Gobierno de Kirchner: Estatización de Empresas privadas

Acusan a Enarsa y a De Vido de malvender bienes del país
Transfirieron a un precio irrisorio la parte argentina de una represa en Ecuador

Lunes 3 de mayo de 2010

Diego Cabot y Francisco Olivera
LA NACION


Un ambicioso proyecto para construir la represa más grande de Ecuador terminó en una grave denuncia por malvender bienes del Estado argentino. La incursión de Enarsa en la tierra de Rafael Correa, un presidente amigo de los Kirchner, fue breve y traumática: un directivo de la firma estatal argentina se retiró del emprendimiento, la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, e hizo una presentación en la que pide que se investigue al ministro de Planificación, Julio De Vido; a su secretario privado, José María Olazagasti, y al presidente de Enarsa, Exequiel Espinosa. Los acusa de haber vendido a un precio irrisorio el 30% de las acciones en la central eléctrica.


La denuncia fue presentada el verano pasado, con el número 26.919, en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en la Sindicatura General de la Nación y en la mesa de entradas de la cartera que dirige De Vido (asentada con el número S01:363923/2009). Hasta la semana pasada, en ninguno de los tres lugares el expediente había tenido movimientos.


Enarsa había accedido al 30% de Coca Codo Sinclair, una represa con un potencial de negocios millonario, mediante el acuerdo firmado en 2008 entre la presidenta Cristina Kirchner y su par ecuatoriano, Rafael Correa. Pero la controversia empezó en septiembre pasado, cuando la Argentina decidió sorpresivamente retirarse del negocio: Olazagasti se reunió en Quito con los ministros ecuatorianos Galo Borja (Areas Estratégicas) y Germánico Pinto (Minas y Petróleo) y acordó la venta definitiva de la parte argentina al Estado ecuatoriano en 5,5 millones de dólares, apenas un millón más que los 4,12 millones en efectivo que había aportado Enarsa a la iniciativa.


Según el plan de negocios consignado en la denuncia, el proyecto preveía ganancias infinitamente más suculentas que ese precio de venta: 438 millones de dólares anuales en los primeros 10 años, y después, durante los 40 años siguientes, 381 millones por cada ejercicio. El emprendimiento requería una inversión de 1979 millones de dólares, el 85% de los cuales iba a ser financiado por el China Eximbank.


El texto de la presentación es contundente. "Enarsa, como propietaria del 30% de las acciones de Coca Codo Sinclair, tenía derecho sobre todo este proyecto. Pero los funcionarios argentinos decidieron vender esta parte del patrimonio argentino a un precio vil", afirma.


Qué hacía Olazagasti, el hombre que le lleva la agenda a De Vido y empleado de la cartera de Planificación sin atribuciones de funcionario, negociando la venta de un activo estratégico millonario con dos ministros y sin la presencia de representantes del Estado argentino es otra de las incógnitas que envuelven el caso y que también expresa la denuncia.


En septiembre, durante la etapa de conversaciones por la venta, los diarios ecuatorianos dijeron que el encuentro entre el enviado argentino y los dos ministros había sido negado a la prensa hasta que Olazagasti fue fotografiado al salir de la reunión.


Consultados, voceros del Ministerio de Planificación se limitaron a justificar la operación. "Enarsa vendió muy bien. Se recuperó la plata que se puso", dijeron a LA NACION.


Según el documento presentado, "deberá De Vido dar cuenta [de] por qué motivo su participación en el proyecto hidroeléctrico de Ecuador no se realizó en su totalidad mediante actos provenientes de la asamblea de accionistas de Enarsa, sino que tuvo una activa participación en las negociaciones, dando instrucciones por teléfono celular a su secretario privado, José María Olazagasti, en el transcurso de la negociación, sobre el precio de venta de las acciones, desplazando en las decisiones al rol y las facultades del representante legal de Enarsa, allí presente, ingeniero Exequiel Espinosa". El 19 de enero de 2010, la petrolera estatal convocó la asamblea general de accionistas de la sociedad para el 5 de febrero. En el punto ocho del orden del día, figuraba la "Consideración de la gestión de venta de la participación accionaria de Enarsa en Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair". Pero la asamblea no logró aprobar la venta.


A pesar de que así lo establecía el contrato constitutivo de la sociedad, el tema nunca se trató en la asamblea de accionistas. Aunque el Estado es el propietario de la mayoría de Enarsa, 14 provincias tienen una pequeña parte de las acciones que, sumadas, llegan al 12%. El martes pasado, durante un almuerzo organizado por el Club del Petróleo en el Hotel Presidente, desde una de las mesas le preguntaron al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, qué tenía pensado hacer con Enarsa si llegaba a presidente de la Nación. "¿Enarsa? -contestó-. Es un dibujo. Las provincias no están. Es una empresa de dos o tres personas. ¡Peligroso!"


La participación de la petrolera en Coca Codo Sinclair se resolvió después de un acuerdo firmado entre Cristina Kirchner y Correa en febrero de 2008: se dispuso entonces la edificación conjunta de la represa mediante un convenio entre Termopichincha, posteriormente absorbida por Corporación Eléctrica Ecuador (Celec), y la petrolera argentina. La primera tendría una participación de 70%, y Enarsa se quedaría con el resto. El estatuto de Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y el acuerdo de accionistas fue firmado por Espinosa y, como testigo de honor, por De Vido. Sin discusión pública
Sin consultora


En la denuncia ante la Fiscalía se expresa que, en este acuerdo de accionistas se estableció que en caso de transferencia de acciones, los accionistas están facultados a nombrar una consultora especializada para que estime el precio de las acciones. Nunca se designó una consultora. Fue Olazagasti el encargado de motorizar la venta.


Para respaldar el proyecto, en abril de 2008, Cristina Kirchner viajó a Quito, donde se inauguraron obras y se firmó el primer contrato celebrado por Coca Codo Sinclair para la construcción de las vías de acceso por un monto de US$ 20 millones, que aportarían los accionistas.


La construcción quedó a cargo de la firma china Sinohydro, que mantuvo contactos con funcionarios argentinos. Wang Yinfu, ejecutivo de la empresa china, puso al tanto de la situación a un funcionario de Enarsa acerca de las gestiones realizadas por Sinohydro ante el Eximbank. "Eximbank está dispuesto a conversar con el gobierno argentino sobre el porcentaje que representan en ese proyecto", dijo el ejecutivo chino, a través de un correo electrónico, en castellano, el 4 de mayo del año pasado.


El entusiasmo chino duró menos de tres meses. En un escueto comunicado difundido el 17 de septiembre del año pasado, después de un año y medio de trabajo, Enarsa reconoció el abandono del proyecto, que atribuyó a los problemas globales. "Debido a la crisis internacional, el financiamiento, que provendría de créditos gestionados por las empresas argentinas, no fue posible", explicó el texto, que no consignaba el monto de la venta. Las suspicacias del sector energético aumentaron 20 días después, cuando, a pesar de la crisis, el gobierno de Correa le adjudicó la obra a la propia Sinohydro con financiación del mismo banco, el China Eximbank. Eso puso en duda el argumento argentino de la falta de fondos.


La denuncia se explaya también sobre los costos asumidos por la petrolera estatal argentina. "El directorio de Enarsa tenía pleno conocimiento [de] que los aportes realizados por la firma mediante transferencias a la cuenta bancaria de Coca Codo Sinclair ascendían a US$ 4,12 millones, que además se debió crear una sucursal y abrir una oficina en Ecuador, lo que implicó importantes desembolsos y que, en su totalidad, exceden los US$ 5,5 millones que recibió al momento de vender el 30% de las acciones", dice. 


La Nación






Diego Cabot y Francisco Olivera
LA NACION

Las estatizaciones del sistema previsional y de Aerolíneas y Austral son el último paso de un proceso extraordinario, nunca antes visto en el país, que dejará en la historia a Néstor y a Cristina Kirchner como líderes de gobiernos compulsivamente compradores de empresas. En casi seis años de gestión, a través del Estado o alentando a firmas de capital nacional, el matrimonio revolucionó al mundo corporativo con nacionalizaciones o cambios de dueños en una docena de compañías. Otras siete han podido, pese a los intentos y hasta ahora, resistir. Pero la tendencia, de dudosa transparencia y pródiga en presiones desde el poder, es ya una queja recurrente en el sector privado argentino.

El avance del Gobierno quedó plasmado en sectores fundamentales de la economía como la energía, el transporte y los servicios públicos. En algunos, con estatizaciones directas. El espacio radioeléctrico, que perteneció a Thales Spectrum; el servicio de aguas y cloacas, controlado hasta 2006 por Aguas Argentinas; el correo, de Francisco Macri; los ramales ferroviarios San Martín y Belgrano Cargas; Astilleros Tandanor, y, ahora, seguramente, Aerolíneas Argentinas y Austral.

El Estado logró también, de manera parcial, participación en la transportista eléctrica Transener y en Aeropuertos Argentina 2000. Algo parecido a lo que ocurrirá tras la estatización del sistema previsional, que le reportará acciones en alrededor de 40 empresas privadas (ver aparte).

Una decena de empresas privadas ha recibido ofertas de compra tras largos períodos de presión estatal que incluyeron inspecciones, retrasos tarifarios, controles de precios y una virtual asfixia del hombre más temido por los hombres de negocios: Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior. Coincidencias llamativamente frecuentes en los últimos seis años.

Algo de todo esto fue intuido por el ex ministro Roberto Lavagna en noviembre de 2005, cuando se fue del Gobierno con la denuncia de un "capitalismo de amigos". La certeza de Lavagna, que fue transmitida en el invierno de 2005 a varios dirigentes empresariales, era que se desgastaba a las compañías porque se buscaba participación en muchas de ellas. La sospecha forma parte de la presentación que la líder de Coalición Cívica Elisa Carrió hizo días atrás en la Justicia, cuando acusó a Néstor Kirchner de encabezar una asociación ilícita.

El 27 de noviembre de 2007, Juan José Aranguren, presidente de Shell, entendió también parte de toda esta historia. Tenía sentados en su despacho a Claudio Di Paola, director de la estatal Enarsa, y a Teddy Batista, presidente de Epsur, la petrolera de Lázaro Báez, un empresario muy cercano al kirchnerismo. Batista y Báez le ofrecieron ese día directamente comprar los activos de Shell, según afirmaron a LA NACION ejecutivos que conocieron el episodio.

Aranguren contestó que no. Venía de soportar tres años de penurias: un llamado al boicot de Néstor Kirchner, bloqueos de piqueteros de Luis D´Elía en 33 estaciones de servicio de la marca, una clausura parcial en la refinería de Dock Sud, un pedido de prisión para él y todo el directorio de Shell, inspecciones diarias, multas por 180 millones de pesos, frenos de exportaciones de nafta, el retiro de un gasoil premium del mercado y 57 causas judiciales en su contra por las que todavía debe responder.

El boicot había sido, en realidad, el resultado de otra operación fallida de venta de los activos de Shell a Petrobras y a la chilena Enap tres años antes. En diciembre de 2004, enterado de las intenciones de Shell, el Gobierno propuso entonces el ingreso de la venezolana Pdvsa como comprador. Aquella propuesta tuvo un enemigo excluyente, el propio Aranguren, que convenció a la casa matriz de que la intromisión del Estado argentino -que debía aprobar la operación mediante la Comisión de Defensa de la Competencia- disminuiría el valor del activo a niveles ínfimos.

En febrero de 2005, Shell les comunicó a los interesados que no vendería. Y un mes después, el 8 de marzo, anunció que aumentaba entre 2,6 y 4,2% el precio de las naftas y el gasoil. La medida desencadenó la furia de Néstor Kirchner, que llamó a la población a no comprarle a la petrolera"ni una lata de aceite". Aranguren se convirtió así en el enemigo N° 1 del Gobierno.

Algo idéntico le ocurrió a Esso. En septiembre de 2007, la controlante de la petrolera, la norteamericana Exxon Mobil, inició conversaciones con Petrobras para vender su filial en la Argentina. Los trascendidos de la operación, que Exxon Mobil había encargado al banco JP Morgan, llegaron a la Casa Rosada, desde donde partió, según tres ejecutivos involucrados, un mensaje terminante para ambas petroleras: el Estado no estaba de acuerdo.

Enseguida, como casi siempre en esta clase de conflictos durante los últimos años, proliferaron las propuestas privadas argentinas. Por ejemplo, Ernesto Gutiérrez, presidente de Aeropuertos Argentina 2000, dijo públicamente en ese momento que tenía intenciones de comprar Esso. También ofertaron el grupo Sadesa -controlado por los empresarios Carlos Miguens, Eduardo Escasany, Guillermo Reca, Juan Casas, José Malbrán y la familia Caputo- y Marcelo Mindlin, dueño del grupo Dolphin y de Edenor.

La respuesta y el argumento de Exxon Mobil fueron los mismos que los de Shell: no se vende. ¿Por qué no vendieron?, preguntó en marzo de este año LA NACION a uno de los ejecutivos que participaron de las negociaciones. "El precio. Se ofreció muy poco. Y la única compañía que tenía un cheque grande, Petrobras, fue excluida por presión del Gobierno. Desde Exxon comunicaron que no estaban dispuestos a vender a esos precios y retiraron la operación del mercado".
Traspaso frustrado

Fue la tercera adquisición que no conseguía Petrobras en pocos años en el país. Meses antes, la estatal brasileña había tenido que devolverle al fondo de inversión Eton Park una seña de 11 millones de dólares por el 50% de la transportadora Transener. El traspaso se frustró tras un dictamen desfavorable de Defensa de la Competencia y un informe negativo del Ente Nacional Regulador del Electricidad (ENRE).

El ministro de Planificación, Julio De Vido, explicó en ese momento las razones del ENRE, un ente autárquico: "No veía conveniente que dos fondos de inversión [el otro controlante de Transener era el grupo Dolphin] manejaran una empresa tan trascendente para el sistema vital energético argentino, si el otro 50% la gerenciaba una empresa de ingeniería vinculada con el sector".

Días después, el Gobierno aprobó el ingreso de los dos nuevos compradores del 50% de Transener: la estatal Enarsa y la cordobesa Electroingeniería, una firma de recurrente presencia en la obra pública argentina. Uno de sus principales socios, Gerardo Ferreyra, es un militante político que compartió la prisión con el hoy secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Otras operaciones están todavía en proceso de concreción. Hace tiempo que Pascual Mastellone, dueño de La Serenísima, tiene un comprador natural para la compañía, la francesa Danone, con la que comparte el uso de la marca. Las cosas no están bien: en los primeros nueve meses de este año, La Serenísima llevaba perdidos 110 millones de pesos en relación con el mismo lapso de 2007. La principal queja de Mastellone es la demora en el pago de las compensaciones, dispuestas por el Gobierno a cambio de la fijación del precio de la leche. El subsidio ha llegado a acumular retardos de hasta cuatro meses.

El funcionario con quien Mastellone debe negociar casi a diario no es, hay que decirlo, un encanto de las buenas maneras: Guillermo Moreno. Ejecutivos cercanos a ambas partes reconocieron a este diario que, por lo menos en cinco oportunidades, el secretario invitó al empresario a sentarse a negociar con posibles compradores, si alguna vez decidiera desprenderse del activo
La propuesta más concreta le llegó hace unos meses, cuando Eduardo Elsztain, dueño del grupo IRSA, a través de Cresud, se interesó por La Serenísima. Por diferentes cuestiones, dijeron a este diario dos ejecutivos protagonistas del asunto, las conversaciones quedaron congeladas. Los rumores de posibles compradores alcanzaron también al grupo Eskenazi, dueño del Banco de Santa Cruz, de la constructora Petersen y los bancos de Entre Ríos, Santa Fe y San Juan.

Elsztain arrastraba otro proyecto esquivo. A mediados de 2007, enterado de que Repsol YPF quería desprenderse de una parte de su filial argentina, le transmitió a De Vido la pretensión de ingresar en la petrolera junto con un grupo de inversores. Lo mismo hizo, casi al mismo tiempo, Eduardo Eurnekian. Ambos recibieron un mensaje lapidario desde el poder: el comprador está elegido. Era el grupo Eskenazi, hoy dueño del 15% de YPF.

El proceso incluyó el retiro del país de holdings de peso internacional que decidieron no desembolsar un centavo más en ningún otro rubro. En 2005, Electricité de France, la empresa eléctrica más grande del mundo, le vendió Edenor y algunas generadoras al grupo Dolphin, de Marcelo Mindlin. Tiempo antes, el grupo Werthein había ingresado en Telecom, controlada por France Telecom y Telecom Italia. Hoy los franceses conservan sólo una participación residual.

Hubo, con todo, varias compras inconclusas más. Edelap se sorprendió, el martes 29 de abril pasado, ante un acto organizado por el ENRE en La Plata que la excluía como invitada, a pesar de ser el único operador de distribución eléctrica del área. La intención gubernamental era abrir oficinas del organismo en esa ciudad; proliferaron, durante toda la mañana, fuertes críticas a la empresa y un rumor alentado desde el propio Ministerio de Planificación: se le quitaría la concesión a la distribuidora.

Controlada por el grupo norteamericano AES, Edelap era el único actor ausente en la celebración. Ese día, el mercado eléctrico argentino le conoció la voz al entonces director del ENRE, Mario de Casas, un técnico de bajísimo perfil que se fogueó con un discurso de corte político.
Poca regulación

Desde hace cinco años, ninguna mosca vuela en los entes reguladores argentinos sin autorización de la Casa Rosada. La Argentina energética venía de sufrir cortes de suministro en todas las distribuidoras (se habían aplicado, meses antes, interrupciones programadas durante 69 días a las industrias), pero De Casas habló ese día específicamente de Edelap, a la que acusaba de un apagón en marzo.

Néstor Barloa, subsecretario general de la Capital Federal de Luz y Fuerza, insistió ante este diario en una comparación insidiosa: "Con Segba estábamos mejor. Todo el tendido del área fue hecho por Segba. AES es un desastre". La rescisión del contrato, que había sido pedida públicamente, semanas antes, por el intendente de La Plata, el kirchnerista Pablo Bruera, no se concretó nunca. Pero AES recibió a los pocos días una propuesta de compra de Electroingeniería. La negociación se interrumpió a las pocas semanas por las dificultades del conflicto agropecuario.