Causa contra el vicepresidente

El fiscal pide cerrar el caso de Boudou por encubrimiento

Dijo que aunque pasó años callando un supuesto delito, la ley no le imponía plazo para denunciarlo

Sábado 14 de abril de 2012

El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió ayer el cierre del expediente por "encubrimiento" contra Amado Boudou, acusado de no haber denunciado ante la Justicia supuestos delitos que el propio vicepresidente dijo haber conocido hace meses (y en algunos casos, años). Marijuán argumentó que si bien la ley lo obligaba a hacer la denuncia, no le imponía plazo alguno para realizarla.

El jueves de la semana pasada, en un discurso destinado a defenderse por el caso Ciccone, Boudou declaró que dos funcionarias del estudio fundado por el entonces procurador general, Esteban Righi, le habían propuesto -hace dos años y ocho meses- traficar influencias en su favor, y que el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, le había ofrecido -hace casi un año- un soborno en nombre de la empresa Boldt.

Boudou fue denunciado por el abogado Ricardo Monner Sans y por los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido, por haber omitido informar estos supuestos hechos a la Justicia. El mismo día, el vicepresidente presentó la denuncia contra Gabbi y el estudio de la familia de Righi.

Marijuán, como fiscal, debía decidir si impulsaba la causa contra el vicepresidente y resolvió no hacerlo: ayer presentó un escrito titulado "Solicita desestimación" ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

También ayer, Ocaña, Garrido y Ricardo Gil Lavedra ampliaron la acusación contra Boudou. Sostuvieron que la denuncia que impone la ley debe hacerse "en un plazo razonable y no cuando al funcionario se le antoja por conveniencia", y pidieron que se lo citara a indagatoria.

Boudou alega que no había advertido la "entidad y seriedad" de los hechos, que sólo comprendió ahora -según él- "a la vista de las actuales circunstancias que rodean al denominado caso Ciccone-Boldt".

"Repárese -dijo el fiscal- que es a partir de lo declarado por Boudou que se conocen las conductas que éste endilga a las diferentes personas."

En cuanto a la demora para denunciarlas, Marijuán afirmó que eso no torna "ilícita" su conducta, en tanto "la oportunidad en que efectivamente se formula una denuncia no resulta relevante" porque no surge de la ley "un plazo específico" para informar los supuestos delitos a la Justicia.

Para los denunciantes, en cambio, los dichos de Boudou "no resisten el menor análisis". Advierten que le concedió otra reunión a Gabbi tras el supuesto ofrecimiento de dinero y que, pese a que dijo que el encuentro fue "violento", después siguió manteniendo una reunión cordial "en distintos actos en conjunto y pueden verse sonriendo en tomas fotográficas y fílmicas". También le reprochan no haber registrado las audiencias con la mujer de Righi y su socia, la mujer de Guillermo Montenegro, pese a que una norma le imponía hacerlo.

Presentación de Rafecas

Las últimas acusaciones públicas de Boudou motivaron, también, una denuncia contra el juez del caso Ciccone, Daniel Rafecas, promovida por el Gobierno ante el Consejo de la Magistratura.

En ese expediente, el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, que era amigo desde hacía 20 años del juez y participaba de la estrategia de defensa de Boudou en el caso Ciccone, presentó 196 mensajes telefónicos cruzados con Rafecas en los que el juez le daba recomendaciones para manejar el caso ante la prensa y sugerencias vinculadas a la causa.

Ayer, el juez presentó un escrito en el Consejo. Dijo que a los fines de que los consejeros estimaran corresponder les adjuntaba recientes manifestaciones realizadas por el fiscal Carlos Rívolo en la causa Ciccone. Lo que Rafecas acompañó, como defensa, fue un escrito del fiscal, que anteayer respaldó formalmente al juez, le anunció que no planeaba recusarlo y afirmó que no advertía ninguna falta de imparcialidad en el magistrado.

Gostanian, a juicio por sobreprecios

El titular de la Casa de Moneda durante el menemismo, Armando Gostanian, y otros tres acusados fueron enviados a juicio oral y público por el presunto pago de sobreprecios de entre el 40 y el 50% en la compra de maquinarias. El monto extra pagado es de por lo menos US$ 1.215.205,42. La medida fue adoptada por el juez federal Ariel Lijo, que además libró exhortos a Suiza, Alemania y Estados Unidos para que se determine si Gostanian y el resto de los acusados poseen cuentas, con el fin de bloquear esos fondos y recuperar el dinero de los sobreprecios. Están acusados además Juan Carlos Kalfaian, Rubén Chorbadjian y Jorge Molina.

La Nacion