La economía de Martínez de Hoz
02.04.2006
En 1977 se inicia un cambio estructural orientado a transformar radicalmente la economía del país en beneficio de sectores concentrados, con base transnacional financiera, sostiene el autor. Así, pasa revista a los puntos centrales y a las consecuencias económicas y sociales del plan anunciado el 2 de abril de 1976 por José Alfredo Martínez de Hoz.
Alejandro Vanoli. ECONOMISTA. PROFESOR DE ECONOMIA INTERNACIONAL (FCE, UBA).
Hoy, 2 de abril se conmemora el trigésimo aniversario del inicio del Plan Económico de la dictadura instaurada el 24 de marzo del 76. El plan, la contracara del terrorismo de Estado, arrastró a millones de argentinos a la exclusión económico-social.
El golpe representó la ruptura de la institucionalidad y la legalidad. Se rompió el Contrato Social, piedra angular de todos los contratos, la desarticulación del Estado y del tejido productivo y social.
Se generó un profundo retroceso en la legislación laboral y en las condiciones de trabajo, coherente con la represión y la intervención de la CGT y la CGE.
El primer año pareció un clásico ajustazo, ante shocks externos o desequilibrios endógenos causados por la dinámica del modelo industrialista (ISI) que, con logros económicos y sociales desde 1943, aún no había resuelto las brechas productivas, externas y fiscales.
Pero en lugar de corregir las deficiencias del modelo, en 1977 se inicia un cambio estructural orientado a transformar radicalmente la economía del país en beneficio de sectores concentrados, con base transnacional financiera.
Un mojón del nuevo modelo fue la reforma de la ley de entidades financieras, la liberalización de la cuenta capital, una política monetaria ultrarestrictiva y la tablita cambiaria que generó un profundo retraso cambiario.
Las altas tasas de interés en el marco de la estabilidad cambiaria crean un proceso de ingreso de capital financiero que facilita un boom de importaciones. Todo ello unido al creciente cortoplacismo financiero afectó profundamente a la inversión y al conjunto de los sectores productivos.
El programa incluyó además el aumento del gasto en armamentos y obras de infraestructura costosa y de baja rentabilidad social todo lo cual provocó, en el marco de la desregulación financiera, un crecimiento explosivo de la deuda externa pública y privada para financiar el creciente déficit gemelo externo y fiscal.
La crisis fiscal se agravó con la reducción de los aportes patronales y el vaciamiento de la seguridad social. Ello exigió mayores ajustes, el sobre—endeudamiento de las empresas del Estado para financiar al Tesoro y la reducción del gasto social incluyendo la transferencia de hospitales y escuelas sin recursos a provincias y municipios.
La inviabilidad de la tablita ante la esperable falta de convergencia de los precios internos a los externos y el nuevo contexto global de fuertes subas en las tasas de interés, condujeron a una crisis bancaria y cambiaria que llevó al default en 1982.
Los peores
El rojo de las cuentas públicas se agravó por la estatización de la deuda privada, mediante avales y seguros de cambio y tasas de interés. La socialización de pérdidas incluyó redescuentos a bancos, garantía pública de depósitos ante quiebras producidas por préstamos a empresas vinculadas, autopréstamos, transferencias de la "cuenta de regulación monetaria", etcétera, que implicaron en conjunto una pérdida fiscal de más del 50% del PBI.
Si bien el paradigma neoliberal de valorización financiera atravesó la región, la Argentina el "mejor alumno", obtuvo los peores resultados. Entre 1976 y 2001 el crecimiento per capita es casi nulo. El PBI pasó de un 72% del promedio de los países desarrollados en 1970 a menos del 43% en 2003. Comienza un aumento récord de la desigualdad. Argentina que hasta 1975 era la sociedad más igualitaria del continente, aumentó casi en un 40% la desigualdad medida por el coeficiente de Gini.
El desafío en democracia implicaba algo más que modificar las políticas macro, requería cambiar de raíz el modelo. La falta de decisión para quebrar el mismo, en un contexto internacional adverso, agravó las condiciones a fines de los '80. El alto endeudamiento externo heredado financiado con emisión y deuda interna desembocó en la hiperinflación que generó las condiciones para la reproducción y profundización del modelo 1976—81 en los años 90.
Si bien desde hace tres años se han producido indudables mejoras, muchas de las profundas consecuencias económicas y sociales sistémico—estructurales de tres décadas, continúan vigentes.
Se necesita un proceso simultáneo de acumulación de capital y distribución progresiva del ingreso, que implique una ruptura definitiva con el modelo anterior. Ello implica cambiar las matrices productiva —mayor diversificación y valor agregado a la producción— y redistributiva, a efectos de eliminar la indigencia y atenuar la desigualdad a través de la recuperación paulatina de ingresos y la adecuada provisión de los bienes públicos, básicamente salud y educación.
Tales objetivos pueden ser financiados sin comprometer la solvencia fiscal, alineando la recaudación a niveles internacionales. Además de seguir creciendo y combatir la elusión y la evasión, se debe encarar una reforma tributaria progresiva que grave la renta financiera. Es fundamental también encarar, como hace hoy Chile, una reforma previsional que asegure una cobertura universal y mejores jubilaciones.
La Argentina tiene hoy una oportunidad inédita de avanzar en la senda del desarrollo con equidad. Un repudio integral a la Dictadura, implica un verdadero Nunca Más a las políticas 1976-2001, un compromiso con el progresivo desendeudamiento productivo y social, que recupere a los desaparecidos sociales, para hacer realidad el sueño de un país mas justo y viable.
Hoy, 2 de abril se conmemora el trigésimo aniversario del inicio del Plan Económico de la dictadura instaurada el 24 de marzo del 76. El plan, la contracara del terrorismo de Estado, arrastró a millones de argentinos a la exclusión económico-social.
El golpe representó la ruptura de la institucionalidad y la legalidad. Se rompió el Contrato Social, piedra angular de todos los contratos, la desarticulación del Estado y del tejido productivo y social.
Se generó un profundo retroceso en la legislación laboral y en las condiciones de trabajo, coherente con la represión y la intervención de la CGT y la CGE.
El primer año pareció un clásico ajustazo, ante shocks externos o desequilibrios endógenos causados por la dinámica del modelo industrialista (ISI) que, con logros económicos y sociales desde 1943, aún no había resuelto las brechas productivas, externas y fiscales.
Pero en lugar de corregir las deficiencias del modelo, en 1977 se inicia un cambio estructural orientado a transformar radicalmente la economía del país en beneficio de sectores concentrados, con base transnacional financiera.
Un mojón del nuevo modelo fue la reforma de la ley de entidades financieras, la liberalización de la cuenta capital, una política monetaria ultrarestrictiva y la tablita cambiaria que generó un profundo retraso cambiario.
Las altas tasas de interés en el marco de la estabilidad cambiaria crean un proceso de ingreso de capital financiero que facilita un boom de importaciones. Todo ello unido al creciente cortoplacismo financiero afectó profundamente a la inversión y al conjunto de los sectores productivos.
El programa incluyó además el aumento del gasto en armamentos y obras de infraestructura costosa y de baja rentabilidad social todo lo cual provocó, en el marco de la desregulación financiera, un crecimiento explosivo de la deuda externa pública y privada para financiar el creciente déficit gemelo externo y fiscal.
La crisis fiscal se agravó con la reducción de los aportes patronales y el vaciamiento de la seguridad social. Ello exigió mayores ajustes, el sobre—endeudamiento de las empresas del Estado para financiar al Tesoro y la reducción del gasto social incluyendo la transferencia de hospitales y escuelas sin recursos a provincias y municipios.
La inviabilidad de la tablita ante la esperable falta de convergencia de los precios internos a los externos y el nuevo contexto global de fuertes subas en las tasas de interés, condujeron a una crisis bancaria y cambiaria que llevó al default en 1982.
Los peores
El rojo de las cuentas públicas se agravó por la estatización de la deuda privada, mediante avales y seguros de cambio y tasas de interés. La socialización de pérdidas incluyó redescuentos a bancos, garantía pública de depósitos ante quiebras producidas por préstamos a empresas vinculadas, autopréstamos, transferencias de la "cuenta de regulación monetaria", etcétera, que implicaron en conjunto una pérdida fiscal de más del 50% del PBI.
Si bien el paradigma neoliberal de valorización financiera atravesó la región, la Argentina el "mejor alumno", obtuvo los peores resultados. Entre 1976 y 2001 el crecimiento per capita es casi nulo. El PBI pasó de un 72% del promedio de los países desarrollados en 1970 a menos del 43% en 2003. Comienza un aumento récord de la desigualdad. Argentina que hasta 1975 era la sociedad más igualitaria del continente, aumentó casi en un 40% la desigualdad medida por el coeficiente de Gini.
El desafío en democracia implicaba algo más que modificar las políticas macro, requería cambiar de raíz el modelo. La falta de decisión para quebrar el mismo, en un contexto internacional adverso, agravó las condiciones a fines de los '80. El alto endeudamiento externo heredado financiado con emisión y deuda interna desembocó en la hiperinflación que generó las condiciones para la reproducción y profundización del modelo 1976—81 en los años 90.
Si bien desde hace tres años se han producido indudables mejoras, muchas de las profundas consecuencias económicas y sociales sistémico—estructurales de tres décadas, continúan vigentes.
Se necesita un proceso simultáneo de acumulación de capital y distribución progresiva del ingreso, que implique una ruptura definitiva con el modelo anterior. Ello implica cambiar las matrices productiva —mayor diversificación y valor agregado a la producción— y redistributiva, a efectos de eliminar la indigencia y atenuar la desigualdad a través de la recuperación paulatina de ingresos y la adecuada provisión de los bienes públicos, básicamente salud y educación.
Tales objetivos pueden ser financiados sin comprometer la solvencia fiscal, alineando la recaudación a niveles internacionales. Además de seguir creciendo y combatir la elusión y la evasión, se debe encarar una reforma tributaria progresiva que grave la renta financiera. Es fundamental también encarar, como hace hoy Chile, una reforma previsional que asegure una cobertura universal y mejores jubilaciones.
La Argentina tiene hoy una oportunidad inédita de avanzar en la senda del desarrollo con equidad. Un repudio integral a la Dictadura, implica un verdadero Nunca Más a las políticas 1976-2001, un compromiso con el progresivo desendeudamiento productivo y social, que recupere a los desaparecidos sociales, para hacer realidad el sueño de un país mas justo y viable.
Clarin.com
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