Se lo transmitió a Cristina Kirchner en Cannes, según trascendió ayer
Por Silvia Pisani
Martes 15 de noviembre de 2011
WASHINGTON.- El gobierno de Barack Obama reafirmó su decisión de "seguir recordando" a la Argentina la necesidad de "cumplir con sus obligaciones internacionales", así como la importancia de "mantener un clima de inversiones transparente y justo" que incluya el pago de sus compromisos con acreedores .
Según consta en una comunicación oficial del gobierno norteamericano, Obama en persona le "subrayó" a la presidenta Cristina Kirchner "la importancia de que la Argentina pague sus deudas pendientes con acreedores internacionales".
La posición de la Casa Blanca está incluida en un texto en el que la designada secretaria adjunta para América latina, Roberta Jacobson, responde a inquietudes del Senado de su país sobre los vínculos con la Argentina. El texto, confiado a LA NACION, aclara que ese señalamiento "no incluyó" consideraciones sobre la forma en que el país debería pagar su deuda. Esto ocurrió hace 10 días, durante el encuentro que ambos sostuvieron en Cannes, ocasión en que, según el relato de la Presidenta, las "felicitaciones" recibidas de Obama y de otros mandatarios le causaron "un poquito de orgullito".
El gobierno demócrata reveló, además, que "ahora estudia" la posibilidad de aplicar sanciones comerciales a la Argentina por su resistencia a honrar los fallos que empresas norteamericanas obtuvieron en el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi).
De confirmarse, ese curso de acción se sumaría a las sanciones ahora vigentes a través del voto negativo que Washington viene ejerciendo sobre los créditos que la Argentina gestiona ante el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A esas decisiones, de carácter económico y comercial, se suman "las acciones" que por la vía diplomática ejerce el Departamento de Estado destinadas a persuadir "al gobierno argentino y a sus más encumbrados funcionarios" a que cumplan con sus acreedores internacionales.
Conocida al cumplirse justo 10 días del encuentro entre los presidentes Cristina Kirchner y Obama, la posición del gobierno norteamericano fue explicitada por la designada secretaria adjunta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, en expresiones a las que accedió LA NACION.
Exposición en el Senado
Hace siete días, la designada funcionaria expuso sus lineamientos para la región ante senadores de la Comisión de Asuntos Exteriores, ocasión en que el demócrata Robert Menéndez situó a la Argentina entre los países donde se registra un "retroceso institucional" y se intenta limitar la libertad de expresión.
Sin embargo, ayer, al abundar en cuestiones referidas a nuestro país, Jacobson afirmó, en la citada comunicación, que el gobierno norteamericano "ha sostenido la necesidad de respetar los fallos" del tribunal internacional del Banco Mundial y que "lo seguirá haciendo en el futuro". La cuestión se le planteó al ser consultada sobre la protesta de dos firmas norteamericanas -Azurix y Blueridge- que, en conjunto, reclaman a la Argentina el pago de cerca de 300 millones de dólares por fallos favorables que obtuvieron en el Ciadi.
"El gobierno de los Estados Unidos seguirá recordando a la Argentina sus obligaciones internacionales y la importancia de mantener un clima de inversiones transparente y justo" que subraye "el grado en que la inversión extranjera es crítica para la economía argentina", dijo Jacobson.
Además, la funcionaria de Obama ratificó que la "administración [norteamericana] revisa ahora peticiones para que la Argentina sea removida del sistema de preferencias arancelarias", por el que algunos productores argentinos se benefician con cerca de 30 millones de dólares anuales.
Preocupación
Toda esta política responde "a la seria preocupación" que causa el incumplimiento argentino ante el Ciadi, así como la negativa demostrada hasta ahora para "adoptar los pasos necesarios para definitivamente" normalizar la relación con sus acreedores, dijo Jacobson en su exposición en el Senado norteamericano.
En lo que constituye el más detallado relato del lado norteamericano del encuentro bilateral con Obama, Jacobson negó que, en aquella ocasión, la presidenta Cristina Kirchner haya enunciado alguna forma de pago a los tenedores norteamericanos de deuda en default, a los que el canciller Héctor Timerman aludió como "fondos buitre".
La funcionaria norteamericana se refirió así a versiones en contrario difundidas en nuestro país. Días atrás, y con una mezcla de diplomacia y firmeza, el presidente Obama ya había defendido el voto negativo de su país a la concesión de nuevos créditos del Banco Interamericano de Desarrollo.
"Este es un pequeño asunto técnico en el que, en el marco de nuestras leyes, no podemos tener flexibilidad si un país no sigue pautas específicas. Las instrucciones que hemos estado dando y los términos en los que apoyamos al BID concluyen que no podemos votar en favor" de esos créditos para la Argentina, expresó el presidente de los Estados Unidos en aquella oportunidad.
GRAN BRETAÑA DEFENDIO EL VIAJE DEL PRINCIPE
El jefe de personal del Ministerio de Defensa británico, general David Richards, indicó que Gran Bretaña "está determinada a no repetir los errores de 1982", cuando la Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en una guerra en las islas Malvinas. De esta manera, el funcionario británico rechazó las expresiones del gobierno argentino que calificó como "un acto de provocación más" el viaje del príncipe Guillermo a las Malvinas por seis semanas para realizar entrenamientos en operativos de aviación para búsqueda y rescate. Richards dijo que el viaje del príncipe Guillermo responde a "un operativo de rutina". A la vez, añadió: "Puedo decir con absoluta certeza que no tiene como objetivo ser un acto de provocación", declaró el general a la cadena Sky News.
La Nación
Kirchner vs. The Press
Give government 'crisis' power and you won't get it back.
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By MARY ANASTASIA O'GRADY
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In the wake of the country's 2002 economic collapse, the Argentine Congress gave the executive immense powers on the grounds that the circumstances called for extraordinary government action.
Seven years later those powers have not been rescinded and the state dominates the economy as an owner and regulator. Argentina now faces the threat of a further consolidation of control by President Cristina Kirchner through means similar to those employed by Hugo Chávez. As in Venezuela, free speech and the free press are being targeted for increased repression.
Let this be a lesson to any modern democracy that cedes broad power to government in a time of crisis: Granting power to the executive is easy; getting it back isn't.
Congressional midterm elections will be held on June 28, and polls suggest that Argentines are growing wary of their leaders. Mrs. Kirchner's wing of the Peronist party, known as the Victory Front, is expected to take a drubbing. If so, the president and her husband Néstor Kirchner, who preceded her as president and who likely is still guiding policy from behind the scenes, will face a less pliable legislature.
This would be good news for the country. Under Kirchner authoritarianism, Argentina has moved from democratic capitalism -- no matter how weak -- to an increasingly repressive and isolated state-controlled economic system. Property-rights protection has been eviscerated. Entrepreneurs have been cowed into silence by state threats of tax investigations and regulatory harassment. State-sponsored street thugs target businesses that resist the presidency's agenda. Mr. Kirchner is described by his adversaries as something like Vladimir Putin without the charm.
Clearly, much of the country is fed up with kirchnerismo. The promises of prosperity built on class envy have not materialized. Farmers oppose Mrs. Kirchner's export taxes. She has further alienated middle-class voters by confiscating all privately held pension accounts and raising property taxes. She now wants to raise the sales tax. All of this is happening in recession, while economists estimate that inflation is running above 18%.
Yet even if Mrs. Kirchner loses her congressional majority in June, risks to liberty remain. Thanks to a government decision to hold an early election, the new Congress will not be sworn in for eight months, providing the first couple with a wide window of opportunity to tighten its grip on power. An informed population would of course resist further antidemocratic moves, which is why the Kirchners are escalating efforts to gag the press.
From his earliest days as president, Mr. Kirchner tried to keep media critics quiet by using the government's publicity budget to reward supporters and starve those outlets that dared to print criticism. It was an effective tool in an economy on life support, where advertising had dried up.
As the economy recovered, this strategy began to cost more. In 2008 the government spent $100 million in "advertising" in the media, an eight-fold increase since 2003. It directs its business to news outlets with a supportive editorial line.
Yet independent voices remain, like that of the influential national newspaper, La Nación (which publishes some Wall Street Journal content). This obviously troubles the Kirchners. So the government has taken out the sledge hammer. The director of the secretariat of state intelligence (S.I.) has filed two criminal actions against Bartolomé Mitre, the director of the paper, and Julio Saguier, the president of the corporation that owns it.
They are charged with slander for publishing two editorials that question the political activities of the secretive intelligence agency and its director. Somehow both cases have landed with the same judge -- though the odds of that are remote -- and he has allowed the cases to go forward even though the Supreme Court ruled last year that opinions criticizing public officers cannot be grounds for civil or criminal actions. Press critics have questioned whether the two can get a fair trial. If found guilty in both cases, the accused could get three years in prison.
The government also has drafted a new radio and television law that, if approved, seems sure to quash media freedom. It would reserve only one-third of the broadcast spectrum for the private sector; one-third would be state-owned broadcasting and one-third would be for nongovernmental organizations chosen by the state. It is not clear how licenses would be awarded, but they would last only 10 years and could be renewed only once. Some media companies now operating would be ineligible to compete. The law makes no mention of press freedom, and officials have not asked for comments from the industry.
Argentines should remember that survival of the republic requires a strong fourth estate. Survival of the Kirchner regime requires the opposite. In the coming months only one will prevail.
Write to O'Grady@wsj.com
Printed in The Wall Street Journal, page A13
LOBBYSTA DE LOS FONDOS BUITRES Y EX CADETE NAVAL
¡Qué Massita!
Un diputado por Nueva York que propuso sanciones a la Argentina por no pagar a todos los bonistas es hijo de un agregado naval de Estados Unidos en Buenos Aires y él mismo fue compañero en la marina argentina de algunos prohombres de la ESMA, con quienes navegó en la Fragata Libertad en 1981.
Por Horacio VerbitskyPágina 12
Mientras el gobierno nacional resuelve adelantar el pago de 2200 millones de dólares en bonos que vencían en agosto, los fondos buitres con sede en paraísos fiscales que compraron títulos argentinos cuando no valían nada por la moratoria de 2002 presionan al Congreso de los Estados Unidos para que sancione al país si no satisface sus reclamos.
Para ello han conseguido reclutar a un diputado de Nueva York, Eric Massa, que tiene una relación con la Argentina tan antigua como la deuda externa: en ambos casos desde la dictadura militar. Massa fue presentado por algunos medios argentinos como el amigo del país en el Congreso de los Estados Unidos. Ese fue el discurso con que se acercó por primera vez al embajador argentino en Washington, Héctor Timerman, a quien le dijo que necesitaba financiamiento para su reelección. Hablaron de la Argentina pero Massa no mencionó los bonos en default. Timerman lo visitó en su despacho y se sorprendió al ver fotos de Massa con uniforme militar a bordo de la Fragata Libertad. Entonces le contó que su padre fue agregado naval de Estados Unidos en la Argentina. El hijo también siguió la carrera naval durante veinte años. Cursó la Escuela Naval en los Estados Unidos, pero como su padre estaba asignado a la Argentina pidió hacer el viaje de graduación con la valiente muchachada de la Armada. Zarpó en 1981 para realizar el viaje de instrucción alrededor del mundo en la Fragata Libertad. Sus amigos de entonces, de quienes guarda un grato recuerdo, merecen ser presentados con algún detenimiento.
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