Jueves 05 de diciembre de 2013 | Publicado en edición impresa

Editroial I

Córdoba: un saqueo a la razón

Ni la policía ni las autoridades provinciales y nacionales han estado a la altura de las horrorosas circunstancias que vivió la provincia mediterránea

os violentos hechos ocurridos en la provincia de Córdoba, durante un injustificable autoacuartelamiento policial, mostraron lo peor de una sociedad y de su dirigencia. Reflejan el horror y la vergüenza, pero son también la radiografía de un país donde la anomia se viene imponiendo desde hace tiempo sobre la ley y el orden, y donde una mezcla de odio y resentimiento insuflada desde el poder político está ganando a no pocas capas de la sociedad.

No sólo los saqueos alcanzaron esta vez a supermercados y almacenes. Quienes protagonizaron los hechos vandálicos lejos estaban de salir a buscar comida. Innumerables comercios de toda clase fueron saqueados. Las imágenes mostraron a personas que claramente no estaban desnutridas pugnando por llevarse televisores led y otros artefactos electrodomésticos, zapatillas e indumentaria deportiva, bebidas alcohólicas, cajas registradoras enteras y todo lo que pudieran robar.

Los ataques incluyeron numerosas casas particulares, al tiempo que grupos de delincuentes asaltaron a automovilistas en lugares como los puentes que atraviesan el río Suquía. Más que conmovedor y humillante resultó el relato de una mujer que contó cómo su hogar -una casa más que sencilla que a sus padres les costó treinta años de trabajo- fue desvalijado por vecinos de la otra cuadra.

Por si esto fuera poco, un número no menor de comerciantes y vecinos recurrieron a armarse en defensa propia, como si rigiera la ley de la selva, con las trágicas consecuencias ya conocidas, que daban cuenta, al cierre de esta edición, de al menos dos muertos y decenas de heridos.

Dolor, tristeza e indignación provoca el hecho de que algunos de los saqueadores se jactaran a través de redes sociales de haber tomado parte en los sucesos y exhibieran, cual si fueran trofeos de guerra, fotografías de algunos de los objetos y prendas de vestir que robaron en distintos comercios. En nuestro país, no está de más pedir a las autoridades policiales y judiciales algo tan obvio como que utilicen esas imágenes y videos para identificar y sancionar a los delincuentes, del mismo modo que en 2011 lo hizo la Scotland Yard tras disturbios semejantes producidos en Londres.

Cabe preguntarse qué le pasa a un pueblo donde, de pronto, miles de personas salen a las calles intentando arrasar con lo que encuentren a su paso, aprovechándose de la ausencia de guardianes del orden. Lo primero que surge a simple vista es que no se trataba de gente hambrienta que buscara satisfacer necesidades elementales. Había entre ellos personas con motocicletas o con un grado de logística que hace suponer que en no pocos casos podrían responder a redes delictivas organizadas. En tal sentido, un informe del ex secretario de Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba Sebastián García Díaz da cuenta de la existencia de 2500 puntos de venta de droga sólo en la capital cordobesa, que se traduce en 2500 familias que viven de esta actividad ilegal.

En cualquier ciudad civilizada del mundo, un autoacuartelamiento policial resulta algo inimaginable. Más allá de la razonabilidad que podrían llegar a tener los reclamos salariales de los uniformados cordobeses, la metodología de su protesta resulta inaceptable. Mucho más aún, la prolongación de la medida de fuerza tras conocerse los primeros episodios de saqueos y de violencia, registrados en la tarde de anteayer, que de a poco convirtieron a la ciudad de Córdoba y a diversas localidades de la provincia en tierra de nadie.

Cierto es que las autoridades provinciales tendrán una alta cuota de responsabilidad en dejar crecer el conflicto y la tensión policial. Pero también es sabido que un policía con conciencia de su enorme responsabilidad social no puede autoacuartelarse y dejar desamparada a la población. Lo sucedido reflota la necesidad de avanzar en una legislación más adecuada para impedir las huelgas en servicios públicos esenciales, para que la ciudadanía no termine siendo rehén de un conflicto salarial o, peor aún, carne de cañón de una virtual extorsión orquestada.

Los hechos dan cuenta de que parte de la sociedad puede estar enferma. Pero también, de que sus médicos no están particularmente sanos.

Las declaraciones públicas del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, formuladas ante la prensa en la mañana de ayer, pusieron peligrosamente de manifiesto la preocupación del gobierno nacional por responsabilizar políticamente al gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, por lo ocurrido, antes que por mostrar la solidaria cooperación del Estado nacional con una provincia angustiada frente a una violencia sin control.

La inicial reticencia de las autoridades nacionales al desplazamiento de la Gendarmería a Córdoba frente a lo que consideraron un "conflicto salarial" provincial constituye una definición política discriminatoria, cuando el mismo gobierno kirchnerista no dudó en otra ocasión en enviar efectivos de esa fuerza de seguridad a Santa Cruz frente a un autoacuartelamiento de policías de ese distrito.

Del otro lado, el mandatario provincial explicaba los innumerables intentos infructuosos de varios de sus funcionarios de comunicarse telefónicamente con Capitanich y con autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación para solicitarles el envío de efectivos de la Gendarmería Nacional a Córdoba. Horas más tarde, el gobierno nacional accedió a enviar unos 2000 gendarmes a la provincia. Fue una respuesta demasiado tardía.

Lo señalado por unos y por otros es una muestra tan palpable como insólita de los problemas en materia de diálogo entre funcionarios que prefieren enviarse mensajes a través de Twitter antes que sentarse a hablar responsablemente.

Aunque Córdoba parecía anoche ir recobrando lentamente la normalidad, costará mucho reponerse no sólo de las muertes y de las millonarias pérdidas materiales, sino también del pánico que causa ver a una provincia que ha sufrido un verdadero saqueo a la razón.

La Nacion