El pulso político
El intrincado plan para cambiar la Constitución
Por Fernando Laborda | LA NACION
El martes pasado, en La Matanza, Cristina Kirchner pronunció uno de sus más intrincados discursos de los últimos tiempos. Como nunca antes, formuló cuestionamientos a la Constitución, sobre la cual dijo que "debería ser modificada" para "hacer una verdadera y profunda reforma de la Justicia". Lanzó duras críticas a "una Justicia de dos velocidades", a la que consideró extremadamente lenta cuando los implicados son corporaciones poderosas, y señaló que "por no hacer una Constitución en 1994 con grandeza tenemos hoy muchas veces los problemas de inconsistencias jurídicas que tiene el texto constitucional". Pero, llamativamente, la Presidenta se preocupó por aclarar que no iba a "proponer ninguna modificación de la Constitución".
No bien señaló que no impulsaría reforma constitucional alguna, la jefa del Estado cometió un desliz cuando afirmó que, por eso, envió al Congreso los seis proyectos de reforma judicial ya convertidos en leyes. Pareció admitir, así, que al menos algunas de esas iniciativas contradicen el texto constitucional. Hay un doble mensaje en el discurso presidencial para la dirigencia y la militancia kirchnerista. Por un lado, que la Constitución debe ser perfeccionada. Por otro, que no ha llegado aún el momento de impulsar su modificación.
Es que el Gobierno ha advertido la inconveniencia de ventilar públicamente el tema de la reforma constitucional, y más aún el de la reelección, antes de las elecciones de octubre. Superada esa instancia, el planteo de la reforma será inevitable, siempre y cuando el oficialismo obtenga un triunfo electoral en el orden nacional con al menos un 40% de los votos.
Este porcentaje no será suficiente para que el kirchnerismo alcance los dos tercios de diputados y de senadores indispensables para declarar la necesidad de la reforma, pero le permitirá sumar al partido gobernante entre diez y trece nuevas bancas y conservar la ilusión de que se podrá presionar a sectores de la oposición para que acompañen el proyecto.
Sin los dos tercios del Congreso, le quedarían al cristinismo dos alternativas. La primera: tratar de hacer valer una tan curiosa como improcedente interpretación, hecha pública por el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, quien sugirió que una segunda reelección presidencial consecutiva no requeriría la convocatoria de una convención reformadora de la Constitución, sino que bastaría con una simple enmienda, pues "es el pueblo el que en definitiva decide".
La segunda opción sería dar la batalla por la reforma, aun sabiéndose perdedores, para que al menos la Presidenta pueda seguir manejando la agenda hasta el final de su mandato y pilotear su sucesión, sin descartar que pueda continuar conduciendo los hilos de un futuro gobierno desde la Jefatura de Gabinete, una función hoy relegada a la de simple coordinador de ministros, pero al cual el titular del Poder Ejecutivo podría delegarle amplias facultades.
Entretanto, continuaría imponiendo su mayoría parlamentaria para forzar leyes reñidas con el texto constitucional, como los cambios en el Consejo de la Magistratura
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