarios amigos recibían más cuotas y los enemigos, menos. En los primeros años de la década del 50, LA NACION llegó a editarse con sólo seis páginas durante la semana y con diez páginas los domingos. Era el resultado de lo poco que le tocaba en ese arbitrario reparto.

¿Quiere Kirchner repetir ahora ese viejo método del autoritarismo? Es probable. Pero tiene un problema: el mundo ha evolucionado mucho más que él y todas las pasadas experiencias de censura le sirvieron al periodismo para saber que el camino de la resistencia carece de atajos.


El personaje
Una intérprete fiel de lo que sus jefes necesitan
Jaime Rosemberg
LA NACION

Jueves 8 de octubre de 2009

Pocos en el Senado conocen el tono de su voz. Tampoco se le recuerda una actuación descollante en su paso por la UCR o en la función pública. María Dora Sánchez, Anahí, tal como la conocen sus amigos y allegados, es ante todo una senadora obediente del gobernador correntino Arturo Colombi.

Una senadora que desde hace más de un año viene oponiéndose a cada iniciativa kirchnerista, pero que por obra y gracia de los vertiginosos cambios políticos que vive su provincia ya tiene decidido aportar el voto que necesita el Gobierno para que el proyecto kirchnerista de radiodifusión sea convertido en ley pasado mañana.

Como casi todos los radicales de su generación, Dora Sánchez se incorporó a la UCR de la mano de Ricardo Colombi, hoy gobernador electo y enemigo jurado de su primo Arturo, jefe político de Sánchez durante los últimos años. Los Colombi nacieron y viven en Mercedes, por lo que el vínculo político con los entonces prometedores líderes radicales se dio de manera natural.

Fue Ricardo Colombi el que la rescató de su tarea de maestra en el Colegio Normal Superior de Mercedes, su ciudad natal, que desempeñó desde 1975 hasta 1989.

Ese año, Sánchez fue designada secretaria del Concejo Deliberante local, y dos años después fue elegida edil de la UCR del municipio que ya encabezaba Ricardo Colombi. El caudillo correntino la designó en el período siguiente directora de Cultura de la municipalidad, cargo en el que se mantuvo por ocho años, hasta 2003.

Fue entonces cuando, según cuentan sus correligionarios, su suerte cambió para mejor. Ricardo Colombi bajó de la lista de candidatos a senadores nacionales a Graciela Rodríguez, hoy diputada provincial, porque quería tenerla cerca durante su gestión de gobierno. Faltaba una mujer para el cupo femenino y Colombi pensó en Sánchez. "Pensamos que era una persona de confianza, aunque no tuviera demasiada iniciativa política", cuenta uno de los dirigentes que la conocen bien.

Así llegó, en diciembre de 2003, a ocupar una banca en el Senado. Su relación con Ricardo Colombi la llevó a querer para sí la vicepresidencia del bloque. Sus pares "la mandaron a pasear", tal como recuerda un veterano senador de la UCR.

Durante los primeros años de su mandato actuó en tándem con el peronista Fabián Ríos, en aquel momento aliado de la UCR de los Colombi. "El trabajo lo hacía Ríos, ella levantaba la mano", sigue recordando una reconocida dirigente correntina.

Cuando los tiempos cambiaron, y Arturo Colombi le arrebató el poder a su primo, Sánchez se fue con él. "Nunca votó con nosotros, eso lo tengo muy claro", afirmó una fuente del peronismo correntino que sabe cada uno de los pasos de Sánchez desde que el vicepresidente Julio Cobos desequilibró con su voto no positivo la discusión por la resolución 125.

El gobernador es hoy un hombre derrotado y débil, que necesita fondos para terminar su mandato. Obediente, Sánchez está dispuesta a levantar la mano para ayudar al Gobierno y a su actual jefe político.


El Gobierno y la prensa / Falta un día para la sesión especial
Sorpresivo giro de una senadora radical: apoya la ley de medios
El oficialismo sumó a la correntina Sánchez, vinculada con el derrotado Arturo Colombi

Jueves 8 de octubre de 2009

Gustavo Ybarra
LA NACION

En un inesperado giro que se explica en la derrota electoral del último fin de semana de su jefe político, el gobernador Arturo Colombi, la senadora radical por Corrientes Dora Sánchez anunció ayer que votará a favor del proyecto de ley de radiodifusión, lo que volcaría de manera definitiva la balanza a favor de los deseos del Poder Ejecutivo de sancionar la norma este fin de semana.

La noticia cayó como un mazazo en todo el arco opositor del Senado y abrió el juego a múltiples sospechas acerca de un acuerdo político con la Casa Rosada que le garantizaría a Colombi tranquilidad financiera hasta el final de su mandato, en diciembre. Arturo Colombi viene de caer el domingo en el ballottage a manos de su primo Ricardo.

Además de los financieros, el gobernador tiene problemas judiciales. Uno de sus secretarios privados está involucrado en una causa por enriquecimiento ilícito. Además, dos días antes de la segunda vuelta electoral, apareció muerto en un campo de Goya un empresario que administraba toda la pauta publicitaria oficial de la administración de Colombi y que se encontraba en la mira de la Justicia. Si bien al principio se habló de un suicidio, en los últimos días crecieron las sospechas de que fue un asesinato.

El sorpresivo cambio de opinión de Sánchez se suma así a las versiones nunca desmentidas acerca de que durante toda la semana pasada varios legisladores kirchneristas que habían manifestado quejas contra el proyecto se entrevistaron con Cristina Kirchner y con su esposo, tras lo cual revisaron su postura y se alinearon con la Casa Rosada.

Al respecto, voceros de la oposición y del oficialismo coincidieron en señalar a La Nacion que Colombi se reunió anteanoche con el ex presidente Néstor Kirchner en la residencia de Olivos, y que allí se habría decidido el voto de la senadora. Otras fuentes niegan la reunión, pero confirman que existieron gestiones directas entre el gobernador y el kirchnerismo.

La legisladora adelantó su voto anteanoche en declaraciones a la agencia oficial Télam. "Mis asesores estuvieron trabajando con la ley (sic); seguramente la voy a aprobar en general y en particular porque necesitamos un cambio con la ley de medios", afirmó. Las declaraciones fueron ratificadas en su despacho cuando La Nacion quiso contactarla.

A favor de la teoría de un acuerdo político aportaron fuentes de la presidencia del Senado, que confiaron que Sánchez se apersonó en la mañana de ayer en el despacho de Julio Cobos para adelantarle su decisión de votar a favor del proyecto. Según esas fuentes, cuando el vicepresidente le preguntó si se trataba de una determinación fundada en las bondades del proyecto, la senadora se explayó en motivos políticos, relacionadas con las necesidades financieras de llegar hasta el final de su mandato del gobernador correntino.

El giro copernicano de Sánchez también encuentra explicación en la interna radical. Arturo Colombi jugó las elecciones de Corrientes apoyado por Cobos y en contra del comité nacional, que preside el senador jujeño Gerardo Morales y que respaldó a Ricardo Colombi. Sin embargo, el vicepresidente le soltó la mano para el ballottage, tras haber perdido la primera vuelta. Esta actitud de Cobos habría aportado para arrojar al mandatario a los brazos de la Casa Rosada tras la derrota del domingo.

Ayer se conoció también que Carlos Zalazar (Fuerza Republicana-Tucumán) votará el proyecto a favor en general. Además, fuentes de la oposición afirmaron que el Poder Ejecutivo realiza gestiones con el gobernador de Río Negro, el radical Miguel Saiz, para que el senador Pablo Verani cambie su voto.

Con el salto de Sánchez, el kirchnerismo tendría garantizado un piso de 37 votos en el artículo 161, cuya legalidad fue objetada por entender que vulnera derechos adquiridos, ya que obliga a las empresas a desprenderse de medios en el plazo de un año.


Temas de la Justicia
Una persecución contra todos los medios
Por Adrián Ventura


Jueves 8 de octubre de 2009

Si alguien guardaba todavía alguna duda acerca de que la ley de medios que impulsa el gobierno nacional tiene el nada loable objetivo de controlar el flujo de la información, el propio oficialismo se ocupó de suministrar la prueba más categórica de sus intenciones: ahora también pretende controlar a los diarios, maniatando así a todos los canales de información independientes.

El Poder Ejecutivo no se conforma con haber impulsado la ley de medios, que establece cláusulas inconstitucionales con el sólo objetivo de desarticular a todos los grupos empresarios, desde el Grupo Clarín hasta sus más antagónicos competidores. Esa maniobra tiene un objetivo económico, obligar a los grupos a malvender sus empresas, pero también intenta sojuzgar las voces críticas.

Ahora, esto resulta evidente con la nueva maniobra contra los diarios, una de las acciones más concretas para controlar a la prensa escrita: acotar el acceso al papel. Estamos a punto de retroceder casi 60 años, volviendo a sufrir prácticas autoritarias que se creían desterradas en el siglo XXI.

No deja de haber una notable hipocresía en una maniobra ejecutada a dos puntas: la reunión en la que Moreno anunció ante otros funcionarios estatales que tenía un plan de apriete contra Papel Prensa ocurrió el 14 de septiembre, el mismo día que la presidenta Cristina Kirchner, en una conferencia de prensa, anunciaba ante las cámaras de televisión que el Gobierno había decidido prohibir el desembarco de las telefónicas en el mercado de medios.

El anuncio oficial sobre las telefónicas buscaba aventar los temores que habían mostrado varios diputados, ante el inminente desembarco de esas empresas. Pero, a pocos metros del despacho presidencial, Moreno urdía otra maniobra tan grave como aquella.

* * *

Llama la atención que estas batallas del Gobierno contra los medios y sus respuestas no hayan recibido por parte de muchos políticos y ciudadanos la atención que merecen las grandes causas, donde lo que está en juego no es sólo el interés de unos pocos, sino la libertad de todos. La ausencia de algunas voces políticas, por lo menos, debilitó el debate y adelgazó a la democracia.

A esta altura, hay que preguntarse si el gobierno kirchnerista, ante la anemia de la oposición, no está desplegando un ataque sistemático contra los medios similar al que denunciaron haber sufrido en Venezuela el canal RCTV y la cadena Globovisión.

Desde el punto de vista jurídico, la Convención Interamericana de Derechos Humanos califica a este tipo de hechos como restricciones indirectas, virtualmente equiparables a la censura, por sus similares efectos. Pero, si se mira todos los hechos en contexto y en conjunto, podría hablarse de una persecución.

Papel Prensa es una empresa de la que son accionistas el Estado y dos diarios, pero que provee de papel a la mayoría de periódicos del país que quieren ser sus clientes. Además, sus documentos y balances fueron aprobados por el Estado y están depositados en la Comisión Nacional de Valores. En la Argentina, la seguridad jurídica naufragó en un abismo autoritario.

aventura@lanacion.com.ar

La Nación


Libertad de prensa / Grave denuncia ante la Justicia
El Gobierno avanza ahora para controlar a los diarios
Guillermo Moreno amedrentó a los directores por el Estado en Papel Prensa y amenazó con intervenir la empresa, que abastece a gran parte de los medios gráficos del país; renunciaron dos de los intimidados

Jueves 8 de octubre de 2009

Adrián Ventura
LA NACION

En un intento de controlar a los diarios y avanzar sobre la libertad de prensa, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, afirmó que "el Gobierno quiere intervenir Papel Prensa", la fábrica que elabora papel para la mayoría de los diarios del país, y que "buscará el modo de depreciar su valor para comprarla o expropiarla", según declaró un testigo de sus afirmaciones.

Moreno tampoco descartó, en su estrategia, "dictar un decreto de necesidad y urgencia" ni utilizar a los "gremios más agresivos". Y para evitar que trascendiera lo que estaba diciendo, habría advertido a quienes lo escuchaban: "Mis muchachos son expertos en partirle la columna y hacerle saltar los ojos al que hable".

El 30 de septiembre, el licenciado Carlos Collasso, uno de los dos consejeros que representan al Estado en la empresa, declaró formalmente ante un escribano público de esta ciudad lo que, entre sorprendido y atemorizado, le había escuchado a Moreno en aquella reunión, realizada el 14 de ese mes en el despacho del controvertido secretario de Comercio. Del encuentro habían participado también otras personas. Días más tarde, Collasso reiteró su denuncia ante un juez federal.
Papel Prensa es una empresa que cotiza en Bolsa, de la que son accionistas el Estado nacional (27,46%) y el Grupo Clarín (49%) y LA NACION (22,49%), y de sus ocho directores, tres son representantes del Estado y uno es independiente. La firma abastece de papel a 170 periódicos de todas las expresiones ideológicas y su actual presidente es Julio C. Saguier, presidente de S.A. LA NACION.

De los ocho directores de la empresa, tres son del Estado y uno es independiente. Collasso, tal como lo obliga la ley, puso el tema en conocimiento del Consejo de Vigilancia y ayer, Jorge Rendo, vicepresidente de Papel Prensa y director corporativo de Relaciones Externas del Grupo Clarín, denunció el hecho ante la Justicia.

La denuncia está radicada ante el juzgado federal a cargo del juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid. Ayer mismo, Rendo ratificó la denuncia y Collasso declaró como testigo, confirmando todos sus afirmaciones.
La reunión con Collasso

El 14 de septiembre pasado, Collasso, como representante del Estado en el Consejo de Vigilancia de Papel Prensa, junto con Carlos María Mazzón, uno de los directores del Estado en la empresa, concurrió a una reunión convocada por Guillermo Moreno.

Según los dichos de Collasso, el temor que le infundió Moreno lo llevó a dejar constancia de lo que allí ocurrió ante un escribano. Otros dos directores del Estado, el referido Mazzón y Juan Drucker, ya renunciaron a sus cargos.

El siguiente es el relato que hizo Collasso ante un escribano y que, ayer mismo confirmó ante la Justicia.

En el despacho de Moreno, dijo, los aguardaban Beatriz Paglieri -ex interventora en el área de Precios del Indec y futura directora oficial en Papel Prensa, aunque sólo asumirá en el cargo el 27 de octubre- y el subsecretario de Servicios Financieros de la Nación, Juan Manuel Prada.

También estaban en el lugar dos síndicos de la empresa y un gerente de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), además de otras tres personas.

Moreno los esperaba con un organigrama completo del Grupo Clarín, al que acusó de pretender el dominio sobre la opinión pública. Pero, más allá de ese comentario, lanzó un ataque que pareció dirigido contra Papel Prensa, la empresa que fabrica papel para diarios repartidos por todo el país, que pertenecen a distintos grupos económicos o son emprendimientos familiares.

Moreno, encolerizado -según el relato de Collasso- les ordenó a los representantes del Estado que, en la próxima reunión en la empresa, dejasen constancia de la disconformidad del Estado con todo lo realizado por la empresa.

Collasso explicó que eso no era posible, porque anualmente, el Estado y los accionistas aprueban todas las gestiones de directores y gerentes y los balances en asambleas anuales y todo eso es comunicado a la Bolsa de Comercio.

Mazzón también intentó dar algunas explicaciones, pero sólo consiguió enojar aún más a Moreno. Con el paso de los minutos, el funcionario se mostraba cada vez más agresivo, según el relato.

Entonces, Moreno comenzó a dar instrucciones y proferir graves amenazas. Afirmó que Paglieri era la autoridad real en Papel Prensa, al mando de todos los funcionarios estatales, y afirmó que su objetivo era que el Estado tuviera un rol activo en la empresa Papel Prensa, a los efectos de lograr un control efectivo sobre la disponibilidad de papel de diario.

Incluso, según el relato, se podría valer de los sindicatos más agresivos, para que hagan manifestaciones e intervengan la sociedad con huelgas. Tampoco descartó dictar un decreto de necesidad y urgencia.

Ante un intento de Mazzón de explicarle a Moreno que Papel Prensa compite en el mercado con papel importado que llega a bajo precio y que el informe que poseía Moreno relataba una situación de años anteriores, que cambiaron por las circunstancias actuales del mercado, el funcionario kirchnerista se mostró aún más molesto.

Según Collasso, manifestó que habría que encontrar algún modo de hacer bajar el precio de la empresa, para que el Estado la compre y, si no, la expropie.

Además, Moreno afirmó que todo lo que allí se había hablado debía ser reservado y que sus "muchachos" son expertos en "partirle la columna y hacerle saltar los ojos a quien hable", según declaró el testigo.
La denuncia

Rendo, cuando tomó conocimiento de la manifestación que hizo Collasso ante escribano público, en su calidad de director corporativo del Grupo Clarín, promovió una querella ante la Justicia y denunció los delitos de "agiotaje" -por la intención de Moreno de bajar el valor de Papel Prensa para perjudicar al Grupo Clarín- coacciones y abuso de autoridad.

Rendo, en su denuncia, también acusó al Gobierno de intentar coartar la libertad de prensa.

Según el escrito, en el que el ejecutivo de Clarín pide ser tenido como parte querellante, "el Estado nacional estaría poniendo en marcha su aparato coactivo para intimidar, presionar y perjudicar al Grupo Clarín y se estaría en presencia de un nuevo operativo orquestado por ciertos funcionarios del Gobierno, aparentemente bajo directivas de la Señora Presidenta de la Nación, destinado a coaccionar a Clarín, todo ello valiéndose de recursos del Estado".

La Nación


La Argentina, cada vez más cerca de la Venezuela de Chávez
Por Fernando Laborda
Especial para lanacion.com

Martes 6 de octubre de 2009

No pocos televidentes que anteayer disfrutaban del partido entre Boca y Vélez por Canal 7 se vieron sorprendidos por la súbita interrupción de la televisación del encuentro deportivo para dar lugar, por unos instantes, a la llegada de Cristina y Néstor Kirchner al velatorio de Mercedes Sosa en el Congreso de la Nación.

Salvando las distancias, y en momentos en que se debate en el Senado una ley de medios audiovisuales que propicia una peligrosa interferencia estatal en la regulación de los contenidos que difundan la radio y la televisión, aquellas imágenes pueden enlazarse con las habituales apariciones del presidente venezolano, Hugo Chávez, que interrumpen las programaciones de canales de TV y estaciones radiales.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) ha elaborado una normativa para obligar a toda señal de televisión por cable que contenga un 70 por ciento de producción audiovisual nacional a transmitir las cadenas presidenciales.

Lo pintoresco del caso venezolano es que, desde hace bastante tiempo, hay un permanente abuso de esa cadena. A tal punto que no sólo se transmiten en directo los discursos del presidente, sino también cualquier acto que contribuya a reforzar los valores del régimen político chavista.

Una semana atrás, de visita en la ciudad venezolana de Valencia, donde participé de las Primeras Jornadas Internacionales de Comunicación Social que, bajo el título "La democracia, los medios de comunicación y la globalización", organizó la Cátedra Edward Murrow de la Universidad Arturo Michelena, asistí a un hecho curioso.

Estaba viajando en un automóvil, una radio de FM transmitía una programación musical que, súbitamente, fue interrumpida por la cadena nacional de radiodifusión. Esperaba encontrarme con uno de los tantos mensajes de Chávez al país. Pero no fue así: en su lugar, se transmitió un tributo de un coro de niños de la Isla Margarita al líder libio, Muammar Khadafi, quien visitaba Venezuela. Sus canciones exaltaban los valores de la revolución socialista y la lucha por la liberación contra el imperialismo.

El gobierno chavista ha sido severamente cuestionado por pretender imponer una norma sobre delitos mediáticos, que castiga con duras multas y hasta con prisión a quienes brinden informaciones falsas o alteren la paz social o la seguridad nacional a través de mensajes emitidos desde los medios de comunicación. Una de las consecuencias más llamativas de esa normativa es que los comunicadores sociales tienen prohibido difundir la cotización del dólar paralelo, que en Venezuela cuesta tres veces más que el oficial, al cual sólo se accede con enormes restricciones.

Otra crítica que se le ha formulado al gobierno venezolano es el retiro de licencias de transmisión a 34 radioemisoras, sin respetar el derecho de defensa de sus concesionarios ni el debido proceso, algo que podría extenderse a otras 200. Según voceros gubernamentales, las frecuencias que quedarán libres serán reasignadas atendiendo "las muchas solicitudes de radios comunitarias".

Las semejanzas con lo que podría ocurrir en la Argentina si prospera el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, tal como fue aprobado por la Cámara de Diputados, son ostensibles. A favor de Chávez, podría decirse que el escándalo que provocó la salida del aire de Radio Caracas Televisión (RCTV) podría ser más leve que el que generaría la venta forzada de algunas licencias de radio y televisión de nuestro país para adecuarse a la proyectada normativa. Es que, al menos, Chávez esperó a que expirara el plazo de la licencia de RCTV para operar como señal abierta antes de decidir su no renovación. En la Argentina, de aprobarse sin modificaciones el proyecto de ley que debate el Senado, concesionarios de licencias por diez años se verán obligados a dejarlas en un plazo perentorio de un año, lo cual constituirá un golpe a la seguridad jurídica y al derecho de propiedad, además de un ataque a la libertad de expresión.

La Nacion


Las claves políticas de la semana
A las puertas de un triunfo inimaginable de Kirchner
Por Jorge Rosales
Especial para lanacion.com

Lunes 5 de octubre de 2009

Esta semana el Gobierno puede conseguir un triunfo político que tres meses atrás era inimaginable. Si aprueban la ley de medios, el Gobierno le deberá un favor enorme a Julio Grondona, el zar de la AFA. Fue el rompimiento del contrato de la transmisión del fútbol lo que abrió la brecha por donde forzar la sanción de la nueva ley de radiodifusión.

Uno a uno, el oficialismo cuenta los días para llegar al viernes. Ese día, el Senado aprobará la ley de medios audiovisuales. Lo hará sin cambiar una coma al proyecto votado en la Cámara de Diputados, si consigue, como se prevé, mantener el bloque legislativo sin resquebrajamientos. Hubo un intento de rebelión, la del senador Jenefes, que fue abortado.

Sería una sorpresa que la oposición pudiera romper la barrera kirchnerista para introducir algún cambio en la votación en particular de la ley. Algo que los diputados opositores podrían haber logrado, quizá, si se hubieran quedado en el recinto cuando se votó la ley, en la madrugada del jueves 17 de septiembre. Pero eso es parte del pasado y la única alternativa que les queda a los senadores opositores que resisten la iniciativa oficialista es dar el debate y tratar de introducir algún cambio cuando se vote artículo por artículo.

Ese paso, en caso de darse, obligaría a un nuevo tratamiento en la Cámara de Diputados. Pero será estirar la agonía, dicen algunos diputados que creen que la ley ya está en el bolsillo de Néstor Kirchner. El ex presidente ha demostrado, herido y vapuleado como quedó tras las elecciones del 28 de junio pasado, que dará pelea hasta el final. Pero desnudó las carencias de la oposición, huérfana de reflejos e incapaz de hacer otra cosa que correr detrás de la iniciativa política del líder del oficialismo.

Pero no todo se presenta sencillo para los planes kirchneristas. Comienzan a aparecer fisuras en uno de los frentes hasta ahora impensados para el Gobierno. El clima de agitación que se ha disparado con el conflicto de la planta de Terrabusi puede hacer los días insoportables para el Gobierno, acostumbrado a tener el control de la calle, si no pueden frenar el descontento y el avance de los piquetes.

La Nacion


Una nueva derrota de la política
Joaquín Morales Solá

Domingo 4 de octubre de 2009

La política ha fracasado otra vez. Esa derrota se explica fácilmente si se entiende la política como un ejercicio de arbitraje constante entre intereses a veces contrapuestos y como el reaseguro último de un sistema institucional. El Congreso se apresta a aprobar un proyecto de ley de medios audiovisuales elaborado contra un sector determinado del periodismo, que delegará en el mandamás del Gobierno muchas facultades sobre la libertad de expresión. Leyes de esa naturaleza y de esa importancia llevaron varios años de análisis en los países más avanzados del mundo; aquí, la necesidad y el oportunismo del oficialismo aceleraron el trámite con una velocidad de vértigo.

Esa fanática celeridad le restó al proyecto cualquier maquillaje de seriedad. Son tantos los derechos y garantías olvidados en el camino que los jueces deberán actuar donde fracasó la política. Voces importantes de la Justicia han adelantado que la conversión de ese proyecto en ley, tal como está, caminará sin remedio hacia una declaratoria de inconstitucionalidad. Pero la última instancia de la Justicia está al final de un largo recorrido. A la futura ley de medios audiovisuales le aguarda el fárrago lento y arduo de una compleja gestión judicial. Será, al mismo tiempo, una ley fugaz; un próximo gobierno la cambiará o hará una nueva.

No se preocupen. No es contra ustedes . Esta es la respuesta que innumerables afectados por la ley (que no pertenecen al Grupo Clarín, el destinatario final de la ofensiva) recibieron de parte del interventor del Comfer, Gabriel Mariotto. Es decir, quedó claro para sus interlocutores que la eventual ley fue pensada contra un sector en particular. Es notable que una mayoría importante de los diputados haya aceptado esa lógica de desquite y represalia, y que otra mayoría en el Senado se prepare para hacer lo mismo. Funcionarios y legisladores metieron también en el debate el condimento indispensable de la descalificación al periodismo. Se discutió más sobre los medios que sobre el Gobierno que manoseaba los medios.

¿Por qué los Kirchner desafían con suerte la ley de la gravedad? Han perdido hace poco una elección crucial y ahora están en el subsuelo de la aceptación popular. Kirchner se da el lujo de deslizar su candidatura presidencial para 2011 y, lo que es más sorprendente aún, hay dirigentes peronistas que le creen. Con el 80 por ciento de imagen negativa, según la última medición de Poliarquía, el destino que lo acecha es su casa y no el poder. Nadie habla de la candidatura a la reelección de Cristina Kirchner, porque nadie la cree viable, y la mayor crítica que recibe la Presidenta es que le delegó el gobierno a su marido, con menos crédito social que ella. ¿Por qué el marido ganaría, entonces, una elección presidencial en semejantes condiciones de impopularidad?

Sin embargo, la ley de la gravedad ha sido derogada por los Kirchner. Van ganando batallas con los pocos recursos institucionales que les quedan. El interrogante de por qué triunfan cuando deberían perder tiene una respuesta: está en el control de los dineros del Estado. El envío de los recursos de la coparticipación a las provincias se redujo en un tercio en el último año, según un análisis del economista Javier González Fraga. Sólo dos tercios son girados normalmente. El tercio restante se negocia en Olivos. La mayoría de las provincias necesitan de esos recursos para el trámite básico de pagar puntualmente los salarios al personal estatal.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que tomó distancia definitiva del kirchnerismo y fue públicamente crítico del proyecto de ley audiovisual, sufrió en el acto una venganza financiera: le cortaron todos los recursos nacionales para obras públicas de Vialidad Nacional que se realizan en su provincia. Los contratistas locales no cobran y debieron despedir a empleados, que a su vez acosan al gobernador con cortes de rutas. Urtubey no es el gobernador que está en peores condiciones: su provincia puede pagar los sueldos estatales con recursos propios. Muchas otras no pueden hacer eso. Necesitan del oxígeno que provee Olivos.

Definitivamente, el senador Guillermo Jenefes es un peronista cabal; la disciplina prevaleció sobre las ideas. Durante una muy dura reunión con el matrimonio presidencial en Olivos, en la noche del miércoles último, con varios senadores peronistas más, Jenefes aceptó la rendición y habilitó con su firma el tratamiento del proyecto en el recinto del Senado. Antes había dicho que no firmaría si no se le introducían al proyecto cambios sustanciales para proteger los derechos adquiridos.

Firmó sin condiciones. Seguramente su provincia, Jujuy, fue amenazada con la advertencia de que no recibiría recursos nacionales en adelante. Los principios se dirimen en esos términos en la era de los Kirchner. Jenefes había puesto especial énfasis en las garantías para los inversores. Al revés, el proyecto del Gobierno carece de una fórmula económica para los medios de comunicación; es un proyecto casi fisiócrata, porque confía sólo en la naturaleza para crear riqueza. O, lo que es peor, delega esa responsabilidad en un Estado parcial.

Las consecuencias pueden ser devastadoras; la norteamericana Direct TV no sabe si se quedará en el país. Estará obligada a poner en su grilla a todos los canales estatales y paraestatales de las provincias y regiones donde ofrezca sus servicios. Esa empresa no es generadora de contenidos, sino una simple transportadora de entretenimientos, sobre todo, pero su satélite no tiene espacio para todos los desvaríos argentinos.

La ley deberá aprobarse en la semana que se inicia porque la Presidenta viajará el sábado a la India y no quiere estar ausente del país en el momento de la votación. Ya era emblemático de una manera de gobernar que el matrimonio haya ordenado que el proyecto fuera sancionado antes del 10 de diciembre, cuando cambiará la composición del Congreso. Pero más alegórico de ese poder sin medidas es que una ley tan sensible sea aprobada conformando la agenda de viajes de la Presidenta.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, levantó su primera reunión con la flamante embajadora norteamericana, Vilma Socorro Martínez, pretextando que Cristina lo había convocado desde Olivos. No dijo la verdad, pero semejante argumento dio pie a dramáticas interpretaciones. ¿Era sólo un pretexto para esconder una decisión política o los ministros se mueven como en una corte imperial del siglo XVIII? ¿No podía la Presidenta postergar su reunión con Fernández hasta que éste cumpliera con sus compromisos?

La embajadora Martínez no fue funcionaria ni diplomática de Washington y nunca vivió fuera de los Estados Unidos. Su buena intención para reencauzar la relación entre los dos países es auténtica, aunque tropezó aquí con una historia. Los Kirchner persiguieron a ex embajadores europeos (el francés Francis Lot y el español Carmelo Angulo, por ejemplo) y limitaron seriamente la gestión y los contactos del ex embajador norteamericano Earl Anthony Wayne. Aquellos actuales y falsos pretextos se inscribieron en esos anales del kirchnerismo.

En rigor, Aníbal Fernández le propuso a la embajadora que la reunión se realizara cuando bajara la tensión social por el conflicto en Kraft, inexplicablemente largo. Así se hizo. Esa verdad ocultada hubiera sido más creíble que los supuestos arrebatos intrusivos de Cristina Kirchner. Fernández suele ser el interlocutor de los embajadores norteamericano sobre cuestiones de narcotráfico y terrorismo.

El pretexto del ministro exhibió las condiciones del microclima que viven en el poder. Una orden de los Kirchner puede paralizar el Gobierno. La novedad de las últimas horas fue que esas órdenes también pueden inmovilizar y desarmar a la impotente política

La Nacion


Discusión en el Senado / Expectativa por la sesión especial
Medios: el Gobierno está a un paso de conseguir la ley
Cuenta con 37 senadores dispuestos a votarla sin modificaciones

Domingo 4 de octubre de 2009

Gustavo Ybarra
LA NACION

Lo dijo el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto (Río Negro), y todo parece indicar que tiene razón. El kirchnerismo tendría asegurados los votos necesarios para convertir en ley el proyecto de radiodifusión el viernes próximo, cuando el Senado tiene previsto discutir la iniciativa en sesión especial.

Según un sondeo realizado por LA NACION, la Casa Rosada contaría con un piso de 37 votos seguros, aunque podrían ser más, que le permitirán alcanzar el quórum reglamentario para habilitar el tratamiento en el recinto de la iniciativa, que serán fundamentales para aprobar los artículos más controvertidos.

En este escenario, el menos optimista para el kirchnerismo, serían clave los votos que aportaran los senadores por Tierra del Fuego María Rosa Díaz y José Martínez, ex representantes de ARI que, tras romper con el partido creado por Elisa Carrió, se han alineado con la Casa Rosada de manera proporcional a las ayudas financieras que el Gobierno ha destinado a la gobernadora de esa provincia, Fabiana Ríos (ARI).

Esas 37 voluntades alineadas con los deseos del Poder Ejecutivo constituyen un número más que suficiente para pasar con holgura el debate en particular de la iniciativa, sobre todo si se toma en cuenta que para el día de la sesión se espera un máximo de 70 senadores presentes (dos no asistirán por enfermedad).

Hasta el momento, la única inquietud en la conducción del bloque oficialista está centrada en el resultado de la votación del artículo 161, que obliga a las empresas de radio y de televisión abierta y por cable a desprenderse de sus activos dentro de un año, para adecuarse al límite de licencias que impone el proyecto.

El "corazón"

Conocida como cláusula de desinversión, esa disposición ha sido objetada por las cámaras empresariales, constitucionalistas, la oposición e incluso por legisladores oficialistas por considerar que viola los derechos adquiridos de los poseedores de licencias otorgadas a la luz de la ley de radiodifusión vigente (22.285).

Este artículo fue considerado el "corazón" de la ley, por el matrimonio Kirchner, que tomó la eliminación de cualquier tipo de resistencia interna a esa cláusula como una cruzada para la Casa Rosada.

Esa tarea se tradujo en recurrentes viajes de senadores oficialistas durante la semana pasada a Olivos para escuchar ofertas de nombramientos de dirigentes afines y de futuros cargos para quienes finalicen su mandato el 10 de diciembre, a cambio de apoyar la iniciativa sin cambios.

Esa estrategia parece haber dado sus frutos. A menos de una semana de una de las sesiones más importantes del año para el Poder Ejecutivo, sólo quedan dos voces disidentes al artículo 161: el jujeño Guillermo Jenefes y la chubutense Silvia Giusti. Sostienen que el proyecto, como fue aprobado por la Cámara baja el 17 de septiembre, no garantiza derechos adquiridos y pone en riesgo la seguridad jurídica de las empresas periodísticas y de las futuras inversiones en medios de comunicación en el país.

Una posible tercera voz disonante sería la del catamarqueño Ramón Saadi. Pero sus dardos no apuntarían a la cláusula de desinversión, sino a la autoridad de aplicación.

Sin embargo, Jenefes demostró que no será un obstáculo para la Casa Rosada. Se lo dijo a LA NACION en su edición de anteayer, cuando prefirió no responder cuál sería su decisión ante la eventualidad de que su voto pudiera derribar el artículo 161. Algo similar ocurriría con Giusti.

Esta situación es bien conocida por la oposición que, a diferencia de lo que ocurrió en Diputados, confirmó que dará el debate en el recinto del hasta la votación del último artículo del proyecto. Su máxima aspiración en estos momentos parece centrarse en presentar un dictamen en minoría que pretenden usar como base de una eventual futura ley que reemplace a la norma kirchnerista después del 10 de diciembre, cuando el oficialismo pierda la mayoría en ambas cámaras.
Semana decisiva

    * Quórum reglamentario. El kirchnerismo tendría asegurado 37 votos para poder habilitar el tratamiento del proyecto oficial en la sesión del próximo viernes.

    * Sin modificaciones. La instrucción de la Casa Rosada es que el Senado vote la iniciativa del mismo modo que lo hizo la Cámara baja, sin introducir los cambios que reclama la oposición.

    * Artículos intocables. El matrimonio Kirchner instruyó a sus legisladores para que no se modifiquen ni la autoridad de aplicación ni el plazo de un año para desprenderse de licencias.

    * Pocas voces disidentes. Luego que el senador Jenefes dijera que no será un obstáculo para los Kirchner; sólo se duda de la postura de Silvia Giusti y de Ramón Saadi.


La Nacion


La ley de medios ya tiene dictamen del Senado y se debate el viernes próximo
El oficialismo obtuvo las firmas necesarias para habilitar la discusión en el recinto; "Tenemos los votos para aprobar la sanción que vino de Diputados", dijo Pichetto; el apoyo en disidencia de Jenefes fue clave; rechazo opositor

Viernes 2 de octubre de 2009

En tiempo récord, la Casa Rosada dio un paso más en el camino hacia la sanción de la nueva ley de medios. El oficialismo en el Senado dio dictamen a la iniciativa oficial y se prepara para debatirla en el recinto la semana próxima.

En la última audiencia ante las comisiones que analizaron la iniciativa en la Cámara alta, el kirchnerismo obtuvo las firmas necesarias para habilitar la discusión en el recinto.

Julio Cobos accedió al pedido de sesión especial que hizo el oficialismo y convocó a una sesión para el viernes próximo a las 11.

Visiblemente distendido, el jefe del bloque kirchnerista, el rionegrino Miguel Pichetto, se mostró confiado en convertir el proyecto en ley sin hacer cambios, tal como pretende el Gobierno, sin mayores dificultades.

"Tenemos el número [de votos] para para sancionar la ley y esperamos poder votar la media sanción que viene de Diputados, que es una muy buena ley", aseguró.

La firma del dictamen se concretó en medio de duras críticas de la oposición, que denuncia presiones del Gobierno a los legisladores del oficialismo que hasta la semana pasada se resistían a apoyar el proyecto si no se le podían introducir cambios.

Es el caso del senador Guillermo Jenefes (Jujuy), presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, que ayer, tras haber sostenido durante días su rechazo a apoyar la iniciativa si no se le hacían cambios, anunció que firmaría en disidencia parcial el dictamen de la mayoría oficialista.

El apoyo de Jenefes fue clave ya que el senador integra tres de las cuatro comisiones que analizaron el proyecto. "La de Jenefes fue una posición correcta. Demostró tener una actitud comprometida. Ya manifestó con claridad sus diferencias, las va a discutir en el recinto y ya anticipó que hay artículos que votará en contra", lo elogió Pichetto.

De hecho, la de Jenefes fue la octava, y definitoria firma, en los despachos de las comisiones de Sistemas de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. En la cuarta, Industria y Comercio, el dictamen del kirchnerismo fue apoyado por nueve senadores.Con el dictamen firmado, y pese a las duras críticas de la oposición, que ayer reaccionó con furia al apuro oficialista, el kirchnerismo sigue cumpliendo al pie de la letra el cronograma que ideó el Gobierno y que prevé tener sancionada la ley antes de que Cristina Kirchner viaje a la India el sábado próximo.

"Esquema de presión". Antes del inicio de la última audiencia en la Cámara alta, el senador radical Gerardo Morales apuntó sin dudar contra Néstor Kirchner, a quien acusó de haber intervenido activamente en la tarea de "convencer" a los legisladores cuyo apoyo a la inciativa oficial estaba hasta hace unos días en duda.

"Acá el Gobierno ha puesto en marcha el esquema de presión al que nos tiene acostumbrados. En el caso de Jenefes a mí me consta que Kirchner ha generado presiones directamente sobre el gobierno de la provincia de Jujuy", aseguró Morales en declaraciones a radio Continental.

Y ahondó: "El esquema de presión del Gobierno esta a la orden del día, a todas las provincias las tienen sometidas, hay por lo menos 14 provincias que no pueden pagar los sueldos".

Respecto de su par jujeño, recordó: "Jenefes nos había informado a todos que no firmaba el dictamen si no había cambios y luego giró su posición y pasó a poner la firma en el dictamen conjunto".

En este punto, el senador cuestionó la reticencia de la Casa Rosada a aceptar cambios en el proyecto que la Cámara de Diputados aprobó hace poco más de dos semanas.

"Esta actitud de no querer mover una coma del proyecto desnuda la verdadera intención del oficialismo: acá Néstor Kirchner quiere controlar los medios de comunicación", lanzó.

Apoyo asegurado. En los últimos días, el jefe del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto, logró ampliar el piso de apoyos al proyecto, que a fines de la semana pasada había estado amenazado por la disidencia de seis senadores que amenazaban con votar en contra.

La situación en el Senado había comenzado a definirse en los últimos cuatro días. Mientras los senadores participaban de las audiencias públicas y escuchaban las ponencias de casi medio centenar de especialistas y entidades empresariales durante más de siete horas por día, la Casa Rosada realizó una sistemática tarea de cooptación de voluntades, con viajes de los legisladores oficialistas que habían manifestado alguna crítica al proyecto a la quinta presidencial de Olivos para escuchar promesas a cambio de sus votos. Lo que en el bloque oficialista denominan "hacer política".

La Casa Rosada ya tendría asegurado un piso de 38 votos para los artículos más conflictivos, sobre los que Cristina y Néstor Kirchner impusieron la estricta orden de no ceder: la conformación de la autoridad de aplicación y la cláusula de desinversión, que obliga a las empresas de radio y de TV por aire y cable a desprenderse en el plazo de un año de las empresas que excedan el límite de licencias que impone la iniciativa.

La Nacion


El inesperado obsequio de los Kirchner
Carlos Pagni
LA NACION

Lunes 28 de setiembre de 2009


Desde que el proyecto de ley de servicios audiovisuales logró la media sanción en la Cámara de Diputados, la acción del Grupo Clarín en la Bolsa de Buenos Aires no ha dejado de subir. El jueves 17, cuando esa cámara le dio su voto a la iniciativa, costaba $ 6,70. El viernes pasado cerró a $ 7. Para comprender el optimismo del mercado sobre la suerte de Clarín hay que separar las deformaciones políticas de la reforma, de su significado para el negocio de los medios electrónicos.

La iniciativa del Gobierno contiene algunas amenazas importantes para la salud de la democracia y del régimen empresarial de los medios de comunicación. Sin embargo, tal como llegó al Senado, contiene un inesperado regalo de los Kirchner y sus aliados a las empresas de TV por cable. Ese sector consiguió, casi sin esfuerzo, que el Estado lo siguiera protegiendo de la competencia de las telefónicas. Es el dato que motiva a comprar acciones de Clarín en la Bolsa.

El grupo que comanda Héctor Magnetto no es el único beneficiado. Otros operadores, como Daniel Vila y José Luis Manzano (Supercanal), o Alberto Pierri (Telecentro), también festejan la supresión del capítulo que regulaba la irrupción de las compañías de telefonía en su negocio.

El análisis del caso Clarín es el más revelador por tratarse del único medio abierto al mercado de capitales. Para este holding, los servicios de TV cable e Internet representan el 70% de la ebitda (resultados de una empresa antes de deducir pago de intereses, amortizaciones e impuestos). El diario y las publicaciones son el 14%. La elaboración de contenidos, TV abierta y radios, el 12%. Por lo tanto, al sustraer de la competencia de Telefónica y Telecom a Cablevisión y Multicanal -sus dos empresas de cable-, Clarín salvó el 70% de su negocio.

Para ponderar esta conquista vale la pena leer el prospecto que el grupo presentó ante la Comisión Nacional de Valores antes de salir a la Bolsa, en 2007. En las páginas 84 y 85, exhibe como una de sus principales fortalezas que la ley de radiodifusión prohíbe ser licenciatarias a las empresas de telefonía básica. Agrega que, a pedido de la industria del cable, la justicia federal emitió una declaración de certeza sobre esa prohibición.
Triple play

Sin embargo, al final del párrafo, aclara que, aunque ese impedimento para que las telefónicas ofrezcan el servicio de triple play (imagen, teléfono e Internet) seguirá vigente en el corto y mediano plazo, "la Sociedad [...] no está en condiciones de asegurar que el gobierno argentino mantendrá el marco legal y regulatorio". La incertidumbre se debe a que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia autorizó el swap de acciones entre Cablevisión y Multicanal presumiendo que, tarde o temprano, se habilitaría a las telefónicas a participar en el negocio. La ley de medios desmoronó esta presunción.

En cambio, el mismo prospecto consigna (págs. 55 y 56) que el Grupo Clarín está en condiciones de ofrecer Internet de banda ancha y telefonía a través de su red (Cablevisión, Multicanal, Fibertel).

Es verdad que la Secretaría de Comunicaciones, por orden expresa de Kirchner, ha suspendido la asignación de números de teléfono a las empresas de cable. Clarín, además, sigue sin conseguir que esa secretaría apruebe como operador telefónico a Fibertel y Flash, sus dos firmas de Internet. Sin embargo, el marco legal vigente sigue impidiendo a las telefónicas dar TV por cable, pero no al cable ofrecer telefonía.

La madrugada del 17, los directivos de Clarín, Supercanal, y Telecentro deben haber celebrado su principal conquista. Está menos claro que Néstor Kirchner haya sospechado esta celebración. O que sus aliados de centroizquierda (socialistas, ex ARI, ex kirchneristas, seguidores de Pino Solanas, etc.) advirtieran las consecuencias, empresariales y sociales, de haber condicionado su voto al mantenimiento de la prohibición a las telefónicas.

La discusión política está ocultando un rasgo crucial del proyecto de ley oficial. Es la pretensión de mantener separados dos negocios que, dado el desarrollo de la tecnología, son cada vez más difíciles de distinguir: el de la radiodifusión y el de las telecomunicaciones. Datos, videos o comunicaciones telefónicas son ceros y unos que, codificados en impulsos lumínicos, corren a alta velocidad por la red de fibra óptica.

Desde el nacimiento de Internet, esa capacidad de transmisión se multiplicó 150 veces. Quince casas de Suecia o Japón reciben hoy el mismo volumen de información que circulaba por toda la red de banda ancha de la Argentina en 2004.

Los principales gobiernos de Asia, América y Europa desarrollan programas de expansión de la red. Está demostrado que el acceso al triple play multiplica la conexión a Internet, sobre todo entre los consumidores de menores recursos -al respecto se pueden leer los informes especializados de Pyramide Research-. Sin esa integración es dificilísimo financiar la infraestructura de la banda ancha. Lo sugiere el prospecto de Clarín cuando explica a sus eventuales inversores que su tendido de fibra óptica es rentable porque tiene autorizada la oferta de triple play.

En casi todos los países se han elaborado programas para estimular la expansión de la red de banda ancha a través de la competencia entre operadores de TV por cable y empresas de telefonía. En la Argentina ese servicio tiene una penetración razonable: 8,2% de la población (Chile posee 8,7%; México, 6%; Brasil, 5,1%; Perú, 2,5%).

Los gobiernos discuten también la velocidad de acceso a contenidos que se ofrecen a los consumidores. En 1012, en Japón, Suecia o Corea, se podrán bajar 10 películas de alta definición por segundo.
Dividendo digital

La Argentina mira este progreso desde el costado del camino. La ley que está en discusión apenas roza el fenómeno cuando define el "dividendo digital" (liberación de bandas del espectro radioeléctrico que se producirá cuando se implante la televisión digital). En el articulado no aparece una sola vez la palabra Internet, salvo para indicaciones administrativas.

Sin embargo, hoy los argentinos pueden ver programas de TV a través de una conexión de banda ancha provista por una telefónica. Más aún: la empresa Telefónica dirime en la Justicia con los cables el derecho a recibir telenovelas en los teléfonos móviles de su red Movistar.

Los expertos -también los del Grupo Clarín, pero en voz baja? coinciden en que será inevitable integrar el mercado del cable con el de la telefonía. Algunos aconsejan un proceso gradual, para que las telefónicas no saquen ventaja de su capacidad instalada. Estas compañías deberían, además, ceder su monopolio.

La ley prohíbe ese proceso, que alentaría la competencia en beneficio de los consumidores. Al hacerlo, daña también a los cables. La cláusula por la cual limita la expansión de su red al 35% de los hogares desalienta la inversión tecnológica y los deja en una extraordinaria desventaja para cuando se generalice, inevitable, la convergencia de voz, imagen y datos.

La incapacidad para capturar este fenómeno es uno de los aspectos más relevantes de la reforma de los Kirchner: en su afán por resolver problemas del pasado, se olvida por completo del futuro.



Cambios de estrategia
Carlos Pagni
LA NACION

Lunes 21 de setiembre de 2009

Ahora que Julio Cobos ejerce la Presidencia (es decir, está neutralizado), se prevé que antes del mediodía de mañana el proyecto de ley de servicios audiovisuales llegue al Senado. El Gobierno no teme grandes sobresaltos en esa cámara. Aun así, habrá varios cambios de estrategia en el tratamiento de ese texto. Ni el oficialismo ni la industria audiovisual ni la oposición política se comportarán igual que en Diputados. Tal vez el giro más notorio lo protagonizarán los grandes conglomerados de medios, sobre todo el Grupo Clarín, principal afectado.

Hasta ahora, las empresas han abordado la iniciativa de los Kirchner como un gran desafío político y apostaron a voltear el proyecto. La experiencia revelaría que el enfoque es erróneo. Basta asomarse a lo que pasaba en el Savoy mientras los diputados trataban la iniciativa oficial. En un sector de ese hotel cercano al Congreso, instalaron su comando de operaciones los principales directivos del negocio de la TV por cable, acompañados por otros tantos dirigentes políticos. Era una romería. Al frente de las gestiones, dos expertos en diligencias parlamentarias: Eduardo Duhalde y José Luis Manzano (Supercanal). Los resultados fueron escasísimos. La propuesta de vaciar el recinto era demasiado pretenciosa para los kirchneristas que fueron contactados desde esos salones.

En la próxima etapa, las compañías intentarán convencer a los senadores del oficialismo de las debilidades de algunos artículos. Este cambio de enfoque viene aconsejado no sólo por el fracaso ocurrido en Diputados. En esa cámara, una de las empresas del holding Clarín (Torneos y Competencias) consiguió corregir tres cláusulas aberrantes del texto, con sólo exponer sus argumentos ante diputados de centroizquierda. A la luz de ese modesto antecedente, ahora los ejecutivos de las cadenas de radio y TV intentarán salvar lo salvable.

La prioridad para ellos es alargar el plazo previsto para que las empresas se desprendan de los activos que exceden el cupo que marca la ley. El objetivo mínimo es pasarlo de un año a dos años y medio. La extensión esconde un pronóstico electoral. Las firmas pretenden que, cuando se llegue a la instancia de vender canales o radios, no sean los Kirchner los que conduzcan el proceso. Apuestan a que después de 2011 en la Casa Rosada haya otras autoridades.

A la oposición le resulta simpática esa aspiración. La principal debilidad del intento desmonopolizador del proyecto oficial es que lo lleva adelante un grupo político que no ha tenido reparo alguno en poner el poder regulatorio del Estado al servicio de empresarios amigos. La posibilidad de que haya desde ahora un pelotón de hombres de negocios cercanos a Kirchner dispuestos a quedarse con las emisoras que el propio Kirchner obliga a vender es el principal motivo de la prórroga. Empresas y opositores políticos coinciden en la ventaja de modificar, pues, el plazo.

A la UCR esta estrategia le permitiría disimular su crisis con el socialismo. El principal esfuerzo de Ernesto Sanz, presidente del bloque, y de Gerardo Morales, presidente del partido, apunta a conseguir que Rubén Giustiniani vote en contra de la ley, es decir, al revés que sus compañeros de partido en la Cámara de Diputados. Tal vez no lo consigan. Giustiniani es el presidente del Partido Socialista nacional. Está sometido a la presión del gobernador Hermes Binner -a quien le atribuyen la indicación de votar con el kirchnerismo- y también de numerosos dirigentes socialistas que militan en el cooperativismo y se ilusionan con el espacio que el proyecto oficial les otorgará.

Sería un error reducir la crisis entre la UCR y el socialismo al voto de Giustiniani. La alianza entre ambos partidos estalló el viernes pasado en Santa Fe, adonde Morales viajó para apagar el incendio. Allí hay comicios para intendentes y concejales el domingo próximo. Los candidatos radicales amenazaron con la ruptura, indignados porque el voto socialista en Diputados le permite a Reutemann endilgar a Binner y sus aliados un contubernio con los Kirchner.
Efectos santafecinos

La imagen de la Presidenta y su esposo es tan mala en Santa Fe que las distintas fuerzas juegan con ella a la mancha venenosa. ¿Qué efectos tendrá en la elección la conducta de Binner? ¿Deberá Giustiniani tomar distancia del Gobierno antes de que los santafecinos vayan a las urnas?

A Reutemann, en tanto, la incógnita de Giustiniani le permite vengarse de las acusaciones de kirchnerización que soportó cuando Roxana Latorre firmó el dictamen sobre legislación delegada. Con Latorre circulan versiones psicodélicas. ¿Realizó un viaje a Catamarca? ¿Se encontró allá con Armando Mercado, ex cuñado de Kirchner? ¿Intervino en las negociaciones una ex senadora tucumana, célebre por su pragmatismo? Reutemann no presta atención a estas habladurías. Se concentra en Giustiniani.

Si no consiguen que ese senador socialista contradiga a los diputados de su fuerza, Sanz y Morales pretenden, por lo menos, que modifique el plazo de un año para "desmonopolizar". En ese punto, los diputados socialistas no votaron con los del Gobierno. Por lo tanto, el tratamiento, en particular, de cada artículo de la norma, es importantísimo para la oposición.

El oficialismo también modificará su estrategia. Los senadores se enorgullecen de cultivar modales más sofisticados que los de la Cámara baja. José Pampuro, por ejemplo, se comprometió remitir el proyecto de ley a una comisión presidida por la UCR. Sería la de Derechos y Garantías, que encabeza Luis Petcoff Naidenoff (UCR-Formosa). Desde esa posición, la UCR pretende convencer a Miguel Pichetto, jefe de la bancada peronista, de abrir un debate sobre la administración de la TV pública, invitando a algún ejecutivo de la BBC, la RAI, Televisión Española o la Federal Communications Commission de EE.UU.. El problema es cómo explicar a esos extranjeros que deben viajar de inmediato, ya que la Argentina decidió liquidar en semanas una compleja reforma de medios.

En el kirchnerismo hay más grietas. La Legislatura de Santiago del Estero criticó el proyecto oficial por restringir el federalismo. Los diputados de esa provincia votaron en contra del plazo de un año para "desmonopolizar". ¿Qué harán sus senadores?

Numerosos son los indicios de que la ley volverá a Diputados por las modificaciones que introduzca el Senado. Agustín Rossi, jefe del oficialismo en esa cámara, se encoge de hombros ante esa posibilidad. "Y bueno? Que la manden y la aprobamos con los cambios que realicen. No creo que modifiquen el núcleo que le interesa a la Presidenta, que es el capítulo antimonopólico", dice.

Hay un último aspecto de esta batalla que tal vez registre un giro: la presión que ejerzan los medios locales sobre sus legisladores. Muchos opinan que, entre los diputados, esa táctica fue contraproducente. Tal vez sea cierto. El tratamiento agresivo que en algunas provincias recibieron los kirchneristas terminó por reforzar una idea muy extendida entre dirigentes de todos los partidos: la que sostiene que, en su inevitable tensión con la clase política, la prensa no facilita la vida democrática, sino que la condiciona y la limita. Es esta la cuestión que, en su urgencia, el oficialismo impide discutir.

La Nación




Ley de medios: ingresó en el Senado y fue girada a dos comisiones
Pampuro, a cargo de la Cámara alta porque Julio Cobos se encuentra al mando del Poder Ejecutivo, envió la iniciativa a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión

Lunes 21 de setiembre de 2009

El proyecto de ley de radiodifusión entró en la Cámara de Senadores pasadas las 19 proveniente de la Cámara de Diputados, donde fue aprobado el jueves último, informaron fuentes de la presidencia provisional.

El senador José Pampuro, a cargo de la presidencia del Senado porque Julio Cobos se encuentra al mando del Poder Ejecutivo por el viaje de la presidenta Cristina Kirchner, giró la iniciativa a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, según consignó Télam.

El proyecto comenzará a ser debatida a partir del miércoles en dos comisiones y el oficialismo aspira a llevarlo al recinto del plenario el 7 de octubre.

Miguel Pichetto, titular de la bancada del Frente para la Victoria, aseguró que el kirchnerismo cuenta con una mayoría propia de 37 o 38 legisladores y el apoyo de varios aliados provinciales para sancionar la norma en general, aunque oficialistas y opositores reconocieron dificultades en algunos artículos, en particular el 161, que obliga a los medios a desprenderse en el plazo de un año de sus activos que violen las disposiciones de una futura normativa.

El artículo es uno de los más resistidos por el arco opositor (UCR, peronismo disidente, Coalición Cívica y partidos provinciales), incluidas aquellas fuerzas que en su paso por la Cámara de Diputados apoyaron el texto impulsado por la Casa Rosada. Es el caso del socialismo, cuyo único representante en el Senado, Rubén Giustiniani (Santa Fe), votaría en general pero rechazaría la cláusula en el tratamiento en particular.

Pichetto consideró "una burda maniobra" los comentarios que hablan de una demora planificada del proyecto para evitar que el vicepresidente Julio Cobos pudiera decidir que la propuesta fuera girada a cinco comisiones.

Para la oposición, en cambio, la demora "es causa de sospechas", que estarían vinculadas a la posibilidad de que "hayan sido modificados algunos artículos votados por Diputados". Así opinó el jefe del bloque radical, Ernesto Sanz, quien dijo que "va a ser necesario un cotejo muy detallado" del texto que arribe a la Cámara alta para tener la seguridad de que se ha respetado la voluntad de los legisladores.

Sanz criticó las declaraciones de Pichetto en las que el rionegrino sostuvo que se proponen ratificar el texto sancionado por Diputados, para evitar que deba volver a la Cámara baja para discutir alguna corrección que pudiera introducirse en el Senado.

Sostuvo que el bloque del Frente para la Victoria "quiere sacarlo de prepo y a la fuerza", por lo que enseguida concluyó "así es como anda el país desde hace un buen tiempo".

El senador rionegrino argumentó que el viaje de Cristina Kirchner a Estados Unidos fue programado con mucha anticipación a fin de participar de actos que suceden habitualmente en esta época del año, por lo que atribuirle intenciones de limitar al vicepresidente es "absurdo".

Opinó que el oficialismo busca votar el proyecto oficial en el recinto el 7 de octubre, fecha en la que estará presente Cobos, o eventualmente el 14 de octubre, cuando la jefa de Estado se encuentre de viaje a la India, y consideró que le era "indiferente" que el vicepresidente encabece las sesiones.

Mañana se reunirá la comisión de Labor Parlamentaria, que reúne a los jefes de los 22 bloques, la mayoría de un solo integrante, en donde el kirchnerismo propondrá realizar una sesión al día siguiente con el propósito de someter al voto de los senadores el giro a las dos comisiones, en lugar de las cuatro promovidas por la UCR y las cinco de Cobos, a la que se sumaría una sexta si llegara a aprobarse la propuesta de Samuel Cabanchik.

La Nación


"A los periodistas hay que subirlos a una canoa y tirarlos al medio del río"
Hugo Jenefes, vocal del Tribunal de Cuentas de Chaco, se disculpó luego por sus dichos

Lunes 21 de setiembre de 2009

Por José Derewicki
Especial para lanacion.com

RESISTENCIA.- "Hay que hacer como decía el General [Juan Domingo Perón], que todos los periodistas sean empleados del Estado, sino, subirlos a una canoa y tirarlos en el medio del río".

Las temerarias declaraciones pertenecen a Hugo Jenefes, vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia, al hacer referencia a declaraciones publicadas en un matutino local que se referían al supuesto funcionamiento irregular de la guardería maternal de la Asociación Gremial del InSSSeP, el instituto de obra social de la provincia.

Esas declaraciones, que habrían afectado a Jenefes, las había realizado el vicepresidente del InSSSeP, Oscar Arévalo.

Finalmente, Jenefes se disculpó al asegurar que las declaraciones fueron formuladas en "un momento de bronca", que no quiso "decir eso" y que fue "mal interpretado".

"Si los periodistas siguen sin chequear la información, sin explicar bien, creo que terminarán siendo empleados del Estado como era la Secretaría de comunicación de la época de Perón... si esto ocurre, alguien podría ponerlos en una canoa y mandarlos al río", había expresado.

Para dar cuenta de que no odia a los comunicadores, dijo que siempre consideró "que la prensa es muy importante para una sociedad", pero señaló que se debe tener en cuenta que "también es formadora de opinión". En ese sentido, solicitó "sumo cuidado al momento de dar a conocer una investigación", ya que el periodista "debe examinar los datos y asegurarse de que sean certeros".

La Nación
 

Das Neves defendió su drástico giro respecto de la ley de medios
Dijo que la iniciativa "es mejor que la anterior" y destacó que se incorporaron "18 de las 19" observaciones que habían hecho sus legisladores; en diálogo con lanacion.com, fustigó a Solá, quien aseguró que "es el plan B" de Kirchner para 2011; "No tiene autoridad moral para criticarme", lanzó

Viernes 18 de setiembre de 2009

Por Tamara Krell
De la Redacción de lanacion.com
tkrell@lanacion.com.ar

De calificarlo como "muy malo" y "beneficioso para los amigos del poder", el gobernador Mario Das Neves pasó a defender la ley de medios que impulsa el Gobierno y que tuvo media sanción en Diputados ayer a la madrugada, tras la incorporación de varias modificaciones.

En un reportaje telefónico con lanacion.com, el mandatario de Chubut apoyó la posición asumida por los cinco diputados de su provincia, que tras mantener el suspenso hasta último momento, votaron a favor de la polémica iniciativa, y hasta dejó traslucir la posibilidad de que los senadores chubutenses Marcelo Guinle y Silvia Giusti voten en el mismo sentido, aunque evitó confirmarlo.

"Dos o tres días antes de la votación dije que quizás no todos votaban igual porque había diferencias que fueron siendo subsanadas con la incorporación de todas las observaciones. De cualquier manera, la senadora Giusti tiene algunas observaciones para hacer, pero hay que esperar el plenario de comisiones del Senado y ahí se verá", señaló.

Asimismo, rechazó los fuertes cuestionamientos lanzados desde la oposición, que lo acusa de alinearse al Gobierno, pese a sus reiteradas críticas contra la Casa Rosada.

En este contexto, dijo que fueron modificadas "18 de las 19 observaciones" que habían planteado los legisladores chubutenses y que Marcelo Guinle planteará la que falta en el debate en la Cámara alta. "De una ley que no iba a ser aprobada, [el oficialismo] tuvo que hacer todas las concesiones que hizo [para lograr] que tenga 150 adhesiones. Tampoco se ganó por un voto. Acá se está denostando a aquel que se sienta, estudia, va a buscar el consenso y cuando les dan lugar a las concesiones, obviamente lo que le queda es apoyar", se atajó.

"Plan B de Kirchner". Por otra parte, lanzó fuertes cuestionamientos al diputado Felipe Solá, quien aseguró que el gobernador "es el plan B de Kirchner" para las elecciones de 2011 y sugirió que el mandatario pudo haber recibido "favores" de la Casa Rosada para que sus diputados apoyaran el proyecto.

"Me cansó Solá. No tiene autoridad moral para hablar de mi persona y le está faltando el respeto a los legisladores de Chubut. Si él siempre ha llevado a cabo esa metodología de canjes, de apoyar cuando era gobernador a cambio de transferencias. Evidentemente es una postura de él, que no es la nuestra", lanzó. En este contexto, descartó que el voto de los legisladores chubutenses hubiese estado vinculado con una inyección de fondos a su provincia.

"El tema de canjear transferencias por votos es un insulto de muy bajo rango y una subestimación de la capacidad de negociación real que uno tiene que tener a la hora de gestionar. Pensar que de 300 millones de pesos que el Estado nacional adeuda puede comprar la voluntad de los diputados por pagar 6 millones, es un insulto que solamente puede venir de él", aseveró.

Por último, se volvió a distanciar del ex presidente Néstor Kirchner: "No me quieran ligar a Kirchner. Al día siguiente de asumir, me pidió la renuncia [de la Aduana] porque no era parte de su equipo. Con él sólo me unía una relación institucional. En noviembre de 2003 jugué la gobernación solo, mientras Kirchner apoyaba al candidato radical".

- Además del rechazo que despertó en Solá, el voto de los legisladores de Chubut despertó fuerte enojo en otros dirigentes de la oposición.

- La oposición es Proyecto sur, el Partido Socialista también [que votaron a favor de la iniciativa]. No puede ser que [el gobernador de Santa Fe, Hermes] Binner un día sea una extraordinaria persona y al otro día sea un monstruo. Uno vota de acuerdo con sus convicciones. Los legisladores de Chubut fueron los primeros que planteamos las 19 objeciones y los primeros en decir que el proyecto no podía ser votado con la participación de las telefónicas. De las 19 observaciones, 18 fueron atendidas. La puesta en escena de los buenos y los malos en esta ley es una falta de respeto. Pareciera que acá los dueños de la verdad son la oposición, el radicalismo. [el senador socialista, Rubén] Giustiniani, que era un ejemplo de legislador, ahora no es un buen senador. Los dirigentes políticos en vez de comentar la realidad, deberían trabajar, abordar los problemas del país y no ser funcionales a uno de los sectores en pugna.

- ¿Puede afirmar que con los cambios impulsados en el proyecto no está en riesgo la libertad de prensa, tal como usted venía advirtiendo?

- Me sumo a lo que dijeron muchos: esta ley es mejor que la anterior, pero como toda ley es perfectible. Hay que ver el funcionamiento de esta ley, si se aprueba en el Senado. Hay que ver qué pasa allí.

- ¿Confía en los cambios impulsados a la autoridad de aplicación?

- El tema de la autoridad de aplicación es un tema discutible. Quedaron conformes los bloques no oficialistas. Es discutible a nuestro entender si ha mejorado sustancialmente el nivel de independencia y autonomía que puede tener.

- ¿Usted también hubiese votado a favor de la ley modificada?

- Sí, por supuesto, estaba de acuerdo con ellos.

-¿Al igual que los senadores de Chubut?

- No sé todavía que van a opinar los dos senadores de Chubut. Soy muy respetuoso de lo que piensen. Las leyes las discutimos con ellos. La senadora Silvia Giusti tiene observaciones para hacer que seguramente las va a plantear en el recinto.

- Los diputados y senadores de Chubut en general votan en el mismo sentido

- Sí y no... Dos o tres días antes de la votación dije que quizás no todos votaban igual porque había diferencias que fueron siendo subsanadas con la incorporación de todas las observaciones. De cualquier manera, la senadora Giusti tiene algunas observaciones para hacer, pero hay que esperar el plenario de comisiones del Senado y ahí se verá.

- Más allá de las críticas de los dirigentes políticos, sorprendió mucho el voto de los legisladores de Chubut porque usted había lanzado críticas muy fuertes contra la iniciativa.

- Por supuesto que había hecho críticas muy serias. De la lectura de la ley, surgieron 19 observaciones, de las cuales 18 fueron atendidas. Usted podría decir igual no la voto, pero hay que ser serios, no puede oponerse por oponerse. La oposición confunde porque cree que su rol es oponerse por oponerse.

- ¿Qué dice respecto de las acusaciones de que se alineó con el Gobierno?

- ¿Qué alinearse? Esas son pavadas que se dicen. Como son desocupados de la politica y cuando fueron ocupados de la política no hicieron nada, entonces se dedican a ser funcionales a algunos medios que tienen intereses en juego y obviamente no bancan la ley. Tengo coherencia en mi vida política.
"Solá es un desocupado político"

Las declaraciones de Solá despertaron fuerte enojo en el mandatario provincial, quien subrayó que el diputado electo ha tenido "saltos importantes" en su trayectoria: "Arrancó con Menem, después saltó al kirchnerismo. No recuerdo absolutamente ninguna frase ni ninguna postura como gobernador en defensa de los intereses de la provincia de Buenos Aires y eso que ha sido un diario concurrente a la Rosada. Después vimos cómo se abrazó con Macri, con tal de abrazarse a una lista. Y ahora vemos esta desesperación que tiene para ser candidato a vicepresidente de [Carlos] Reutemann".

La embestida no terminó allí: "Siempre fue un prensero, un chico bien? Es un desocupado de la política, se levanta a la mañana y tiene que decir algo para ser noticia", sostuvo, respecto de las declaraciones del diputado electo.


La Nacion


Advierten que la ley de medios podría llegar a la Justicia
Especialistas consultados por lanacion.com coincidieron en que hubo irregularidades durante el trámite en Diputados y en que, de ser aprobado por el Senado, el proyecto podría terminar en Tribunales; no obstante, mostraron diferencias sobre el éxito de eventuales planteos; los antecedentes

Jueves 17 de setiembre de 2009

Por Lucrecia Bullrich
De la Redacción de lanacion.com
lbullrich@lanacion.com.ar

Las denuncias que ayer dominaron el largo y crispado debate que derivó en la media sanción de la ley de medios en la Cámara de Diputados podrían terminar en la Justicia.

Juristas consultados por lanacion.com coincidieron en que las irregularidades sobre las que ayer advirtió la oposición a lo largo de toda la sesión -y por las que finalmente se retiraron del recinto antes de la votación-, efectivamente existieron y que podrían servir de base para llevar el tema a los tribunales. En lo que no coincidieron es en el éxito que podrían tener eventuales planteos judiciales.

Las instancias sobre las que se ciernen las dudas son tres: las condiciones en las que se dio dictamen de comisión al proyecto, el tiempo transcurrido entre la emisión de ese dictamen y la sesión en el recinto, y las circunstancias en las que se inició el debate.

El constitucionalista Félix Loñ repasó cada una de ellas. "Las denuncias se sustentan en el reglamento de la Cámara de Diputados, que es muy claro. El régimen para sesiones especiales indica que transcurrida media hora desde la convocatoria, si no se logra el quórum, la sesión se tiene que levantar", indicó.

Regla y costumbre. Respecto del dictamen de mayoría, -que el oficialismo firmó tras una maratónica reunión, después de haber introducido más de 200 cambios al proyecto original sólo unas horas antes, y sin la presencia de todos los diputados que integran las tres comisiones-, aclaró: "En la práctica, está permitido que las firmas de un dictamen se terminen de juntar aún después de la reunión de comisión. Eso ocurre con frecuencia cuando hay consenso sobre un proyecto. Pero en este caso estamos ante una ley muy importante y polémica y lo correcto hubiera sido ceñirse estrictamente al reglamento".

Por último, apuntó a la "gravedad" de que no hayan pasado los siete días hábiles que debieron haber transcurrido entre el despacho de comisión y la discusión en el recinto. "Ese lapso es clave, no sólo para que los legisladores puedan conocer y analizar lo que van a votar, sino también para que la opinión pública pueda informarse sobre el tema, que en este caso es particularmente delicado", opinó.

Para Loñ, las fallas no sólo alcanzan para recurrir a la Justicia sino que son lo suficientemente graves como para derivar en una eventual anulación de la ley de medios, si fuera aprobada, claro. "Las irregularidades formales que vician el proceso de nulidad están clarísimas. Cualquiera que se sienta afectado, sea un particular o un medio de comunicación, podría presentar una demanda al Estado por incumplimiento de las disposiciones reglamentarias", precisó.

Antecedentes. En este punto, citó dos fallos de la Corte Suprema: uno que en 1998 determinó la nulidad de una ley contra Nobleza Picardo porque había diferencias entre el texto aprobado en Diputados y el que se sancionó en el Senado y otro un año más tarde, cuando aceptó anular una reforma que había hecho la Convención Constituyente respecto de la edad de jubilación de los jueces. "Son dos antecedentes válidos y podrían sustentar una presentación judicial en este caso", concluyó.

Para Gregorio Badeni, sólo una de las tres irregularidades denunciadas por la oposición es lo suficientemente grave como para terminar en la Justicia. "El que haya habido legisladores que ayer no habían siquiera recibido el proyecto que debían analizar es una arbitrariedad grosera", planteó.

Judialización. A diferencia de Loñ, Badeni consideró que las otras dos fallas (los problemas con la firma del dictamen y el retraso en el comienzo de la sesión) debieron haber sido subsanadas en la Cámara. De hecho, ayer, en la primera parte del debate, varios diputados de la oposición advirtieron que correspondía levantar la sesión. Ninguno de los planteos prosperó.

El constitucionalista insistió en que la Justicia no debería intervenir por estas falencias. Por el contrario, opinó que, de ser así, "se estaría judicializando una cuestión que debería haber resuelto el Congreso", por lo que consideró que un planteo judicial sobre esos puntos "no prosperaría fácilmente".

Presión política. Según Daniel Sabsay, las irregularidades y "violaciones" al reglamento de la Cámara de Diputados registradas ayer son "sumamente graves" y podrían dar lugar a presentaciones judiciales, aunque puso en duda su éxito.

Coincidió con Badeni en que esos planteos difícilmente prosperarían, aunque atribuyó su eventual fracaso a motivos distintos. "Es cierto que los antecedentes son pocos y que la tradición jurídica de nuestro país es más bien tendiente a no intervenir en casos cono este. Pero la barrera real es la presión política", indicó.

Para el jurista, la falta de antecedentes sólo sirve como explicación parcial. "El que no haya antecedentes no quiere decir que nunca se los pueda iniciar. Esta es una excelente oportunidad para hacerlo porque las irregularidades fueron muy groseras", razonó.

Hacia el final, volvió sobre el argumento del "freno político". "Mientras el Consejo de la Magistratura funcione como funciona, veo realmente muy difícil que un planteo como el que ayer hizo la oposición avance en la Justicia", concluyó.

A lo largo de la historia judicial argentina, la Corte no admitió que legisladores y ciudadanos impugnasen las leyes haciendo hincapié en la irregularidad del trámite legislativo. Para el máximo tribunal, el deber político debe agotarse en el recinto; los legisladores no tienen legitimación para llevarlo a la Justicia. Admitir la intervención de la Justicia en ese debate político podría afectar la división de poderes. No obstante, tal como recordó Loñ, a partir de 1998 la Corte aceptó intervenir en dos casos.
"Absolutamente legal"

Como era de esperar, el jefe del bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, defendió la media sanción de la ley de medios. "Quiero dejar claro que todo lo que hicimos es absolutamente legal. El despacho de la comisión que obtuvimos el martes tuvo mayoría en cada una de las comisiones. Nos sobraron ocho firmas sobre el total de los miembros del plenario", afirmó en declaraciones a radio 10.

La Nación


Horas después del aval en Diputados, ya hay cruces por el debate de la ley de medios en el Senado
El jefe del bloque kirchnerista en la Cámara alta, Miguel Pichetto, dijo que el oficialismo cuenta "con 37 o 38 votos propios, sin contar aliados" para aprobar la iniciativa; Chiche Duhalde apuntó contra Giustiniani y Das Neves

Jueves 17 de setiembre de 2009

Horas después de la media sanción en Diputados del proyecto de ley de medios que impulsa el oficialismo, el titular del bloque kirchnerista en el Senado, Miguel Angel Pichetto, afirmó hoy que cuentan con "37 o 38 votos propios, sin contar aliados" para aprobar la norma.

En tanto, desde la oposición, la senadora Hilda "Chiche" Duhalde afirmó hoy que no tiene "nada claro" qué va a ocurrir en la Cámara alta y apuntó contra el senador socialista Rubén Giustiniani y los dos que responden al gobernador de Chubut, Mario Das Neves.

"Con los senadores de mi bloque estamos en un número aproximadamente propio de 37, 38 sin contar aliados que hemos tenido en otras leyes. Creo que vamos a estar bien. Aspiramos a hacer un debate serio, a tratarla en un plazo prudencial", señaló Pichetto.

Asimismo, agregó que el kirchnerismo quiere que la votación sea el 7 de octubre aunque dijo que "no dramatizarán" si el debate en el recinto se realiza el 14 de octubre.

En declaraciones a radio Milenium, Pichetto descartó la posibilidad de que exista un "hecho excepcional" como "el desempate", como ocurrió con la derogada resolución 125 de retenciones móviles. "Eso fue un hecho único", indicó.

En otro orden, al referirse a los posibles aliados con que cuente el oficialismo en el Senado para convertir en ley a la norma, Pichetto afirmó que si bien no habló aún con el senador Rubén Giustiniani, entiende que "comparte las ideas de la desmonopolización, de la apertura de voces, y de la incorporación de una mirada más amplia y democrática".

Tristeza. En tanto, desde la oposición, la senadora Hilda "Chiche" González (PJ disidente) señaló que si bien no tiene "nada claro" qué va a ocurrir en la Cámara alta, no descartó que el oficialismo consiga allí los votos para aprobar la iniciativa.

La legisladora razonó que si Giustiniani y los dos senadores que responden al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, dan su apoyo, el oficialismo podría tener el número suficiente para sacar la ley.

En diálogo con radio Continental, dijo no estar en condiciones de "asegurar" qué va a pasar en la Cámara alta "porque hay 15 días para trabajar" el proyecto en ese ámbito, pero razonó: "No creo que los senadores voten distinto a lo que han votado los diputados, recibiendo claras instrucciones de sus gobernadores".

"Hoy es un día muy triste", manifestó.


La Nación




La única socialista que votó en contra lanzó duras críticas hacia el Gobierno
Laura Sesma aseguró que los métodos del oficialismo en el Congreso son "inescrupulosos"; el ultrakirchnerista Díaz Bancalari acusó a la oposición de demostrar una "mezquindad sin sentido" por haberse retirado del recinto

Jueves 17 de setiembre de 2009

Lejos de calmar los ánimos, la  media sanción a la ley de medios que impulsa el Gobierno y que ayer el oficialismo logró en la Cámara de Diputados, sigue generando duras acusaciones.

Tras la maratónica sesión, la diputada socialista Laura Sesma, la única de ese bloque que votó en contra del proyecto oficial sobre medios de comunicación, justificó hoy su postura al sostener que "la letra de la ley no tiene nada que ver con lo que viene diciendo" el Gobierno sobre la democratización del sistema de medios.

"La metodología que viene implementando el Gobierno en el Congreso es impredecible e inescrupulosa. El fin justifica los medios. Lo que se tenga que violentar, se violenta", fustigó.

En declaraciones a radio Continental, la legisladora sostuvo que "siempre" acompaña las decisiones colectivas del socialismo, pero aclaró que no lo hizo así en esta oportunidad porque haberlo hecho sería "un error".

"Lo que se dice en el discurso no tiene nada que ver con lo que dice la letra de la ley", explicó Sesma, y recordó que hace más de treinta años que milita en esa fuerza, en los que siempre acompañó las decisiones colectivas.

La diputada, ayer, ya había adelantado su postura, al sostener que el proyecto "lejos de garantizar el pluralismo informativo y la libertad de expresión, servirá para acallar la crítica en los medios de comunicación y consolidar posiciones de poder oficialistas de cara al 2011".

"En este país, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a desjerarquizar las formas", criticó, al cuestionar el tratamiento de la ley y el posterior debate.

Luego de aclarar que "no" cree en las intenciones del gobierno, "pero sí en la honestidad" de sus compañeros de bancada, adelantó que "en general, cuando el socialismo vota de una forma en Diputados, sostiene el voto en el Senado".

Por su parte, el diputado ultrakirchnerista José María Díaz Bancalari arremetió contra los legisladores de la oposición que ayer se retiraron del recinto antes de la votación en medio de denuncias de graves irregularidades.

"Actuaron con una mezquindad sin sentido. No quisieron colaborar para no mostrar que no tenían el número suficiente", lanzó en declaraciones a FM Millenium.

Por otra parte, elogió el proyecto que ayer dio el primer paso en el Congreso gracias al apoyo de aliados al kirchnerismo y que el oficialismo pretende tratar en el Senado dentro de tres semanas. "Fue posible por el amplio consenso sobre una demanda de muchos años", evaluó sobre la aprobación.

"No se puede dudar que hubo voluntad y varios intentos frente a poderosísimos intereses, muchas veces más poderosos que el Estado, que impidieron siempre que se pudiera democratizar y federalizar la comunicación audiovisual", ahondó.

 Debate largo y denuncias.  Tras una sesión de más de 12 horas, el oficialismo consiguió el triunfo con 146 votos a favor, gracias al aporte del socialismo, Solidaridad e Igualdad (SI) y Proyecto Sur, la alianza que lidera Pino Solanas. También apoyaron el proyecto los diputados por Chubut, que responden al gobernador Mario Das Neves. La iniciativa sólo recibió tres votos en contra (y tres abstenciones): a la hora de la definición, la oposición más crítica- UCR, Coalición Cívica, Pro, el cobismo y el PJ disidente- había abandonado el recinto tras denunciar irregularidades en el dictamen y en la conformación del quórum para la sesión.

Advirtieron que no avalarían el "trámite exprés" de una iniciativa que, según denunciaron, le servirá al Gobierno para "controlar y amordazar" a los medios de comunicación. La discusión del proyecto de ley duró 20 días y los últimos cambios, casi 200, se introdujeron entre ayer y anteayer.

 Ejes.  El proyecto aprobado obliga a los multimedios a desprenderse de empresas en el plazo de un año, impide a los operadores de cable tener canales de televisión de aire, reduce de 24 a 10 la cantidad de licencias de radiodifusión que puede tener una compañía y otorga al Estado mayor poder para controlar los contenidos de los medios de comunicación.

La iniciativa, que fue girada al Senado propone dos pilares que se mantienen incólumes: la "desmonopolización" compulsiva de los actuales grupos mediáticos, con el ingrediente de que en apenas un año éstos deben desprenderse de sus licencias para adecuarse al nuevo marco legal.

El otro pilar sobre el cual se asienta este proyecto es el dominio del oficialismo sobre un organismo clave, la autoridad de aplicación, encargada de conceder, prorrogar y declarar caducas las licencias.

El kirchnerismo aduce que esa mayoría no es tal desde que aceptó ampliar la composición, de cinco a siete miembros, con la incorporación de dos directores del Consejo Federal, también por crearse. Los miembros de ese organismo serían elegidos por un mandato de cuatro años, si se sancionara la ley, con lo cual seguirían en sus cargos hasta 2013.

La oposición cuestionó duramente ese punto del proyecto. "Esta ley impone atribuciones excesivas sobre el Poder Ejecutivo, que podrá discrecionalmente determinar la habilitación de licencias. Es una ley mordaza sobre la libertad de expresión", enfatizó Fernando Iglesias (Coalición Cívica).

La Nación


Un océano de poder para Kirchner
Joaquín Morales Solá
LA NACION

Jueves 17 de setiembre de 2009

Derechos y garantías constitucionales retrocedieron ayer ante la embestida brutal de un oficialismo derrotado en las urnas hace menos de tres meses. Doscientas modificaciones en 160 artículos del proyecto de ley de radiodifusión debieron ser leídas y analizadas por la inmensa mayoría de los diputados en el curso de una sola noche.

El trámite de la ley reconoció el ritmo propio de los que no quieren que se adviertan los contenidos de las leyes. La "madre de todas las batallas", según la belicosa y mezquina definición de Néstor Kirchner, tuvo la impronta, en efecto, de un combate militar con todas sus reglas, incluida una ofensiva constante, insomne y simultánea.

Ese proyecto de ley toca ?y agrede? garantías tan esenciales como la de la libertad de expresión, el derecho a la propiedad y los derechos adquiridos. En el plenario de las comisiones, anteayer, los diputados de la oposición comenzaron a sesionar sin una copia del proyecto definitivo con sus innumerables modificaciones. Los diputados oficialistas terminaron aprobando la iniciativa a mano alzada. Menos de 12 horas después, lo que dura una noche y las pocas horas de la mañana, una sesión especial de la Cámara de Diputados ya estaba tratando el proyecto.

¿Qué tiempo tuvieron los diputados que no integran esas comisiones, que son casi el 90% de la Cámara, de leer y evaluar el proyecto? No hubo tiempo ni respeto. ¿Cómo se podría confiar en la buena fe de los promotores de la eventual ley si todo se pareció más a un arrebato nocturno que a una decisión del Estado argentino? Ese ritmo de fiebre es lo que abre innumerables interrogantes y suspicacias sobre el objetivo final de los Kirchner. Si contaban, como contaron, con una mayoría importante a favor de su proyecto, ¿por qué no aceptaron tiempos mínimos de reflexión parlamentaria, aunque más no fuera para conservar las apariencias? Cabe una sola deducción: temieron que el paso del tiempo descubriera las verdaderas intenciones del proyecto de una ley que posiblemente regulará la relación futura entre el Gobierno y los medios audiovisuales.

La administración de los Kirchner cedió sólo la habilitación de las telefónicas para aplicar el triple play en la Argentina (lo que, en verdad, demorará el progreso tecnológico nacional, porque lo que importa es el contenido y no el transporte), pero no entregó ninguno de los otros dos objetivos que tenía desde el principio. El control sobre los contenidos de los medios de radio y televisión es el primero de ellos. El organismo de control fue ampliado. Sin embargo, la mayoría (4 o 5 sobre 7 miembros) estará en poder de los que gobiernan.

El otro elemento que tendrán los gobernantes, si se sancionara definitivamente esta ley, es la revisión cada dos años del ordenamiento legal que regirá el mundo de la radio y la televisión. Con semejantes recursos, la libertad de expresión en los medios audiovisuales se transformará en un derecho de los que mandan en el Estado. Y la libertad de expresión, si bien se la entiende, es un derecho que protege sobre todo a los críticos del poder más que al poder mismo. El proyecto aprobado anoche por la Cámara de Diputados terminará por enviar al destierro al periodismo audiovisual y dejará a la sociedad a merced de los gustos del oficialismo.

* * *

Se ha dicho que con el apartamiento de las telefónicas el Gobierno renunciaba a la creación de un conglomerado amigo de medios de la mano de una argentinizada Telecom. No es cierto. El desguace al que someterían a los multimedios que ya están (lo que vulneraría seriamente los derechos adquiridos y el propio derecho a la propiedad) dejará en manos seguramente amigas el control de muchos medios que ahora existen y que deberán venderse apuradamente.

Incluso, no debería descartarse un regreso del proyecto Telecom mediante una posterior reforma de la ley de telecomunicaciones, que podría habilitar a las telefónicas a suministrar el servicio de triple play . Si no se adecuara la ley de bienes culturales (separando el transporte del contenido), actualmente vigente y que restringe la propiedad de capitales extranjeros en medios de comunicación, la única beneficiada con esa medida sería una Telecom en manos exclusivamente de argentinos. Se lo mire por donde se lo mire, el proyecto tiene todas las apariencias de un intento agónico y feroz del kirchnerismo para el control y dominio de las comunicaciones de radio y televisión. Es, en materia de libertad de expresión, la regresión más importante de la Argentina desde la restauración democrática.

Sólo un líder mesiánico, solitario y audaz, como lo es Kirchner, podía llevar las cosas tan lejos en cuestiones tan sensibles para la salud y la permanencia de la democracia. Pero cabe hacerse una pregunta: ¿cómo o por qué un líder derrotado consiguió semejante disciplina del peronismo, históricamente alérgico a las derrotas? Hay interpretaciones ciertas, pero aisladas. El kirchnerismo, por ejemplo, llevó al Congreso a muchos legisladores que se formaron en la misteriosa militancia de hace más de 30 años. Ellos sólo acatan la voz del jefe. No la discuten. También es veraz que la mitad del bloque oficialista se irá el 10 de diciembre y que Kirchner, conocedor preciso de las debilidades humanas, ha hecho promesas de beneficios y de puestos oficiales para la hora del disfavor. Capturó diputado por diputado; halagó a cada uno y dejó a cada uno esperanzado y contento. La sociedad, como aconsejaba Bismarck, nunca debería enterarse de cómo se hacen las leyes y las salchichas.

Pero hay un elemento más preciso que todos ellos para explicar la sumisión del peronismo y es la virtual disgregación del propio peronismo. Kirchner ha perdido, es cierto, pero ¿qué líder peronista se ha hecho cargo del liderazgo vacante? Ninguno. La mayoría de sus dirigentes sólo controla pequeñas parcelas partidarias. Y Carlos Reutemann, que podría abroquelar al peronismo, tiene tiempos demasiado lentos para la vorágine que propone Kirchner. El ex presidente puede y sabe construir -por qué negarlo- un océano de poder con apenas un charco de agua. Los peronistas están en condiciones de prescindir de cualquier cosa, menos de la conducción de un líder.

El líder volvió a romper las reglas del juego. El propio Kirchner les había dado a los canales de televisión una extensión automática de sus licencias por 10 años; a esos mismos canales los obligará a vender, si todo le saliera bien ahora, en el plazo perentorio de un año. No es sólo el mundo de las comunicaciones el que se verá seriamente afectado por la falta de inversión; cualquier inversión, en cualquier rubro, se retraerá ante la desconfianza, luego del desconocimiento claro de tantas garantías constitucionales.

Un país chico y sin inversiones, aislado del mundo y del progreso, con periodistas silenciados y empresarios asustados es el que se bosquejó ayer en la Cámara de Diputados. El país perfecto del imaginario kirchnerista.

La Nación




Hace 60 años, el primer peronismo hacía lo mismo
Pablo Sirvén
LA NACION

Jueves 17 de setiembre de 2009

Con la excusa de desandar todo lo mucho que hizo el peronismo menemista en la década pasada a favor de engrosar y dar generoso poder a grandes holdings de comunicación (fenómeno que profundizó Néstor Kirchner en 2005, con la prórroga de las licencias de los canales de TV y de las radios, y en 2007, al dar luz verde a la fusión de CableVisión y Multicanal), ahora la presidenta Cristina Kirchner alienta un desguace mayúsculo en contra de esos mismos grupos, en busca de reemplazarlos por innumerables medios pequeños más débiles y manejables.

No sólo eso: como la ley de radiodifusión en ciernes obligará a los multimedios a deshacerse en el término de un año de cantidades de licencias, inevitablemente surgirán nuevos conglomerados audiovisuales más afines al Gobierno y con poder económico, listos para cooptar a esos náufragos, loteados al mejor postor.

La maniobra se parece bastante a la que llevó adelante, entre fines de los años 40 y principios de los 50, el primer peronismo (no el de Menem ni el de los Kirchner, sino el auténtico de Perón y Evita), que en pocos años armó un colosal holding estatal de medios de comunicación.

En un movimiento de pinzas sin fisuras, la mayoría de los dueños de los diarios y radios del país fueron obligados a vender sus empresas. A los más dóciles se los premiaba con un perverso lauro: a cambio de perder su condición de propietarios se les concedía convertirse en obedientes funcionarios a cargo de sus ex compañías. Servía a los fines del disimulo: las compras eran bajo cuerda, no se publicaban en el Boletín Oficial y se pagaban con dineros provistos sin desmayos por el "mago de las finanzas" Miguel Miranda desde el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI). Así lo hizo Jaime Yankelevich, pope de Radio Belgrano, que, además, puso a los pies de la poderosa pareja presidencial un por entonces muy novedoso medio de comunicación: la televisión.

"Alea iacta est" ("la suerte está echada"), habría dicho Julio César cuando estaba por cruzar el río Rubicón para ir contra Pompeyo. Inspirados en ese afán triunfalista del más célebre emperador romano, los peronistas de la primera hora fundaron Alea SA, un gigantesco monopolio estatal que funcionaba en un edificio de 43 pisos, donde se editaban cantidades de periódicos, revistas y folletería afines al Gobierno. Carlos Aloé, su máximo director, lo explicó a la revista Primera Plana años después, con palabras que hoy suenan familiares: "Nosotros no usábamos dinero del Estado, al contrario, las empresas daban ganancias". En su despacho había un retrato gigante del general Perón con la siguiente leyenda: "Empresas periodísticas radiales e informativas".

A los que no vendían rápido se los martirizaba con inspecciones sorpresa de la nefasta Comisión Bicameral Investigadora de Actividades Antiargentinas, que comandaba el diputado José Emilio Visca, que aplicaba multas y clausuras si los sanitarios no funcionaban bien y los libros contables no estaban en orden.

Tras promulgar una ley sobre la Organización de los Servicios de Radiodifusión, en 1953, el gobierno peronista armó cuatro redes, una estatal y otras tres supuestamente privadas (la Red A incluía a la editorial Haynes; la Red B fue otorgada a la Asociación Promotores de Telerradiodifusión -APT-, en tanto que la Red C abarcaba a La Razón editorial, emisora, financiera y comercial). Aloé controlaba Haynes y La Razón ; Jorge Antonio manejaba la APT. Todo quedaba entre amigos.

Como a La Prensa no pudieron doblegarla, optaron por confiscarla para entregársela a la CGT, tras humillarla repetidamente por la entonces Radio del Estado y los demás medios acólitos y conversos.

Tras su violenta estatización (revertida en 1955, cuando fue devuelta a sus legítimos dueños), los avisos clasificados que reunía en cantidad en sus páginas empezaron a emigrar hacia un pequeño y novel tabloide, que había nacido apenas un par de años atrás, llamado Clarín .

La Nación


El Gobierno sumó aliados y logró la media sanción de la ley de medios
El socialismo y otros bloques de centroizquierda le dieron el apoyo que le faltaba; los principales bloques opositores se retiraron del recinto y denunciaron graves irregularidades; votaron a favor 146 diputados y sólo tres en contra; el Senado lo tratará en 15 días

Jueves 17 de setiembre de 2009

Laura Serra
LA NACION

El objetivo del bloque oficialista parecía cumplido pasada la medianoche: gracias al apoyo de la centroizquierda, dio media sanción al proyecto de ley que cambiará la regulación del sistema de medios audiovisuales. Poco afectó al oficialismo que el recinto de la Cámara de Diputados luciera semivacío; menos aún que la oposición se retirara, indignada, con denuncias de que el debate era nulo.

Tras una sesión de más de 12 horas, el oficialismo consiguió el triunfo con 146 votos a favor, gracias al aporte del socialismo, Solidaridad e Igualdad (SI) y Proyecto Sur, la alianza que lidera Pino Solanas. También apoyaron el proyecto los diputados por Chubut, que responden al gobernador Mario Das Neves. La iniciativa sólo recibió tres votos en contra (y tres abstenciones): a la hora de la definición, la oposición más crítica ?UCR, Coalición Cívica, Pro, el cobismo y el PJ disidente? había abandonado el recinto tras denunciar irregularidades en el dictamen y en la conformación del quórum para la sesión.

Advirtieron que no avalarían el "trámite exprés" de una iniciativa que, según denunciaron, le servirá al Gobierno para "controlar y amordazar" a los medios de comunicación. La discusión del proyecto de ley duró 20 días y los últimos cambios ?casi 200? se introdujeron en la medianoche de ayer.

"Esta sesión goza de la más absoluta legalidad y legitimidad; esta ley es producto de la construcción colectiva de bloques opositores que no tienen doble discurso", refutó la kirchnerista Patricia Vaca Narvaja. El oficialismo anticipó que pretende convertir el proyecto en ley dentro de 15 días en el Senado, a libro cerrado. No quiere arriesgar la mayoría que cree tener asegurada desde que el socialismo, que lidera el gobernador Hermes Binner, adelantó su apoyo.

La decisión del Partido Socialista significó un golpe duro a la oposición; el oficialismo lo festejaba sin disimulo, porque dotaba de "pluralidad" la votación. El Gobierno se llevaba un doble triunfo: además de la media sanción, desnudó fisuras en la oposición.

El proyecto aprobado obliga a los multimedios a desprenderse de empresas en el plazo de un año, impide a los operadores de cable tener canales de televisión de aire, reduce de 24 a 10 la cantidad de licencias de radiodifusión que puede tener una compañía y otorga al Estado mayor poder para controlar los contenidos de los medios de comunicación.

No sólo el partido socialista respaldó la iniciativa oficial; también el diputado Horacio Alcuaz (Gen), mano derecha de Margarita Stolbizer, preveía votar a favor, lo que agigantaba el abismo entre esta dirigente y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

El oficialismo también se llevó el apoyo de SI y de Proyecto Sur, no así el de Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) que, hasta el final, se negaba a votar el proyecto oficial.

Pero no todas fueron rosas para el Gobierno: si bien cooptó a buena parte de la centroizquierda, con esta iniciativa logró que, por primera vez, el PJ disidente se aunara en una misma posición.

En efecto, los 31 diputados que responden al santafecino Carlos Reutemann, al entrerriano Jorge Busti, al puntano Alberto Rodríguez Saá y al bonaerense Felipe Solá ?el encargado, desde temprano, de coordinar la estrategia? propusieron al resto de la oposición la postura de no participar en la votación del proyecto de ley, que finalmente se concretó.

El proyecto de ley que fue girado al Senado propone dos pilares que se mantienen incólumes: la "desmonopolización" compulsiva de los actuales grupos mediáticos, con el ingrediente de que en apenas un año éstos deben desprenderse de sus licencias para adecuarse al nuevo marco legal.

Este fue uno de los puntos más discutidos del proyecto, pues vulnera derechos adquiridos, según denunciaron las principales organizaciones de la industria audiovisual.

"Esta ley tiene artículos inconstitucionales. Hasta Hugo Chávez se ajustó a derecho cuando esperó a que las licencias caducaran para sacar una nueva ley de comunicaciones", asestó la bonaerense Graciela Camaño, enrolada en esta iniciativa en el PJ disidente.

Por esta razón, también el Movimiento Popular Neuquino (tradicional aliado del gobierno kirchnerista) marcó distancia. "Con esta norma se pretende legislar para atrás, ya que no sólo se afecta la seguridad jurídica, sino también las inversiones realizadas por los grupos mediáticos", advirtió el diputado José Brillo.
Organismo cuestionado

El otro pilar sobre el cual se asienta este proyecto es el dominio del oficialismo sobre un organismo clave, la autoridad de aplicación, encargada de conceder, prorrogar y declarar caducas las licencias.

El kirchnerismo aduce que esa mayoría no es tal desde que aceptó ampliar la composición, de cinco a siete miembros, con la incorporación de dos directores del Consejo Federal, también por crearse. Los miembros de ese organismo serían elegidos por un mandato de cuatro años, si se sancionara la ley, con lo cual seguirían en sus cargos hasta 2013.

La oposición cuestionó duramente ese punto del proyecto. "Esta ley impone atribuciones excesivas sobre el Poder Ejecutivo, que podrá discrecionalmente determinar la habilitación de licencias. Es una ley mordaza sobre la libertad de expresión", enfatizó Fernando Iglesias (Coalición Cívica).

La oposición también cuestiona que al no fijar parámetros para determinar qué ONG podrá obtener una licencia, la ley beneficiará a las agrupaciones amigas del Gobierno, como las piqueteras o la CGT.

También advirtió que el texto no despeja el riesgo de que empresas extranjeras puedan comprar medios periodísticos argentinos.
Cómo se votó
147
Kirchnerismo y aliados

    * Eran los presentes en el recinto a la medianoche. El bloque K sumó aliados de centroizquierda, entre los que se destacan el socialismo, el bloque de SI (ex ARI) y Proyecto Sur.

104
Ausentes

    * La UCR, la Coalición Cívica, el PJ disidente, Pro y el cobismo se retiraron de la sesión con denuncias de serias irregularidades.

4
Votos en contra

    * Se quedaron a votar por el no Miguel Bonasso y los neuquinos del MPN.

Los multimedios
Grupo Clarín

    * Posee Cablevisión, Multicanal, Canal 13, Radio Mitre y señales de cable, como TN y TyC Sports, entre otros medios. La nueva ley impide ofrecer servicio de cable y tener un canal de aire. Y lo obligaría a cerrar canales de cable.

Vila/Manzano/De Narváez

    * Tiene el cable Supercanal, América 2, el canal de noticias América 24, la AM La Red, más canales y radios del interior. Debería desprenderse de América o cerrar Supercanal. Y lo afecta fuerte el límite de 10 licencias a nivel nacional.

Telefónica

    * Tiene Telefé y otros ocho canales del interior del país. No quedaría obligado a vender, pero los cambios en el proyecto le impiden ofrecer servicios de TV por cable.

Grupo Hadad

    * Tiene el canal de cable C5N, Radio 10, FM La Mega y otras tres radios. No quedaría afectado por las restricciones en las licencias.

Grupo Prisa

    * El holding español tiene Radio Continental y 18 FM en todo el país. Debería desprenderse de varias emisoras para ajustarse al nuevo límite.

Cadena Tres

    * Este grupo con base en Córdoba tiene 13 radios en distintas provincias y también quedaría forzado a desprenderse de algunas de ellas.



La Nación






El Gobierno y un gesto desesperado
Joaquín Morales Solá
LA NACION

Martes 15 de setiembre de 2009

Decidieron separar los objetivos, sin renunciar a ninguno. El proyecto de ley de radiodifusión tenía dos propósitos claros: fragmentar y debilitar a los actuales conglomerados de medios de comunicación y, al mismo tiempo, crear las condiciones para levantar un conglomerado propio de medios de la mano de la telefónica Telecom, cuando ésta haya sido totalmente argentinizada.

Ayer, Cristina Kirchner separó a las telefónicas del proyecto audiovisual. ¿Quedaron afuera definitivamente? No. La futura vida de las empresas telefónicas, su capacidad para ofrecer triple play y la mención de quiénes podrán hacerlo se intentarán regular más adelante a través de la ley de telecomunicaciones.

Con todo, el de ayer fue un gesto desesperado, una improvisación más en la marcha a los tumbos del kirchnerismo desde que decidió aprovechar al máximo la fugaz mayoría parlamentaria que tendrá hasta el 10 de diciembre. Antes había constatado que el quórum y la mayoría necesaria le eran esquivos, aun ahora, para aprobar el proyecto original de radiodifusión. El proyecto estaba condenado, en la mañana de ayer, a un rechazo parlamentario.

Los socialistas habían hecho de la presencia de las telefónicas en el proyecto una cuestión de vida o muerte, y los aliados de centroizquierda estaban más enfurecidos con las telefónicas que la oposición frontal a los Kirchner. Entre ocho y diez diputados del propio bloque kirchnerista habían anticipado que no votarían la ley en las condiciones en que estaba. Definitivamente, no había números suficientes en la Cámara de Diputados.

Patricia Bullrich llamaba al proyecto la "ley Telecom" y el radical Ernesto Sanz denunció un "fenomenal negocio" del kirchnerismo con esa telefónica. Telecom deberá argentinizarse cuanto antes, según una reciente resolución del Gobierno que obligó a los dueños italianos a vender sus acciones en la empresa. Grupos de empresarios argentinos, muy cercanos al kirchnerismo, aspiran a quedarse con las acciones que los italianos deberán liquidar en poco tiempo.

La española Telefónica, propiedad de extranjeros, había quedado fuera de los beneficios que recibían las telefónicas, porque le aplicarían la ley de bienes culturales. Esta ley fija un techo del 30 por ciento para las acciones en manos de extranjeros en los medios de comunicación.

Ante la perspectiva del fracaso parlamentario, los Kirchner decidieron postergar la mitad de sus objetivos, que era la futura conformación de un holding propio de medios. La presencia de las telefónicas en el ámbito audiovisual podría regularse luego mediante una modificación de la ley de telecomunicaciones. Eso es lo que anticiparon ayer empinados funcionarios oficiales. Pero es cierto que le será muy difícil al Gobierno doblegar luego al Congreso, cuando no pudo seducirlo ahora. "Sería un fraude político", señaló un legislador oficialista.

Decidieron, en cambio, privilegiar el objetivo mayor de fragmentar los multimedios actuales, entre los que resalta Clarín, aunque no es el único ni mucho menos. Hay infinidad de otros medios provinciales, regionales y algunos nacionales que se verán seriamente afectados por la sentencia al desguace que les caería encima. Prevaleció, en fin, la intención de permitir sólo medios pequeños, sobre todo en el interior del país ("pymes", como los llamó la Presidenta), más vulnerables a la extorsión económica del poder que manda.

* * *

De hecho, nada se anunció sobre el artículo que señala un plazo de apenas dos años no para la revisión de las licencias, sino para una nueva observación del ordenamiento legal. Esa disposición aleja cualquier posibilidad de previsibilidad y de inversión en un medio que necesita de la modernización y la inversión constantes.

También se anunciaron vagos cambios en la integración del futuro organismo de control, pero no se aclaró si el Gobierno cederá la mayoría de sus miembros. Probablemente, no. No debería descartarse que ese organismo termine siendo un remedo del Consejo de la Magistratura: muchos tienen representación allí, pero el poder de decisión -y de apriete- quedó reducido a dos diputados hiperkirchneristas.

Todo sabe a improvisación, en efecto. ¿Podía esperarse algo más serio y consistente? No. El proyecto audiovisual enviado al Congreso tiene notas al pie para fundamentar sus disposiciones. Cuando lo anunció, Cristina Kirchner lo comparó pomposamente, en materia de notas y de precedentes, con el Código Civil de Vélez Sársfield.

Fue una irreverencia con la historia y con el personaje. Su proyecto de radiodifusión, sensible a las necesidades políticamente correctas de los "pueblos indígenas", tiene notas totalmente escritas en inglés (seguramente copiadas de Internet, sin traducción) y referencias apuradas y tan representativas como las opiniones de la Agrupación Comandante Andresito, la Federación Juvenil Comunista, Agrupación La Vallese o Barrios de Pie. Está claro, ahora y antes, que el tiempo es el bien más escaso del kirchnerismo.
Denuncia contra Kirchner

    * El ex presidente Néstor Kirchner fue denunciado ante la Justicia por el presunto delito de "coacción" por la iniciativa de tratar la ley de medios limitando el tiempo de debate y por supuestas acciones de "hostigamiento" contra el Grupo Clarín. La denuncia quedó radicada en el juzgado de Sergio Torres.


Cableras y telefónicas, una división del pasado
Enrique Carrier
Para LA NACION

Martes 15 de setiembre de 2009

En momentos en que se debate el futuro de los medios y los contenidos, los cambios tecnológicos plantean una relación distinta entre su generación y distribución. Por eso, la ley que surja, y que a todas luces es necesaria, no debe basarse en lo que pasó, sino en lo que vendrá. Para lograrlo, hay que comprender los cambios introducidos por una evolución tecnológica claramente disruptiva.

Si miramos hacia atrás, veremos que hasta hace poco a cada red correspondía un servicio único y determinado: la de TV por cable, videoanalógico; la de telefonía, voz. Ninguna estaba en condiciones técnicas de transportar el contenido de la otra. Eran claramente universos estancos. Con la digitalización, las diferencias técnicas entre los distintos tipos de contenidos desaparecen. En consecuencia, las redes dejan de ser específicamente para un contenido determinado: todo aquello susceptible de ser digitalizado puede ser transportado.

Hoy hay cada vez menos diferencias entre redes de TV por cable y de telecomunicaciones: ambas pueden dar servicios de banda ancha, telefonía o video. Mientras en el mundo analógico la diferencia se daba por el servicio, íntimamente ligado a la red de transporte, en el digital surgen dos sujetos claramente diferenciados: quién pone la infraestructura de distribución y quién genera contenidos.

No puede asegurarse la pluralidad de contenidos si hay limitaciones en el acceso a ellos. Así, es necesario propiciar la existencia de una infraestructura extendida y desarrollada. Y como pudo observarse con la banda ancha, terreno en el que primero convergieron redes de TV por cable y de telefonía, la competencia de infraestructuras de similares capacidades es el camino, con la extensión de su cobertura, la creación de más y mejores productos, y la accesibilidad cada vez mayor.

Pero el necesario desarrollo de las redes no puede lograrse sin importantes inversiones de capital. Al ser las redes digitales agnósticas al contenido, no es razonable establecer restricciones a la inversión en infraestructura. Por supuesto, el Estado tiene que establecer normas de competencia claras y transparentes, que no permitan abusos en función de capacidades tecnológicas o económicas. También, hacerlas cumplir.

Además, habrá que evitar que la red tenga discrecionalidad total para determinar los contenidos que transporte y, sobre todo, los que no transporte. Así se podrá acceder a los contenidos generados, para asegurar que la multiplicidad de voces e intereses esté al alcance de todos.

El futuro ya es hoy, y la Argentina necesita establecer condiciones propicias para el desarrollo de infraestructuras de base de la sociedad moderna. No podemos darnos el lujo de despreciar importantes redes ya instaladas por una concepción de los contenidos anclada en el pasado.

El autor es director de la consultora Carrier y Asociados



El proyecto mantiene la inseguridad jurídica

Adrián Ventura
LA NACION

Martes 15 de setiembre de 2009

Aun cuando se elimine el ingreso de las telefónicas en el mercado de los medios audiovisuales, la ley seguirá provocando una fuerte inseguridad jurídica; obligará a malvender canales de aire y de cable; violará derechos adquiridos y contendrá otros muchos puntos discutibles.

La modificación quizás esté dirigida a atraer los votos de los partidos de izquierda y, tal vez, logre ese objetivo. Pero centrar allí todo el problema es crear una trampa: la ley, aún sin el desembarco de las telefónicas, continuará siendo una herramienta para destruir el actual mercado de medios:

    * El texto del proyecto, del artículo 2 hasta el 156, sigue sometiendo a la radiodifusión a un reglamentarismo excesivo y permite la interferencia del Poder Ejecutivo (PEN) más allá de las pocas necesidades técnicas que puedan derivarse de la administración del espectro radioeléctrico.

    * De varios artículos surge expresamente que las empresas no podrán invocar derechos adquiridos, con lo cual la ley violará retroactivamente sus derechos.

    * La autoridad de aplicación de la ley, con cinco miembros, estará dominada por el PEN (artículo14). Incluso si la Comisión Bicameral nombra a dos de los cinco, es claro que estará dominado por la mayoría política de turno. Lo que necesita la libertad de expresión, precisamente, es menos injerencia del poder político, nomás.

    * El artículo 16 fija un Consejo Federal de Comunicación, con carácter asesor; un megaorganismo con representantes de cada provincia, las ONG, las universidades, los medios públicos, los sindicatos, Argentores y de los pueblos originarios. Allí, los medios privados sólo tendrán tres representantes. Será un remedo de nuevo Consejo de la Magistratura y el oficialismo saldrá a controlar esos representantes, como hizo con los del Consejo.

    * El artículo 19 permite que la Comisión Bicameral designar al defensor del público. Así, un funcionario oficialista podría ser intérprete, aun de oficio, de los reclamos del público, casi una paradoja. Basta con pensar si el público, en la actualidad, quiere ser interpretado por un hombre del Gobierno.

    * El artículo 24, si no prospera el pedido de algunos sectores de izquierda, continuará permitiendo que haya empresas de medios audiovisuales donde capitales extranjeros tengan participación mayoritaria (si existe un tratado bilateral de inversión).

    * El artículo 38.2.c., sin motivo técnico alguno que lo justifique, establece algo que no ocurre en ninguna otra parte: una empresa no puede ser titular de un canal de aire y de uno de cable. Y un cable no podrá transportar más de una señal propia. Además, los canales de cable se computan a los efectos de los topes que radios y canales que se pueden tener. Todo ello provocará la venta de muchos medios, que estarán disponibles para el ingreso de los capitales amigos del Gobierno.

    * Si realmente se pretende que las telefónicas no ingresen en el mercado audiovisual, el texto de la ley debería establecer un recaudo: una empresa argentina que tenga licencia de radiodifusión no debería poder arrendar a las telefónicas las redes para transportar sus señales, porque éstas, por su peso, pasarían a ser dueñas reales del negocio del empresario argentino, quizás un mero testaferro de aquéllas.

    * El articulo 40, si bien el oficialismo promete revisarlo, autorizará a la autoridad de aplicación a revisar las licencias cada dos años.

    * El artículo 41 tiene una redacción confusa, que permitirá que el Ejecutivo, con la excusa de evitar la concentración indebida de medios, pueda negarle una licencia a un diario (léase Clarín o cualquier otro). Y expresaemnte sostiene que no se podrán invocar derechos adquiridos.

    * El artículo 152 establece que los grupos de medios deberán vender sus empresas para ajustarse a la ley, en un plazo de un año.

El anuncio de la Presidenta no cambia nada de esto.



El operativo de seducción de Cristina Kirchner
Por Fernando Laborda
Especial para lanacion.com

Martes 15 de setiembre de 2009

La decisión de la presidenta Cristina Kirchner de excluir a las empresas telefónicas de la posibilidad de participar del negocio de los medios audiovisuales fue el primer paso de un operativo de seducción, que demuestra la férrea voluntad del Poder Ejecutivo de lograr la aprobación del polémico proyecto de ley de radiodifusión antes del 10 de diciembre, cuando cambiará la composición del Congreso.

La jefa del Estado hizo así la primera concesión a sectores de la oposición que podrían llegar a votar favorablemente la iniciativa y también a legisladores del propio oficialismo que objetaron la posibilidad de que las compañías telefónicas ofrecieran el servicio de triple play (telefonía, televisión por cable e Internet).

La decisión de la Presidenta fue saludada por el diputado nacional electo Fernando "Pino" Solanas, quien la calificó como una "señal de sensatez política" y una "rectificación de errores", acercándose de este modo la posibilidad de que la decena de diputados de su sector apoye el proyecto oficial. Harían falta, claro está, otros cambios para satisfacerlos plenamente. Especialmente, modificar la cuestión de la autoridad de aplicación de la ley, que de acuerdo con la iniciativa del Gobierno, recaerá en un órgano dominado por representantes del Poder Ejecutivo.

No es la primera vez que Cristina Kirchner intenta acercarse al sector liderado por Solanas después de las elecciones legislativas del 28 de junio, en que el cineasta obtuvo un importante segundo puesto en el distrito porteño. Un día después de esas elecciones, la Presidenta le prodigó elogios durante una conferencia, al insinuar que el líder de Proyecto Sur tal vez encarnaba "la profundización del modelo" que el Gobierno no llegó a concretar.

Pocos días después, el Gobierno se deshizo del cuestionado secretario de Transporte, Ricardo Jaime, luego de que Solanas pidiese que se fuera el funcionario. Finalmente, ayer la Presidenta anunció la exclusión de las empresas telefónicas del triple play, tras declaraciones del dirigente de Proyecto Sur en las cuales calificó como "escandaloso" que esas compañías pudieran operar medios de comunicación audiovisuales.

De abrirse una negociación con los diputados de los bloques Solidaridad e Igualdad (SI) y del Proyecto Sur, vinculados con Solanas, el oficialismo podría garantizarse la aprobación del proyecto de radiodifusión en la Cámara baja por una diferencia mayor a la esperada.

El trámite en el Senado, pese a eso, no será sencillo, aunque el Poder Ejecutivo confía en aprovecharse de la delicada situación fiscal de algunas provincias para cambiar el voto de sus senadores por apoyo financiero.

En la víspera, el gobernador chubutense y precandidato presidencial, Mario Das Neves, tras confirmar que el Estado nacional le debe dinero a su provincia, aseguró que nunca sus senadores cambiarían su voto por el giro de esos fondos. Sin embargo, se negó a adelantar la posición que finalmente adoptarán en el recinto de la Cámara alta frente al proyecto sobre medios audiovisuales.




Anuncio de la Presidenta
Medios: cambian el proyecto de ley pero se mantiene el control oficial
Las telefónicas no podrán participar en el mercado de la televisión por cable

Martes 15 de setiembre de 2009

Mariana Verón
LA NACION

En un giro inesperado, el Gobierno dio marcha atrás y prohibió que las empresas telefónicas puedan ingresar en el mercado de la televisión por cable, tal como establecía el proyecto de ley de medios que el Poder Ejecutivo envió al Congreso.

La encargada de anunciar tal concesión fue la presidenta Cristina Kirchner, con una decisión que tomó por sorpresa a propios y ajenos. Fue durante una conferencia de prensa, en la que sólo se permitieron preguntas a la jefa del Estado sobre el proyecto de reforma de la ley de radiodifusión.

Cristina Kirchner presentó la eliminación de las telefónicas como la "objeción fundamental" que había tenido el debate en la Cámara de Diputados, al que calificó como "inédito", y dijo que consideraba necesario quitar las "excusas" para que el proyecto se aprobara. "De esta manera vamos a desterrar cualquier duda sincera que legisladores puedan haber tenido de que la presencia de las telefónicas podría generar un nuevo monopolio, y desterrar también las excusas que les pueden haber servido a otros", consideró.

Después de once preguntas, ratificó gran parte del proyecto oficial. Es más: antes de conceder que las empresas telefónicas no participen en el mercado, defendió la decisión original de su Gobierno que, en el anteproyecto, les permitía el ingreso en el negocio. "Lo habíamos propuesto porque tiene que ver con la convergencia tecnológica, la cual en algún momento se va a dar; es inexorable y [negarlo] sería intentar ocultar el sol con las manos", afirmó.

La Presidenta sostuvo que el artículo que establece una revisión cada dos años de los licenciatarios se aplicará sólo como un control sobre las nuevas tecnologías y consideró "inadmisible" que el Gobierno lo aplique con otros fines. "Tengo entendido que se han superado todas las diferencias o todos los temores que había de que esto significara un contralor, inadmisible, cada dos años, de una licencia otorgada", dijo.

Además, defendió que la ley se tratara bajo la actual composición del Congreso y lo comparó con el debate, en unos días más, del proyecto de presupuesto para el año próximo. La jefa del Estado respaldó, además, la integración de la autoridad de aplicación de la norma, con mayoría oficialista, que es otro de los grandes cuestionamientos a la iniciativa que hacen los medios y la gran parte de la oposición. Eso sí. Sobre este punto, la Presidenta dejó abierta la posibilidad de introducir más cambios. "Se está discutiendo todavía con distintas agrupaciones en el Congreso cómo se va a integrar, de manera tal que todos tengan la certeza que van a tener participación las minorías parlamentarias y que no va a haber un uso no institucional de esas facultades", aclaró.

El Gobierno, en su proyecto, establece que será integrada por cinco miembros, tres del Poder Ejecutivo y dos en representación de la segunda y tercera minoría parlamentaria que designará una comisión bicameral. Esa será, incluso, la próxima batalla legislativa de la oposición y donde el Gobierno accedería a hacer modificaciones. Una de las posibilidades es que el cuerpo se amplíe a siete miembros: dos por el Ejecutivo, tres por el Congreso y otros dos representantes de las provincias.

Aunque se mostró predispuesta a responder, en más de una oportunidad la jefa del Estado optó por esquivar las respuestas o tergiversar las preguntas. Dijo, por ejemplo, que la autoridad de aplicación estaría integrada por un Consejo Federal compuesto por representantes de todas las provincias, cuando el proyecto establece que las decisiones de ese consejo no tendrán carácter vinculante.

Ante una pregunta de LA NACION, Cristina Kirchner descartó que en el proyecto se contemple la regulación de la pauta oficial, uno de los aspectos centrales que integran los 21 puntos que elaboró la Coalición para una Radiodifusión Democrática, sobre los que se basó el proyecto del Gobierno. La Presidenta anticipó que se incorporará en la iniciativa la obligación de los medios de informar cuánta pauta oficial reciben, una información, que actualmente es pública. Concretamente, LA NACION le leyó a la Presidenta lo que establece el punto 3 de la Coalición. "Estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial", sostiene el texto. "La adjetivación de asignación arbitraria corre por cuenta suya y la respeto", contestó Cristina Kirchner, modificando el sentido de la pregunta.
Néstor Kirchner

La Presidenta rechazó, además, que el ex presidente Néstor Kirchner se hubiera reunido con empresarios para armar un grupo nacional que le compre a Telecom Italia la parte de las acciones que tiene Telecom Argentina, en lo que representaba uno de los riesgos del proyecto oficial de permitir el ingreso de las empresas telefónicas. "No es cierto y me parece que plantear esto es casi faltarme el respeto, como si fuera yo una persona que no decido y que decide el presidente Kirchner [sic]", sostuvo. Sin quererlo, nombró a su marido como el presidente. Además, mandó a los periodistas a que le consultaran a Kirchner por qué había aprobado la fusión entre Multicanal y Cablevisión que, después de más de un año de aquella aprobación, rechazó el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer). "Esto prueba que lo que me preguntó su colega sobre que prácticamente el que decidía las cosas en este gobierno era el anterior presidente, no se da", retrucó la jefa del Estado. La acompañó durante la conferencia el interventor en el Comfer, Gabriel Mariotto, sobre quien la Presidenta bromeó por haberse ubicado a su derecha, en el Salón Sur de la Casa Rosada. También estuvo el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, pero se quedó debajo de la tarima donde se ubicó el atril presidencial.

Hacia el final, Cristina Kirchner dijo que no estaba entre sus "hipótesis" que la ley fuera rechazada. "Debe ser una ley de gran consenso", agregó, en otra muestra de cambio del Gobierno. "Creo que es una oportunidad que no puede ser frustrada, y creo que el esfuerzo de acercar las coincidencias y puntos de vista es un ejercicio que estamos obligados a hacer", afirmó.

La Nación




Ley de medios / Fuerte reacción oficial tras la cumbre opositora
El Gobierno atacó a Cobos y le pidió que renunciara
El jefe de Gabinete dijo que "debería dar un paso al costado" por rechazar el proyecto de radiodifusión

Sábado 12 de setiembre de 2009

El Gobierno inició ayer una dura ofensiva contra Julio Cobos, después de la reunión en la que el vicepresidente juntó en su despacho a casi toda la oposición para frenar la ley de medios en el Congreso.

"Hay gestos que a uno lo obligarían a dar un paso al costado", se exasperó ayer el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. A primera hora del día, Fernández fue el encargado de instalar en público lo que en la Casa Rosada hace tiempo piden en privado: que Cobos renuncie.

La foto del vicepresidente en el Senado junto con los líderes opositores enfureció al matrimonio presidencial, según fuentes oficiales. Desgranaron reproches en Olivos después de ver cómo Cobos consensuaba una posición común para trabar el proyecto de ley de radiodifusión.

Además del jefe de Gabinete, le reclamaron la renuncia a Cobos el presidente del bloque oficialista de diputados, Agustín Rossi, y el vicegobernador de Buenos Aires, Alberto Balestrini, entre otros.

Cobos respondió anoche. "Algunos dirigentes y funcionarios consideran que el único rol del vicepresidente es callar o renunciar", se quejó. Y afirmó: "Todos tienen derecho a reunirse, ahora cuando lo hace el vicepresidente se transforma en conspirador".

La respuesta pretendió convertirse en una réplica a Fernández, a Rossi y a Balestrini, que repitieron críticas comunes a lo largo de todo el día.

"Si no tiene posiciones de las mismas características, o da un paso al costado o se pone en un ámbito en donde, por lo menos, no colisione con el Gobierno", insistió el jefe de Gabinete en declaraciones a radio Continental. Mantuvo siempre el mismo tono: "Es un espanto que en un país el que fuera compañero de fórmula del presidente de la Nación esté jugando en contra".

Un rato después se sumó Balestrini, que acusó a Cobos de "desestabilizar" al Gobierno. También le pidió la renuncia. "Cuando un dirigente que fue elegido por el voto popular se diferencia de esta forma, renuncia. Y él no lo hace, porque pareciera ser que le teme a la intemperie", ironizó el presidente del PJ bonaerense. Y recalcó: "La actitud de Cobos no se compadece con el sistema democrático. Sus apariciones y dichos públicos hacen pensar que pretende desestabilizar".
Versiones oficiales

Con el correr de las horas, incluso, empezó a circular por despachos oficiales que la ofensiva kirchnerista se profundizaría la semana próxima. Algunas fuentes del Gobierno mencionaban la posibilidad de iniciarle "un juicio político" al vicepresidente.

Allegados del jefe de Gabinete fueron misteriosos con LA NACION: "No se está pensando en un juicio político, por ahora".

Más tarde, otra fuente oficial intentó ser más convincente: "Lo de la renuncia fue la opinión de un ministro. El Gobierno no tomará ninguna medida". Anoche, en la Casa Rosada evaluaban que avanzar más podía "victimizar" la figura del vicepresidente.

Pero nada podía disimular el enojo. Una fuente de la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Oscar Parrilli, justificó el ataque, con gestos ampulosos: "Cobos fue el que puso en juego las instituciones cuando se convirtió en jefe de la oposición".

No es la primera vez que el oficialismo decide apuntarle al dirigente radical. Ya lo había hecho el propio Néstor Kirchner después del "voto no positivo" tras el debate por las retenciones móviles del año pasado, y a lo largo de la última campaña electoral.

Anteayer rebrotaron los reproches, cuando Cobos reunió a Mauricio Macri, a Francisco de Narváez y a los jefes de los bloques de diputados y senadores radicales.

Con el apoyo (a la distancia) de Carlos Reutemann y Felipe Solá, se dejó fotografiar mientras acordaba que intentará derogar la ley de medios si el kirchnerismo logra aprobarla antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.

Ese gesto público, en medio de la pelea contra los medios, terminó de exasperar los ánimos del oficialismo. Animos ya inquietos desde que se supo que Cobos pretende girar el proyecto de ley de radiodifusión a por lo menos cuatro comisiones, en un intento de demorar la sanción de la norma.

En medio de la controversia pública, también se sumó a los cuestionamientos el jefe de la bancada de los diputados kirchneristas, Agustín Rossi. "El vicepresidente es el representante del Poder Ejecutivo ante el Senado, pero Cobos hace tiempo que dejó de cumplir esa función. Por el contrario, hace una utilización mezquina del cargo", dijo.

Después lo acusó de ser "el principal articulador de obstáculos" para las leyes de la Casa Rosada y calificó su encuentro con la oposición como "una falta ética grave". Terminó diciendo que Cobos "usa el rol de vicepresidente para consolidar su liderazgo como opositor".

Con más adjetivos y tal vez un poco menos de recato, algo parecido se oía en la quinta presidencial de Olivos.

Participación. Aníbal Fernández: "No voy a dejar de reconocer la relación afectuosa que tengo con Menem"; opine.

La Nacion





"Creen que el papel del vicepresidente es callar o irse"
Respondió así a las críticas; y les dedicó duras frases a Balestrini y a Rossi

Sábado 12 de setiembre de 2009

Mascullando bronca en Mendoza, donde se recluyó el jueves por la noche, el vicepresidente Julio Cobos tuvo respuestas muy duras para los funcionarios que durante el día de ayer pidieron su renuncia.

Cuando arreciaban las críticas por la reunión junto con líderes de la oposición que presidió en su despacho del Senado contra la ley de radiodifusión kirchnerista, Cobos repitió que no va a renunciar y dijo que "algunos funcionarios" quieren coartar su libertad de "dialogar, pensar y expresarse".

Por medio de un comunicado que difundieron sus voceros, el vicepresidente opinó que por su voto contra las retenciones móviles "algunos dirigentes y funcionarios consideran que el único rol del vicepresidente es callar o renunciar; según esta consideración, tampoco puede hablar, aportar, consensuar o proponer".

Hablando de sí mismo en tercera persona, Cobos consideró que desde su apoyo al campo, fue "marginado de los actos de gobierno, sin participación en la agenda política, agraviado en forma constante y no fue consultado nunca más".

Y siguió: "Parecería que todos tienen derecho a reunirse y dialogar; ahora cuando es el vicepresidente quien lo hace se transforma en conspirador y desestabilizador".

Según la misma visión, si el diálogo "lo emprende el jefe de Gabinete o el ministro del Interior, es un hecho loable y democrático; mientras que si es el vicepresidente, desestabiliza y conspira contra el Gobierno".
Con nombre y apellido

Pero Cobos no se limitó a contestar en términos genéricos, sino que respondió puntualmente a varios de los que lo habían cuestionado.

"Bueno sería que tanto esfuerzo en acusar se pusiera de manifiesto a la hora de defender la autonomía de la provincia de Buenos Aires", dijo respecto de las críticas del vicegobernador Alberto Balestrini, que lo había acusado de intentar desestabilizar al Gobierno.

También le respondió al jefe de la bancada kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi, que lo había llamado el "principal articulador de obstáculos". "Debería abocarse a buscar consensos, no votos", le dedicó Cobos.

Además, profundizó sus críticas por el megaprocedimiento de la AFIP al diario Clarín y opinó que "lo ocurrido fue un hecho inexplicable y gravísimo, tan inexplicable como la excusa brindada hoy [por ayer]".

Para Cobos, "debería pensarse antes de realizar actos intimidatorios de este tipo, que dañan la imagen internacional del país".

Mientras Cobos respondía a sus críticos, en el Senado crecían las dudas sobre la estrategia que usará el kirchnerismo para aprobar el proyecto de ley de radiodifusión.

Una versión decía que en la Casa Rosada se urdía un plan para girar la iniciativa al Senado dentro de 10 días, cuando Cobos se encuentre a cargo de la presidencia (por un viaje de Cristina Kirchner al exterior) y el senador peronista José Pampuro quede al frente de la Cámara alta.

Sería un intento de evitar que el vicepresidente mandé el proyecto a todas las comisiones que prometió, lo que demoraría su aprobación.

Fuentes del oficialismo consultadas por LA NACION consideraron "muy complicado" que un procedimiento así pudiera llevarse a cabo, por lo ajustado de los tiempos.

En la oposición también sugirieron que la maniobra no sería fácil, pero no descartaron ninguna posibilidad.

"El punto crucial es tener los votos", comentaban ayer unos y otros sobre el proyecto que mantiene al Congreso en vilo, mientras todos hacen números para saber si el kirchnerismo logrará imponer su iniciativa en las comisiones y en el recinto.

La Nación



Al oficialismo aún no le alcanzan los votos en el Senado
Joaquín Morales Solá
Para LA NACION

Miércoles 9 de setiembre de 2009

"¿Qué hará Kirchner si fracasa en el Congreso el proyecto de ley de radiodifusión?" La pregunta se ha vuelto asidua y preocupante entre los legisladores del peronismo. Los números no cierran hasta ahora. Todo está en discusión entre los diputados, pero no hay senadores suficientes, hoy por hoy, para aprobar el proyecto del Gobierno. A primera vista, hay sólo 34 senadores dispuestos a apoyar las regulaciones propuestas por el kirchnerismo; se necesitan 37 del total de 72 senadores que hay para aprobar la iniciativa.

El peronismo kirchnerista (o cercano al kirchnerismo) tiene teóricamente 37 senadores. Sin embargo, los dos que responden al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, informaron en las últimas horas que ellos votarán en contra del proyecto oficial. Una advertencia parecida, aunque más sutil, hizo el jujeño Guillermo Jenefes, que anticipó ya públicamente una actitud independiente frente al conflicto. Jenefes pertenece a una familia propietaria de varios medios de comunicación, que podría resultar afectada por la eventual nueva ley de radiodifusión. Hay que restarles tres, por lo tanto, a aquellos 37.

"Estamos frente a la posibilidad de otra resolución 125", exageró un senador del oficialismo. La resolución 125 fue la que aumentó las retenciones para la soja y el girasol y resultó rechazada por el Congreso, luego del desempate del vicepresidente Julio Cobos en el Senado. Pero otra sospecha es aún más turbadora que los números de hoy. ¿Qué harán muchos senadores peronistas que concluirán su mandato el 10 de diciembre (cuando cambiará un tercio del cuerpo) y que se resisten a inmolarse en nombre de un gobierno derrotado? "Sólo la ausencia de dos senadores propios nos condenaría a una derrota", sentenció un senador de linaje kirchnerista.

Muchos senadores peronistas que abandonarán el cargo en diciembre están resentidos con los Kirchner; nunca los llamaron ni les ofrecieron nada ni les dieron una esperanza de una nueva vida política. "Me aseguraron que conservaría el cargo de senador si votaba a favor de la resolución 125. Voté a favor. Nunca más hablé con ellos. Me voy del Senado el 10 de diciembre", contó, dolorido, uno de los que están próximos a la jubilación.

En el Senado está influyendo sobremanera la prédica opositora de que la nueva ley esconde el negocio de la creación de un multimedios kirchnerista. "Están usando el fútbol para atosigar de avisos oficiales Canal 7", resumió un oficialista cuando explicó por qué les es difícil a ellos contrarrestar aquella soflama opositora. Se quedó corto: están abrumando el fútbol no sólo de avisos oficiales, sino de una publicidad parcial y arbitraria sobre las acciones, ideas y posiciones del gobierno de los Kirchner. "¿Cómo decir que las cosas serán mejores cuando la única prueba que hay es que serán peores?", resumió aquel legislador leal al Gobierno.

Carlos Reutemann vuelve a cumplir el papel que desempeñó durante el trámite de la resolución 125. Cuando el senador santafecino se alejó del Gobierno, gran parte de los senadores peronistas se fueron con él. Reutemann acaba de comparar el actual proyecto de ley de radiodifusión con la política chavista sobre los medios de comunicación. Esa posición fue ratificada en las últimas horas por Jorge Obeid, otro ex gobernador peronista de Santa Fe que nunca perdió la confianza de Reutemann. Obeid, actualmente diputado nacional, conservó siempre, al revés de Reutemann, una buena relación con el matrimonio presidencial. Su irrupción con una fuerte crítica al proyecto oficial indica que Reutemann logró disciplinar a sus legisladores, incluida también la senadora Roxana Latorre.

* * *

El proceso entre los diputados es más caótico, confuso y cambiante. Siempre es así en la Cámara de Diputados. Ahí el kirchnerismo puro tampoco tiene el número suficiente; necesita a los aliados de centroizquierda. Pero éstos le han advertido al Gobierno que votarán en contra si las telefónicas son las únicas beneficiadas por la ley y si el eventual futuro órgano de control de los medios audiovisuales tiene mayoría del Gobierno.

En rigor, con las telefónicas suceden dos cosas: el transporte y la generación de contenidos. Nadie entiende por qué se les aplica a las telefónicas la ley de bienes culturales sólo para el transporte de contenidos a través de Internet, cuando lo que importa es, precisamente, el contenido y no el transporte. La ley de bienes culturales obliga a los medios de comunicación a tener un 70 por ciento de acciones en manos de argentinos. La explicación podría ser una sola: la española Telefónica quedaría fuera de juego y sólo se beneficiaría Telecom, cuando se cumpla la disposición de que los dueños italianos de ésta deben desprenderse de sus activos. Grupos empresarios cercanos al kirchnerismo están esperando ese momento para comprar las acciones de Telecom.

La decisión final en la Cámara de Diputados es crucial para el curso posterior en el Senado. Un ajustado triunfo en Diputados (apenas por siete votos) condenó hace un año a la resolución 125 al fracaso definitivo en la Cámara alta. Aun cuando todavía no se sabe si triunfará en Diputados el proyecto de ley de radiodifusión, lo cierto es que nada augura, por ahora, una victoria aplastante del kirchnerismo; todos los números, se los busque por donde se los busque, son exiguos, solapados y esquivos.

Lo único predecible es la actitud de Cobos. Es probable que el vicepresidente termine mandando el proyecto a tantas comisiones del Senado, según la facultad que tiene, que resultará difícil que la iniciativa llegue al recinto antes del 10 de diciembre. Si hubiera empate, además, esta vez no habrá sorpresa. Cobos ya anticipó una posición crítica sobre el proyecto de ley de radiodifusión. ¿Qué hará Kirchner, en efecto, si le devolvieran rechazado su peleón y audaz proyecto? Algunos peronistas pronostican dramatismos, pero otros son más cautos. Ninguno sabe, en fin, si el ex presidente jugará justo en el límite de las instituciones.

Por eso, Cobos eleva súplicas al cielo para que no se repita en su vida otro momento de carnicería, para que muchos peronistas descubran antes la inutilidad de alistarse como soldados de una guerra perdida de antemano.

La Nacion

Radiodifusión: especialistas piden un organismo de aplicación más plural
Señalan que el Congreso debería tener mayor protagonismo; los puntos más controvertidos del proyecto oficial y la situación en otros países del mundo

Lunes 7 de setiembre de 2009

Por Iván Ruiz
Para lanacion.com

Las acaloradas discusiones que se vivieron esta semana en el Congreso reflejan las tensiones que genera la propuesta gubernamental para modificar la ley de Radiodifusión. Lejos de la negociación política, especialistas en comunicación consultados por lanacion.com analizaron los puntos más polémicos de la iniciativa y explicaron cómo funcionan los sistemas de medios en Estados Unidos, Francia e Inglaterra.

La creación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el organismo que garantizaría la aplicación de la nueva ley, es el punto que genera mayores coincidencias: investigadores y docentes celebraron el posible surgimiento de una institución que reemplace al Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), que hace décadas funciona bajo la intervención directa del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, la composición de esta nueva cartera genera discrepancias. "Es central lograr una buena autoridad de aplicación, porque así se espantarán los fantasmas sobre el control gubernamental, la manipulación y las operaciones políticas", dice Martín Becerra, investigador del Conicet y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes. Y sugiere modificaciones para que el Congreso tenga más protagonismo dentro del organismo. "Es la clave de la ley", afirma.

La iniciativa presentada por el oficialismo indica que el organismo estaría compuesto por cinco directores: tres serían nombrados por el Ejecutivo y dos, a propuesta de las fuerzas políticas minoritarias del Congreso.

El abogado Federico Vibes, profesor de Derecho de Entretenimiento en la Universidad Austral, critica la actual composición: "Debería ser más plural y representativa, con un equilibrio mayor entre la representación del Ejecutivo y la del Legislativo". Además, advierte que, si el proyecto se aprueba sin modificaciones, la comunicación estará orientada hacia la "manipulación" estatal.

En la misma línea, Mariano Ure, investigador de Ética de la Comunicación en la Universidad Católica Argentina sugiere "revertir los términos" de la iniciativa: "Lo ideal sería la designación de tres miembros por el Congreso y dos por el Ejecutivo. Sería la mayor garantía de pluralidad", explica.

¿Cómo funciona en otros países? En Estados Unidos, la Federal Communications Commission (FCC) está integrada por cinco miembros ( http://www.fcc.gov/commissioners ), todos designados por el presidente y validados por el Senado, aunque sólo tres pueden pertenecer al mismo partido político. El Conseil Supérieur de l´Audiovisuel (CSA) de Francia está compuesto por nueve miembros nombrados, por decreto, por el presidente: el propio primer mandatario aprueba a tres, y los presidentes del Senado y de la Asamblea Nacional francesa designan a tres más cada uno. Es decir, el oficialismo también tiene mayoría en la autoridad de aplicación.

Aire vs. cable. El artículo 38 es tan extenso como polémico. En el inciso 2.C, la propuesta del Gobierno indica que se puede operar "hasta una licencia de radiodifusión televisiva por suscripción, siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión abierta". Es decir, las empresas deberían elegir entre brindar servicios de televisión por cable (con la operación de un canal por suscripción) o administrar un canal de aire.

"En este sentido, el proyecto es excesivo. No veo graves inconvenientes para que, en Buenos Aires, coexistan ambos servicios", afirma Guillermo Mastrini, titular de la cátedra Políticas y Planificación de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En cambio, recomienda aplicar esta restricción en las ciudades donde "haya sólo un prestador de cable y sólo un canal de televisión".

La propuesta implementada por el oficialismo no tiene antecedentes en ningún otro sistema de medios del mundo. Sin embargo, la cantidad de abonados a la televisión por cable en la Argentina es muy superior a la de otros países. En Europa, por ejemplo, el fuerte desarrollo de los canales de aire estatales no permitió que el negocio de la televisión por suscripción creciera como en la Argentina.

En defensa del proyecto, Becerra asegura que "son dos actividades de distinta naturaleza, que deben estar separadas". Además, explica: "De esta manera, se evita que una empresa maneje su contenido y que, además, por ser propietaria de una red, puede evitar que circulen otros contenidos".

Compañías telefónicas. La posibilidad de que las empresas que brindan servicios públicos puedan acceder a licencias audiovisuales también enciende el debate. Sin embargo, todos coincidieron en que el desembarco de las compañías telefónicas en el negocio del triple play (teléfono, televisión por cable e Internet) será, de una u otra manera, irreversible.

"No me parece mal que ingresen las telefónicas, porque van a generar mayor competencia. Además, favorece a la pluralidad de contenidos y mejora la calidad del servicio", dice Ure. Aunque aclara que "las condiciones del mercado deben ser parejas".

En la misma línea, Vibes advierte que el ingreso es "inevitable", ya que el triple play avanza en distintos sistemas de medios del mundo. "Debe hacerse una transición ordenada, porque el poder económico de estos grupos es notablemente superior al de los medios, y si no existe regulación pueden ser perjudicial para el rubro", explica.

El artículo 24 de la propuesta aclara que sólo se permite la participación de capital extranjero hasta un máximo del 30%. "En la actualidad, ninguna de las telefónicas cumple los requisitos para entrar al mercado", señala Mastrini. Y sugiere que se podrían incorporar más "restricciones" para controlar su ingreso. "Pensar en impedir la entrada de las telefónicas es no entender la dinámica del mercado. Debemos resolver cómo regularlas para que no arrasen con el mercado", sintetiza.

Licencias. El artículo 38, pero en el inciso E, suma otro eje para la discusión. La iniciativa indica que no se podrá prestar servicios a más del 35% del total nacional de habitantes o de abonados. Y, en el caso de que supere ese porcentaje, la empresa debería desinvertir en un plazo máximo de un año para acomodarse a la nueva legislación.

"Con cuotas de alcance de mercado, ya no se podrá acceder a la comunicación que cada persona quiera. Si la empresa que deseo contratar ya tiene completa su cobertura, jamás podría utilizar sus servicios", critica Ure. Y agrega: "Es un riesgo, porque la comunicación estará tan fragmentada que ya no tendrá un efecto integrador. Si no se puede llegar a toda la población, los habitantes de Buenos Aires, Córdoba y Jujuy van a consumir distintos tipos de información".

Pese a las críticas, en Estados Unidos, la FCC tampoco permite que las licencias de una compañía superen el 35% del mercado. Y en Inglaterra, el número se reduce al 15%.

 Renovación por 10 años.  Aunque en algunas intervenciones públicas se hizo referencia a un período de dos años para la renovación de las licencias, el proyecto impulsado por el Gobierno indica la autorización de licencias por diez años, con una única posibilidad de renovación por la misma cantidad de tiempo (artículos 33 y 34). El plazo es similar al de Estados Unidos y Canadá, donde se renuevan cada ocho y siete años respectivamente.

La confusión sobre la renovación de licencias puede generarse porque la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual exige una revisión sobre la cantidad de licencias acumuladas por las empresas cada dos años, aunque ese ejercicio no implicaría la renovación de las mismas.


La Nación



Dan a conocer la forma que tendrán las audiencias públicas
Rossi sostuvo que "estarán regidas por un reglamento que fue elaborado en el 2001 por el gobierno de la Alianza, y que ya fue utilizado en otras oportunidades"; comenzarán mañana a las 9

Lunes 7 de setiembre de 2009

El oficialismo dio a conocer hoy la forma en que se desarrollarán las audiencias públicas por el proyecto de ley de radiodifusión. "Las audiencias estarán regidas por un reglamento que fue elaborado en el 2001 por el gobierno de la Alianza, y que ya fue utilizado en otras oportunidades", dijo a Télam el titular del bloque Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados, Agustín Rossi.

Agregó que "el reglamento no fue modificado en nada" y aclaró que si bien "no se necesita quórum para iniciar las audiencias, participarán legisladores de distintos bloques para escuchar las opiniones de los diferentes sectores sociales respecto al nuevo proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual".

Las audiencias comenzarán mañana a las 9 en el Auditorio del Congreso de la Nación y se extenderán hasta el jueves, inclusive, tomando la mayor parte del día.

"Estamos trabajando en base al reglamento, dentro de la legalidad que implica que se deben cumplir todos los pasos para la convocatoria", dijo a Télam la diputada mendocina Patricia Fadel, secretaria parlamentaria del bloque Frente para la Victoria.

La convocatoria a las audiencias se hizo a través de solicitadas que aparecieron este fin de semana en los principales diarios nacionales, respetando las bases que impone el reglamento que no establece plazo previo para su publicación.

La inscripción para participar de las reuniones públicas comenzó el viernes y se extenderá hasta mañana, día en que comienzan dichas audiencias que llevarán toda la jornada del martes, miércoles y jueves.

Fuentes de la Comisión de Comunicaciones consultadas señalaron que si bien todavía no se puede dar un número en cuanto a la cantidad de inscriptos, "es evidente el interés que despertó" la convocatoria, tanto vía mail como telefónico.

La inscripción en estas audiencias debe ser previa presentación de "un documento, en soporte papel y CD, de hasta 12 páginas, con la totalidad de la ponencia.

Las autoridades de la Comisión conducirán las audiencias con el auxilio de un instructor designado, en tanto que las intervenciones de los ponentes "serán orales" sin poder exceder los "diez minutos", según dice el reglamento.

"En la audiencia pública no se votará ni se adoptará resolución, pero sus conclusiones serán transmitidas a la Comisión de Comunicaciones e Informática, en reunión ordinaria de tablas y puestas a disposición de todos los ciudadanos en la página web de la Cámara de Diputados (www.hcdn.gov.ar) y de todos los miembros del Congreso", dice el reglamento.

"Las conclusiones se transmitirán el viernes al resto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Libertad de Expresión, en el plenario que sigue al del jueves (tras el cuarto intermedio)", explicó Fadel.

Dejó claro que el objetivo de las audiencias públicas es "escuchar a las diferentes organizaciones que quieren participar del debate de la ley, tomar nota de sus pedidos y reclamos y transmitirlo al resto de la Cámara" y aclaró que "las conclusiones no son vinculantes y que para las audiencias no se necesita quórum".

La convocatoria a audiencias públicas fue decidida el jueves en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Comunicaciones e Informática, y Libertad de Expresión.

Las audiencias se llevarán a cabo en el Auditorium de la Cámara de Diputados, ubicado en la calle Riobamba 25, y deberán regirse por los principios de simplicidad, oralidad, informalismo, participación y economía procesal.

La versión taquigráfica de la audiencia estará a disposición del público y deberá ser dada a publicidad por la comisión de Comunicaciones en dos de los diarios de mayor circulación en el país.

La Nación



El matrimonio presidencial argentino maniobra para controlar los medios
La guerra al grupo Clarín deriva en una batalla contra todo el sector

Lunes 7 de setiembre de 2009

Por Soledad Gallego Díaz
Diario El País

Los Kirchner se han lanzado en Argentina a una dura batalla contra el principal grupo de comunicación del país, Clarín. Acaban de presentar un proyecto de ley que afecta a los intereses de ese grupo y, de paso, otorga al Gobierno un mayor control sobre todos los medios privados de televisión y de radio, y sobre sus contenidos.

En todas las ocasiones, los intentos para aumentar el control o, directamente, de acallar a determinados medios de comunicación latinoamericanos han coincidido con actitudes fuertemente críticas de esos grupos de comunicación, lo que invalida los llamamientos presidenciales a la defensa de "la información veraz" y la "auténtica libertad de expresión".

"Históricamente, los movimientos populistas de la región han mantenido relaciones conflictivas con los grandes medios de comunicación", escribe el comentarista argentino Julio Brudman, "porque tarde o temprano esos medios dejan de apoyar a esos Gobiernos, bien sea porque ya no aprecian sus políticas populistas o, simplemente, porque interpretan el creciente malhumor de la opinión pública".

El primer día de debate en el Congreso argentino, el pasado jueves, fue tumultuoso, con gritos y hasta empujones. Los kirchneristas tienen prisa para lograr que la ley se apruebe antes de que tomen posesión, en diciembre, los nuevos diputados que ganaron las elecciones parciales de junio.

La oposición, por el contrario, intenta retrasar el proceso, y confía en que el Senado dé carpetazo a un proyecto que califica de fuertemente estatalista. La batalla se inició con la repentina decisión de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) de suspender su contrato con el grupo Clarín por los derechos de televisión del fútbol de primera división.

La AFA firmó a toda prisa un nuevo acuerdo con el Gobierno por el que los partidos pasaron a retransmitirse en abierto por el Canal 7, de propiedad pública. "Fútbol gratis y para todos", prometió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque se trata de una metáfora porque el fútbol lo pagarán religiosamente todos los argentinos: la asociación cobrará cada año 600 millones de pesos que saldrán, naturalmente, de los impuestos y no del pay per view, como antes.

"En un país con una terrible historia de secuestros, se ha acabado el secuestro de los goles", afirmó la presidenta, para estupefacción de los supervivientes de la dictadura militar.

El segundo acto fue la presentación del nuevo proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un largo texto de 168 artículos, que prohíbe que un mismo dueño pueda tener un canal de televisión en abierto y otro por cable en la misma zona, que se supere el 35% de la audiencia y que se disponga de más de 10 licencias de radio en todo el país (24 en el caso de televisión por cable).

La primera consecuencia sería que el grupo Clarín se vería obligado a desprenderse de su televisión en abierto o a dejar de lado el negocio del cable. "Cuidado, la libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa", explicó confusamente la presidenta.

Lo que debería haber sido una ley que se limitara a dar un nuevo marco legal a la comunicación audiovisual, ampliara el número de licencias de televisión en abierto e incorporara medidas consensuadas para regular una eventual concentración excesiva, se convirtió en una ley anti-Clarín, de carácter fuertemente estatalista, que dibuja un sector privado atomizado y dependiente de la renovación más o menos arbitraria de las licencias, válidas exclusivamente para 10 años.

"Esta ley crearía un sistema basado totalmente en la discrecionalidad política. Nace de un Gobierno que no está legitimado para reclamar transparencia porque él mismo es extraordinariamente opaco y puede ser refrendada por un Parlamento que ya no representa la voluntad popular, porque las elecciones diseñaron una nueva situación", advierte Ricardo Kirschbaum, director del diario Clarín.

El proyecto tiene el apoyo de los grupos de izquierda argentinos, entusiasmados con la idea de distribuir las posibles licencias de cable en tres grandes grupos y que sólo uno de ellos corresponda al sector privado. Los otros dos se reservarán para los poderes públicos y para los distintos grupos sociales, desde agrupaciones vecinales a universidades, grupos religiosos o comunidades indígenas.

En la práctica, afirma Kirschbaum, esa pretendida pluralidad de voces no será tal, porque estará también controlada por el Gobierno, dueño de las licencias y de las subvenciones. En su afán por demostrar que se trata de una regulación ideológicamente inspirada en la izquierda, los Kirchner explicaron que el proyecto de ley ha sido ya discutido en 24 foros públicos y 80 "charlas-debate" por todo el país, gracias a lo cual se incorporaron al texto 139 "nuevas aportaciones", firmadas desde la agrupación vecinal Comandante Andresito hasta el grupo estudiantil El Andamio, pasando por facultades de comunicación, grupos feministas, religiosos e indígenas.

La propuesta afecta igualmente a las emisoras de radio -el Grupo PRISA, editor de EL PAÍS, dispone actualmente de 10 licencias- que han expresado también su protesta. "Esta ley", afirma la Asociación de Radiodifusión Argentina, "consagra el fuerte control del Gobierno de turno sobre los medios privados y sus contenidos, afecta a la seguridad jurídica de los actuales licenciatarios, genera un sistema dependiente del Estado y otorga un poder discrecional al Ejecutivo".

© EL PAIS, SL.


 

Ley de medios (Nota I de II)
Detrás del apuro, una intención oculta
Carlos Pagni
LA NACION

Lunes 7 de setiembre de 2009

Aunque el 10 de diciembre no cambiara la composición del Congreso, los Kirchner igual necesitarían que su reforma de la industria audiovisual tuviera la velocidad de un asalto. El paso del tiempo está desnudando las intenciones ocultas y las contradicciones que minan su proyecto. Ya lo dijo el estratego Tsun Tzu: "Puedes ganar cuando nadie logra entender tus intenciones".

El Gobierno dice que pretende evitar la concentración mediática. Pero abre la puerta (art. 25) del mercado de la TV a las empresas de servicios públicos. A todas. En especial a las de telefonía fija, siempre que sean de capital nacional en un 70 por ciento (art. 24).

Compañía argentina de telefonía fija habría una sola: Telecom. Sobre todo desde que Telecom Italia fue obligada, por los mismos que elaboraron la ley, a desprenderse de su participación. Telefónica, al ser de capital español, estaría inhibida de participar en el mercado de las comunicaciones. ¿Debería desprenderse de Telefé? Hace tiempo que a los Kirchner les apetece esa fruta, que quisieron comprar Cristóbal López y el ahorrativo Rudi Ulloa.

Como Carlos Menem en su momento, Kirchner sueña con un "monopolio" amigo, asentado sobre una telefónica (de lo que informó ayer LA NACION en su columna política). Entre los que pretenden comprar Telecom está el consorcio integrado por Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez, quien se ha convertido, acaso, en el hombre de negocios más cercano a Olivos. A tal punto que en el empresariado bromean llamándolo "Ernéstor".

El otro aspirante a quedarse con Telecom es el Grupo Clarín. Se entiende que Kirchner esté enfurecido. Ese holding tiene el objetivo, también gigantesco, de integrar su red de TV por cable e Internet con otra de telefonía, que cubre la mitad del territorio nacional.

Los italianos de Telecom no quieren dejar la Argentina. Obligados a hacerlo, preferirían no venderle a Gutiérrez. En principio, porque carece de financiamiento. Su última oferta fue que le firmen un precontrato para recién entonces salir a buscar fondos. En Roma rechazaron la ocurrencia. Los amigos de Kirchner están malacostumbrados. Ni todos los vendedores tienen la generosidad de Repsol ni todos los compradores, la suerte de Eskenazi. Además, los italianos temen, por acordar con Gutiérrez, terminar en un escándalo internacional.

Tampoco es fácil venderle a Clarín. Con su asedio contra ese grupo, el Gobierno hace ver a los italianos que la operación jamás conseguiría la aprobación de los reguladores. Ya se lo dijo Julio De Vido: "Hablen con la gente de Aeropuertos".

De la pelea encarnizada entre Clarín y el Gobierno, y de la falta de fondos de Gutiérrez, comenzó a sacar ventaja un tercer competidor: el transportista Alfredo Román, con su fondo de inversiones. En el mercado especulan con que, detrás de Román, podría aparecer el mexicano Carlos Slim, quien ya opera en la telefonía móvil con Claro. Para saber si Slim entró en el juego los expertos aconsejan observar si el fondo Coinvest, de Martín Ruete, se asocia con Román. Desde que compró CTI para vendérsela a América Móvil, a Ruete se lo identifica como un operador local del multimillonario mexicano. ¿Se sumará al grupo Carlos Miguens, líder de un consorcio de generación eléctrica asociado a Coinvest? Miguens goza de la simpatía de Julio De Vido, quien lo prefería como socio local en YPF, en lugar de los Eskenazi.

Si el kirchnerismo, en la figura de Gutiérrez, decidiera retirarse de la competencia por Telecom, el proyecto de ley audiovisual del Gobierno seguiría siendo indefendible. Los concesionarios de servicios públicos, con el caudal de dinero que manejan y las redes que ya poseen, concentrarían la TV por cable en dos o tres compañías, cada una con una cobertura del 35% de la audiencia. La línea editorial de esos medios quedaría subordinada a las necesidades políticas de las empresas reguladas que los controlan. Resultado: una prensa audiovisual maniatada por el Estado. De no introducir modificaciones en este aspecto del proyecto, el abnegado Agustín Rossi tendrá dificultades para conseguir, en Diputados, los votos de sus aliados de centroizquierda.

El argumento antimonopólico está invalidado también por el daño que la iniciativa provoca a los canales de TV abierta privados: les impide integrarse con una empresa de cable (art. 38), les reduce el área de cobertura y los obliga a emitir 50% de programación propia. Los avisos que pasen deben ser de producción nacional, un requisito que no se le exige a la TV por cable. Además, los somete a la competencia desleal de la TV pública, que vende publicidad y cobra el 35% del canon de toda la actividad (art. 85-88). La misma amenaza afecta a las radios. Son cambios que acabarán, entre otras cosas, con los altos cachets que paga la industria a sus estrellas.

El proyecto oficial pasa por ser un ataque a Clarín. Pero los Kirchner unificaron en su contra a toda la industria audiovisual privada. No se podrá tener más de una radio AM, una FM -siempre que en el lugar haya más de 8 frecuencias-, una red de cable -siempre que no opere TV abierta- y una licencia de TV abierta. En ningún caso podrán administrar tres servicios superpuestos.

Este diseño afecta a innumerables empresas del interior del país. En consecuencia, los legisladores oficialistas, sobre todo en el Senado, deberán resistir el lobbying de los medios de sus localidades. Muchos de esos senadores preferirían imitar a Daniel Scioli, que ayer, en LA NACION, evitó pronunciarse sobre un tema de inigualable magnitud. Otros están involucrados con la industria mediática. Es el caso de Guillermo Jenefes, en Jujuy. Jenefes preside la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta. También el salteño Juan Carlos Romero está vinculado a los medios de comunicación de su provincia. El kirchnerismo puede pretender que esos legisladores se excusen. Pero tal vez la Presidenta haya arruinado ese recurso cuando, siendo senadora, impidió a su colega Raúl Baglini inhibirse en el juicio político a los jueces de la Corte por tener, como abogado, casos abiertos ante ese tribunal.

El rol de Julio Cobos puede volverse, de nuevo, crucial: como presidente del Senado, tiene la prerrogativa de girar cada proyecto a las comisiones que él considere más adecuadas (de lo que se informa por separado). ¿A cuántas enviará Cobos la ley de medios cuando llegue al Senado? ¿Cuánto demorará el análisis sereno que él viene aconsejando? En Diputados, la radical Silvana Giudici propuso iniciar una serie de audiencias públicas en varias provincias. Y Graciela Camaño recordó que "las leyes se analizan artículo por artículo". La de servicios audiovisuales tiene 157, que se extienden a lo largo de 168 páginas.

Si el procedimiento adoptado por Cobos extiende el debate sobre los medios más allá de octubre, el Gobierno estará en problemas. El Congreso actual no puede aprobar una iniciativa tan relevante un minuto antes del gong que sonará el 10 de diciembre. De nuevo Tsun Tzu ilumina la política: "Si haces que los adversarios no sepan el lugar y la fecha de la batalla, siempre puedes vencer". En Telecom, como en el tratamiento de la ley audiovisual, la urgencia es la gran debilidad de Néstor Kirchner.

La Nación



El Gobierno y la prensa / La discusión en el Congreso
Cobos quiere ampliar el debate de radiodifusión en el Senado
Pedirá que sea tratado por más comisiones; se podría dilatar el debate hasta fines de año

Lunes 7 de setiembre de 2009

Martín Dinatale
LA NACION

Julio Cobos quiere volver a ser el protagonista del Senado como lo fue durante el debate de la resolución 125 del campo. Esta vez, el vicepresidente hará uso de sus facultades de presidente de la Cámara alta para imponer el tiempo y las formas a la discusión legislativa del proyecto de ley de radiodifusión del Gobierno, y que comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados.

Según consignaron a LA NACION fuentes calificadas del Senado, Cobos abrirá el debate de la ley de radiodifusión por lo menos en dos comisiones más que las que había previsto el kirchnerismo. La intención oculta del vicepresidente es doble: por un lado, busca ampliar el debate en comisión para que el oficialismo ajuste al máximo sus números, y por otro, con esta jugada se podría dilatar la discusión para que el tema tenga que tratarse luego del 10 de diciembre, con la nueva conformación legislativa, cuyas mayorías serán adversas a la Casa Rosada.

En el Senado, el oficialismo quiere discutir el proyecto que apruebe Diputados en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y en Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. En estas dos comisiones el oficialismo cuenta con una mayoría cómoda. Pero Cobos hará uso de sus facultades de presidente del Senado y del reglamento legislativo en su estrategia de confrontación con los Kirchner: pedirá que el debate se amplíe por lo menos a otras dos comisiones. Se prevé en principio incorporar a las comisiones de Legislación General y de Educación y Cultura. Ambas son presididas por el kirchnerismo, que tiene mayoría. Pero no se descarta que Cobos sume otras comisiones. Los debates de cada comisión los manejará el PJ, pero está claro que cuantas más comisiones haya más tiempo de discusión habrá.

"Estoy seguro de que Cobos buscará protagonismo y apostará a dilatar el debate hasta el 10 de diciembre", se sinceró ayer ante LA NACION un destacado senador del bloque oficialista. No obstante, el legislador admitió que mientras no haya un "pedido alocado" de discutir el tema en 10 comisiones el vicepresidente podrá ampliar el debate.

No hay dudas en el oficialismo de que una dilación de las discusiones podría postergar el cronograma parlamentario previsto por la Casa Rosada. De hecho, el interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, lanzó ayer una velada amenaza a la oposición al sostener que si el tema no se trata antes del 10 de diciembre será porque se quiere "volver a la ley de la dictadura y a los decretos de necesidad y urgencia", dijo (ver aparte).

Cobos ayer no quiso dialogar con LA NACION. No obstante, una semana atrás el vicepresidente dio una pista de sus deseos de entorpecer el camino al Gobierno cuando expresó en un comunicado que "por ser una ley fundamental [la de radiodifusión] debería ser analizada con profundidad, punto por punto, por todas las comisiones pertinentes, en el tiempo que requiera y garantizar la participación de todos los sectores involucrados en el tema". Al final de aquel comunicado Cobos añadió: "Sería saludable que el tratamiento final [del proyecto] lo llevara a cabo la nueva composición de ambas cámaras. Hoy el Congreso de la Nación debe demostrar que está a la altura, y así lograr un producto final que redunde en beneficios para toda la sociedad".
Tiempos parlamentarios

El bloque oficialista del Senado, presidido por Miguel Pichetto, se impuso como fecha límite para la aprobación de la ley de radiodifusión mediados de octubre por un simple motivo: después de esa fecha, y hasta el recambio legislativo, el oficialismo deberá dar la discusión en otros dos temas polémicos, como son el proyecto de presupuesto 2010 y la prórroga de la ley del cheque. Varios gobernadores ya exigen un mayor reparto de la recaudación de ese impuesto.

En la Cámara de Diputados el debate por la ley de radiodifusión continuará esta semana. Entre mañana y el jueves los legisladores habilitarán el Congreso para la realización de audiencias públicas con los diversos sectores involucrados.

Ayer, Susana Andrada, presidenta del Centro de Educación al Consumidor, dijo que la audiencia pública para debatir la ley de radiodifusión es "absolutamente inconstitucional", dado que viola el plazo necesario de 20 días de convocatoria, que por ley toda audiencia debe tener, a fin de que todos los actores puedan participar.

El jefe de la bancada de diputados kirchneristas, Agustín Rossi, aspira a emitir dictamen el viernes próximo en las comisiones de Presupuesto y Libertad de Expresión. Así, la Cámara baja trataría la semana que viene el tema en el recinto.
El Senado, con agenda completa

    * Esta será una semana bastante movida en el Senado. Mañana, a las 10, se reunirá la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para discutir los vetos de las emergencias agropecuarias. Al día siguiente, Aníbal Fernández concurrirá a dar su primer informe como jefe de Gabinete. Sergio Massa, su antecesor, sólo fue una vez a Diputados ?en mayo último? durante el año que ejerció el cargo.

La Nación



Opinión
Un proyecto de ley para avanzar hacia atrás
Ethel Pis Diez
Para LA NACION

Lunes 7 de setiembre de 2009

Necesitamos una nueva ley de radiodifusión y queremos que hablen todos. Hasta allí llega el consenso entre los defensores y opositores del nuevo proyecto de ley para el sector audiovisual. De ahí en más la discusión se aleja del texto de la ley y entra en el terreno de las alianzas -siempre temporales y frágiles- entre los intereses empresariales y políticos (sean del gobierno de turno o de la oposición).

Una muestra de esto es que el principal argumento a favor del proyecto es sostener que la norma vigente es una "ley de la dictadura" -fue sancionada en 1980, durante el gobierno militar-. El problema de este argumento es que no dice nada sobre cuál es el cambio propuesto. En particular se omite decir que lo que se quiere cambiar, principalmente, no es el texto original de la ley -que facilitaba una amplia intervención del Estado en el sector-, sino los numerosos cambios que durante los últimos 17 años de democracia se introdujeron en la ley.

Lo que preocupa a los defensores del proyecto no es tanto la restricción a la propiedad de medios propuesta por la ley en 1980, sino la desregulación casi absoluta de la actividad que se dio en los años noventa. Claro que así planteado tal vez sea más difícil conseguir un rápido y amplio consenso. De ahí que la estrategia del Gobierno haya sido identificar el proyecto con la libertad de expresión y la ley actual con la dictadura. Así, se coloca como enemigo de la democracia a todo aquel que quiera cuestionar la oportunidad de la ley o los tiempos necesarios para un adecuado debate parlamentario.

Hablemos todos, de acuerdo, pero hablemos del mismo tema: del contenido de la ley. Por ejemplo, de la restricción sobre la propiedad de los medios. El texto original de la ley (1980) fijaba como objeto social exclusivo para las empresas del sector el servicio de radiodifusión y entre los requisitos para obtener una licencia establecía no ser propietario ni socio de diferentes sociedades de radiodifusión y no tener vinculación jurídica o económica con empresas extranjeras ni con editoras de diarios. Fue la ley de reforma del Estado de 1999 la que eliminó estas restricciones y permitió la formación de grupos multimedios y la entrada del capital extranjero en el sector.

En este punto el proyecto actual vuelve a limitar la propiedad extranjera y la formación de grandes grupos multimedios, aunque de un modo mucho más moderado que la ley original, ya que permite que las empresas tengan hasta un 30% de capital extranjero y que las compañías de servicios públicos -como las telefónicas o las de electricidad- puedan brindar servicios de cable.

Algo similar ocurre con el número de licencias de radio o televisión que puede tener una empresa. El texto original de la ley establecía un máximo de cuatro licencias para una misma persona o empresa. Fue el decreto 1005/99 el que modificó este punto al ampliar el máximo a 24 licencias. El proyecto actual vuelve a limitar el máximo, a 10 licencias.

En resumen, la propuesta que entró en el Congreso, en lo que se refiere a restricciones sobre la propiedad de medios, nos acerca más al texto original de la ley de radiodifusión. Por eso, necesita ser estudiada con calma y detenimiento. La discusión no debería ser cuál es la composición del Congreso ideal para aprobar un proyecto, sino cómo generar un marco legal estable y duradero para el sector audiovisual que garantice un balance adecuado entre la promoción de la diversidad de voces y el límite a la intervención arbitraria del Estado.
Profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral



El Gobierno y la prensa / El debate sobre la radiodifusión
Cómo golpea la ley a los grandes medios
Los grupos quedarán obligados a vender sus canales o distribuidoras de cable; las telefónicas podrían entrar en un negocio millonario

Domingo 6 de setiembre de 2009

Adrián Ventura
LA NACION

El proyecto de ley de medios que impulsa el Gobierno pretende producir un fuerte reacomodamiento en el mercado de las comunicaciones y de la prensa: no sólo saldrá perjudicado el Grupo Clarín sino también otros de sus grandes competidores que hoy se desempeñan en libertad; desembarcarán las empresas telefónicas en el negocio de los cables y, también, podría abrir la puerta para que empresarios cercanos al poder compren, a bajo precio, canales de aire como el 13 y Telefé.

Se escuchará más música nacional; pequeñas cooperativas tendrán más espacio para operar radios y canales, aunque podrían ser financiadas por publicidad del Estado o de los gobernadores y, tal vez, los canales de aire queden obligados a transmitir un partido de la Champions League europea porque participen argentinos como Carlos Tevez o Lionel Messi.

Incluso, será posible que una telefónica le envíe a su domicilio, por cable, Internet, telefonía y televisión ( triple play ). Pero como la ley es muy reglamentarista y restrictiva, también habrá más concentración, menos empresas medianas, menos producciones independientes, menos señales de cable y más desempleo.

Actualmente, en la Argentina operan cinco canales abiertos (América, 7, 9, Telefé y 13); señales de noticias como TN, Crónica, C5N, Canal 26 y América 24; un sinnúmero de radios legales e ilegales AM y FM, y cuatro grandes operadores de cable (CableVisión, Multicanal, Supercanal y Telecentro) que conviven con unos 800 cables nacionales y regionales.

En ese mundo, el Grupo Clarín, que penetró buena parte de los hogares con el cable, opera en competencia con otros ocho grupos: Vila-Manzano; Hadad, Telefónica, Prisa, CIE Rock & Pop, Razetto, Gollan y Cadena 3. ¿Podrá la ley introducir más pluralismo que el que existe hoy en este mercado?

La diversidad local no es menor que la que existe en el mercado norteamericano, dominada por cinco grandes grupos: Time Warner, The Walt Disney Company, News Corporation, NBC Universal y Viacom, pero con una particularidad: en ese país, en los últimos años, el Estado permitió mayor concentración de los medios para favorecer inversiones y darles presencia global.

El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, sostiene que la actual ley está absolutamente deslegitimada: "Fue dictada en el gobierno militar; en 26 años de democracia, el Estado no abrió la oferta y, si bien la Justicia legalizó algunas situaciones, no se puede ordenar nada. Se necesita una nueva ley".

Henoch Aguiar, abogado experto en medios, considera que "la norma es paradójica, porque achica el espacio de un actor, el Grupo Clarín, pero deja entrar a tres grandes telefónicas (Telefónica, Telecom y Telmex) y genera un mercado más concentrado en el negocio del cable".

En rigor, los especialistas en radiodifusión no cuestionan que las telefónicas ingresen en el negocio, donde podrán prestar triple play , sino que lo dudoso es el sistema de reparto que pretende introducir la nueva normativa:

Como un hecho sin ningún antecedentes en otros países, el artículo 38.2.c. prohibirá que una misma empresa sea titular de un canal de televisión abierta y de un cable.

Si la ley se aprueba, el Grupo Clarín debería optar entre conservar el Canal 13, el Canal 7 de Bahía Blanca y el 12 de Córdoba, o quedarse con CableVisión; el Grupo Vila-Manzano debería optar entre Canal 7 de Mendoza o el cable Supercanal; y lo mismo deberán hacer los titulares de América 24 y América TV, por citar ejemplos que también se replican en las provincias.

Es previsible que, siendo el cable un mejor negocio que la televisión abierta, las empresas preferirán quedarse con aquéllos. Pero el asunto también perjudica a Telefónica: si esta empresa, que es propietaria de Telefé y de otros ocho canales de aire en el interior, quisiera brindar servicio de cable para dar el triple play , también debería desprenderse de varios de esos canales.

La ley, en el artículo 159, obliga a los grupos a vender los canales, señales o radios que excedan los topes en el plazo máximo de un año. La pregunta es: ¿quiénes serán los compradores de los canales de aire Telefé, 13 y todos los medios que se vendan en el interior? Un ejecutivo y abogado de medios ensaya una respuesta: "El plazo es muy exiguo y, como el mercado es recesivo y hay poca publicidad, los canales saldrán a precios de remate. Será una oportunidad para que los amigos de Kirchner compren barato".

La ley, en el extenso artículo 38, tampoco permitirá que una empresa de cable, que es un distribuidor de contenidos, posea más de una señal propia. Si la ley fuese aprobada, CableVisión, que produce las señales TN, Volver, Magazine, Metro y Quiero Música, sólo podría quedarse un con de ellas. Las demás deberían venderse. Y Supercanal debería desprenderse de América 24. En la Argentina, Time Warner, un conglomerado que factura 34.000 millones de dólares por año, estaría en problemas: si quisiera conservar el segundo cable más importante de los Estados Unidos, debería desprenderse de HBO y de CNN.

¿Qué ocurre con las radios y canales que usan el espectro radioeléctrico? El artículo 38 no autorizará a cada grupo a ser titular de más de 10 licencias. Clarín tiene 4 canales de TV abierta y 5 radios y Telefónica posee 9 canales. Pero otros grupos deberán vender: Prisa posee Radio Continental (AM) y 18 radios FM; el Grupo Vila-Manzano, además del Canal 2 de la Plata, Canal 10 de Junín y Canal 7 de Mendoza, posee el Canal 6 de Mendoza y 14 radios de AM y FM, y Cadena 3 acumula 13 radios.

La Nación

Pese al reclamo unánime de la oposición, el kirchnerismo acelera el debate de la nueva ley de radiodifusión
El titular del Comfer se reunió con diputados kirchneristas para acordar la estrategia que se llevará a las comisiones; habrá audiencias tres días de la semana próxima y luego se intentará dar dictamen en la Cámara baja

Martes 1 de setiembre de 2009

Confirmado: el kirchnerismo no piensa perder tiempo en su cruzada para debatir la nueva ley de radiodifusión. Pese al unánime reclamo de la oposición y de organizaciones relacionadas con el quehacer de los medios de comunicación, el oficialismo acordó un calendario de actividad que prevé lograr que el proyecto del Poder Ejecutivo tenga dictamen y pueda ser discutida en la Cámara de Diputados dentro de dos semanas.

Esos tiempos fueron acordados esta mañana en una reunión que el interventor del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto, mantuvo esta mañana con la cúpula del bloque oficialista en la Cámara baja.

Según pudo saber lanacion.com de altas fuentes del bloque oficialista, el debate en comisión comenzará pasado mañana y será en un plenario entre las tres por las que pasará el proyecto: Presupuesto y Hacienda, Comunicaciones y Libertad de Expresión.

Aquí aparece otro punto en el que el kirchnerismo decidió ir al choque con la oposición, que reclama que la discusión sea en cada comisión por separado.

Antes del plenario, Mariotto volverá mañana al Congreso. Será para reunirse con todos los legisladores oficialistas y aliados de las tres comisiones. Hoy sólo estuvo con la mesa chica del bloque que lidera el santafecino Agustín Rossi, y con las máximas autoridades de las comisiones: el presidente de Presupuesto y Hacienda, Gustavo Marconato; el de Comunicaciones, Manuel Baladrón y el vicepresidente segundo de Libertad de Expresión, Raúl Solanas. Al frente de esta última comisión está la radical Silvana Giudici.

Entre la apertura y las críticas. Antes del inicio de la reunión de hoy, Mariotto había dado muestras de que el Gobierno prevé aceptar cambios o retoques al proyecto original para asegurarse el apoyo de todo el oficialismo y de los habituales aliados del kirchnerismo, tal como informa hoy LA NACION.

"Estamos abiertos para la discusión y dispuestos a debatir para lograr todos los consensos posibles", afirmó el interventor del Comfer. Además, alineado con el discurso de Cristina Kirchner, aseguró que la iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo "es un proyecto para fortalecer la democracia".

Baladrón, titular de la comisión de Comunicaciones, también intentó mostrarse permeable, aunque embistió contra los dirigentes y legisladores de la oposición que reclaman que el proyecto sea debatido recién después del 10 de diciembre, cuando se produzca el recambio legislativo.

"Si hay alguna propuesta superadora, no nos vamos a negar a tomarlo en cuenta. Una ley de esta envergadura exige un debate en profundidad. Vamos a dialogar y debatir con la adultez política con la que siempre nos manejamos. A nadie se le va a negar la palabra y todas las inquietudes van a ser escuchadas. No queremos un proyecto cerrado", indicó.

En este punto, llegó el ataque contra la oposición. "Es la tercera vez que soy diputado por mi provincia [La Pampa] y tengo mandato hasta el 10 de diciembre. Soy producto del voto de la gente y aquel que plantea que no tengo legitimidad es un irrespetuoso que está demostrando las condiciones antidemocráticas que tiene", lanzó.

¿Cambios? La reunión entre Mariotto y los diputados giró justamente, en torno a los cambios con los que podría ceder el oficialismo para asegurarse el respaldo necesario.

La iniciativa plantea la creación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, integrada por tres representantes del Gobierno y dos del Congreso. Los bloques Solidaridad e Igualdad, Proyecto Sur, Diálogo por Buenos Aires y Forja rechazan la idea de que esta entidad dependa del Poder Ejecutivo y proponen la creación de un órgano autárquico.

Entre los proyectos que ya están redactados por otros legisladores, uno establece la posibilidad de que la autoridad de aplicación esté integrada por nueve miembros: seis en representación del Parlamento y tres del Poder Ejecutivo, lo que dará margen de acción a la representación legislativa que alcance un gobierno. En este artículo el Gobierno abrirá el proyecto a debate, si logra convencer al grupo de aliados y de los sectores menos críticos.

Otro de los artículos más resistidos en el Congreso es el que habilita a las empresas de servicios públicos, como las telefónicas, a prestar servicio de cable, algo que tenían expresamente prohibido por el pliego de privatización y que en la mayoría de los proyectos que ya existen en el Parlamento tenían restringido el acceso.

La Nación

La ley de servicios audiovisuales / Seminario en el Senado
Críticas al proyecto de radiodifusión
Legisladores y académicos de América latina evaluaron la iniciativa del Gobierno; recomendaciones y sugerencias

Lunes 31 de agosto de 2009

Jaime Rosemberg
LA NACION

Una ley "alejada de los tiempos y las urgencias políticas y electorales". Absoluta libertad de expresión, con control limitado de los contenidos que emiten los licenciatarios. Autoridades de aplicación "independientes" y medios de comunicación públicos "sin molestas interferencias del poder de turno".

Estas son algunas de las recomendaciones y sugerencias que legisladores y expertos de distintos países del continente expresaron en el seminario sobre medios de comunicación audiovisual realizado en el Senado el jueves último, el mismo día que la presidenta Cristina Kirchner enviaba el proyecto de ley de radiodifusión oficialista al Congreso. Un día después del seminario, y reunidos por LA NACION, debatieron sobre el tema Lorena Donoso, integrante del observatorio de Medios Fucatel, de Chile; Fernando Flexa Ribeiro, senador del PSBD y titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Brasil; Ara Minassian, integrante de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), que regula el ámbito de las telecomunicaciones brasileñas, y la senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro, organizadora del encuentro, que contó también con la presencia de otros expertos uruguayos y chilenos.

-Se critica el momento elegido por el Gobierno para presentar la ley. ¿Cuál sería para ustedes el mejor momento para hacerlo?

Donoso: - En Chile está clarísimo que éste no es un buen momento. Se discute hoy la ley para la TV digital, y las elecciones son en noviembre. Legislar sobre los medios con una elección encima no parece ser razonable. Hay que diferenciarlo de los avatares políticos.

Ribeiro: -Estamos en un proceso muy avanzado. En lo que hace a la TV digital, el proceso estará culminado en 2016, con diez años de transición. Estamos discutiendo en el Congreso [de Brasil] la convergencia tecnológica, las plataformas, los contenidos, porque la legislación no acompañó el avance tecnológico.

Estenssoro: -Me parece bueno el ejemplo de Uruguay, donde no se asignan licencias un año antes y hasta un año después de cualquier elección. Este período, con un Congreso elegido el 28 de junio que no asumirá hasta diciembre, no parece ser el mejor para una nueva ley. Tuvieron seis años y medio para hacerla y no la hicieron, la ley que proponen es más pasado que futuro.

-La potestad de revisar licencias cada dos años también es cuestionada por la oposición. ¿Qué evaluación hacen?

Donoso: -Se está debatiendo en este momento el tema de las licencias en Chile. En la televisión abierta, los plazos a nivel internacional están entre los ocho y los quince años. Revisar cada dos años no es bueno, para nada, aunque debería diferenciarse entre los que dan los contenidos y los que tienen en sus manos el soporte técnico.

Minassian: - En Brasil, las concesiones de tevé son de 15 años y las de radio, de 10. De esa manera hay previsibilidad, y soy favorable a qué se haga una revisión técnica cada cinco años, no para presionar a los medios, sino para ajustar las nuevas tecnologías. Ustedes tienen que tener una ley inteligente, adaptable a cualquier tecnología.

Estenssoro: -La autoridad de aplicación debe estar monitoreando permanentemente a las prestadoras. En la aplicación de sanciones debe estar muy claro cuáles son las instancias de monitoreo hasta llegar a la revocación de las licencias. Dos años es poco, cinco años parece razonable si las concesiones van a durar quince años.

La Nación

El doble fondo de la política de medios
Carlos Pagni
LA NACION

Lunes 31 de agosto de 2009

De repente, como ganados por una iluminación, los Kirchner han descubierto el verbo "desmonopolizar". Su significado, tan esquivo cuando se trataba de asignar obra pública, tendidos eléctricos o la explotación de los juegos de azar, se les volvió evidente en el caso de los "servicios audiovisuales". Nada que objetar. Uno de los desafíos principales de la democracia contemporánea es garantizar la transparencia de la comunicación. Sin pluralidad de voces, sin fuentes diversificadas, los ciudadanos están condenados, como aquellos prisioneros de la caverna de Platón, a vivir entre falacias.

Sin embargo, los antecedentes de los Kirchner como defensores de la competencia son tan defectuosos que obligan a estar alerta aun ante los argumentos más nobles. Por un lado, llama la atención que una verdad por la que ahora cabe dar la vida haya sido descubierta tan tarde. Desde su prehistoria santacruceña, la Presidenta y su esposo vienen fomentando todos los monopolios: el político, el sindical, el comercial. Por otro lado, casi todas las veces que el Gobierno levantó la bandera de la libre competencia fue para forzar la venta de un paquete accionario a favor de alguna empresa amiga. Así ingresó Electroingeniería en Transener o la familia Eskenazi en Repsol.

Esa propensión a subordinar la capacidad regulatoria del Estado al armado de una estructura de negocios que tiene en Kirchner su cabeza política obliga a mirar dos veces la flamante cruzada a favor del correcto funcionamiento del mercado de las comunicaciones. Cuando se lo hace, aparece una desmonopolización con doble fondo.

Hace una semana, Lotería Nacional debió suspender, por orden judicial, una licitación por el servicio de recolección electrónica de apuestas en las 1200 agencias que posee en la ciudad de Buenos Aires. Uno de los competidores denunció que los pliegos habían sido confeccionados como un traje a medida para el empresario kirchnerista Cristóbal López.

Daniel Scioli está por convertir ese episodio en un detalle irrelevante: la Lotería bonaerense acaba de renovar el contrato por el mismo servicio a la empresa Boldt, de Antonio Tabanelli, por contratación directa, es decir, sin licitación. La extensión de esta concesión a Boldt fue uno de los últimos actos administrativos del anterior titular del instituto provincial de juegos, Luis Peluso. El convenio representa unos 300 millones de pesos por año. En la provincia las agencias de lotería son 4000. La comisión por el relevamiento de las apuestas es del 8% sobre el monto jugado.

Tabanelli, el beneficiario de la concesión de Scioli, es un empresario de bajísimo perfil que tuvo su mayor desarrollo cuando en la provincia de Buenos Aires reinaban Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf.

La Legislatura provincial guarda silencio sobre el pacto entre Scioli y Boldt. Una nueva complicidad de esa institución con los empresarios del juego. La última fue haber excluido a los locales de entretenimientos con más de 400 metros cuadrados -bingos y casinos- de la ley que prohíbe fumar en lugares públicos. La excepción casi estalla en un escándalo, sobre todo cuando se detectó la sospechosa visita de un conocido binguero del conurbano a varios legisladores que discutían la norma.

¿Qué relación existe entre la disputa por la captación online de los juegos de azar y la cruzada desmonopolizadora de los Kirchner? Sencillo: uno de los objetivos de la estatización del fútbol televisado fue la habilitación de un fenomenal negocio de apuestas deportivas, que provocará un aumento llamativo en los ingresos de las empresas que realizan el relevamiento electrónico.

Entregado el primer cheque a la AFA, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández se concentró en encontrar una conexión entre el fútbol y la industria del juego. Ya mantuvo un par de reuniones con Julio Grondona y con José Luis Meiszner, el secretario general de la AFA. Los quilmeños Fernández y Meiszner son íntimos amigos.
Prode con más variables

El nuevo negocio suele discutirse en Brandsen, en el campo de Grondona. Para las empresas de juego, lo ideal sería habilitar el sistema que existe en Europa. Allí, los apostadores pueden aventurar el resultado de los partidos, la identidad de los goleadores, el número de goles y hasta el momento en que son realizados. El juego se abre 72 horas antes de cada match y la recompensa que ofrece un equipo va mutando según cómo esté integrado, si se lesiona o no algún jugador crucial, etc. La empresa Bwin, que controla la red principal, habilitó modalidades tan extravagantes que después de la muerte de Juan Pablo II se tomaban apuestas sobre la duración del cónclave y la identidad del nuevo papa.

Grondona le viene explicando a Fernández que no hay que ser tan ambicioso. Un régimen muy sofisticado demandaría una ley especial, con la adhesión de todas las provincias, que el oficialismo no está en condiciones de conseguir. Igual que en la reforma de la ley de radiodifusión, Fernández debe trabajar con premura. Como si el 10 de diciembre llegaran a casa los nuevos dueños.

Grondona calcula que sería mejor reducir las apuestas digitales a un Prode con más variables, sin demasiado esfuerzo parlamentario. Hace una década, él ya impulsaba esta iniciativa a través de Scioli, por entonces diputado menemista.

Los empresarios del juego están revoloteando, ansiosos, sobre esta nueva cantera. No sólo López y Tabanelli, cuando pelean por la captura de apuestas. También está Codere, que administra la más importante cadena de bingos de la provincia de Buenos Aires. Cuatro de ellos están en Mar del Plata. Los gerencia Jorge Bosco, el presidente de la Liga Marplatense de Fútbol. Bosco es una especie de álter ego de Grondona, con quien organiza los torneos de verano. Los competidores de Codere temen que Grondona, clave ahora en los juegos de azar, imponga alguna ventaja para esa empresa.

Las apuestas electrónicas han hecho estallar el fútbol europeo, sobre todo el italiano, en el que decenas de jugadores y árbitros fueron procesados por realizar fraudes con los resultados de los partidos. ¿Permitiría Grondona semejante deformación en la Argentina? La fe antimonopólica, que pretendía salvar al fútbol, abrió la puerta a nuevas explotaciones que podrían echarlo a perder.

La pasión oficial por la libertad de mercados tuvo la semana pasada otra manifestación: la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia le dio a Telecom Italia 60 días para vender su participación en la Telecom local. La estrategia oficial sería que la Secretaría de Comercio -Guillermo Moreno- designe a un "desmonopolizador", que fijará los pasos del procedimiento y, de modo indirecto, el precio de venta.

El caso sería menos escandaloso si no fuera porque un grupo de amigos de Kirchner está esperando quedarse con la empresa. Lo integran Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez, de Aeropuertos Argentina 2000. Dos directivos de Telecom Italia escucharon decir a Julio De Vido: "Si hablan con la gente de Aeropuertos, les podemos resolver el problema de la venta". Contra Gutiérrez y Eurnekian compite el Grupo Clarín.

La presión sobre Telecom podría ser una prueba piloto para la desmonopolización que prevé el proyecto de ley de "servicios audiovisuales" que acaba de llegar al Congreso. No sólo porque el texto permite a las telefónicas convertirse en medios de comunicación. También establece que muchas empresas tendrán que desprenderse de radios, canales de televisión o los tendidos de TV-cable para cumplir con los nuevos límites a la propiedad de medios. ¿Habrá también un funcionario desmonopolizador? ¿Se pondrán plazos perentorios de venta para bajar los precios? ¿Debutará Moreno en la industria periodística? ¿Habrá amigos de Kirchner preparándose para juntar las frutas que caigan del árbol?

Demasiadas incógnitas para una sola certeza: ahora se entiende por qué la desmonopolización, además de tardía, se ha vuelto urgente.

La Nación


Los Kirchner y una apuesta a todo o nada
Por Joaquín Morales Solá

Domingo 30 de agosto de 2009


Jugar a todo o nada. Esa es la estrategia que Néstor Kirchner anunció ante los parroquianos de Olivos. El ex presidente ya anda por el poder sólo con lo muy poco que lleva puesto, pero ha decidido apostar como lo hacen los jugadores compulsivos. En el fondo, su proyecto no es otra cosa que su futura candidatura presidencial en nombre de un progresismo marginal e indocumentado. El momento de esa competencia lo fijará él mismo, aun cuando haya perdido hasta la ropa. Esa transición desconocida en sus términos conlleva una pregunta que carece de respuesta: ¿cuánto daño está todavía en condiciones de hacer el kirchnerismo hasta alcanzar esas pobres metas personales?

En la noche del miércoles último, en la inclemente Tres de Febrero, Kirchner les pidió ayuda a varios intendentes del conurbano para librar dos batallas que calificó como fundamentales: contra el campo y contra los medios de comunicación. Kirchner recurre a los barones peronistas del conurbano como si éstos tuvieran la solución para todos sus males. Los barones están cansados de Kirchner. El enclenque líder político sólo les habla; ya no pregunta ni escucha. La relación de los intendentes con el ex presidente es más fría que tibia. El ex presidente les cuenta historias de derrotas que los otros conocen mejor que él, tanto en su descripción como en su análisis. Néstor no se resigna a que la gente ya no lo quiere , dijo uno de esos barones con inmejorable capacidad de síntesis.

Kirchner insiste. Es el más pejotista de los presidentes peronistas de los últimos 25 años. Extrañamente, pejotismo fue un neologismo que inventó el propio Kirchner para subestimar la influencia de las estructuras partidarias. Carlos Menem elaboró en su momento un contrato implícito con otros sectores sociales, y a Eduardo Duhalde le gustaba seducir también a Oscar Alende o a dirigentes empresarios de su provincia. Duhalde era el jefe de los barones del conurbano, pero nunca se paseaba con ellos por las pasarelas de la política.

La relación entre los Kirchner y la oposición está hecha trizas. Los líderes radicales y socialistas que hablaron con Florencio Randazzo, en el marco de un diálogo arruinado, tuvieron un encuentro muy secreto pocos días después con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El diálogo será conmigo. Lo otro fue para la foto , los desayunó el ministro, entre las sombras. Los interlocutores de la oposición le pidieron pruebas de esos poderíos. Va una: Guillermo Moreno se irá del Gobierno en 20 días , les aseguró Aníbal Fernández. Han pasado casi dos meses y Moreno tiene ahora más poder que el que tenía entonces.

¿Hasta dónde llegarán en esa carrera de huracanes y de inmolaciones? Es probable que radicales y socialistas traten de convencer a los demás opositores para que la oposición no asista a ninguna reunión parlamentaria por la ley de radiodifusión. Ni en las comisiones ni en los recintos. Deberá existir una foto donde estarán los que hayan estado, incluidos los aliados de centroizquierda del Gobierno , dijeron. En una medida menor y parcial, esa reacción se parece mucho a la de la oposición al chavismo venezolano, que directamente decidió no presentarse a elecciones.

La Corte Suprema de Justicia empieza a ser vista ya con cierto reproche por algunos sectores de la oposición. El jefe del bloque de senadores radicales, Ernesto Sanz, le reclamó públicamente al tribunal que se pronuncie, por ejemplo, sobre los decretos de necesidad y urgencia. ¿Son esas medidas constitucionalmente excepcionales o habituales? Hay algunos casos sobre esos decretos que ya están en manos del máximo tribunal del país. No es un reclamo desinteresado. La oposición cree que el kirchnerismo gobernará a partir del 10 de diciembre, cuando haya perdido la mayoría parlamentaria, a través del veto presidencial y de los decretos de necesidad y urgencia. Sería la virtual clausura de un Congreso indócil. Urge que la Corte fije un criterio de equilibrio institucional , sostiene Sanz.

Kirchner quiere irse, si se tiene que ir, con la bandera de que lo echaron la "presión mediática", el " pool sojero" o "el poder económico concentrado". El proyecto de ley de radiodifusión estremeció de inquietud hasta a los dueños de las radios FM de los pueblos más remotos del interior. No saben quién será el próximo. Cristina Kirchner está más convencida que su marido de que esa batalla debe suceder. Lo dice en la intimidad y hasta acusa a su esposo de haber sido tibio y negociador en sus años de poder. Es ahora una Juana de Arco que se alzó en armas no en defensa de una nación, sino de una facción.

Su esposo es el único candidato presidencial que existe, más por lo que hace que por lo que dice. Su proyecto consiste en convertirse en el referente de un progresismo de suburbio que quedaría huérfano con candidatos como Julio Cobos, Carlos Reutemann, Mauricio Macri, Daniel Scioli o Felipe Solá. El momento de la retirada lo decidirá también el matrimonio presidencial, porque prefiere a sus opositores en el actual estado de desnudez. Todos ellos están en la lenta construcción de alternativas electorales que todavía carecen de candidatos y de programas.

El combate con el campo es crucial en ese mapa de la guerra incesante. Néstor Roulet, vicepresidente de CRA, nunca dijo lo que le hicieron decir en los fundamentos del decreto que vetó las exenciones del pago de retenciones a los productores de las zonas afectadas por la sequía. En una mesa de café, conversando entre chacareros, Roulet dijo irónicamente que ellos tendrían que sembrar en las zonas eximidas de retenciones. Un periodista lo escuchaba en una mesa vecina y publicó que Roulet había propuesto que la comercialización de toda la soja se hiciera por esos lugares exceptuados. Una ironía se convirtió entonces en la incitación a un delito. Sea como sea, la frase escrita por aquel periodista y publicada por un diario fue un argumento duro y formal del decreto que vetó las exenciones. El Gobierno usa trozos de escombros cuando se queda sin municiones.

No sabemos hasta cuándo podremos contener a la gente para que no vaya a las rutas , vaciló uno de los cuatro dirigentes de la Comisión de Enlace. La bronca y la decepción de los productores son cada vez más grandes. La sequía sigue devastando importantes zonas rurales. Las vacas se mueren de sed y de hambre. El Gobierno no tiene la culpa de que no llueva, pero es visiblemente insensible. El veto presidencial a las exenciones fue el mensaje más claro de indiferencia y porfía hacia los productores rurales.

Aníbal Fernández se quedó con María del Carmen Alarcón, a la que puso a cargo de la relación con el ruralismo. No hizo una hazaña: Alarcón empezó cerca de Carlos Reutemann, luego se pasó al Pro, más tarde recaló en el socialismo de Hermes Binner y ahora desembarcó en el kirchnerismo. La faena del ministro fue un arrebato callejero más que una cooptación. Fernández hizo trascender que había tomado a Alarcón para tenderles un puente a las entidades rurales, pero éstas creen que fue otra medida de ofensa hacia ellas. Después del turismo político de Alarcón, las entidades decidieron, hace rato ya, bajarla de todos palcos del ruralismo. Alarcón nunca se los perdonó y los cuatro principales líderes rurales nunca se olvidaron de ella.

Nadie está seguro en la Argentina de los Kirchner. Las empresas productoras de energía creen que ellas podrían ser el próximo objetivo del terco cazador si prosperara la ley de radiodifusión. En Santa Cruz, un gobernador convertido en fanático líder obrero resolvió sin neutralidad una huelga de trabajadores petroleros de casi tres semanas. Kirchner no se opuso. ¿El principio de otra encerrona? Nadie lo sabe. Kirchner no tiene mucho, pero lo poco que tiene está dispuesto a jugarlo, en efecto, a todo o nada.

La Nación

Un nuevo alarde de poder
Daniel Sabsay
Para LA NACION

Viernes 28 de agosto de 2009

Este proyecto de ley de radiodifusión se pone a discusión del Congreso en un momento no propicio, en la medida en que la expresión popular ha demostrado, en los últimos comicios, que su representación en este cuerpo se manifiesta de manera diferente, con predominio de la oposición en detrimento del oficialismo.

Un tema tan crucial para la democracia, como es el manejo de los medios, debe ser objeto de un debate amplio, plural y representativo de los distintos sectores del país.

Así las cosas, la iniciativa adolece de serios defectos y vicios que la tornan inconveniente para el tratamiento de una cuestión, como es la libertad de expresión, que cumple tanto el ejercicio de derechos individuales como funciones de tipo social.

No olvidemos que es a partir de la comunicación y del intercambio de ideas como los miembros de una sociedad democrática toman conocimiento de la cosa pública y pueden obrar en consecuencia, en calidad de ciudadanos de una comunidad políticamente organizada conforme a los principios del Estado de Derecho.

Ante todo, las características del órgano de aplicación de una norma hablan de ella mucho más que la amplia retórica a través de la cual se expresan sus principios y objetivos, respecto de los cuales no podemos sino estar de acuerdo. En tanto y en cuanto el gobierno de los medios estará en manos de un ente con mayoría oficial aplastante, no podemos sino augurar una administración perversa de un bien que nos pertenece a todos.

Desgraciadamente, en este aspecto debemos traer a colación la experiencia tan negativa de reforma del Consejo de la Magistratura, a instancias de esta administración. La técnica es la misma: la captura de una institución a través de una escandalosa búsqueda del predominio.

* * *

También me preocupa la clara tendencia hacia la injerencia estatal en la conducción de los medios, ya que queda para este sector un 33 por ciento asegurado en sus manos, a lo que debemos sumar el flamante manejo del fútbol y la creación de un sistema de televisión satelital también estatal. Si bien es algo todavía minoritario, un gobierno que no respeta los principios constitucionales para hacerse del dominio de sectores y empresas podría, a partir de este umbral, seguir progresando en el copamiento de los medios de expresión.

Tampoco me parece pertinente el permiso a las telefónicas para hacerse de medios de comunicación, ya que auguran desde el sector privado un manejo monopólico y corporativo en favor de unos pocos.

En suma, se trata de un nuevo alarde de poder que nos lleva a temer un triste futuro para el pluralismo y la libertad de ideas que tanto alimentan una democracia genuina.

Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires


El análisis
El periodismo, una presencia maldita
Por Joaquín Morales Solá
LA NACION

Viernes 28 de agosto de 2009

Seis años después del arribo de los Kirchner al poder sabemos exactamente, por fin, qué piensan y qué quieren del periodismo. Hubo agresivos discursos previos y algunas actitudes no menos belicosas, pero ninguno de ellos fue tan expresivo como el mensaje de ayer de Cristina Kirchner.

En síntesis, el periodismo es una presencia maldita para los gobernantes, salvo que difunda lo que el poder necesita que se difunda. Esa sería la mejor receta para lograr la defunción de la prensa, pero ¿no es eso, en última instancia, lo que están buscando?

La Presidenta echó mano de una retórica cargada de violencia e intolerancia. Miles de incondicionales partidarios aplaudían en la Plaza de Mayo mientras ella aporreaba verbalmente a los medios y a los periodistas. Hay que creer en los milagros, porque hubiera sido muy fácil un ataque físico contra la sede de cualquiera de los más importantes medios periodísticos de la Capital o contra los periodistas que cubrían las efusividades paraoficiales. Los que manejan el poder habían concedido la autorización implícita para la agresión mediante el sermón presidencial. A veces las palabras anticipan los hechos. La Argentina estuvo ayer demasiado cerca de parecerse a la Venezuela de Hugo Chávez.

Esa radicalización del matrimonio presidencial, que ya se había expresado en los últimos tiempos, es precisamente lo que hace inviable su proyecto de ley de radiodifusión. Una legislación tan sensible, porque regulará nada menos que la relación entre los medios audiovisuales y el Gobierno, sea éste cual fuere, debe cumplir el mínimo requisito de la neutralidad del poder que la estimula. El contexto esparce también la desconfianza; el periodismo en general viene de años en los que debió enfrentar el ninguneo, la persecución o la calumnia del kirchnerismo.

Un solo artículo del proyecto inicial muestra la verdadera intención del Gobierno: estipula que los canales de televisión y las radios deberán someter sus licencias a una revisión del Gobierno cada dos años. Si ese artículo se conservara y fuera aprobado por el Congreso, la consecuencia es muy previsible: será el fin de la libertad del periodismo televisivo y radial. Cualquier gobierno estaría siempre en condiciones de amenazar, presionar y condenar a los dueños de las licencias de canales y radios.

Cristina Kirchner parecía ayer una pasionaria pregonando la libertad de información. ¿Era sincera? La Presidenta suele decir que lee la prensa sólo para descubrir sus inventos. "No le creo nada", repite. Convertida en los últimos tiempos en un bloque de cemento intelectual, no admite ninguna otra verdad que no sea la suya. Es la conclusión que sacaron de sus reuniones con ella todos los líderes políticos que la visitaron en las últimas semanas. Si la prensa no coincide con su cosmovisión, como generalmente no coincide, entonces ella concluye que está leyendo una mentira.

Es notable también la creciente devaluación por parte del oficialismo del inmenso crimen de los desaparecidos en la década del 70. Cristina Kirchner se refugió ayer detrás de los 118 periodistas desaparecidos durante la dictadura militar para anunciar su ley de radiodifusión. ¿Qué tiene que ver aquella tragedia con sus personales y actuales camorras? Nada.

* * *

Vamos entonces a las cosas que se tocan. ¿Propaga francamente los beneficios de la información pública un gobierno que distorsiona desde hace tres años las estadísticas oficiales? No, seguramente. La propia presidenta trabó en el Congreso, en sus épocas de senadora, la aprobación de la ley de acceso a la información pública y ni ella ni su esposo hicieron nunca nada para despenalizar los eventuales delitos que pudieran existir en la información del periodismo. Hicieron algo peor: consintieron que funcionarios de su administración persiguieran a directivos periodísticos, con el evidente propósito de meterlos presos, por el supuesto delito de calumnias e injurias. No es la información libre e independiente lo que auspicia Cristina Kirchner; lo que busca es, por el contrario, la manipulación oficial de la información que le llega a la sociedad.

* * *

Sabe a extraño que el matrimonio presidencial se haya transformado de pronto en un cruzado de la supuesta sanidad de la información pública. Nunca, desde 1983, el periodismo tuvo tantos obstáculos como durante el reinado de los Kirchner para acceder a la información del Gobierno. Las noticias más relevantes se concentran siempre en tres o cuatro personas. El periodista que no penetra en esa intimidad carece de la información básica de la política que nos gobierna. La Argentina política llegó a la ridiculez de tolerar que un periodista tuviera la primicia de un aumento de tarifas de servicios públicos. Sucedió en los primeros años del gobierno de Kirchner. La mayoría de los consumidores se enteró de la novedad cuando le llegó la factura.

Néstor Kirchner, ideólogo y promotor del proyecto de ley anunciado ayer, es más patético aún que los desatinos de su esposa. Dijo que fue derrotado porque la sociedad quería una profundización de su modelo de perpetuas improvisaciones. Es decir: perdió porque no hizo más kirchnerismo del que ya hizo hasta la fatiga social. El denostado George W. Bush perdió también la elección legislativa de la mitad de su segundo mandato. En el acto, el entonces presidente norteamericano le dio la mano a la líder parlamentaria opositora, Nancy Pelosi, y la invitó a trabajar juntos. El sistema político de su país no le hubiera permitido caer en las extravagancias argentinas.

Aquí, la política vive una ficción. El Gobierno ejerce el poder como si no hubiera ocurrido la derrota del 28 de junio. Está haciendo uso y abuso de una mayoría parlamentaria artificial, que no expresa a la sociedad que ya se manifestó hace dos meses. "Todo lo que le hagamos ahora a la oposición, ella nos lo hará después del 10 de diciembre", decía poco después del fracaso electoral uno de los ministros más importantes del gabinete actual. Ese concepto le llegó a Kirchner, pero éste decidió esquivar, otra vez, el más básico sentido común.

La oposición reclamó ayer que se respetara la relación de fuerzas que surgió de la última elección y que el proyecto de ley de radiodifusión sea tratado por el Congreso después del 10 de diciembre. Es lo que debería suceder en cualquier democracia que se precie de tal. Esas palabras se deslizaban, sin embargo, en medio de un extraordinario e innecesario clima de tensión, en el que se mezclaban contra el periodismo las amenazas y las maldiciones de la cima con las vociferaciones de abajo, en la destemplada calle. Parecía la representación (¿sólo fugaz?) de un perfecto día chavista.

Temas de la justicia
Un país muy frágil
Por Adrián Ventura

Jueves 27 de agosto de 2009

La Argentina vive una crisis institucional de singular caladura: no sólo nuestra democracia quedó reducida a un mecanismo electoral, sino que el Gobierno, amén de ejercer el poder en contra de la Constitución, la está vaciando de sustancia. El país, por obra del poder político y por la inacción de la oposición, se doblega como un cuerpo sin esqueleto.

Los hechos son elocuentes. El Gobierno tiene la atribución de presentar proyectos de ley, pero hoy la usará para apropiarse de la libertad de expresión, algo más grave que el supuesto secuestro de los goles que alegó para desbaratar un contrato de la AFA con un grupo de medios.

La primera mandataria presentará un proyecto de ley sobre medios que peca del intervencionismo que caracterizó a la vieja ley de radiodifusión aprobada por el gobierno de facto. Bajo la promocionada excusa de fomentar el pluralismo, abrirá las puertas a una excesiva participación del Estado en el mercado audiovisual y pone en un tembladeral las licencias y los derechos adquiridos. Hace pocos días, el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos doctor Asdrúbal Aguiar, desde las páginas de este diario, alertó sobre el parecido con una ley de Chávez. La idea oficial de prohibirle a los partidos, durante las campañas electorales, pautar publicidad en medios cierra el preocupante cuadro.

El Gobierno también insiste en apoderarse de los bienes y de la producción. El año último, estatizó los fondos de las AFJP, sin que hasta ahora la Justicia le haya puesto un freno contundente. Entonces, también procuró aumentar las retenciones al campo, y, aunque los jueces y el Congreso frenaron ese proyecto, volvió a deslizar esa idea.

Hace dos meses, las candidaturas testimoniales eran objeto de fuerte debate. La Cámara Nacional Electoral, por mayoría, las avaló. En siete días, el caso llegará a estudio de la Corte Suprema, lo que debería dar paso a un trascendente debate sobre los límites del poder.

Desde ayer, seiscientos constitucionalistas de todo el país, entre ellos varios convencionales constituyentes de 1994 -como Alberto García Lema, Antonio Hernández e Iván Cullen- participan del congreso nacional que organiza la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Anoche, el doctor Alberto Dalla Vía, presidente de esa entidad, en el discurso de apertura llamó a buscar soluciones a la concentración de poder.

Algunos sostienen que la Argentina debe virar a un sistema parlamentario; otros, más realistas, proponen corregir las rigideces del presidencialismo. Pero ningún sistema será exitoso si la política se empecina en vaciar a la Constitución y en apropiarse de las instituciones.

La Nación

Medios y poder / Se abre otro debate
El Gobierno anuncia su proyecto de radiodifusión
La Presidenta presentará hoy el texto que llegará al Congreso

Jueves 27 de agosto de 2009

Luego de meses de marchas y contramarchas, a los que se sumó la incertidumbre generada tras la derrota en los comicios de junio, la presidenta Cristina Kirchner anunciará hoy el envío al Congreso del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, más conocido como ley de radiodifusión.

La iniciativa, que fue presentada formalmente el 18 de marzo en el Teatro Argentino de La Plata, busca reemplazar al decreto-ley 22.285, impuesto por la última dictadura militar. En medio del enfrentamiento entre el Gobierno y el Grupo Clarín, que recientemente incluyó la rescisión del contrato de la televisación del fútbol, la medida es publicitada por la Casa Rosada como un intento de "democratizar" la propiedad de los medios.

El anuncio, que se transmitirá por cadena nacional, servirá para dar a conocer la última versión de la propuesta, que si bien no tiene cambios de fondo respecto de la versión original incluye correcciones y agregados en medio centenar de puntos.

Entre las modificaciones que trascendieron figura la incorporación en los órganos representativos de los pueblos originarios y sociedades de gestión de derechos; correcciones al destino de los fondos recaudados por gravámenes y tasas aplicables a los servicios, y recaudos para que las empresas comerciales, a través de fundaciones, no puedan ingresar en el tercio de espectro que corresponde a las organizaciones sin fines de lucro.
Concentración

El proyecto de ley de radiodifusión incorporará a las empresas de servicios públicos en la televisión por cable y achicará la cantidad de licencias que puedan quedar en manos de una empresa, según había anunciado la Presidenta cuando hizo pública la primera versión del texto. Se busca reducir de 24 a 10 la cantidad de licencias de una misma empresa.

"Con esto esperamos que nadie crea que puede ser dueño de la palabra, del pensamiento y de la expresión de todo un pueblo", había dicho aquel día de marzo Cristina Kirchner.

Entonces se mencionaba un capítulo de la ley referido a las transmisiones de fútbol por televisión. Resta ver cómo queda ahora ese apartado, después de que el Gobierno acordó con la AFA un nuevo sistema de televisación gratuita de los partidos de primera división (lo que fue precedido por la ruptura del contrato anterior con TyC Sports y el Grupo Clarín).

Para gran parte de la oposición, en cambio, la nueva norma se convertirá en "una herramienta para controlar a los medios". Así fue definida por el Acuerdo Cívico y Social en la última conferencia sobre el tema, en la que participó la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso, la diputada radical Silvana Giudici, junto a los líderes de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y de la UCR, Gerardo Morales.

Para Carrió, la revisión de las licencias cada dos años que establece el proyecto será un instrumento de "extorsión" a la prensa. De acuerdo con Morales, si se aprueba la ley el Gobierno convertirá al país "en la Venezuela de Chávez".

En apoyo a la decisión de la jefa del Estado, la Coalición por una Radiodifusión Democrática convocó para mañana una movilización de la Plaza de Mayo al Congreso, a partir de las 11, media hora antes del acto de anuncio que se hará en la Casa de Gobierno.
Condena la SIP los ataques a Clarín

* La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó como "actos de intimidación" las agresiones sufridas por directivos del diario Clarín, así como los ataques contra sus dependencias en Rosario, Santa Fe. "Se asemejan a una maniobra dirigida a intimidar al diario", señaló en un comunicado.


La Nación

Otra ofensiva que desnuda la precariedad institucional
Joaquín Morales Solá
Para LA NACION
Sábado 15 de agosto de 2009
La Presidenta acusó al periodismo de practicar el "fusilamiento mediático", en una nueva y furiosa embestida contra la prensa. Desde que los Kirchner existen han convertido en habituales las menciones peyorativas o deshonrosas hacia la prensa. La propia Cristina Kirchner dijo en su momento que prefería seguir el consejo de su marido, que le sugiere no leer los diarios. Parecería, así las cosas, que el ex presidente tampoco lee los diarios. Sin embargo, nada de lo que parece es cierto. El matrimonio presidencial pasa más tiempo leyendo los diarios, viendo televisión o analizando resúmenes de lo que se dice en la radio que gobernando la complicada Argentina de estos tiempos.
Llevamos seis años, en efecto, de muy duras y permanentes descalificaciones a la prensa. Desde que aterrizó en el poder, Kirchner se erigió como un Quijote malo, dispuesto a luchar contra la prensa porque ésta comete el habitual delito de no ser unánime. Es exactamente lo que no debe ser. Pero, ¿cómo explicarle eso a un líder que se propuso, y lo consiguió, que en su natal Santa Cruz el periodismo fuera uniforme y zalamero con los que mandan? ¿Cómo, cuando el propio Kirchner está formado en una escuela política según la cual una causa mesiánica, difusa y confusa, merece el sacrificio de las libertades más esenciales del sistema republicano? Imposible.
Un problema adicional consiste en que ni siquiera está solo en una región de renovadas desmesuras. Sus mejores amigos entre los líderes latinoamericanos hacen cosas iguales o peores que él. Hugo Chávez acaba de ordenar a ministros y a jueces (así es el sistema de división de poderes en Venezuela) el cierre y la persecución judicial de decenas de radios y de Globovisión, el último medio televisivo independiente de su país. Cristina Kirchner acaba de visitar Venezuela y nada dijo sobre la situación de una libertad esencial de la democracia, como es la de la prensa.
El ecuatoriano Rafael Correa, eterno entusiasta de la candidatura de Kirchner como secretario ejecutivo de Unasur, anunció que cuando le tocara la presidencia pro témpore de la alianza de países sudamericanos crearía "instancias que defiendan a los gobiernos legítimamente elegidos de los abusos de la prensa". Correa asumió ese cargo en los últimos días. La presidencia de Unasur es rotativa y no tiene ninguna función ejecutiva. Menos mal. ¿Podría proponer la prensa la creación de instancias en América latina que la defiendan de los gobiernos autoritarios y populistas?
En verdad, el primer recurso que necesita la prensa, en la Argentina al menos, es la reconstrucción del sistema institucional y la recreación de los partidos políticos. Los Kirchner son obsesivos con el periodismo porque éste es el último puente independiente que quedó en pie entre ellos y la sociedad. La prensa alcanzó un valor sobredimensionado en la era kirchnerista porque su líder e ideólogo, Kirchner, no ha hecho nada para edificar, luego de la crisis de principio de siglo, un modelo republicano de país y un régimen de partidos que arbitrara entre el poder y la sociedad. Los ha destruido aún más. A eso le dedicó la mayor parte de su tiempo como presidente o como hombre fuerte del país.
La descalificación del periodismo, siempre con afirmaciones falsas de cabo a rabo, ha sido el método preferido para desautorizar la voz de la prensa independiente. Kirchner ha hecho acusaciones sin pruebas, ha deformado la historia del periodismo y ha instalado la idea de que los medios son simples sicarios de un poder económico oscuro y oculto. Se dedica obsesivamente a un medio o a otro, según el humor de la temporada.
Nadie podría discutirles a los Kirchner el derecho a aclarar una información errónea, pero su intención no es ésa: consiste en crear un clima social de sospecha hacia la prensa para eliminar a sus expresiones aún independientes. Resulta, no obstante, que el respeto de cada uno a sus deberes públicos, y a los de los otros, forma parte del sistema democrático. La democracia bien entendida es tan meticulosa en el contenido de las cosas como en las formas de hacerlas.
Kirchner se ha atribuido hasta el derecho de disponer de la vida o la muerte de muchos medios periodísticos. Decenas de medios del interior del país, y algunos de la Capital, no podrían vivir sin la publicidad oficial. Los fondos estatales para publicidad, creados al solo efecto de dar a conocer las decisiones y los actos del Estado, se han convertido en herramientas de propaganda oficial y de extorsión a la prensa.
Las cifras y los destinatarios de esa publicidad, que se conocen una vez al año, son patéticos por su arbitrariedad y, lo que es peor, por su intencionalidad. Hasta el despilfarro para los amigos; el hambre y la sed para los enemigos. Ultimamente esa política de persecución ha ido más allá. Funcionarios importantes del Gobierno (de los servicios de inteligencia, más precisamente) iniciaron causas judiciales por calumnias e injurias contra directivos de LA NACION. Ni siquiera cuestionaron la información, sino la opinión. ¿Estaremos ante un gobierno que cree que existe el delito de opinión?
Los ministros callan, escondidos debajo de los escritorios. Los voceros no hablan; son mudos, ciegos y sordos. Ningún teléfono funciona para que el periodismo pueda cumplir con su obligación de chequear la información que le llega. Sólo algún funcionario cercano a Kirchner o el propio ex presidente reciben a algunos periodistas. Eso no resuelve el problema. Kirchner es el primer político que debería ser chequeado por el periodismo serio: su compromiso con la verdad suele ser nulo. El obstáculo surge de nuevo, intacto e inabordable, porque no hay formas conocidas de chequear nada. La información crucial, concentrada en muy pocas manos, es tratada como una propiedad personal del mandamás del Gobierno.
Gran parte de la pasada campaña electoral del oficialismo se hizo también con el anuncio de reformas a la ley de radiodifusión. Cualquier ley es perfectible siempre y cuando exista un clima previo para perfeccionar y no para perseguir con tales reformas. La persecución es lo que prevalece hasta ahora. El Gobierno optó, por ejemplo, por hacer un debate abierto en el país para levantar el polvo de la polémica y para analizar sus sectarias ideas sobre los medios audiovisuales. Si existiera un propósito bueno y genuino habría enviado el proyecto al Congreso para que sean las cámaras legislativas las que realizaran las audiencias públicas.
La lista de agravios a la prensa es aún más larga. Ni siquiera Hugo Moyano, el más kirchnerista de los dirigentes sindicales (¿o el único?), evitó la tentación de hacerle un buen favor al ex presidente. Varias veces intentó bloquear la salida de LA NACION y de Clarín , clausurando la calle que los talleres comparten. No tiene pleitos con los diarios; sólo dirime, así, sus frecuentes broncas con otro sindicato. El Gobierno nunca condenó el método de Moyano.
La marea latinoamericana donde Kirchner mejor se inscribe y la creciente ofensiva local contra la prensa presagian malos tiempos para el periodismo. Sólo una certeza resalta: ya nada cambiará nunca en la crispada relación de los Kirchner con el periodismo sin compromisos políticos. Al periodismo independiente le queda el deber irrenunciable de no perder nunca su autoridad moral ni su razón de existir, que consiste en sostener una mirada crítica del poder. No debe prestarse a "fusilamientos", pero tampoco debe permitir que lo fusilen.


El Gobierno y la prensa / Denuncia presidencial"Hay un fusilamiento mediático"Cristina Kirchner acusó al periodismo, mientras el Gobierno acelera el debate de la ley de radiodifusión
Sábado 15 de agosto de 2009
Juan Pablo MoralesLA NACION
Cristina Kirchner se dio vuelta en el medio del acto y miró al secretario legal y técnico, Carlos Zannini. "Me contó que anoche fue a ver la obra La t entación, de Pacho O´Donnell", dijo sonriendo, en el atril del Salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada. "Para los que no lo saben, la obra narra la vida de Manuel Dorrego, un patriota bonaerense. Un patriota que, entre el pueblo y los poderes interiores y exteriores, optó por el pueblo. Optó por el pueblo y lo fusilaron."
La Presidenta terminó la frase y el auditorio se quedó en silencio varios segundos. Un instante después, hubo risas tímidas. Después, los intendentes del conurbano, los piqueteros y los ministros empezaron a aplaudir.
"Tranquilos. Yo no creo...", dijo. "Tranquilos. Yo no creo...", repitió. Meditó la última parte del discurso antes de pronunciarla de corrido: "Eso es parte de la historia del siglo XIX y XX. Tal vez ya no se repitan esos fusilamientos. Tal vez surgieron otro tipo de fusilamientos: los fusilamientos mediáticos".
Los asistentes respondieron con otro aplauso. Decían entender el mensaje. Lo veían como otra "muestra de fortaleza" en medio de la controversia por la millonaria televisación del fútbol, las disputas abiertas con el grupo Clarín, la incidencia del Gobierno en la pelea entre la AFA y TyC, y el impulso definitivo a la ley de radiodifusión. La mayoría vitoreaba: "¡Fuerza, Cristina!".
La Presidenta terminó de hablar. "Pero bueno: son los riesgos de elegir en dónde estar. Y les puedo asegurar que milito desde muy joven y que no me voy a arrepentir nunca de los lugares donde estuve, porque siempre estuve donde había que defender y representar al pueblo". Así terminó, y se alejó del micrófono para abrazarse con Alicia Kirchner. Después de haber presentado durante 40 minutos un programa de empleo y haber respondido las críticas opositoras por la pobreza. Después de haber defendido el incremento de la ayuda social y de haber propuesto "un padrón de ricos". En medio de eso, se ocupó especialmente de hablar sobre la disputa mediática.
Un año atrás, durante la pelea del campo, tanto ella como su esposo habían hecho popular la expresión "los fierros mediáticos", para denunciar una presunta conspiración de los medios y el sector agropecuario contra el Gobierno.En marcha
Fue otro pico de una pelea que amenaza con sumar un nuevo capítulo. El matrimonio presidencial ordenó apurar la nueva ley de radiodifusión en el Congreso. Quiere que salga antes de diciembre.
El jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, ya anuncia entre sus pares que la discusión será prioritaria: "Necesitamos esa ley".
El diputado llegó a poner como telón de fondo la pelea del momento: la televisación del fútbol. Aseguró más de una vez que sirvió para "clarificar" los objetivos.
El propio Néstor Kirchner "clarificó" parte de la estrategia ya conocida en su última aparición pública junto a las Madres de Plaza de Mayo.
"El fútbol tiene que ser gratis", dijo. Después fue por más: "Hay que democratizar la Argentina y terminar con los monopolios". Además de la ley de radiodifusión, el siguiente objetivo oficial podría ser intentar dar marcha atrás con la fusión entre Cablevisión y Multicanal (del grupo Clarín), que el propio Kirchner había autorizado una semana antes de dejar la presidencia.
Varios asistentes al acto de ayer en la Casa Rosada hablaban del tema, mientras esperaban a la Presidenta. Un grupo de intendentes dudaba de cómo puede terminar la pelea. Varios legisladores estaban exultantes por su próximo rol en el Congreso. Hasta el piquetero Luis D´Elía y el cantante Ignacio Copani compartieron opiniones y optimismo sobre la cuestión. Un rato después, apareció Cristina Kirchner y habló de megaplán. Al final coló la disputa. Y todos aplaudieron sonrientes.Duro cruce entre Rossi y un periodista
* El jefe del bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, se trenzó ayer en una fuerte discusión con el periodista Ernesto Tenembaum, en un reportaje emitido por radio Mitre, del grupo Clarín. Luego de un cruce de opiniones sobre la situación social, Rossi acusó al periodista de "estar enojado" por que el grupo Clarín había perdido "un gran negocio", en referencia a los derechos de transmisión del fútbol. Tenembaum le enrostró a Rossi "tener un líder que no puede justificar su patrimonio", recordó el pasado menemista del ex presidente y lo acusó de haber "entregado" el petróleo y de haber indultado a los "asesinos de sus compañeros".
La Nacion