Viernes 24 de mayo de 2013 | Publicado en edición impresa

Los negocios del poder / Nueva presentación judicial

Piden el allanamiento de cuatro viviendas de Báez en Río Gallegos

Una de las casas fue de los Kirchner; la oposición hizo el pedido luego de que se llevaran bolsas del lugar en una camioneta

Por Mariela Arias  | LA NACION

RÍO GALLEGOS.- Dos personas que sacaban bolsas de la ex casa de Néstor Kirchner y las cargaban en una camioneta blanca modelo Sprinter fueron descubiertas el miércoles a las 20. Anoche, tres partidos políticos de la oposición hicieron una presentación ante la Fiscalía Federal de Río Gallegos para solicitar cuatro allanamientos simultáneos, incluida aquella vivienda, en propiedades del empresario Lázaro Báez.

Durante el último contacto con la prensa, Báez prometió abrir las puertas de la casa, ubicada en Maipú y 25 de Mayo, para demostrar que no había cajas de seguridad en su interior. "Si consigo las llaves, los convoco", dijo ante un par de periodistas, y confirmó que la propiedad se encuentra deshabitada.

La presentación, firmada por los partidos ARI-Coalición Cívica, Unión Cívica Radical y Encuentro Ciudadano, fue acompañada por una fotografía digital tomada desde la vereda de enfrente de esta vivienda céntrica, adquirida por Kirchner en 2003 y vendida luego a una empresa vinculada a Báez.

Según la presentación judicial, realizada en el marco de la causa que se tramita en el expediente 33.613, la camioneta blanca es propiedad de la empresa Austral Construcciones y recoge también las reiteradas versiones que circularon aquí en los últimos días que indican que se estaría desmontando otra bóveda en esa vivienda.

La causa que investiga la fiscal Patricia Kloster aún no tiene tipificado el delito, pero la investigación preliminar avanza sobre presuntos sobreprecio y cartelización de la obra pública en Santa Cruz en los últimos diez años.

Anoche, los partidos políticos solicitaron a la fiscal federal cuatro allanamientos urgentes: en la ex vivienda de Kirchner; en un galpón ubicado sobre la avenida Asturias; en la chacra 39 de Báez, donde además piden que se secuestren las grabaciones de las cámaras de seguridad, y en la estancia Alquinta, adonde según las denuncias hechas por la diputada nacional Elisa Carrió se habrían trasladado hace un mes valijas con dinero, armamentos, municiones y documentación.

El pedido de allanamiento llega cuando corren las últimas horas de subrogancia de la jueza Ana Álvarez en el Juzgado Federal de Río Gallegos, ya que hoy, a las 11, será reemplazada por la conjueza federal subrogante Andrea Askenazy Vera, sorteada en primer lugar en el listado de conjueces aprobados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Según documentos difundidos en días pasados -a los que LA NACION tuvo acceso-, en 2008 la firma Epelco SA, con sede en Libertad 141, de Río Gallegos, domicilio oficial de la mayoría de las empresas vinculadas a Lázaro Báez, pagó 3.170.000 pesos al matrimonio presidencial por la vivienda de tres plantas con desniveles. Máximo Kirchner actúo en la transacción comercial en representación de su padre, quien había comprado la propiedad a la familia Gotti cinco años antes, en 2003, por 170.000 dólares.

Testigos protegidos

En la misma causa, el martes a la noche prestó declaración testimonial en la fiscalía federal Fabián Coli, operador de radio y conocido de Sergio Triviño, el hombre que habría tomado más de 200 fotografías del desmantelamiento de una supuesta bóveda ubicada en un sótano de la chacra de Báez.

Esa misma noche, Báez convocó a la prensa para demostrar que en ese lugar había en realidad una cava de vinos. Según la denuncia, la bóveda fue desmantelada después del primer programa de Jorge Lanata, Periodismo para todos , en el que salieron a la luz las denuncias de lavado de dinero.

Sobre la declaración testimonial de unas cuatro horas de duración realizada por Coli rige el secreto de sumario; sin embargo, LA NACION pudo confirmar que se tomó en el marco del expediente que investiga la causa por presunta cartelización de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. La convocatoria a la fiscalía se da a partir de que la causa que instruía el juez federal Sebastián Casanello había sido derivada por pase simple al juzgado de Río Gallegos, el cual fue remitido rápidamente a Buenos Aires.

Sin embargo, durante la estadía de la causa en la juzgado local, la fiscalía tomó parte y decidió incorporar prueba fotográfica de la causa iniciada por Carrió por considerar que aportaba elementos a la investigación sobre obra pública que aquí se instruye