Viernes 24 de enero de 2014 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Sin reconocimiento durante 25 años

Es necesario recordar y reconocer los derechos humanos de quienes fueron asesinados o murieron en la defensa del regimiento de La Tablada, en 1989

Era un domingo soleado, caluroso, cuando una ignota organización armada llamada Movimiento Todos por la Patria (MTP) atacaba el Regimiento de Infantería Mecanizada 3, localizado en La Tablada, provincia de Buenos Aires, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Ese 23 de enero de 1989 -se cumplieron ayer 25 años-, un grupo integrado por ex terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) decidió, en plena democracia, recrear una de las escenas que ya habían protagonizado en los 70 contra el Estado, contra sus instituciones y el pueblo.

Comandados por el combatiente del ERP Enrique Gorriarán Merlo y contando entre sus filas con el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Jorge Baños, con el ex ERP Francisco Provenzano y con el fraile capuchino Antonio Puigjané, intentaron tomar la unidad militar cuando la mayoría de su personal se encontraba de receso por vacaciones. La operación comenzó de madrugada. Ingresaron al puesto de guardia con varios vehículos y con un camión robado de reparto de Coca-Cola. Pretendieron enmascarar su ataque armado, disfrazando sus acciones como pertenecientes a las del sector carapintada del Ejército, por medio de volantes y gritos que sólo durante unos pocos minutos lograron engañar a los soldados y suboficiales que estaban en la guardia.

La batalla se libró durante más de 24 horas, en las cuales los combatientes del MTP alternaron sus conocimientos adquiridos en los 70 con el combate en la guerrilla sandinista. El grupo estaba integrado por hombres y mujeres que, ignorando todas las reglas del derecho internacional humanitario, dispararon contra hombres con los brazos en alto y por la espalda, y contra soldados de 18 años que cumplían el servicio militar. En definitiva, atacaron una unidad militar en democracia, en un día donde la vigilancia estaba limitada, tal como lo hicieron contra el Regimiento de Formosa, en 1975. Fue tal la alevosía que la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, al analizar diversas denuncias provenientes de los terroristas, caratuló lo vivido el 23 de enero de 1989 como un conflicto armado interno.

Sin embargo, es importante puntualizar como lo ha hecho la Asociación Civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, que representa los reclamos de las víctimas del terrorismo por el reconocimiento de sus derechos humanos, que "las garantías y protecciones del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho de los Derechos Humanos, contenidas en los tratados internacionales suscriptos por la Argentina, son aplicados discrecionalmente por el Estado argentino, denegando su goce a las víctimas del terrorismo y a quienes en situación de combate contra organizaciones terroristas debieran ser alcanzados por las mismas. Ninguna de las personas que murieron o fueron heridas en este ataque ha sido indemnizada, ni figura en los libros escolares o museos de la memoria, a pesar de que fue un ataque cometido en democracia".

Como consecuencia del ataque terrorista, ese día murieron el mayor Horacio Fernández Cutiellos, el teniente Ricardo Rolón, el sargento ayudante Ricardo Esquivel, el sargento Ramón Orué, el cabo 1° José Albornoz; los soldados conscriptos Héctor Cardozo, Martín Díaz, Roberto Taddía y Julio Grillo, junto con el comisario inspector Emilio García García y el sargento 1° José Soria, ambos de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Sus nombres han quedado en el olvido, los derechos que les corresponden a sus familiares siguen sin ser reconocidos. Aunque los terroristas responsables del ataque fueron juzgados y condenados, en 2000 iniciaron una huelga de hambre durante la cual el entonces presidente Fernando de la Rúa les redujo sus condenas y posteriormente, en2003, fueron indultados por el entonces mandatario Eduardo Duhalde.

En un país donde la memoria es tan escasa y únicamente direccionada hacia un sector político, recordar los nombres de estos argentinos que fueron asesinados o murieron combatiendo en defensa de las instituciones y del pueblo argentino es una deuda que aún hoy persiste y que a 25 años de los hechos no puede continuar sin ser saldada.

La Nacoin