Jueves 12 de julio de 2012 | Publicado en edición impresa

¿Quién le pone límites a la Presidenta?

Por Luis Majul | LA NACION

La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, parece no tener límites. Ni políticos ni jurídicos ni institucionales. El deseo presidencial de desplazar al gobernador Daniel Scioli revelado, con intención o con ingenuidad, por el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, debería escandalizar a todo el arco político. Sin embargo, la embestida es tomada con toda naturalidad por el oficialismo, la oposición e incluso los medios. Como si formara parte de los derechos de la jefa del Estado.

Todos los funcionarios con cierta responsabilidad saben que no se puede administrar la provincia de Buenos Aires sin ayuda del gobierno nacional. La Presidenta también. Lo saben desde que en 1996 se "congeló" el Fondo de Reparación del conurbano en 650 millones de pesos, lo que hoy equivaldría a 12.000 millones de pesos por año. Por eso es tan sorprendente que, de un día para el otro, Fernández califique a Scioli como el peor administrador del planeta. O mejor dicho: que empiece a reparar en su "pésima" gestión después de que el gobernador admitiera que tiene pretensiones de sucederla si es que Ella misma no pelea por su propia reelección.
Seamos serios. Scioli tiene un déficit que algunos ubican entre los 8000 y los 12.000 millones de pesos. Pero también la nación que maneja Cristina Fernández tiene un agujero negro. Y según los economistas más precisos, alcanzaría los 80.000 millones de pesos. La diferencia entre Ella y Scioli es que la Nación puede emitir moneda y el gobernador, no. De hecho, la emisión de moneda es lo que, durante los últimos cinco años, le fue colocando el porcentaje a la inflación real. Todos los que la contabilizan calculan que, además de incentivar algo el consumo, la emisión monetaria de 2012 llevará el costo de vida a cerca de un 25 por ciento anual.
En realidad, para ser más serios todavía habría que pedir a la mayoría de las provincias que administraran mejor su presupuesto y evitaran aumentar su déficit cada mes. Uno de los pocos distritos que tienen superávit es la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el jefe de gobierno de la ciudad tampoco duerme tranquilo porque sabe que la administración nacional pretende desfinanciar su presupuesto en tres mil millones de pesos. Ese es el monto que le insumiría a la Ciudad el retiro de la Policía Federal, el traspaso de la administración de los colectivos y los subtes y el quite de los subsidios para el pago de las tarifas de los edificios públicos. Es, ni más ni menos, que "el excedente" que le permite a Mauricio Macri hacer algo de "obra", mostrar una ciudad más "agradable" y lograr mejor imagen y más intención de voto para su futuro proyecto presidencial.
Los talibanes del cristinismo no tienen remedio: se quejan de la ola naranja de Scioli y de la bicisenda y el Metrobús de Macri, pero no explican ni justifican los miles de millones de pesos que gastan en propaganda política, los 4000 millones de pesos que ya se consumieron en el Fútbol para Todos, y los miles de millones de pesos que invierten en publicidad oficial y que distribuyen sólo a los medios amigos. Si Cristina Fernández redujera los subsidios a las empresas de energía y transporte, ahorrara la millonada de pesos que dilapida en publicidad oficial e impulsara una reforma impositiva que hiciera pagar más a los sectores que obtienen superrenta, como las mineras y los casinos, tendría más autoridad moral para exigir a los gobernadores que cuiden más los pesos que recaudan.
Pero detrás de la ofensiva contra Scioli no parece estar sólo el reclamo de mayor eficiencia, sino la pretensión de destruir al gobernador, para evitar que se quede con el poder que Ella maneja sin control y a discreción. Lo único que parece limitar, hasta ahora, su poco democrática manera de ejercer el poder es la desaceleración de la economía y el mal humor creciente de muchos argentinos que no la votaron, y de parte de los que la votaron también. Además parece limitarla la composición del Senado cuando sus proyectos necesitan los dos tercios de los votos, como sucedió cuando no pudo imponer a su candidato a procurador general de la Nación, el impresentable Daniel Reposo. Apropósito: la falta de límites a los golpes de autoridad de la Presidenta incluyen, por cierto, la inacción, desaparición o destrucción de los organismos de control. Y esto abarca no sólo a la justicia federal, donde los fiscales y los jueces tienen cada vez menos autonomía y sienten cada vez más miedo. Esto incluye a la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Sindicatura General de Empresas Públicas, la Unidad de Información Financiera y la Inspección General de Justicia, organismos a los que el Gobierno fue colonizando tal como lo hizo Néstor Kirchner en la provincia de Santa Cruz.
Analistas políticos cercanos al oficialismo presentan casi como una herejía la pretensión de Scioli de competir por la presidencia en 2015, mientras los cristinistas más fieles ya trabajan en la sintonía fina que les permita imponer primero la reforma constitucional y después la reelección. Macri, que considera el intento reeleccionista de la Presidenta un suicidio político, tiene la intención de convocar a los dirigentes de toda la oposición para que, en el momento oportuno, se pronuncien en contra. Hace tiempo que el jefe de gobierno trabaja en un núcleo de acuerdos básicos para ponerle un freno al proyecto "vamos por todo". Muchos peronistas no cristinistas y muchos radicales están de acuerdo con sentarse a conversar, pero ninguno quiere darle a Macri la posibilidad de encabezar la movida. Ricardo Alfonsín y Hermes Binner son los que más desconfían.
En realidad, el escenario de una oposición fragmentada en los momentos clave es lo que más alienta a los soldados de Cristina para trabajar a favor de la continuidad. El prematuro ataque a Scioli es parte de esa lectura política. Al gobernador lo quieren derrotado cuanto antes para que no tenga tiempo de organizar un proyecto alternativo al de Cristina 2015. El plan de mínima es que se subordine de manera completa a las órdenes de la Presidenta. Esto es: una intervención a la provincia de hecho, sin el decreto correspondiente pero con la aceptación de Scioli. El de máxima es que el gobernador tire la toalla antes de las elecciones legislativas del año que viene. Cualquiera de las dos variantes sería perfecta para Cristina Fernández. Sin embargo, resultaría catastrófico para un sistema político cada vez más desequilibrado y con menos contrapesos.
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