La causa de la bóveda vuelve a Casanello
Por Paz Rodriguez Niell | LA NACION
a justicia federal de Río Gallegos le devolvió ayer al juez porteño Sebastián Casanello la denuncia sobre el supuesto "desmantelamiento" de una bóveda en Santa Cruz del empresario Lázaro Báez que tendría dinero, armas y documentación. Lo hizo por motivos formales. Ahora, la Cámara Federal porteña decidirá el destino de este expediente.
La decisión de Casanello de remitir esa presentación al Sur motivó ayer una denuncia penal en su contra de la diputada Elisa Carrió, que acusó al juez de haberlo hecho para encubrir a Báez y a sus presuntos cómplices. Carrió fue la autora de la denuncia por la bóveda.
Casanello, que investiga al empresario por lavado, había recibido anteayer la nueva denuncia de Carrió; pidió al Ministerio de Justicia la protección de los testigos mencionados en ella y la remitió de inmediato al Sur. Sostuvo que los nuevos hechos no estaban dentro del objeto procesal de su causa y que, como habrían sucedido en Río Gallegos, la justicia federal porteña no tenía competencia para investigarlos.
Ayer, le devolvieron la denuncia. La jueza Ana Cecilia Álvarez consideró que Casanello se había declarado incompetente y que, antes de remitir el expediente, debió notificar al fiscal Guillermo Marijuan (que interviene en el caso de lavado).
En el juzgado de Casanello sostienen que lo que hizo el juez no fue declararse incompetente, sino dar cuenta a la justicia de Río Gallegos de un nuevo supuesto ilícito que debía investigarse allí, que su remisión debía tratarse como una nueva denuncia. Con ese fundamento, sostuvieron que la causa debía volver al Sur, pero eso no sucederá por el momento.
Antes de que se expidiera la jueza de Río Gallegos, Marijuan había apelado la decisión de Casanello. Ayer, el juez concedió el recurso y le habilitó así al fiscal el camino a la Cámara, que resolverá ahora dónde quedará esta nueva denuncia.
Marijuan también había cuestionado la decisión de Casanello de no allanar un guardamuebles donde, según un anónimo, habría pruebas sustraídas de la financiera SGI (por donde habría pasado el dinero negro de Báez). El juez había rechazado el pedido de Marijuan basado en que las tareas de inteligencia ordenadas en el lugar habían dado resultado negativo y en que un anónimo no bastaba para allanar.
El fiscal discrepó y apeló. Si bien la regla es que las decisiones sobre las diligencias propuestas por las partes no son apelables, el juez concedió el recurso. Así, la Cámara podrá expedirse también sobre si debe disponerse el allanamiento.
La decisión de no allanar el guardamuebles fue otro de los fundamentos de Carrió para acusar a Casanello de "encubrimiento". Según la diputada, de ese delito participaron el juez, la procuradora Alejandra Gils Carbó y otros agentes de la Procuración para favorecer a Báez. Estos últimos porque omitieron imputar al empresario en el primer requerimiento de instrucción.
En cuanto a Casanello, Carrió afirmó que "de manera sorprendente, arbitraria y manifiestamente ilegal" envió su presentación al Sur. "La falta de independencia de la justicia de la provincia de Santa Cruz no es una novedad", sostuvo, y cuestionó el procedimiento para nombrar a la nueva jueza subrogante de Río Gallegos. Por sorteo, esta nueva causa quedó radicada en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.
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