Editorial I
La AFIP, al servicio de una política extorsiva
La persecución al presidente de la Corte por el órgano tributario revela que éste, una vez más, está siendo usado como arma de amedrentamiento
Con la confirmación oficial de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) e staba investigando al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, a su familia y al director administrativo del máximo tribunal, ha surgido una evidencia más de que el Gobierno está utilizando al organismo recaudador como un instrumento de presión política, amedrentamiento y extorsión.
La primera regla de un gobierno autoritario es la imposibilidad de levantar la voz para contradecir a quien ejerce el poder político. Quienes no lo entiendan así, se trate de dirigentes políticos y sindicales, empresarios, periodistas o incluso jueces, deberán someterse al escarnio público e ingresarán automáticamente en la categoría de enemigos del Gobierno.
Los últimos años han sido pródigos en ejemplos de persecuciones hacia quienes marcaron públicamente sus diferencias con políticas específicas de la administración gubernamental o con quienes fueron incluso más allá al denunciar hechos de corrupción.
Casi todo el aparato del Estado ha sido puesto al servicio del disciplinamiento de los críticos del Gobierno. Como lo hemos señalado más de una vez desde esta columna editorial, mientras los órganos de control del sector público hacen la vista gorda frente a los escándalos que emanan del Poder Ejecutivo Nacional, numerosas dependencias han pasado a tener la casi exclusiva tarea de investigar y perseguir a quienes la Casa Rosada les haya puesto el mote de enemigos.
La ciudadanía ha asistido a numerosos gestos públicos de la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tendientes a amedrentar a sus críticos. Basta recordar la manera en que, durante un acto público, acusó a un empresario inmobiliario por el supuesto incumplimiento de algunas obligaciones impositivas, valiéndose de información que la AFIP no debería haberle revelado a la primera mandataria y violándose el secreto fiscal. El particular escrache obedeció a que el citado broker había mencionado en una entrevista periodística los negativos efectos del cepo cambiario en la compraventa de propiedades, una verdad de Perogrullo que molestó a la Presidenta.
También hay que recordar los rencorosos comentarios que la primera mandataria publicó en la red social Twitter a pocos días de que el laureado actor Ricardo Darín expresara en una entrevista periodística que le gustaría saber cómo hizo su fortuna el matrimonio Kirchner. Lejos de responder a ese interrogante, la Presidenta se despachó en críticas al artista y le enrostró haber sido procesado en su momento por la supuesta adquisición irregular de una camioneta importada. Ese hecho había ocurrido muchos años atrás y Darín había sido sobreseído por la Justicia.
Tanto el espectacular allanamiento de la sede del diario Clarín, a fines de 2009, que incluyó a unos 200 inspectores de la AFIP y del que, cínicamente, su titular, Ricardo Echegaray, dijo haberse enterado por Internet, como un reciente allanamiento del órgano recaudador a las casas particulares de los periodistas Sergio Lapegüe y Darío Lopreite, de la señal TN, engrosan el listado de maniobras intimidatorias.
La investigación ordenada contra el presidente de la Corte y su familia es un caso más, agravado por la más que seria sospecha de que se trata de una presión política que responde al reciente fallo del alto tribunal, que ha declarado la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura.
Si bien todos los ciudadanos, incluidos los magistrados de más elevado rango, debemos estar sometidos a las leyes tributarias, es necesario que se respeten elementales procedimientos que, en este caso, han sido obviados. Entre otras cosas, porque Lorenzetti no había recibido ningún requerimiento de la AFIP hasta que trascendiera que estaba siendo investigado. Se trata, sin duda, de una nueva provocación al Poder Judicial por parte del Gobierno, que apunta a intimidar a los magistrados independientes en momentos en que les están poniendo límites a los abusos de poder.
El caso en cuestión, además, pone de manifiesto el retroceso institucional que se deriva de un organismo como la AFIP, que, hasta hace algunos años, constituía un bolsón de profesionalismo dentro del Estado y que, tras la salida de Alberto Abad a principios de 2008, perdió su independencia, se convirtió en apéndice de la Casa Rosada y comenzó a ser usado como arma política e instrumento de persecución de ciertos contribuyentes críticos del Gobierno.
Frente a lo ocurrido, que se suma a los habituales exabruptos de las más altas autoridades del Gobierno, las amenazas hacia quienes osan disentir del rumbo trazado por la fracción gobernante y los reiterados abusos de poder, es menester que los argentinos no perdamos la sensibilidad por el mero acostumbramiento a esa clase de actos. En otras palabras, es imprescindible que advirtamos que estamos ante una serie de acciones coordinadas estratégicamente que avanzan hacia un verdadero golpe institucional.
Someter y liquidar al Poder Judicial, socavar la división de poderes e instaurar un régimen cada vez más autoritario, sin descartar la reelección presidencial indefinida, parece ser el auténtico propósito de quienes, más que un proyecto nacional, propician un proyecto para garantizar su permanencia en el poder y su impunidad.
Si la ciudadanía no despierta ante esta dura realidad, el totalitarismo quedará a un paso de entronizarse en la Argentina. Cuando lo más valioso, que es la República, se halla en peligro, resulta prudente actuar con decisión y coraje, y no sentarse a esperar simplemente que algún iluminado nos saque del apuro.La Nacion
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