Transporte
Imputan a Schiavi por no controlar el pago de subsidios a los colectivos
La Justicia también investiga a Sícaro, ex titular de la CNRT, y a 22 empresas de ómnibus; entre ellas se encuentran el Grupo Plaza, de la familia Cirigliano, y DOTA, de línea 60
Por Hernán Cappiello | LA NACION
Juan Pablo Schiavi se alejó de la Secretaría de Transporte con la tragedia de Once hace dos años, pero los efectos de su gestión aún lo acompañan: al juicio que se le sigue por el accidente ferroviario ahora se le sumó una nueva imputación en otra investigación por el pago de subsidios a empresas de colectivos sin los controles adecuados entre 2010 y 2011.
El fiscal federal Ramiro González impulsó ayer la causa contra el ex funcionario, contra el ex interventor en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Eduardo Sícaro -también juzgado en la causa Once- y contra 22 empresarios del transporte automotor. Entre ellos se encuentra la empresa Plaza, cuyo dueño es Mario Cirigliano, juzgado junto a su hermano Claudio por el accidente ferroviario del 22 de febrero de 2012, y también la firma DOTA, que maneja la línea 60.
La denuncia sobre el pago sin control de los subsidios fue realizada por el abogado Ricardo Monner Sans tras un trabajo de la Auditoría General de la Nación (AGN), que determinó que en el 82% de los casos los colectivos de jurisdicción nacional recorrían menos kilómetros que los declarados y recibían combustible subsidiado por el total. También determinó que en el 47 por ciento de los casos los colectivos de jurisdicción municipal y provincial recibían el subsidio por mas viajes de los realizados. Además, el estudio determinó que mientras en el ejercicio 2003 los subsidios ascendieron a 341 millones, en 2012 llegaron a $ 15.975, es decir, aumentaron 4575 por ciento. El informe de auditoría transformado en causa penal quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
La AGN recordó que los subsidios a los colectivos son de dos tipos: los provenientes del impuesto al gasoil y aportes del Tesoro, y los que surgen del subsidio al gasoil provisto a precio diferencial.
El fiscal González destacó que la AGN detectó que no se desarrollaron herramientas de control de los subsidios ni se usaron las existentes. "No hay un procedimiento de rendición de cuentas de los subsidios", dijo el fiscal, glosando el informe de auditoría. Afirmó también que no se implementó un sistema de seguimiento para controlar los kilómetros efectivamente recorridos por los colectivos.
También dijo que en diciembre de 2010 se pagaron subsidios sin controlar el cronograma de instalación de las tarjetas SUBE, que era un requisito, y que al que no haber un plan de autoría se debilita el control. Señaló que no se puso en marcha un procedimiento de selección de empresas a auditar y en el manual de control no se especifican los procedimientos que deben seguir las auditorías.
También destacaron la AGN y la fiscalía que, en lo que hace al precio del gasoil diferenciado, no hay manera de saber si una línea circuló menos de lo informado y aún así percibió el mismo monto de combustible a menor precio.
Remarcaron además que hubo insuficiencia en las auditorías realizadas, porque la mitad de los cupos de gasoil asignados no fueron alcanzados por ellas, y su volumen no guarda relación con la cantidad de beneficiarios, pues más de la mitad de las empresas que mayor cantidad de combustible recibieron no fueron auditadas.
También se detectaron debilidades en las sanciones, que no se cumplen, y en la profusión de normas vigentes, algunas de ellas confusas que dificultan su comprensión. Con estos antecedentes, el fiscal pidió al juez que le solicite a la Secretaría de Transporte un organigrama de las áreas que intervinieron en el control de subsidios, para determinar cuáles son las empresas que cobraron por viajes no realizados. Pidió además que la CNRT informe si detectó irregularidades y si lo denunció.
Entre los casos que citan los auditores para ilustrar la falta de control está la empresa Almirante Brown, que percibió el subsidio de gasoil a precio diferencial durante cuatro años -desde 2007 hasta 2011- sin haber presentado las correspondientes declaraciones juradas; y la empresa de Transporte Interprovincial Rosarina (Tirsa), que percibió el subsidio de gasoil a precio diferencial durante 19 meses sin prestar servicios. También la línea 60, que en agosto de 2011 se incrementó el subsidio al gasoil sin que la CNRT realizara la auditoría a fin de validar los kilómetros declarados por la empresa.
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