Domingo 04 de mayo de 2014 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Justicia paralela para garantizar impunidad

La voluntad del Gobierno de nombrar más de 300 conjueces esconde la intención de extender aún más su dominio sobre los tribunales

El flanco judicial es uno de los que mayor preocupación provoca en el Gobierno cuando restan menos de dos años para el recambio presidencial. Ese desasosiego no obedece a la existencia de juzgados vacantes ni a la demora del Consejo de la Magistratura en la remoción y elección de jueces, cuestión agravada por el retardo evidente del Poder Ejecutivo en enviar al Congreso de la Nación las ternas de candidatos ya seleccionados, según las normas legales en vigor.

El principal temor gubernamental se funda, como cuestión de fondo, en las investigaciones de presunta corrupción que comprometen a altos funcionarios y que podrían llegar, en algún caso, a comprometer a la propia Presidenta o a su entorno más cercano. Se trata de los documentos, revelados por este diario, indicativos de pagos efectuados por la empresa constructora de Lázaro Báez a los hoteles de la familia Kirchner por habitaciones que jamás se ocuparon. Podría tratarse, según expertos en la materia, de un posible lavado de dinero.

Así las cosas, se explica la intención oficial de controlar todos los estamentos judiciales y asegurar la impunidad para los imputados. Echaría luz, también, sobre los repentinos motivos por los cuales el Gobierno ha elaborado una lista de más de 300 conjueces para integrar distintas instancias judiciales, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta tribunales inferiores.

Muchos de los candidatos a cubrir cargos judiciales de esa manera, es decir, sin rendir examen en los concursos que exige la Constitución nacional, se caracterizan por la falta de antecedentes y por tratarse, en general, de abogados amigos de funcionarios o de probada militancia en el kirchnerismo o en organizaciones colaterales. Hay, por supuesto, nombres con sólida trayectoria, pero son los menos. Entre estos últimos, el bloque de senadores de la UCR constantó que muchos de esos postulantes no cumplen con los requisitos mínimos indispensables y que, incluso, algunos ni siquiera adjuntaron el título de abogado.

La gravedad de las posibles designaciones de oficio salta a la vista si se tiene en cuenta que los conjueces pueden ser convocados para reemplazar a algunos magistrados titulares cuando éstos se excusan o no pueden intervenir en un caso determinado. En los próximos días, el Senado deberá tratar la nómina de diez conjueces para la Corte, y a fin de mes el de los restantes candidatos impulsados por la Casa Rosada.

Hoy, crece en los medios jurídicos y políticos de la Argentina la idea de que ha llegado la hora de poner coto, por vía de revisión, a fraudes judiciales que han violentado principios elementales en materia procesal y puesto de manifiesto una impunidad asombrosa para ciertos funcionarios públicos. Es aquel un tema en controversia, pero la dimensión que adquiera en adelante estará en relación directa con la temeridad con la cual el Gobierno siga actuando en sus relaciones con la Justicia.

Nada menos que el subsecretario de Justicia, Julián Álvarez, se ha atrevido a afirmar que al actual Poder Judicial "hay que combatirlo". Ha confesado de modo abierto que el kirchnerismo lo viene haciendo así mediante la reforma "de la currícula de las carreras, creando la organización Justicia Legítima, porque la otra no es una justicia legítima" y que igualmente lo ha hecho así a través de la designación de "magistrados que son el inicio del proceso de transformación". ¿Cuánto se cree que durará todo esto después de 2015, en una sociedad harta de la manipulación política de la Justicia para castigar a los adversarios del Gobierno y proteger, además, a su elenco?

Al comentar las graves aseveraciones de Álvarez y el intento de designar más de 300 conjueces, el integrante del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi sostuvo con razón que lo que quieren en el kirchnerismo "es asegurarse la impunidad para cuando se vayan del poder".

Para precisar lo dicho, señalemos que diez de los conjueces están destinados a la Corte Suprema. Ese dato debe analizarse a la luz de que el año próximo cuatro de los siete magistrados que integran el máximo tribunal habrán superado los 75 años de edad y de que no puede descartarse que se verifiquen una o más renuncias. También existe la posibilidad de que alguno de ellos pueda excusarse en un caso concreto o pida licencia provisoria. Por lo tanto, es cierta la posibilidad de que los conjueces tengan que intervenir. La nómina que envió la Presidenta al Senado incluye juristas de prestigio, pero también algunos nombres notorios por su grado de compromiso con el oficialismo.

Otro tanto ocurre con los demás tribunales. Por ejemplo, según informó Clarín, para la Cámara Nacional Electoral se ha incluido a una abogada que trabaja en el Ministerio de Justicia y fue asesora de la comisión que elaboró la reforma al Código Penal que impulsa el Gobierno. Su especialidad sería el Derecho Penal. La misma abogada también está propuesta para la Cámara del Crimen porteña y para la Cámara en lo Penal Económico, como si fuera un comodín hábil para cualquier juego. Algo similar sucede con un abogado también propuesto para la Cámara Electoral, pese a que su especialidad es el Derecho Comercial. Además, según su currículum, trabaja en el Ministerio de Justicia.

El ex director de Aerolíneas Argentinas Héctor García Cuerva aparece en la nómina de conjueces para la Corte. Un hijo suyo, Emiliano, es candidato para el fuero comercial. Dos abogados vinculados con la ultraoficialista Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eduardo Barcesat y Roberto Boico, figuran propuestos para integrar la Cámara en lo Contencioso Administrativo, como también lo ha sido la defensora de la Afsca en la audiencia pública por la ley de medios, Graciana Peñafort. Para la Cámara Federal de Tucumán, hay tres candidatos que integran agrupaciones kirchneristas.

Son evidentes algunos defectos en la labor de la justicia argentina, pero ninguno de ellos se solucionará con el nombramiento de conjueces adictos al oficialismo de estos últimos 12 años. Más aún: si esta situación se prolonga, no hará más que agravarse por el descaro de la voluntad de someter más y más áreas vitales de la justicia argentina a los designios facciosos de la política oficial.

La designación de conjueces de tan estrechos vínculos con el oficialismo es otra vía para reforzar un estado de impunidad, y peor, puede resultar un elemento persecutorio de otros ciudadanos, a costa de la parálisis y degradación del Poder Judicial. No puede esto sino descalificarse