Viernes 22 de junio de 2012 | Publicado en edición impresa

Máxima tensión gremial / Las medidas de la Casa Rosada contra Moyano

La vieja guardia kirchnerista comandó la ofensiva oficial

La Presidenta encomendó el manejo de la crisis a De Vido, Moreno, Tomada y Randazzo

Por Mariana Veron  | LA NACION

Julio De Vido, Roberto Baratta, José María Olazagasti, Carlos Tomada, Florencio Randazzo, Guillermo Moreno y Sergio Berni. ¿Qué tienen en común? Son todos funcionarios de la vieja guardia kirchnerista que se pusieron al frente del operativo de crisis montado por orden de Cristina Kirchner para enfrentar el mayor desafío gremial a su gobierno.

El ministro de Planificación fue ayer el encargado de anunciar las medidas más duras contra Hugo Moyano, en los momentos previos al acuerdo salarial que logró el líder del sindicato de los camioneros y que lo llevó a suspender el paro en el transporte de combustible.
De Vido anunció la aplicación de la ley de abastecimiento, una vieja y dura norma con la que el Gobierno suele amenazar en cada conflicto, aunque pocas veces aplica. Ayer, en conferencia de prensa, el ministro presentó una denuncia tanto contra el gremio como contra las patronales del transporte de carga y sostuvo que sería el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien llevaría las riendas de la aplicación de la norma. Se había reunido con él minutos antes en su despacho.
Después de haber quedado relegado en la nueva administración de YPF, el Transporte y el nuevo plan de viviendas, De Vido recuperó protagonismo. Su gente estuvo anteayer en los lugares de mayor tensión y comandó las gestiones con las cámaras empresariales durante la negociación del acuerdo.
Su secretario privado, José María Olazagasti, junto con el subsecretario de coordinación de Planificación, Roberto Baratta, se apostó el feriado del Día de la Bandera en el Edificio Centinela, donde se montó el comité de emergencia, y digitaron el operativo para que los camiones de combustible pudieran salir de la planta de YPF de La Matanza.
Hasta allí llegaron en helicóptero con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, otro de los funcionarios con mayor protagonismo en las últimas 48 horas de tensión por el paro de los Moyano. Segundo de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que se mantuvo al margen, Berni es otro antiguo militante del proyecto kirchnerista que fue ganando terreno desde que Cristina lo designó para secundar a Garré. A él se le adjudicaba una negociación con los empresarios del transporte, enrolados en la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, junto con Olazagasti y Baratta.

El "desquicio"

De Vido fue uno de los más duros contra su antiguo aliado. Se refirió al paro como un "desquicio", dijo que era un conflicto "inusitado" y acusó a Moyano de actuar en "contra de la democracia y el diálogo".
En su presentación (en la que, a diferencia de otras veces, aceptó algunas preguntas de los periodistas), hizo una larga descripción de los perjuicios que había ocasionado el paro, casi como una radiografía de un país en caos, lo que habilitaba a la Casa Rosada a aplicar sanciones.
En forma paralela, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, presentó una denuncia a primera hora contra Hugo y Pablo Moyano por amenazas agravadas y actuó como vocero del Gobierno para anunciar el regreso anticipado de Cristina Kirchner desde Brasil.
Carlos Tomada, al mando de la cartera laboral, fue otro de los que debieron anunciar duras medidas hacia camioneros. Primero intimó al sindicato para que cumpliera la conciliación obligatoria y ayer anunció que multaría a Moyano por $ 4.000.000. Anoche ratificó el castigo. Junto con De Vido, Tomada se volvió antes de Rosario, mientras el resto del gabinete festejaba el Día de la Bandera.
Esta vez, las figuras más destacadas de La Cámpora quedaron relegadas. Una lectura que hacían en la Casa Rosada era que la Presidenta resguarda a sus nuevos funcionarios de los conflictos duros.
Entre los más nuevos de la administración de Cristina, tanto el vicepresidente Amado Boudou como el vicegobernador Gabriel Mariotto tuvieron menos presencia en esta crisis. Boudou anticipó la dureza del Gobierno, pero los Moyano lo cruzaron fuerte con la investigación judicial en su contra y de a poco se guardó. Mariotto capitalizó anteayer la ausencia de Daniel Scioli del país. Un día después debió correrse de escena drásticamente.

La ofensiva oficial

1. Multa de 4 millones de pesos
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, anunció a primera hora de la mañana que aplicaría una multa extraordinaria al Sindicato de Camioneros por no acatar la conciliación obligatoria dictada el martes en el conflicto salarial. "Ellos se fueron de la mesa de negociación", dijo Tomada. Horas después, Moyano anunció que había acordado con la patronal un aumento del 25,5% sin participación del Gobierno.
2. Denuncia por amenazas
El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, presentó ante la justicia federal una denuncia penal contra Hugo y Pablo Moyano, en la que los acusa de "amenazas, coacción agravada y entorpecimiento de los servicios públicos". Les achaca haber perjudicado "la actividad económica y la atención de necesidades primarias de la población vinculadas con los derechos más elementales como la vida, la salud y el acceso a la alimentación".
3. Usar la ley de abastecimiento
Al mediodía, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció que el Gobierno estaba dispuesto a aplicar la ley de abastecimiento para garantizar la provisión de alimentos y combustibles. Esa norma, de 1974, permite al Poder Ejecutivo tomar medidas que incluyen la posibilidad de intervenir en empresas y de disponer arrestos sin orden judicial.

La Nacion