Gobierno de Kirchner: Crisis en organismos de control

Impide el Gobierno que se conozcan datos de su gestión
Ya no deja consultar la ejecución presupuestaria, los informes de la Sigen ni el gasto en propaganda

Sábado 3 de abril de 2010

Gabriel Sued
LA NACION


La negativa del Gobierno a entregar información sobre el reparto de la publicidad oficial no es ya un suceso aislado: en los últimos meses, distintas dependencias estatales han restringido al máximo el acceso a datos fundamentales para el control de la gestión presidencial.


La tendencia alcanzó al Ministerio de Economía, que dejó de publicar en Internet la actualización de la ejecución del gasto. Incluso la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el máximo organismo de control interno de la administración pública, retiró de su sitio web todos sus informes de auditoría. "Se busca proteger datos personales", dijeron a LA NACION voceros del organismo, que desde noviembre pasado tiene nuevas autoridades.


Para obtener una copia de los informes de la Sigen, que eran de libre disponibilidad desde hace por lo menos diez años, ahora hay que solicitarla formalmente por escrito, según los parámetros del decreto 1172/2003. La herramienta fue dictada por el gobierno de Néstor Kirchner para facilitar el acceso a datos del Estado, pero contiene excepciones en las que suelen escudarse los funcionarios que no desean entregar datos.


Así ocurrió con el reciente pedido de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Poder Ciudadano sobre la millonaria pauta oficial, que rechazó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, con el argumento de que se deben proteger los datos personales de los receptores de los avisos.


Un caso paradigmático es del Ministerio de Economía, que desde el 20 de diciembre pasado no actualiza en su sitio de Internet los datos de la ejecución del presupuesto nacional, información que hasta el año pasado solía renovarse casi en forma semanal. Eso permitía seguir de manera detallada la distribución de fondos por programas y entre las distintas provincias. Cuando ahora se ingresa en esa página, aparece la opción "consulta", que sólo permite enviar un e-mail a una casilla anónima.


Los legisladores interesados en seguir de cerca la ejecución presupuestaria se ven obligados a acudir a otras fuentes de información, no oficiales, para obtener las cifras buscadas.


"Hace tiempo que no se consigue la información por los canales normales y, por eso, debemos apelar a contactos que tenemos en distintas áreas de la administración para obtenerla de manera extraoficial", indicó el diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur).


Esa misma reticencia a informar se observa en otras áreas clave, como la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Los legisladores que integran la comisión bicameral a cargo de controlar el manejo de los fondos previsionales alertaron que la última información actualizada sobre las operaciones de la Anses data de diciembre del año pasado. "Difícilmente podamos ejercer la tarea de control si no contamos con información actualizada", braman los opositores. Esa es la mayor caja del Estado nacional, sobre todo desde la nacionalización de los fondos previsionales, dispuesta a fines de 2008.


Esos mismos dirigentes advierten que esta demora se observa en el detalle de la ejecución de las obras públicas.


Por ejemplo, la última actualización del programa Fonavi (construcción de viviendas) data de septiembre del año pasado.
Reclamos de ONG


Para Hernán Charosky, director ejecutivo de Poder Ciudadano, "hay un claro retroceso" en el acceso a la información pública en diferentes organismos. "Lo de la Sigen me parece gravísimo e inconcebible. Lo poco que se puede saber sobre auditorías de cuentas públicas está en los informes de la Sigen y la Auditoría General de la Nación (AGN)", sostuvo. "A eso hay que sumar el desmantelamiento de la dependencia que se ocupaba del tema", agregó, en referencia al despido de Marta Oyhanarte de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia y a la eliminación del sitio web de ese organismo.


Según Manuel Garrido, director de Justicia y Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), "el retroceso que se observa evidencia dos cosas: que el compromiso del Gobierno con el tema no era genuino y que la falta de una ley de acceso a la información permite que los funcionarios deshagan el camino andado".
El dilema de los diputados


La diputada radical Silvana Giudici consideró, en diálogo con LA NACION, que había comenzado "a enrarecerse el clima que rodea a las obligaciones del Gobierno de dar información".


La legisladora detalló que en agosto pasado había pedido información detallada sobre el programa Fútbol para Todos, por medio del decreto 1172/2003, y que sólo le habían respondido en enero, con una copia del Boletín Oficial. Los datos sobre el fútbol televisado por Canal 7 preocupan a los opositores y a las ONG, a raíz de la enorme cantidad de avisos de programas públicos que monopolizan la pauta publicitaria de esas transmisiones de alto rating.


Como las respuestas de la Jefatura de Gabinete no son todo lo detallado que quisieran los legisladores de la oposición y como raramente se aprueban los pedidos de informes que elevan al Poder Ejecutivo, los legisladores de la oposición se ven obligados a acudir al mecanismo del decreto de acceso a la información, como cualquier ciudadano común.


Pero, en muchos casos, ni siquiera este camino les garantizó éxito. Puede dar un buen testimonio de eso la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica), que debió presentar en la Justicia una acción de amparo para que se le suministrara la información que requería sobre regalías mineras.


Con la colaboración de Laura Serra
EL INDEC


Desde 2007, cuando el Gobierno lo intervino, las estadísticas oficiales quedaron bajo sospecha. Opositores y técnicos chocaron contra una pared cada vez que intentaron saber cómo se trabaja en el organismo.
El presupuesto


La página de Internet de la Secretaría de Hacienda permitía seguir día a día la ejecución presupuestaria. Desde este año no hay datos: en la opción "consulta" sólo se permite enviar un e-mail.
Publicidad oficial


La Jefatura de Gabinete se negó a informar detalles del gasto en publicidad oficial, al alegar que intenta "proteger datos personales". La política cambió desde que el Estado se hizo cargo de transmisiones de fútbol.
La sigen


La Sindicatura, que investiga eventuales irregularidades en la gestión, publicaba todos sus informes. Ahora, para acceder a ellos, hay que pedirlos por escrito. Y las autoridades pueden negarse a darlos. 


La Nación


Estado de corrupción
Por Mariano Grondona
Especial para lanacion.com

Miércoles 9 de setiembre de 2009

Tráfico ilegal y adulteración de medicamentos para enfermedades tan graves como el cáncer y el sida, trampas en los exámenes de los futuros jueces, un monopolio oculto para los amigos del poder detrás del proyecto de la ley de radiodifusión, multiplicación de los "aviones K", súbito enriquecimiento de altos funcionarios, oscuro financiamiento de la campaña presidencial de 2007... El país atraviesa una explosión de denuncias que involucran a un número significativo de funcionarios, sindicalistas y empresarios entre cuyos nombres figuran, justificadamente o no, desde el matrimonio presidencial hasta el occiso Sebastián Forza, pasando por Néstor Lorenzo, Alberto Costa, José Francisco López, Héctor Capaccioli y Juan José Zanola. Estas y otras denuncias son sólo algunas manifestaciones de un fenómeno general: la corrupción.

El "acto de corrupción" consiste en una traición por efecto de la cual alguien viola su compromiso hacia el Estado o hacia un particular en beneficio de sí mismo. En todos los países, aun en los de mejor fama, ocurren actos de corrupción. Pero cuando éstos se multiplican hasta volverse habituales, ya no hablamos de "actos de corrupción" sino de un "estado de corrupción". Si caminamos por un jardín y encontramos una hormiga, no nos preocupamos. Si cientos de hormigas se agolpan en torno nuestro, en cambio, es que hemos tropezado con un hormiguero. Si ignoramos a una hormiga solitaria, no pasará nada. Pero a la vista de un hormiguero o de una serie de ellos, tendremos que escoger entre las hormigas y nuestro jardín.

¿Sería temerario afirmar que, ante la multiplicación de los casos de corrupción que nos rodea, la Argentina ha caído en un estado de corrupción? Desde que lord Acton afirmó que "el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente", sabemos que, a más concentración del poder, más posibilidades de corrupción. Y esta es quizás una diferencia entre la corrupción que denunciábamos en tiempos de Menem y la corrupción actual: que, en tanto que aquella estaba en cierta forma dispersa, la de hoy está centralizada, lo cual la vuelve aún más peligrosa. Es como si todos los hormigueros que invaden nuestro jardín obedecieran a una sola hormiga-jefe.

Pero así como la historia está poblada de actos y estados de corrupción, ella también nos muestra que, con un largo y sostenido esfuerzo, se la puede derrotar. En el siglo XVIII el Reino Unido, que ya era una monarquía parlamentaria, atravesó una etapa de corrupción porque el rey, todavía, sobornaba a legisladores. A principios del siglo XIX, empero, cuando Napoleón amenazó su existencia, sucesivos gobiernos ingleses emprendieron una exitosa "política de Estado" contra la corrupción. A nosotros no nos amenaza hoy Napoleón sino la propia corrupción porque, si no la combatimos mediante una nueva política de Estado, nos hundirá en el basural de las repúblicas bananeras.


La Nacion




Crisis en organismos de control / Acefalía en la fiscalía de investigaciones administrativas
El fiscal anticorrupción dijo que lo limitaron y renunció
Garrido responsabilizó al procurador Righi por el recorte de atribuciones; niegan sus acusaciones

Viernes 13 de marzo de 2009

Gabriel Sued
LA NACION
Manuel Garrido, autor de algunas de las más importantes denuncias de corrupción contra funcionarios kirchneristas, renunció ayer como fiscal nacional de Investigaciones Administrativas y atribuyó la decisión al "recorte de facultades" dispuesto en noviembre por el procurador general de la Nación, Esteban Righi.

En un texto de 21 páginas dirigido al jefe de los fiscales, Garrido criticó en duros términos la resolución que acotó la intervención de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en las causas judiciales, expuso las limitaciones que sufre el organismo, se quejó por el escaso avance de los expedientes sobre corrupción y llamó a discutir el papel de los organismos de control en el sistema democrático.

"El cambio de rumbo que ahora se viene a consagrar ?dijo en referencia a la resolución de Righi? deja mi gestión al garete, condenando a la FIA a un rol casi intrascendente que no se condice con las capacidades con que se la dotó a costa de los contribuyentes."

En la Procuración, la renuncia provocó conmoción y disparó críticas. Altas fuentes del organismo descalificaron en duros términos al fiscal y negaron que la FIA haya sido limitada. Otras fuentes vinculadas con la Justicia creen ver en la decisión de Garrido un objetivo político. "Se quiere posicionar y esto le viene muy bien", dijeron.

Tras haber dirigido la Oficina Anticorrupción (OA), Garrido asumió la jefatura de la FIA en diciembre de 2003 y logró reactivar un organismo que había permanecido congelado durante más de una década. Lo designó Néstor Kirchner después de que superara un concurso y lograra la aprobación del Senado. El mismo proceso deberá atravesar su reemplazante. Fue tan fuerte el impacto que causaron la resolución de noviembre pasado y el posterior enfrentamiento público de Garrido con el procurador que, aunque tiene fecha de ayer, puede decirse que la renuncia comenzó a firmarse hace cinco meses.

Por medio de la resolución 147/08, Righi hizo una interpretación estricta del concepto de "intervención necesaria" que la ley del Ministerio Público le confiere a la FIA. Como consecuencia de ello, Garrido sólo quedó habilitado para participar de causas que se hubieran iniciado por una denuncia de él, siempre y cuando el fiscal del caso hubiera decidido no seguir adelante con la investigación.

El procurador negó que se le hubieran recortado facultades a Garrido y sostuvo que sólo se había puesto fin "a una situación inadmisible", ocasionada por "una interpretación antojadiza" de la ley, que establece que el rol principal de la fiscalía es la "investigación administrativa" de los funcionarios y no la intervención en las causas judiciales. "La costumbre de siempre de Garrido fue ir a los medios antes que a la institución. Seguirá usando esto como una campaña de publicidad personal", dijo anoche una fuente de la Procuración.

En los hechos, la resolución impidió que Garrido continuara interviniendo en causas en las que había tenido un papel importante, como el expediente sobre irregularidades en la elaboración de las estadísticas del Indec y el pago de sobornos de la empresa sueca Skanska.

"La resolución 147/08 implica una notoria limitación a los ejes de la gestión que encaré hace cinco años: el impulso de investigaciones preliminares, pero su seguimiento activo y en cierta manera agresivo para que los casos judiciales no se diluyeran con el paso del tiempo", dice el texto de renuncia, firmado cerca de las 17, en una oficina del 5° piso del edificio de la FIA, en la zona de Once. El clima era de resignación y de bronca.
Las trabas

A la limitación para participar de causas judiciales hay que agregar las dificultades que sufría Garrido para llevar adelante investigaciones prejudiciales. En los últimos años, la AFIP había limitado el acceso de los fiscales a los datos impositivos de los contribuyentes y la OA había dispuesto que sólo entregaría los anexos reservados de las declaraciones juradas de los funcionarios ante el pedido de un juez. A fines del años pasado, la Auditoría General de la Nación (AGN) le negó documentación sobre una investigación contra el Gobierno.

En su renuncia, Garrido explicó que había retrasado la decisión para evaluar las consecuencias de la resolución de Righi, para finalizar su tarea como presidente de un jurado en un concurso del Ministerio Público y para cerrar algunas investigaciones que estaban en su etapa final y que llegaron a la Justicia en los últimos meses. En ese grupo figuran una denuncia por posibles sobreprecios en un tendido eléctrico en la Patagonia, otra por presuntos pagos de sobornos por parte de empresas contratistas del Estado, otra sobre un pago irregular del Ministerio de Economía y otra contra el secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

La decisión generó gestos de solidaridad de dirigentes de la oposición, como Juan Carlos Morán, Adrián Pérez (Coalición Cívica) y Ernesto Sanz (UCR), y de organizaciones civiles, como Poder Ciudadano.

En contra de los rumores que le auguraban un futuro como candidato opositor, Garrido tiene otros planes: viajará al exterior para terminar su tesis de doctorado acerca de la "corrupción judicial". Dice que lo esperan años lejos de la mirada pública.
Sus denuncias

* El Indec. Garrido presentó una denuncia detallada sobre la manipulación de estadísticas oficiales. Pidió que fuera indagado Guillermo Moreno.

* El patrimonio de Kirchner. Presentó una apelación al cierre de la causa en la que se investiga el incremento de los bienes del matrimonio presidencial.

* Aeropuertos. La Fiscalía se opuso a la renovación del contrato con Aeropuertos Argentina 2000, de Eduardo Eurnekian, alegando irregularidades en la concesión. Su opinión no fue tenida en cuenta y causó malestar en el Gobierno. Por ese caso se decide el primer recorte de sus facultades.

* Skanska. Se opuso al descarte de las grabaciones como prueba de las coimas.

* Publicidad oficial. Denunció al secretario de Medios, Enrique Albistur, por el reparto discrecional de la pauta estatal.

* Obras en Santa Cruz. Participó de la investigación de supuestos sobreprecios en la ampliación del tendido eléctrico en el Sur, a cargo de la empresa Electroingeniería. En esa causa, le impidieron acceder a datos de la Auditoría General de la Nación.

El Gobierno, sorprendido por la decisión

* El gobierno de Cristina Kirchner reaccionó con sorpresa ante la decisión del fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, de renunciar a su cargo impulsado por sus diferencias con la Procuración General. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, se enteró de la salida de Garrido por medio de los portales de noticias, según supo La Nacion de fuentes oficiales. Lo mismo le sucedió al jefe de Gabinete, Sergio Massa. El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, no hizo comentarios públicos y sus voceros dijeron desconocer su interpretación de la salida de Garrido

La Nacion




Una salida que debilita aún más a los órganos de control
El recorte de las investigaciones se siente también en la AGN y en la OA

Viernes 13 de marzo de 2009

El Fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, renunció en medio de un creciente debilitamiento de los organismos de control del Estado, encargados de investigar casos de corrupción.

A los problemas de recorte de facultades que denunció Garrido en su renuncia, se suman los intentos de limitar las atribuciones del presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, máximo organismo de control de las cuentas del Estado, que depende del Congreso y el nombramiento en la Oficina Anticorrupción (OA) de Julio Vitobello, un dirigente kirchnerista que ya había exhibido inactividad al frente de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

La dependencia de los organismos que deben controlar y su falta de autonomía perjudicaron la tarea de los encargados de auditar las cuentas del Estado. Durante 2008, la OA, que custodia e investiga las declaraciones juradas de bienes de funcionarios del Poder Ejecutivo, quedó paralizada. La apertura de investigaciones fue más baja que nunca y el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, recortó sus atribuciones. A comienzos de 2009, el Gobierno designó al frente de la OA a Vitobello, un abogado que suele compartir partidos de fútbol en la quinta de Olivos con el ex presidente Néstor Kirchner.

Una de las primeras medidas que tomó al llegar a su cargo fue desplazar a dos directores de la OA y reemplazarlos por su propia gente.

Vitobello venía de ocupar la titularidad de la Sigen, otro de los organismos de control, donde reemplazó a Claudio Moroni. La Sigen tiene unidades de auditoría en los organismos que debe controlar, pero está condicionada por ellos. Sus hallazgos se transformaron en denuncias ante la OA y no ante la Justicia.

En la AGN, pese a que nació con la impronta de que la oposición mantuviera allí el poder, el colegio de auditores tiene mayoría oficialista. En los últimos tres meses la AGN vivió pujas internas entre Despouy y los auditores del oficialismo. La última pelea terminó a los gritos en una audiencia realizada el 25 de febrero, en la que el oficialismo pretendió modificar el reglamento interno de modo de quitarle a Despouy la facultad de fijar los temas del orden del día. El caso que motivó el escándalo fue la divulgación de un estudio que advertía sobre la posibilidad de que se hubieran pagado sobreprecios en la contratación de la ampliación de una red de tendido eléctrico realizada por la empresa Electroingeniería. Pero esa sesión escandalosa terminó con el retiro del proyecto del oficialismo.

Varias ONG señalaron estas falencias y reclaman que se cumplan las convenciones anticorrupción de la OEA y de la ONU, suscriptas por la Argentina, que exigen independencia y autonomía a los organismos de control.

La Nacion



El personaje
El acusador más duro de la era kirchnerista
Paz Rodríguez Niell
LA NACION

Viernes 13 de marzo de 2009

Manuel Garrido se convirtió en el fiscal anticorrupción de la era kirchnerista: casi no hay un ícono político de los últimos tiempos que no haya sido investigado por él.

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; el secretario de Transporte, Ricardo Jaime; la ex ministra de Economía Felisa Miceli; el secretario de Medios, Enrique Albistur... A todos acusó Garrido, que avanzó incluso contra el matrimonio presidencial. En un escrito que hoy es parte de una causa archivada, dijo que Néstor Kirchner "debería dar explicaciones" sobre el crecimiento de su patrimonio.

Pero en los últimos tiempos, su Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) había perdido poder. En los tribunales federales, el estilo belicoso y desafiante de Garrido le había generado enemistades, incluso con otros fiscales que no veían con agrado que se metiera en sus causas y pidiera medidas. Lo acusaron siempre de buscar promoción personal. "A ese chico le gusta demasiado figurar", dijo con desprecio un juez federal que no lo quiere nada.

Todos ellos recibieron una buena noticia en noviembre pasado, cuando el procurador general, Esteban Righi, delimitó las atribuciones de la FIA.

"Gracias al procurador voy a empezar a usar la parrilla que hizo Pinzón en la terraza", dijo Garrido una tarde de noviembre en su despacho de Once. Ya amagaba con renunciar. Néstor Pinzón fue el fiscal que lo precedió en el cargo. En ocho años, presentó cuatro denuncias.

Garrido impulsó más de 100. Sin embargo, el resultado fue pobre. Ninguno de los funcionarios que acusó, desde el gobierno de Carlos Menem en adelante, fue condenado. "En Comodoro Py no me va muy bien", suele bromear.

Y no sólo denunció a funcionarios, sino también a empresas de buenos lazos con el poder, como Aeropuertos Argentina 2000, de Eduardo Eurnekian, y Electroingeniería.

Garrido tiene 44 años y una carrera judicial que empezó en 1988, como meritorio en Tribunales. Entonces, estudiaba en la UBA, donde se graduó con un promedio de 9,5. En 1993 lo nombraron en su primer cargo importante: secretario de la Cámara Federal. Tenía 28 años. Después, tuvo un paso por el Ejecutivo: estuvo casi cuatro años en la Oficina Anticorrupción, que acababa de crear la Alianza. Tanto entonces como hoy dijo que lo suyo no es la política partidaria

La Nacion