Editorial I
La errónea pretensión de crear más impuestos
Gravar la renta financiera profundizará la desconfianza de inversores, encarecerá el crédito y desalentará la creación de fuentes de trabajo
Desde el oficialismo y desde un segmento relevante de la oposición se está trabajando en alternativas de un proyecto de ley que extienda el Impuesto a las Ganancias a la llamada renta financiera de personas físicas, que podría terminar agravando la actual desconfianza de todo inversor en el país.
El diputado oficialista Héctor Recalde ha recibido instrucciones de recopilar y ordenar distintas propuestas legislativas que hasta ahora no habían alcanzado a ser debatidas ni votadas. En el mismo sentido se han manifestado legisladores del radicalismo y de partidos de centroizquierda, entre ellos Alfonso Prat-Gay, cuya formación financiera parecería dar respaldo técnico a esta iniciativa.
El reflotamiento de esta idea ha obedecido en gran medida a la generalizada protesta por el avance del Impuesto a las Ganancias sobre los asalariados como consecuencia del retraso en ajustar el mínimo no imponible. El pedido de aliviar esta injusta presión impositiva se ha ligado a la propuesta de sustituirlo por otro aplicable a la renta financiera. Así surge esta iniciativa como una cuestión de justicia social, de contornos aparentemente indiscutibles. Sin embargo, el problema está mal planteado.
Desde esta misma columna editorial hemos criticado el absurdo avance de la imposición sobre los salarios. Tal vez ése sea el peor de los impuestos, pero esto no habilita a proponer otros casi igualmente perjudiciales para sustituirlo.
La solución genuina pasa por reducir el gasto público, cuyo desmesurado crecimiento en los últimos diez años no tiene ningún fundamento social ni económico. Los recursos fiscales que aporta la actual sobrecarga sobre los salarios o los que aportaría un impuesto a la renta financiera no alcanzan a la décima parte del exceso injustificado de gasto de estos años. De más está decir que a poco que se reduzcan los subsidios o los sobrecostos de la corrupción, no sólo no habría que crear nuevos impuestos sino que podrían reducirse los existentes.
La llamada renta financiera comprende los intereses percibidos por colocaciones a plazo fijo o préstamos de cualquier tipo, y abarca también las ganancias resultantes de la compraventa de acciones o títulos, aunque esto no resulte de operaciones habituales. La ley vigente del Impuesto a las Ganancias exceptúa del gravamen a este tipo de rentas en cabeza de personas físicas.
Toda vez que se incorpore un impuesto a los intereses recibidos y esto tenga un alcance general, los ahorristas exigirán una tasa más alta que compense el nuevo impuesto que deban pagar. Los bancos y las instituciones que reciban esos depósitos trasladarán la mayor tasa a los créditos que otorguen. Se reducirá así la demanda de crédito, ya que habrá menos proyectos y oportunidades de invertir si se debe pagar una tasa más elevada. En definitiva, habrá menos inversión y, por lo tanto, menor creación de fuentes de trabajo. Un impuesto que algunos conciben como una medida de redistribución del ingreso termina siendo un destructor de empleo en una sociedad cuyo sólo crecimiento demográfico le exige hacerlo aumentar permanentemente.
La renta financiera nominal en contextos inflacionarios esconde en una parte, si no en todo, la devolución del capital. Una tasa de interés del 17 por ciento anual como la que hoy recibe un ahorrista que deposita su dinero a plazo fijo en un banco argentino no alcanza a compensar la desvalorización inflacionaria de su dinero. Si esa renta estuviera gravada, no sólo tendría los efectos que antes hemos descripto, sino que además implicaría que el Estado se quedaría con una parte de sus ahorros.
El mismo efecto destructivo, injusto y desalentador se produciría sobre las personas que han adquirido acciones o una propiedad y que la venden después de algunos años. Si la renta por gravar se determina sobre la diferencia entre el precio de venta y el de compra, se estaría cobrando un impuesto sobre una valorización inflacionaria.
En nuestro país la indexación está actualmente prohibida y esto ya es un gravísimo problema para las empresas o personas jurídicas a las cuales el Impuesto a las Ganancias les alcanza sobre supuestas rentas que son sólo ficticias. Esto ya viene desalentando la inversión y reduciendo la competitividad.
No es difícil imaginar qué ocurrirá con la fuga de capitales y el desaliento al ahorro y la inversión si se extiende a las personas físicas el impuesto a la renta financiera. Debieran ser los que viven de su trabajo y los jóvenes que aspiran a mejores oportunidades quienes se opongan a este nuevo impuesto. A los políticos, a quienes les resulta fácil presentar demagógicamente una propuesta de este tipo, se les debe exigir analizar el fondo de la cuestión y explicar su inconveniencia a sus potenciales votantes.
La Nacion
No hay comentarios.:
Publicar un comentario