Editorial I

Absurda crisis con Uruguay

Resulta inconcebible que un gobierno tan poco creíble como el argentino alimente el enfrentamiento con un país hermano

omo consecuencia de un pedido para ampliar la producción de la Planta UPM (ex Botnia), el canciller Héctor Timerman presentó estudios de impacto ambiental del río Uruguay que habría hecho el gobierno argentino hace tiempo, pero que sólo ahora da a conocer.

Según nuestro canciller, los informes afirman que en los efluentes de la pastera UPM se verificaron altas temperaturas y un elevado contenido de fósforo, así como la presencia de pesticidas, cromo y fenoles.

Si el informe resultara cierto, el hecho sería grave. Ocurre que la falta de transparencia de este documento, las dudas sobre su origen y el bajísimo nivel de credibilidad de que gozan las cifras del gobierno argentino, sumado a su costumbre de mentir alevosamente, generan una fundada desconfianza. Es que, curiosamente, en 2006, se decidió, como informó este diario, que las actas de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) fueran reservadas. Un hecho incomprensible, y que va a contramano del derecho a acceder a la información sobre lo que ocurre en nuestro ambiente. Pese a que la Cancillería desmintió anteayer que esas actas sean reservadas y caracterizó como "panfleto conspirativo" la nota de LA NACION, este diario ratifica el carácter reservado de las actas de la CARU.

Tampoco ayuda la ausencia total de nuestra autoridad ambiental para explicar una materia que es compleja, pero que requiere de alguien que, con solvencia, brinde tranquilidad a la población. No sorprende ya el hecho de que los temas ambientales sean para nuestro gobierno una incomodidad y que estén plagados de sospechas de mal manejo y negocios turbios: glaciares, bosques, Riachuelo, megaminería, sojización y Río Turbio son sólo algunos ejemplos.

Según nuestro cuestionado e inexperimentado canciller, la información fue presentada oportunamente por la Argentina ante la CARU. La autoridad ambiental del país vecino, también complaciente en estos últimos años con varios emprendimientos que presionan incansablemente para desarrollar actividades que producirán una fuerte alteración en el medio ambiente, afirma que los informes de impacto ambiental que realizaron laboratorios de Canadá a pedido de la CARU nunca pudieron difundirse por falta de acuerdos con nuestro país.

El resto es conocido: los aspavientos verbales de nuestro canciller, los dedos levantados y los absurdos ultimátums para detener el aumento de la producción bajo la amenaza de presentarse frente a la Corte Internacional de Justicia si se avanza con el aumento de producción de la pastera.

Por su parte, el gobierno de Mujica sostiene que se han tomado muestras del estado del agua del río y no de los residuos directos que emite UPM, por lo que advierten que el río ya está contaminado por agroquímicos y otros elementos, algo que, aun frente a un vecino de perezosa transparencia en materia ambiental, resulta creíble. Basta con observar lo que ocurre con sólo uno de los afluentes del Río de la Plata, el Riachuelo, para que dejemos de señalar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

A esa explicación del gobierno uruguayo se sumó otra reacción del presidente Mujica que, cansado de los ultimátums lanzados desde el lado argentino, redobló la apuesta en la escalada del conflicto al acusar a nuestro país de recurrir a chicanas diplomáticas para dilatar las negociaciones y al plantear una reforma del Estatuto del Río Uruguay para incrementar los controles de impacto ambiental en esa cuenca. Paralelamente y por vía diplomática, Uruguay volvió a dejar expuesto a nuestro canciller al rechazar el informe dado a conocer por la Argentina sobre contaminación de la pastera.

Uruguay es un país muy querido por los argentinos, independientemente de esta discusión de gobiernos ofuscados, que no debiera convertirse en algo crónico. Carece de sentido ir en busca de culpables. Mucho más edificante sería poder avanzar en reuniones en busca de un acuerdo bilateral razonable para ambos países, más allá de las presiones que las empresas ejerzan sobre los gobiernos o de los réditos electorales de corto plazo que estas actitudes puedan esconder.

A veces ocurre que las autoridades no están a las alturas de las circunstancias, pero debería quedar claro que los argentinos y los uruguayos no sólo queremos, sino que exigimos que nuestros representantes continúen con un diálogo más profundo, sin hipocresías; que siga construyendo la relación entre ambos países bajo el espíritu de fraternidad que siempre ha sido sostenido, y que predomine la compresión de ambas posturas e intereses.

En lo que hace a nuestro gobierno, como expresamos, nada de lo que diga en esta materia es digno de crédito. Funcionarios técnicos creíbles -no el canciller- deberían exhibir estudios fundados para acabar con el secreto y que de una buena vez por todas la ciudadanía sepa a ciencia cierta si hay contaminación o no.

La Nacion