Jueves 20 de noviembre de 2014 | Publicado en edición impresa

El escenario

Políticas que conducen al infierno narco

Por Carlos Pagni | LA NACION

oy a las 18 en la plaza San Martín, de Rosario, se hará una marcha con el lema "Para que no nos silencien". Fue convocada por el Sindicato de Prensa de esa ciudad como una demostración de solidaridad con el corresponsal de LA NACIÓN Germán de los Santos, que fue amenazado de muerte a raíz de sus investigaciones sobre la expansión del narcotráfico . La manifestación pretende también llamar la atención del Gobierno y de la sociedad sobre las penosas consecuencias a las que están expuestos los que dan a conocer el comportamiento de las mafias.

Esta concentración rosarina plantea una ruptura. No es algo habitual. Tampoco lo son las deliberaciones que se llevan a cabo en la Redacción de LA NACIÓN para encontrar la fórmula que permita seguir informando sobre las organizaciones criminales sin poner en peligro a los periodistas. Los cambios de época se los percibe mejor cuando ya se consumaron.

Contra el telón de fondo de algunos antecedentes, las advertencias a De los Santos, la movilización de Rosario o las estrategias que debe encontrar un periodismo amenazado para seguir siendo fiel al propio oficio, quizá resulten menos asombrosas.

El 9 de julio del año pasado murió bajo las balas del grupo Halcón de la policía bonaerense un investigador del narcotráfico de la ex SIDE, Pedro Viale, el "Lauchón". Sobre ese episodio se han urdido mil teorías. Lo único objetivo es que la Secretaría de Inteligencia se presentó como querellante en la causa judicial que se abrió por esa muerte. Para que quede más claro: la Secretaría de Inteligencia, que conducen Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher, acusa a la policía bonaerense, que conducen Daniel Scioli y el comisario Gabriel Matzkin, de haber asesinado a uno de sus agentes, responsable de la lucha contra el tráfico de drogas. La casualidad quiso que Icazuriaga, Larcher y Scioli pertenezcan a la misma organización: el Frente para la Victoria.

Durante siete años, el organismo de lucha contra el narcotráfico fue dirigido por José Ramón Granero, a quien María Servini de Cubría procesó porque, por culpa de sus sospechosas negligencias, ingresaron en la Argentina 1900 kilos de efedrina. Ese tráfico salpica a los hermanos Zacarías, que pertenecen al entorno de los Kirchner desde hace casi treinta años. Dos de ellos, Rubén y Luis, trabajaron desde 2003 en la oficina de protocolo de la Presidenta.

Las droguerías traficantes de efedrina fueron los principales mecenas de Cristina Kirchner en su primera campaña presidencial. El recaudador de esa campaña, Héctor Capaccioli, era el encargado de controlar a esas empresas como superintendente de Salud. El juez Norberto Oyarbide sobreseyó a Capaccioli. Pero Ariel Lijo lo llamó a indagatoria cuando los peritos de la Corte Suprema indicaron que el financiamiento de la candidatura de la Presidenta habría facilitado el lavado de dinero.

Hace más de un mes que no aparece el financista Damián Stefanini, en cuyo curriculum figura haber cambiado cheques a traficantes de efedrina, según el expediente judicial del triple crimen de General Rodríguez de hace seis años. En el submundo financiero afirman que Stefanini fue también uno de los cambistas a los que recurría Sergio Schoklender cuando administraba el programa "Sueños Compartidos", que Néstor Kirchner había confiado a Hebe de Bonafini .

La investigación del dinero ilegal es una de las claves para acorralar al narcotráfico. Una de las principales responsables de esa tarea es la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Más allá de que su nombre propone una clasificación extraña, para la cual el lavado no sería un crimen, la Procelac se concentra hoy en perseguir a los capitales legales más que a los ilegales.

Esa oficina, que depende de la procuradora, Alejandra Gils Carbó , lidera una maquinaria entre cuyos engranajes están la AFIP, la UIF, la CNV y el Banco Central. Esta escuadra se ha propuesto impedir las operaciones de contado con liquidación (CCL), que consisten en exportar o importar dólares a través de la compraventa de bonos. Esas transacciones se realizan en el circuito formal, quedan registradas y obligan al pago de impuestos. Su legalidad fue ratificada por la Justicia el 16 de mayo pasado en la causa "BBVA Banco Francés SA". Además, muchos empresarios recurrieron a ese mecanismo por recomendación de Axel Kicillof . Un importante desarrollador inmobiliario recuerda que, ante un pedido de dólares para importar equipos, el ministro le respondió: "Ni loco te apruebo eso; andá al contado con liqui".

La persecución de quienes operaban en ese mercado comenzó cuando Kicillof apostó al terror para controlar la caída de reservas. El primer paso fue echar del Central a Juan Carlos Fábrega, quien se reincorporó a la vida social el domingo pasado, asistiendo en la platea del Monumental al encuentro River-Olimpo. ¿Habrá visto que casi pegado a él estaba el banquero Jorge Brito?

Instalado Alejandro Vanoli en el Central, comenzó el acoso: cierre de sociedades de Bolsa, envío de la Gendarmería a los bancos -dos de ellos, de gran prestigio internacional, fueron allanados por los movimientos de una editorial-, irrupción en el domicilio de un cambista de Puerto Madero y, en una interpretación esotérica sobre el funcionamiento del mercado financiero, clausura de una sandwichería de la calle Sarmiento.

Esta terapia ya dio malos resultados en Venezuela. Allí es imposible emitir un tuit con el precio del dólar paralelo desde un dominio radicado en el país. Pero la brecha igual alcanzó el 1000%.

Sería interesantísimo que la Presidenta y sus colaboradores se empeñaran en sancionar la circulación de dinero negro con el mismo ahínco con que controlan la de dinero legal. La penalización de los fondos delictivos es una de las barreras más severas para el narcotráfico. Es llamativo que el oficialismo prohíba el ingreso de dólares blancos mediante el contado con liquidación, pero aliente la llegada de dólares negros a través de los cedines. Porque, como recordó el presunto narcotraficante colombiano Jesús Yepes Gaviria, "el blanqueo no lo inventé yo, lo inventó el gobierno".

La misma Gils Carbó, que hostiga a los banqueros por sus operaciones regulares, pidió la hoguera para el fiscal José María Campagnoli por preguntar por los fondos que Lázaro Báez mandaba al exterior con la colaboración del estrafalario Leonardo Fariña . El ex esposo de Karina Jelinek se postuló en diciembre de 2009 para adquirir las acciones de Telecom en Telecom Italia a través del fondo Geneviève que, según informó a Milán, manejaba "plata de Kirchner".

Tal vez sea comprensible que alguien que alquiló durante un año las habitaciones de sus hoteles a un contratista de obra pública que no las ocuparía, no tenga vocación por investigar cómo se mueven los fondos ilegales. No es la única práctica sospechosa que rodea a la Presidenta y su familia. La justicia de Nevada investiga si, como suponen los holdouts de NML, existe alguna conexión entre los Kirchner, Lázaro Báez y la firma Val de Loire. Esa empresa es socia de Cristóbal López en el casino del Hipódromo de Palermo. El feriado del 31 de diciembre de 2007 se publicó un decreto firmado por Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Alicia Kirchner, que extendía la concesión de esa sala de apuestas de 2017 a 2032.

El manager de Val de Loire es Edmund Ward quien, según los registros de Nevada, aparece en numerosas sociedades radicadas en Panamá y nacionalizadas en ese paraíso del juego de los Estados Unidos. Una de ellas se denomina Queenside Commercial Corp. La magia del azar.

Ayer, al explicar su ruptura con UNEN, Elisa Carrió se refirió tres veces al narcotráfico. Dijo que Hermes Binner debe explicar ese fenómeno en Rosario; que Julio Cobos tal vez esté condicionado por el financiamiento de la efedrina, ya que en aquella campaña secundaba a Cristina Kirchner, y, lo más grave, que Sergio Massa previno a un cártel de la droga de un allanamiento.

Carrió, que siempre personaliza los conflictos, acostumbra a mandar a sus rivales al infierno de los narcos. Que lo diga, si no, Eduardo Duhalde. Esa inclinación tan recurrente quizá banalice un problema delicado. Sin embargo, la expansión de ese delito es vista como una deformación cada vez más habitual también desde fuera del país. Basta leer el informe que Douglas Farah, investigador del International Assesment and Strategy Center de los Estados Unidos, publicó el mes pasado (http://www.strategycenter.net/docLib/20141018_Farah_LookingGlass_1014.pdf), con un título durísimo: "A través del espejo: narcocorrupción y menoscabo del imperio de la ley en el gobierno de Cristina Kirchner".

Desde el dossier de Farah hasta la manifestación de hoy en Rosario, hay muchas evidencias para percibir algo siniestro, en el sentido que Freud daba a esa palabra: aquello que transforma lo familiar en espantoso.

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