Adulteración de medicamentos

Mafia de los medicamentos / Cobro indebido de reintegros
Por posibles estafas al Estado, Oyarbide allanó la sede de APE
El juez se incautó de mil expedientes de 30 obras sociales; posibles vínculos con Lorenzo
Sábado 18 de diciembre de 2010


Marcelo Veneranda
LA NACION

Como parte de la causa que investiga la mafia de los medicamentos y que mantiene en vilo al ámbito sindical, la Justicia allanó ayer, durante casi siete horas, la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud. Como resultado del procedimiento se incautaron de más de mil expedientes, bases de datos y discos rígidos relacionados con las operaciones de 30 gremios.

El operativo fue ordenado por el juez federal Norberto Oyarbide, quien investiga si estos gremios reprodujeron la misma maniobra que la Asociación Bancaria, por la que se encuentran detenidos el sindicalista José Zanola; su mujer, Paula Aballay, y el empresario Néstor Lorenzo, de la droguería San Javier, proveedora de remedios a las obras sociales cuestionadas.

La APE es el organismo estatal encargado de pagar reintegros a las obras sociales sindicales para compensar los gastos derivados de la atención de enfermedades de baja incidencia y alto costo, como los tratamientos oncológicos. Pero, además de la compra de medicamentos adulterados o vencidos, la Justicia investiga si las prestadoras de salud de los gremios presentaron comprobantes y troqueles falsos de remedios para obtener estos reintegros.

La APE, que durante 2009 distribuyó $ 938 millones entre las obras sociales, tiene como gerente general, desde noviembre de ese año, al apoderado legal del sindicato de camioneros, Daniel Colombo Russell, quien sustituyó a Hugo Sola, otro hombre vinculado con el líder de la CGT, Hugo Moyano.

Según publicó La Nacion el domingo pasado, en esa dependencia también trabaja Christian Marcelo Asorey, que también lo hace en la obra social de los Camioneros y está casado con la hijastra de Moyano, Valeria Alejandra Salerno. Asorey está a cargo del área de Sistemas y Tecnología de la APE.

La Nacion intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con Colombo Russell, sin éxito.

El procedimiento de ayer, ordenado por la secretaría N° 9 del juzgado de Oyarbide, a cargo de Carlos Leiva, fue conducido por la Unidad de Investigación del Delito de la Policía Federal. Los pesquisas registraron durante siete horas en los pisos 7°, 8° y 9° de la avenida Roque Sáenz Peña 1149, donde funciona la APE.

"Sospechamos que la operatoria que Lorenzo llevó adelante con la Bancaria se extendió al resto de las obras sociales sindicales", indicó a La Nacion una fuente vinculada con la causa.

La magnitud del procedimiento, que culminó a las 19.50, quedó evidenciada por los dos viajes en camioneta que los pesquisas necesitaron completar para llevar toda la documentación. Según las fuentes consultadas, se incautaron de 34 cajas con más de mil expedientes, bases de datos y discos rígidos de 30 obras sociales.

En los rótulos de las cajas, se podían leer los nombres de las obras sociales de la Asociación Bancaria, de la Unión Obrera Metalúrgica, de Aeronavegantes, del Sindicato de la Carne, de la Actividad Docente (Osplad), del Personal de Escribanos (Ospe), de Trabajadores Rurales y Estibadores (Osprera), de Prensa de Buenos Aires (Ostpba), del Personal de La Matanza, del Personal de Entidades Deportivas y Civiles (Ospledyc), del Automóvil Club Argentino (Ospaca), y de la Industria del Plástico (Ospip), entre otros.

Además de las prisiones de Zanola, Aballay y Lorenzo, la causa de la mafia de los medicamentos se cierra cada vez más en torno a la obra social de los camioneros (Oschoca), gerenciada por la mujer de Moyano, Liliana Zulet. Por esta investigación, además de otro expediente conexo que lleva adelante el juez Claudio Bonadio, la semana pasada fue doblemente procesado el empresario Marcos Hendler, dueño de Droguería Urbana, principal proveedora de remedios de Oschoca.
EL AVANCE DE LA CAUSA

    * Cuatro procedimientos: además de la APE, ayer hubo allanamientos en la Superintendencia de Servicios de Salud y en otras tres obras sociales sindicales sospechadas de defraudar al Estado a partir de la falsificación de prestaciones y tratamientos no suministrados, según señalaron fuentes judiciales.

    * Fondos de campaña: en el marco de la causa, también está imputado el ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli, quien fue uno de los recaudadores para la campaña presidencial de Cristina Kirchner. El ex funcionario debe declarar el próximo miércoles nuevamente ante el juez Oyarbide.


La Nación


Piden la urgente sanción de la ley de medicamentos
Lo solicitó el comité científico asesor en políticas contra la drogadicción y el narcotráfico; la Medicamentos : un abogado quiere que embarguen a la Presidenta por los daños a la salud
Gregorio Dalbón presentó un escrito al juez Oyarbide para promover una acción de clase por 2 mil millones de pesos contra Cristina Kircher y el Estado nacional, como resarcimiento para los damnificados

Jueves 17 de setiembre de 2009

Un abogado promovió hoy una acción de clase por 2 mil millones de pesos en contra de la presidenta Cristina Kirchner y el Estado nacional como resarcimiento para la "gran cantidad de damnificados que han consumido medicamentos adulterados, produciéndole a estos graves daños a su salud".

Según un escrito de siete páginas al que tuvo acceso DyN , el abogado Gregorio Dalbón presentó la class action ante el juzgado federal a cargo de Norberto Oyarbide, quien está a cargo de la causa de los medicamentos adulterados.

"En atención a la existencia de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, en el caso, gran cantidad de damnificados han consumido medicamentos adulterados, produciéndole a estos graves daños a su salud, conforme la pesquisa de autos, se promueve la presente class action ", explicó Dalbón en su presentación.

La medida apunta "contra la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y/o Estado Nacional o Ministerio de Salud, y/o los que resulten responsables por los daños punitorios producidos a raíz de la comercialización de remedios falsificados y adulterados, por la suma de 2.000.000.000 de pesos, o lo que, en más o en menos, resulte de la prueba a producirse".

Embargo. Dalbón reclamó, además, que la Presidenta y el Estado sean embargados preventivamente hasta cubrir esa cifra, según consigna DyN .

"En atención a la verosimilitud del derecho y peligro en la demora emergente de autos, solicito tener a bien mandar trabar embargo preventivo sobre los bienes personales y las sumas de dinero pertenecientes a la accionada", indicó la presentación.

La Naciónnorma, que determina que la venta de remedios sólo podrá

hacerse en farmacias habilitadas, ya tuvo media sanción en Diputados

Jueves 17 de setiembre de 2009

Por Maia Jastreblansky
De la redacción de lanacion.com
mjastreblansky@lanacion.com.ar

El comité científico asesor en políticas contra la drogadicción y el narcotráfico reclamó al Gobierno que se acelere el tratamiento de la ley de medicamentos, cuyo proyecto tuvo media sanción en Diputados y aguarda su tratamiento en la Cámara alta.

El proyecto determina que la venta de medicamentos, incluidos los de venta libre, sólo podrá ser efectuada en farmacias habilitadas por la correspondiente autoridad sanitaria.

La titular del comité, Mónica Cuñarro, advirtió que la norma está parada hace un año en el Senado y remarcó la importancia de su urgente sanción. "Seguramente hay alguna especie de presión de algún sector que está interesado en seguir estando como intermediario. Nos parece que la ley sería una herramienta legal muy importante para beneficiar las políticas de salud pública", sentenció.

"Lo importante es prohibir la venta de remedios en supermercados, en quioscos o en cualquier lugar donde no haya un control de un director técnico farmacéutico, que es el que garantiza que las drogas tienen el aval de la Anmat", explicó a lanacion.com el especialista del comité, Martín Vázquez Acuña.

Ante las crecientes repercusiones por la causa judicial sobre fármacos adulterados y tras el pedido los expertos, el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, aseguró ayer que promoverá la ley. Para combatir la adulteración "hay que volver a las cuestiones básicas" indicó el funcionario y dijo que "hay una normativa vigente que se debe corregir en el Congreso".

Actualmente el proyecto se encuentra en la Comisión de Salud del Senado, presidida por la oficialista Haidde Giri. Germán Lovrencic, jefe de asesores de Giri, aseguró que la iniciativa será tratada por la comisión el próximo martes y que, de tener el visto bueno, pasará a tratarse en el recinto.

Asimismo, Cuñarro indicó que la ley volvería a establecer el control sanitario de sustancias medicinales que se perdió en 1991, con la sanción del decreto 2284 de desregulación económica. Según indicó Cuñarro, aquel decreto "permirtió un espacio de arbitrariedad que fue el caldo de cultivo para la mafia de medicamentos a la que estamos asistiendo, además de la exportación de efedrina para el narcotrafico, en algunos casos".

En referencia a la marcha de la causa judicial sobre el tráfico de medicamentos, Acuña agregó: "Creemos que la ley es indispensable para conocer el recorrido de la sustancia, del laboratorio a la droguería y de la droguería a la farmacia".

Además, el comité instó al Gobierno a que "sean reforzados los controles estatales sobre los precursores químicos, ya que, según indicaron, eso colaborará en las políticas contra el narcotráfico.

"Hace más de un año que diversos proyectos están dando vueltas. Lo óptimo sería realizar un plenario que involucre la regulación, expendio y publicidad de los medicamentos para que el Estado establezca el marco político sanitario que de garantías a salud pública", concluyó Cuñarro.

La Nación


Mafia de los medicamentos / Más controles
Amplían la investigación al resto de las obras sociales
Hoy deben informar si operaron con las droguerías sospechosas

El caso de la mafia de los medicamentos ya no es ajeno a ninguna de las obras sociales sindicales: todas ellas deben informar hoy si en los últimos tres años operaron con las droguerías sospechosas de haber suministrado remedios adulterados a pacientes de la Obra Social Bancaria Argentina (OSBA).

El titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Ricardo Bellagio, ordenó la medida luego de que el Gobierno decidió la intervención de la obra social de los bancarios, por pedido de la Justicia. El juez Norberto Oyarbide hizo dos allanamientos en la sede de la OSBA y anticipó que citaría al líder del gremio, Juan José Zanola, a declarar como acusado.

Fue también después de conocerse que al menos otras seis obras sociales gremiales habían operado con las droguerías San Javier y Multipharma, ambas propiedad de Néstor Lorenzo, el principal imputado en la causa.

Las obras sociales bajo sospecha son las del Personal de la Actividad del Turf, del Personal Gráfico, de Empleados Municipales de Avellaneda, de Aeronavegantes, de Agentes de Lotería y Afines, y de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Voceros de las dos últimas entidades dijeron a La Nacion que habían operado con San Javier porque era uno de los proveedores autorizados por la SSS, pero afirmaron que habían dejado de hacerlo desde hacía más de un año y que no tenían ninguna denuncia sobre medicamentos falsificados. Desde ayer, 30 auditores de la SSS analizan los registros de esas seis obras sociales para verificar si hubo alguna contratación irregular. El resultado de ese trabajo estará listo la semana próxima, detallaron a La Nacion en la SSS.
Más controles

Tras corroborar que esas instituciones habían comprado medicamentos a San Javier o Multipharma, Bellagio intimó a las casi 300 obras sociales bajo su control a informar entre ayer y hoy cualquier contratación con una de estas dos empresas.

La SSS también requirió al gerente general de la Administración de Programas Especiales (APE), Hugo Sola, para que informara qué obras sociales habían pedido reintegros de fondos por operaciones con esas droguerías. La APE es un organismo que se nutre de un porcentaje de los aportes de los trabajadores y de las empresas y que se encarga de financiar la atención de pacientes con enfermedades como sida, cáncer y hemofilia. Para recibir reintegros por las prestaciones, las obras sociales deben informar qué medicamentos compraron y a quién.

Bellagio solicitó también que las obras sociales informaran la evolución de los últimos tres años de los pacientes que sufren sida, cáncer o hemofilia, un universo de unas 22.000 personas.

La causa que instruye Oyarbide se inició con una denuncia de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que alertó sobre la existencia de medicamentos falsificados. La OSBA quedó en la mira de la Justicia cuando se incorporaron a la investigación de Oyarbide las constancias de un fideicomiso conformado por la obra social y la droguería San Javier. De ese fondo se cobraba Lorenzo los medicamentos que le proveía a OSBA.

La causa de Oyarbide entró en los últimos días en un compás de espera, por un planteo de Zanola para apartar al magistrado. Ayer, el fiscal Luis Comparatore reclamó al juez que determinara si se trataba de un caso de asociación ilícita y que dirimiera si Zanola había sido integrante o líder de esa organización criminal. Solicitó, además, allanamientos a farmacias para determinar si son de Zanola o de allegados al sindicalista.
Ocaña le apuntó a Néstor Kirchner

    * La ex ministra de Salud Graciela Ocaña recordó ayer que cuando Néstor Kirchner era presidente la había convocado para "combatir a las corporaciones", pero ?opinó? "al no conseguirlo quedó muy atado a ellas". Dijo que la política se ha reducido a "un toma y daca permanente".


La Nación


Fondos negros que matan
El financiamiento ilegal de la política y los sindicatos está en el origen del escándalo de los medicamentos adulterados

Jueves 17 de setiembre de 2009

A medida que avanzan las investigaciones sobre las mafias que adulteran medicamentos, no dejan de asombrar los cada vez más numerosos e intrincados vínculos que esas mafias mantienen con el poder político y el sindical, y con las cajas negras que financian a ambos poderes.

Cuando estalló el caso, sólo parecía comprometida la obra social de los bancarios, tardíamente intervenida por la Presidenta ante un pedido del juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la principal de las investigaciones judiciales sobre este delito aberrante, que, como dijimos en estas columnas, pone en juego la salud y la vida de enfermos que inocentemente creen encontrarse bajo tratamiento.

Ayer, un abogado que suele recorrer diariamente los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py contaba a un cronista de este diario la fuerte impresión que le había causado ver, en la puerta del juzgado de Oyarbide, una fila de pacientes y familiares que esperaban develar allí si las sustancias que habían recibido eran las apropiadas o no.

Ahora, además de la de los bancarios, se investiga también a otras seis obras sociales: las de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, del Personal de la Actividad del Turf, de los Agentes de Lotería y Afines, del Personal Gráfico, de los Empleados Municipales de Avellaneda y de los Aeronavegantes. Así lo anunció el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio. Sobre esas obras sociales pesa la sospecha de haber operado con la droguería San Javier, una empresa de Néstor Lorenzo, principal acusado de haber entregado remedios vencidos y adulterados a la obra social de los bancarios.

Lo que antes parecía un caso relativamente aislado, pese a las numerosas denuncias judiciales que se han ido acumulando durante los últimos años, ahora parece revestir una magnitud tan grande como para sospechar un modus operandi generalizado y hondamente arraigado.

El eje que vincula el negociado de los medicamentos que no son tales con el financiamiento de la política y los sindicatos se encuentra en el Ministerio de Salud, precisamente, en la Superintendencia de Servicios de Salud y, allí, en la Administración de Programas Especiales (APE), donde se otorgan los subsidios a las obras sociales para los remedios destinados a enfermos de alta complejidad. Son los que se suministran a pacientes de cáncer, leucemia y sida, y a veces cuestan más de veinte mil pesos la unidad. La APE dispone de un fondo constituido con aportes de los trabajadores y las empresas, que el Estado les entrega a las obras sociales para la atención de ese tipo de enfermos.

Da la casualidad de que, como reveló días atrás LA NACION, los gremios no han rendido cuentas por más de 200 millones de pesos que habían recibido de la APE durante 2005 y en años anteriores.

En un allanamiento realizado el año pasado en la casa de Lorenzo se encontraron recibos por casi un millón de pesos, correspondientes a aportes a la campaña electoral de Cristina Kirchner. Uno de los recaudadores que tuvo el Frente para la Victoria, el ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli, también podría ser citado a declarar ante la Justicia.

En su breve pero valiente gestión al frente del Ministerio de Salud, Graciela Ocaña enfrentó a la mafia de los medicamentos y logró la renuncia de Capaccioli. Lo reemplazó Juan Rinaldi, ex abogado del titular de la CGT y dirigente de los camioneros, Hugo Moyano. Rinaldi se encolumnó con Ocaña, pero debido a presiones del sindicalista fue apartado y en agosto sufrió intimidaciones por parte de un grupo de afiliados al gremio de los camioneros.

Tampoco escapó del escándalo el gobierno bonaerense, pues le costó el cargo a Alberto Costa, subsecretario de Control Sanitario. El ministro de Salud provincial, Claudio Zin, afirmó que no había más vínculos de funcionarios bonaerenses con los imputados, pero luego tuvo que desplazar al responsable del Laboratorio Central de Salud Pública de la provincia.

El filón de los fondos de la APE explicaría el interés de Moyano por esa área de la cartera de Salud. A su vez, el manejo de cuantiosas sumas de dinero explicaría también el surgimiento de verdaderas monarquías al frente de numerosos sindicatos. El de los bancarios tiene al frente desde hace 27 años a Juan José Zanola; a cargo de la obra social se encontraba su esposa. El de los camioneros se ha constituido en una monarquía hereditaria, cuya titularidad recayó en un hijo de Moyano.

La lógica difusión que ha alcanzado el escándalo de los medicamentos, sumada a la preocupación de los enfermos y al empuje que le imprimió a la investigación el juez Oyarbide, debería permitir desentrañar y desmontar esta mafia que combina delito y fondos políticos.

Es una deuda con los pacientes y con los que seguramente han muerto. También es la oportunidad para comenzar a poner fin al financiamiento ilegal de la política, que es lo que, en definitiva, alimenta estos negocios asesinos.

La Nación



Allanan el Policlínico Bancario por la investigación de medicamentos falsos
Oyarbide ordenó el ingreso al hospital de La Bancaria; el juez federal aseguró hoy que "el cerco se cierra cada vez más" para el dirigente sindical Zanola; el fiscal solicitó que también se indague a Capaccioli, recaudador de la campaña presidencial de 2007

Viernes 11 de setiembre de 2009

El juez federal Norberto Oyarbide ordenó el allanamiento del Policlínico Bancario, el centro de salud de la obra social del sindicato de los bancarios, liderado por Juan José Zanola.

Zanola, será citado "en muy pocas horas" a declarar ante la Justicia federal para "dar explicaciones" sobre su presunto vínculo con la llamada "mafia de los medicamentos", confirmó hoy el juez federal.

Además, se evalúa citar su esposa, Paula Aballay, quien supuestamente maneja las contrataciones del Policlínico con las droguerías.

"El cerco se cierra cada vez más para Zanola y en muy pocas horas va a ser convocado a dar explicaciones al tribunal", dijo Oyarbide.

El magistrado remarcó que en su juzgado escuchó "testimonios de personas que recibieron tratamientos oncológicos en el Policlínico Bancario y han explicado, de modo coincidiente, el desparpajo que existía en esa institución".

"Pasaban por la farmacia a buscar los remedios, en la planta principal del Policlínico Bancario, y los mandaban a la oficina de la Droguería San Javier, que estaba adentro mismo del Políclino Bancario", sostuvo.

El juez vaticinó que la investigación continúa "cada vez peor y cada vez va más para arriba".

Zanola quedó envuelto en la causa cuando se incorporaron a la investigación de Oyarbide las constancias de un fideicomiso conformado por la obra social y la droguería San Javier, en manos del empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, imputado en la causa.

Incluso el juez Oyarbide admitió que "podría llegar a haber" alguna conexión entre el presunto suministro de medicamentos falsos en la obra social bancaria (OSBA) y el triple crimen de General Rodríguez.

"Si Ustedes recuerdan la camioneta de Forza apareció cerca del Policlínico Bancario y al requisarse resultó que dentro estaba repleta de productos oncológicos falsos", sostuvo ayer, en su ya habitual encuentro con periodistas al salir de su casa.

En tanto, en el juzgado federal número cinco aguardan a Marcela Izquierdo, viuda de Damián Ferrón, uno de los asesinados en el triple crimen de General Rodríguez.

La mujer viene diciendo que su marido conocía a Zanola y que la farmacia en que trabajaba aquel tenía como principal cliente a la OSBA.

Izquierdo dijo, en alusión a Zanola, que "no sé por qué niega este hombre que los conocía" a Ferrón y a los otros dos asesinados, Sebastián Forza y Leopoldo Bina.

Aportes a la campaña. Además, la Justicia analiza citar a declarar a Héctor Capaccioli, recaudador de la campaña electoral que llevó a Cristina Kirchner a la Presidencia.

El fiscal de la causa, Luis Comparatore, le solicitó ayer a Oyarbide que "se investigue la evaluación patrimonial de las personas involucradas en el sumario, en particular aquellas que se desempeñaron como funcionarios públicos".

La Nación

En el campo empresario
Marihuana sin castigo, aspirinas vigiladas
Por Jorge Oviedo

Viernes 11 de setiembre de 2009

Algunas sorpresas más puede deparar la actual conformación del Congreso, si se cumplen todas las intentonas oficiales. Una reverdeció en los últimos días al amparo del escandaloso accionar de un grupo de empresarios que, de ser ciertas las acusaciones, habrían entregado medicamentos falsificados o vendido a pacientes de obras sociales con VIH o cáncer.

Hay voces que salieron a quejarse de que proyectos de ley que supuestamente podrían haber impedido esta clase de manejos "duermen" en el Congreso. Es extraño, porque no parece que haya duda alguna de que lo que se hacía eran delitos de lo más repugnantes y, por otro lado, los contrales funcionaron, a tal punto de que la denuncia la realizó la entonces ministra de Salud. Sorprende, además, ver a los sindicatos más kirchneristas, como camioneros, taxistas y UPCN, en la lista de obras sociales que o bien fueron perjudicadas con la maniobra o bien tenían cómplices entre sus funcionarios.

Pero entre los proyectos de ley en danza hay uno que tiene un activísimo apoyo y promoción del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Es el que prohíbe la venta de medicamentos de venta libre, como aspirinas y digestivos, en sitios que no sean farmacias. Es decir, veda, entre otros, a los supermercados la posibilidad de competir con las farmacias y las cadenas de farmacias y de mantener, por consecuencia, precios más bajos. Es raro que se defienda una ley así porque si se cometió el espantoso y criminal fraude que investiga el juez Oyarbide, se lo hizo con medicamentos supuestamente muy controlados, muy costosos, de venta bajo receta. En la cadena investigada hay droguerías, farmacias y farmacéuticos, además de obras sociales. ¿Qué tiene que ve eso con la posibilidad de comprar analgésicos en una góndola? Hay un discurso confuso que aduce que esta clase de expendio desregulado favorece las adicciones. Es curioso que el mismo Estado que no pena a quienes portan y consumen cualquier clase de sustancia ilegal intente ahora establecer una norma de "protección" según la cual un digestivo efervescente es peligrosísimo si se lo adquiere en el supermercado.

joviedo@lanacion.com.ar

La Nación


El juez Oyarbide dijo que encontró una cantidad "increíble" de medicamentos vencidos escondidos
Tras numerosos allanamientos, ratificó que la investigación seguirá la línea del "lavado de dinero"; Manzur calificó a la causa como un "hecho policial"; detienen a otro empresario

Miércoles 9 de setiembre de 2009

El juez federal Norberto Oyarbide reveló esta mañana que en una serie de allanamientos encontró "depósitos increíbles" de medicamentos "todos vencidos".

"En uno de los allanamientos estos delincuentes pretendieron esconder los medicamentos bajo tierra, pero se los encontré", afirmó en declaraciones a los periodistas al salir de su casa.

Además, hoy a la Policía Federal detuvo en su domicilio a un empresario, tras un allanamiento ordenado por Oyarbide, en el que se encontró una importante cantidad de precursores químicos vencidos. Dicha orden deriva de una causa del año 2004, también a cargo del juez federal, en la que se investiga la falsificación de Yectafer, medicamento utilizado para combatir la anemia, cuyo uso provocó la muerte de dos personas y enfermó a decenas de pacientes.

El comisario Nestor Roncaglia de la División Unidad de Investigación Técnica del Delito, dijo que el detenido "es uno de los integrantes de esta organización investigada" por el que se realizan 16 allanamientos y que "desde hace 30 años se encuentra comercializando productos químicos vencidos".

Roncaglia aseguró que la detención se realizó en el domicilio del empresario donde se hallaron importantes cantidades de ácido sulfúrico, utilizado en la fabricación de cocaína.

Respecto a la causa por adulteración de medicamentos, Oyarbide indicó que ayer se hicieron allanaron cuatro coperativas vinculadas con la droguería "San Javier".

"Particularmente en Verned se pudo encontrar unos papeles negociables utilizados por Lorenzo para canalizar el dinero procedente de las obras sociales a nombre de tres personas", puntualizó y agregó que el empresario investigado escondió "de una manera maravillosa" todo lo que se está constatando sobre este movimiento ilegal.

"Todos estos papeles han generado la necesidad de que yo le de una nueva intervención al fiscal para investigue por lavado de dinero a Lorenzo y Blanco", explicó el juez.

Oyarbide extendería a otras obras sociales las pesquisas por la entrega de medicamentos oncológicos o para HIV adulterados, vencidos o robados, por la que ya se investiga a La Bancaria, descubierto un fideicomiso de la entidad en el que estaría vinculada "San Javier".

El juez indicó ampliaría la investigación de la megacausa a partir de la aparición de nuevas pruebas, muchas de las cuales surgieron a partir de los elementos aportados ayer por la ex ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña.

"Un hecho policial". El ministro de Salud, Juan Manzur, calificó el hecho por el que se investiga la venta ilegal de medicamentos de "aberrante" y señaló que se trata de una acción "policial" sobre cuyos responsables hay que caer con todo el peso de la ley.

"Adulterar medicamentos para la población es un acto criminal. Esperamos que la Justicia caiga con todo el peso de la ley a los que son los responsables", dijo el funcionario en diálogo con Radio 10.

Respecto a las implicancias políticas de la causa investigada por el juez federal Norberto Oyarbide, el ministro pidió "no generalizar". "Acá hay gente que son delincuentes. Hay que identificarlos y aplicarle la ley" dijo manzur y luego agregó que "si hay gente vinculada al ambiente de la política hay que decir quiénes son y que la Justicia sea la que decida".

Manzur indicó que es la denuncia de la Administración Nacional de medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) la que se está investigando, y señaló: "Hay que poner todo a disposición de la Justicia, entregar todo lo que requiera, todo lo que crea conveniente, aportar todos los datos que nos solicite".

La Nacion


Estado de corrupción
Por Mariano Grondona
Especial para lanacion.com

Miércoles 9 de setiembre de 2009

Tráfico ilegal y adulteración de medicamentos para enfermedades tan graves como el cáncer y el sida, trampas en los exámenes de los futuros jueces, un monopolio oculto para los amigos del poder detrás del proyecto de la ley de radiodifusión, multiplicación de los "aviones K", súbito enriquecimiento de altos funcionarios, oscuro financiamiento de la campaña presidencial de 2007... El país atraviesa una explosión de denuncias que involucran a un número significativo de funcionarios, sindicalistas y empresarios entre cuyos nombres figuran, justificadamente o no, desde el matrimonio presidencial hasta el occiso Sebastián Forza, pasando por Néstor Lorenzo, Alberto Costa, José Francisco López, Héctor Capaccioli y Juan José Zanola. Estas y otras denuncias son sólo algunas manifestaciones de un fenómeno general: la corrupción.

El "acto de corrupción" consiste en una traición por efecto de la cual alguien viola su compromiso hacia el Estado o hacia un particular en beneficio de sí mismo. En todos los países, aun en los de mejor fama, ocurren actos de corrupción. Pero cuando éstos se multiplican hasta volverse habituales, ya no hablamos de "actos de corrupción" sino de un "estado de corrupción". Si caminamos por un jardín y encontramos una hormiga, no nos preocupamos. Si cientos de hormigas se agolpan en torno nuestro, en cambio, es que hemos tropezado con un hormiguero. Si ignoramos a una hormiga solitaria, no pasará nada. Pero a la vista de un hormiguero o de una serie de ellos, tendremos que escoger entre las hormigas y nuestro jardín.

¿Sería temerario afirmar que, ante la multiplicación de los casos de corrupción que nos rodea, la Argentina ha caído en un estado de corrupción? Desde que lord Acton afirmó que "el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente", sabemos que, a más concentración del poder, más posibilidades de corrupción. Y esta es quizás una diferencia entre la corrupción que denunciábamos en tiempos de Menem y la corrupción actual: que, en tanto que aquella estaba en cierta forma dispersa, la de hoy está centralizada, lo cual la vuelve aún más peligrosa. Es como si todos los hormigueros que invaden nuestro jardín obedecieran a una sola hormiga-jefe.

Pero así como la historia está poblada de actos y estados de corrupción, ella también nos muestra que, con un largo y sostenido esfuerzo, se la puede derrotar. En el siglo XVIII el Reino Unido, que ya era una monarquía parlamentaria, atravesó una etapa de corrupción porque el rey, todavía, sobornaba a legisladores. A principios del siglo XIX, empero, cuando Napoleón amenazó su existencia, sucesivos gobiernos ingleses emprendieron una exitosa "política de Estado" contra la corrupción. A nosotros no nos amenaza hoy Napoleón sino la propia corrupción porque, si no la combatimos mediante una nueva política de Estado, nos hundirá en el basural de las repúblicas bananeras.

La Nacion