Editorial I
El grave atentado al gobernador de Santa Fe
No cabe la indiferencia ante los 14 disparos que recibió la vivienda de Bonfatti y las amenazas de muerte, de índole mafiosa, a él y a parte de su gabinete
Hasta tal punto se ha hecho carne en la sociedad argentina que la violencia es algo cotidiano e inevitable ante lo cual sólo cabe la resignación, que el atentado a balazos que sufrió en su domicilio el gobernador de Santa Fe, el socialista Antonio Bonfatti, ha tenido escasa relevancia en la cobertura periodística, y más escasa aún en el plano político. Este gravísimo hecho quedó casi perdido entre los tantos episodios de una violencia generalizada y en franco aumento, desde las agresiones a cronistas de televisión, los ataques de barrabravas hasta los dirigidos a políticos opositores y el patoterismo de un diputado oficialista ante una agente de tránsito.
El atentado contra Bonfatti y su familia, al que ayer se sumó una amenaza al mandatario enviada mediante un mensaje de texto al celular de la jueza que investiga el ataque, es tan preocupante como el hecho de que no se le otorgue la importancia que tiene, empezando por sus características claramente mafiosas.
En la noche del viernes último, desde unas motocicletas que se detuvieron frente a la vivienda, se efectuaron 14 disparos a la altura de un cuerpo humano. Tres de los disparos impactaron en el living de la residencia. Por fortuna, no se registraron víctimas, pero eso obedeció al azar, pues Bonfatti y su esposa se hallaban en el chalet.
El hecho de que los atacantes hayan detenido las motos para poder disparar esa cantidad de balazos indica que se movían con cierta seguridad y sin mayores apremios. Contaban, además, con alguna labor de inteligencia previa pues sabían que en esa oportunidad el gobernador no tenía custodia externa ni interna pues no la solicita cuando se encuentra con su familia.
Por su peso económico y político y por estar gobernada por el socialismo, Santa Fe no es una provincia más. También es una de las provincias donde más avanzó el narcotráfico en los últimos años -particularmente en la ciudad de Rosario y su alrededores- y donde ese tipo de delincuencia más ha infiltrado a la policía local, al extremo de que hace exactamente un año el comisario Hugo Tognoli tuvo que renunciar como jefe de la policía de la provincia tras resultar acusado de presunta participación en el tráfico de drogas. Anteriormente, Tognoli se había desempeñado al frente de la División Drogas Peligrosas, de la Policía de Santa Fe.
Es preciso reconocer que, desde entonces, las autoridades provinciales y la policía libran una intensa batalla contra varias bandas de narcotraficantes. De ahí que una de las principales hipótesis que se analizan en Santa Fe es que el ataque pudo provenir de algunas de esas bandas o de policías vinculados con ellas.
Hay que destacar que también se encuentran amenazados el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto; el secretario de Seguridad Pública, Matías Drivet, y el jefe y subjefe de la policía, Omar Odriozola y Raúl Ardiles, respectivamente.
En cuanto a la amenaza a Bonfatti que recibió la jueza de instrucción de Rosario, María Luisa Pérez, se informó que aparentemente, el texto anónimo también se refería en forma amenazante a la secretaria del Área de Delitos Complejos de la provincia, Ana Viglione. Hace unos meses, el juez de instrucción penal de Rosario, Juan Carlos Vienna, quien investiga la banda de narcotraficantes conocida como Los Monos, también recibió amenazas.
Resulta preocupante que a una semana del ataque al chalet del gobernador no se hayan registrado grandes avances en la investigación, en la que no hay detenidos. Más preocupante aún ha sido la actitud del gobierno nacional, que puede calificarse tanto de prescindente como de hipócrita.
Al día siguiente del atentado, el ministro de Defensa, el santafecino Agustín Rossi, se fotografió junto al mandatario provincial en señal de solidaridad, pero a las pocas horas ese gesto viró hacia un brusco ataque al socialismo que gobierna el distrito, al que llegó a considerar como responsable por el fuerte avance del nacotráfico.
Santa Fe está viviendo una escalada de la violencia que, sea cual sea su origen, merece la mayor de las atenciones tanto por parte de la sociedad como de las autoridades nacionales. En efecto, ha sido durante los diez años que el kirch-nerismo lleva en el poder cuando, debido a la ausencia de políticas efectivas de lucha contra el narcotráfico, este tipo de delincuencia aumentó exponencialmente en todo el territorio nacional.
La acefalía en que se encuentra desde el 19 de marzo último la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), y que suma ya 212 días, es apenas un indicador más de la desidia del gobierno nacional.
Al margen del grado de ignorancia, ingenuidad o connivencia en que las autoridades santafecinas puedan haber incurrido años atrás, lo cierto es que un similar avance del narcotráfico se verifica en la provincia de Buenos Aires y también en la Capital. Ante la sospechosa inacción del Poder Ejecutivo Nacional, cabe temer que la peligrosa realidad que muestra Santa Fe sea sólo un anticipo de algo que pronto sufrirá el resto del territorio nacional.
En este marco, ha sido acertada la iniciativa del vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, el radical Miguel Bazze, al solicitar la urgente reunión del Consejo de Seguridad.
No caben las mezquindades políticas cuando se atenta contra un gobernador y se amenaza a su gabinete y a la justicia local. La sociedad no debe imitar al gobierno nacional, que parece resignarse a una violencia creciente.La Nacion
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