Editorial I
La causa AMIA, ante una trascendental decisión
Los serios cuestionamientos al acuerdo con Irán serán resueltos por un magistrado que registra abrumadores indicios de parcialidad
El juez federal a cargo de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral , está llamado a resolver sobre la constitucionalidad del cuestionado memorándum de entendimiento suscripto entre la República Argentina y la República Islámica de Irán.
Esta circunstancia ha provocado temor y desconfianza en las instituciones comunitarias judías y entre los familiares de las víctimas del impune atentado sobre el rumbo que podría tomar el muchas veces cuestionado magistrado en la causa aludida. Es de esperar que su decisión se funde exclusivamente en el derecho y la justicia, y que no incidan los aspectos políticos o de otra índole. Cabe recordar, en este sentido, que el Gobierno impulsó la firma del memorándum pese al rechazo casi unánime del arco opositor y de las entidades de la comunidad judía.
Es muy difícil sustraerse de los abrumadores indicios de parcialidad y de haber beneficiado al oficialismo que en diversas ocasiones ha exhibido el juez que deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acuerdo con Irán. Sólo por citar dos ejemplos, su sobreseimiento del matrimonio Kirchner por las acusaciones de enriquecimiento ilícito y el llamado a indagatoria del digno ex embajador argentino en Venezuela Eduardo Sadous -quien denunció en su momento la existencia de una embajada paralela en Caracas- y su posterior procesamiento.
A ello suman algunos analistas de la realidad judicial el hecho de que un hijo del magistrado se encuentra ternado para ser designado juez federal de San Martín, circunstancia que, según sostienen esos observadores, podría llegar a pesar fuertemente en la decisión del juez. En la citada terna, ocupa el primer lugar el doctor Juan Pablo Salas, de sólidos antecedentes y actual juez federal subrogante en Morón.
La causa del atentado contra la AMIA, que costó la vida a 85 personas, cumplirá 19 años el 18 del corriente mes y en ese extenso lapso ha sufrido vicisitudes de todo tipo, al tiempo que ha sido terreno para algunas sucias maniobras políticas impulsadas por inescrupulosos que no dudaron en bastardear el objetivo de buscar la verdad y la sanción de los culpables.
El memorándum de entendimiento con el gobierno de Irán pone en peligro la investigación realizada tras el apartamiento del juez Juan José Galeano de la causa por el ataque a la sede de la mutual y en la que se encuentran imputados y con pedido de captura internacional varios ciudadanos iraníes. De ahí lo absurdo que resulta el acuerdo con el país que protege y cobija a quienes la justicia argentina ha señalado como los responsables del peor atentado terrorista que ha sufrido nuestro país en su historia.
Del mismo modo, resulta cuestionable y sospechosa la actitud de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de denegarle al fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, la autorización para exponer ante el Congreso de los Estados Unidos las conclusiones de su investigación, en la cual acusó a Irán de infiltrarse en varios países de nuestra región a través de la instalación de estaciones de inteligencia. De acuerdo con los datos ofrecidos por Nisman, el gobierno iraní habría infiltrado agentes de inteligencia en Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago, y Surinam, lo cual motivó una invitación de los legisladores norteamericanos al fiscal.
Por las razones apuntadas, adquiere suma trascendencia que el magistrado que entiende en esta causa se expida exclusivamente a partir de un riguroso punto de vista legal, despojado de cualquier otro interés que no sea el puramente jurídicoLa Nación
No hay comentarios.:
Publicar un comentario