Editorial I
Economías provinciales ocultas
La mayoría de los gobiernos provinciales no informa debidamente a la población sobre ejecuciones presupuestarias, licitaciones y contrataciones
La mayoría de las provincias argentinas oculta datos a la población sobre su situación fiscal, sus ingresos y gastos. Y, entre estos últimos, los procedimientos para decidir dónde, cuándo y por qué invertir los dineros públicos en un sector y no en otro. Esa falta de transparencia afecta negativamente a los ciudadanos, pues mientras éstos son quienes financian a los estados, no cuentan con toda la información necesaria a la hora de tener que votar a sus autoridades.
Hoy, las 24 jurisdicciones del país proveen en promedio apenas un poco más del 50 por ciento de los datos que deberían informar, según los estándares internacionales de transparencia.
A esa conclusión llega un estudio realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), titulado precisamente "Una leve mejoría en la visibilidad de los gobiernos provinciales hacia los ciudadanos". Entre otras cuestiones, el estudio evalúa que, si bien ha sido apenas mayor el caudal de información suministrada por los estados provinciales, no siempre ésta es accesible y clara para el conocimiento de los ciudadanos.
El Índice de Visibilidad Fiscal elaborado por el Iaraf arrojó que los dos distritos que comunican más y mejor sus datos fiscales son Córdoba -hace dos años cuenta con un portal de transparencia en el que, por ejemplo, muestra la contabilidad online de la provincia, con la difusión de datos que incluyen hasta los comprobantes de pago- y Mendoza, seguidos por Santa Fe, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y la provincia de Buenos Aires, entre los primeros lugares de la franja media y alta de comunicación de sus datos.
En los peores lugares de esa nómina está Santa Cruz, con la más baja transparencia de su economía: apenas publica, según el informe citado, cuestiones normativas y datos presupuestarios viejos. Le siguen, de menor a mayor, La Pampa, Misiones y Corrientes.
Paralelamente, entre las provincias que más mejoraron, aunque todavía les falta mucho trecho para abandonar la zona gris de visibilidad fiscal, figuran La Rioja, Jujuy, Tucumán y Chaco.
Es sumamente importante que los ciudadanos puedan acceder a esa información de una manera clara y sencilla. Desde ya que los presupuestos son confeccionados por técnicos en cada área, pero eso no impide descartar de plano un lenguaje accesible para que todos los habitantes de una jurisdicción puedan comprender cuáles son los ingresos y los gastos de su distrito, por qué se les exige el pago de determinadas tasas e impuestos y hacia dónde va dirigido su dinero.
Ese sinceramiento de las provincias debe hallar su correspondiente correlato en los municipios y en la propia Nación, pues sus informaciones se interrelacionan y conocerlas en tiempo y forma permite saber si todos los estados están cumpliendo con sus obligaciones económicas.
Las ejecuciones presupuestarias, las deudas, las licitaciones y contrataciones directas, el escalafón público, la planta de personal permanente y contratada de los estados, entre otros ítems, no deben ser secretos.
Ya otros índices internacionales habían encendido señales de alarma en cuanto al comportamiento de nuestro país en materia de difusión de estas cuestiones y de apego a las leyes.
Desde estas columnas hemos señalado la notoria caída de los principales factores de competitividad y el profundo deterioro institucional reflejado, por ejemplo, en el anuario 2013 de la escuela de negocios suiza Institute for Management Development, donde la Argentina aparece en el puesto 59° sobre un total de 60 economías industriales y emergentes. Otro ranking local, como el elaborado por la Fundación Libertad y Progreso, mostró que desde 2007 nuestro país viene en baja en calidad institucional, que incluye el respeto por las reglas de juego políticas y económicas, la vigencia del derecho, y la competitividad y la libertad globales. Otro tanto ocurre con la percepción que de la corrupción pública en la Argentina se tiene localmente y en el exterior.
Durante los últimos años, Internet ha demostrado ser una herramienta más que eficiente para descargar allí toda la información que compete a los estados, de modo que cualquier persona pueda consultarla. Se han hecho numerosos anuncios de transparencia en ese sentido, pero cuando el interesado recurre a no pocas de esas páginas se da cuenta de que los datos son incompletos, cuando no están falseados o manipulados, como sucede con los del Indec.
Como ciudadanos debemos exigir a nuestras autoridades que nos informen debida y detalladamente sobre este tipo de cuestiones, pues no sólo es su deber, es también nuestro derecho inalienable.
La Nacion
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