El caso de la valija del venezolano Antonini Wilson tampoco podrá ser esclarecido

Sábado 23 de junio de 2012 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Otro caso que permanecerá impune

Igual que otros sonados escándalos, el de la valija del venezolano Antonini Wilson tampoco podrá ser esclarecido

Las principales causas en las que se investigan casos de presunta corrupción de funcionarios kirchneristas se van cerrando a un ritmo llamativamente veloz. Es lo que está ocurriendo en estos momentos con las del caso Skanksa y de la valija con 790.550 dólares secuestrada al ciudadano venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson en el aeroparque metropolitano en agosto de 2007.

El caso Skanska, sobre los presuntos pagos de coimas y sobreprecios durante la ampliación de los gasoductos, sólo evitaría su cierre en el fuero federal si llegara a prosperar la apelación de una fiscalía de la Cámara de Casación.
En cuanto al de la valija de Antonini Wilson, la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico resolvió que la maniobra que intentó el empresario venezolano y que impidió la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria María Luján Telpuk, no consistió en un contrabando sino en un eventual lavado de dinero.
Así, al cambiarse la figura penal opera la prescripción, pues el lavado de dinero prescribe a los tres años y ya transcurrieron cinco. Quedaría en pie solamente la infracción aduanera para Antonini Wilson, mientras que el otro imputado, Claudio Uberti, ha sido sobreseído por prescripción.
Cabe aclarar que la Sala B no ha hecho más que aplicar en este caso la que ha sido su tradicional postura jurisprudencial sobre el delito de contrabando cuando su objeto es dinero.
Uberti, ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) y embajador paralelo ante el gobierno de Hugo Chávez, compartió el vuelo desde Caracas con Antonini Wilson en un avión privado y, tras el secuestro del dinero, se comunicó varias veces con la quinta de Olivos. Uberti, quien se encontraba con una falta de mérito resuelta por el juez Daniel Petrone -luego ascendido a camarista-, también se vio beneficiado porque al reformarse el año pasado la ley antilavado de dinero, se eliminó la cláusula que agravaba la pena cuando el delito de blanqueo lo cometía un funcionario público. A Uberti lo defendía el mismo abogado que asiste al vicepresidente, Amado Boudou, en el caso de la ex Ciccone.
En el transcurso de esta causa fue notoria la lentitud del juez Petrone y la consiguiente falta de resultados, que contrastó con el cúmulo de elementos recogidos en las notas de investigación publicadas por LA NACION y otros medios. También pudo apreciarse la velocidad con la que actuó la justicia norteamericana durante un juicio en el que allegados a Antonini Wilson fueron imputados de ser agentes del gobierno de Chávez.
En ese proceso, se aceptaron los dichos del empresario venezolano, quien afirmó que el dinero de la valija no era suyo, sino que se trataba de un aporte del chavismo para financiar la campaña presidencial de 2007 de Cristina Kirchner. En cambio, para la justicia argentina el dinero pertenecía a Antonini Wilson.
También es verdad que, como bien señaló el mismo fallo de la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico, conspiró seriamente en contra del esclarecimiento la actitud adoptada desde el inicio por la Aduana, organismo que en vez de dar inmediata intervención al fuero penal económico, optó por "labrar un sumario por presunta infracción al régimen de equipaje. Aquella forma de proceder provocó una tardía toma de conocimiento del hecho por parte de la autoridad judicial".
Lo cierto es que, con escasos avances y en virtud de un cambio de interpretación respecto de qué delito estaba en danza, otro sonado expediente va rumbo a la impunidad. Lo mismo ocurrió, también en el fuero penal económico, con el caso de los envíos ilegales de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador, que había sido elevado a juicio como contrabando. Sorpresivamente, al cabo de un extenso juicio oral en el que estaban acusados el ex presidente Carlos Menem, su ex cuñado Emir Yoma y ex funcionarios de Fabricaciones Militares, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 determinó que no hubo contrabando.
Como los demás posibles delitos de los envíos de armamento estaban prescriptos o habían sido desechados, los imputados fueron sobreseídos. A todo esto, durante 16 años ese expediente tramitó en el fuero penal económico bajo la carátula de contrabando y con la intervención de dos jueces, dos fiscales y tres camaristas -precisamente, los de la Sala B- que no cuestionaron esa figura penal.
En el caso Skanska, el procedimiento fue distinto: la Justicia no tuvo en cuenta o anuló las pruebas determinantes, y aceptó, en cambio, un controvertido peritaje.
Por distintos caminos, el resultado ha sido la impunidad y no sería de extrañar que otras causas de presunta corrupción sigan idéntico rumbo. De ocurrir así, se profundizará la mala imagen de la Justicia, que terminará por perder credibilidad, incluso cuando sobresea o cierre expedientes basándose solamente en las pruebas y la sana interpretación del Derecho. En definitiva, las dudas de una sociedad sobre la labor judicial son tan perjudiciales como los efectos de la impunidad

La Nacion