Editorial I
Gils Carbó, abanderada del asalto a la Justicia
La jefa de todos los fiscales busca convertir a la Procuración General de la Nación en un apéndice del Poder Ejecutivo
En sus escasos ocho meses al frente de la Procuración General de la Nación, Alejandra Gils Carbó ha convertido a ese organismo del que dependen todos los fiscales en otro apéndice del Poder Ejecutivo, enteramente funcional al concepto presidencial de una Justicia sometida al oficialismo, en consonancia con el aberrante paquete de leyes de la reforma judicial que trata el Congreso y que ella defiende a ultranza.
En su constante búsqueda de protagonismo político, la procuradora general hace gala de un alineamiento tan férreo con los deseos de la Presidenta que ha terminado por ubicarse en el extremo opuesto de lo que debe ser la máxima autoridad de los fiscales. De esta manera, se encuentra muy lejos de la solvencia con que se desempeñó su antecesor, Esteban Righi, y muy cerca del estilo de procuradores menemistas como Nicolás Becerra.
En esa línea verticalista no ha vacilado en impulsar Justicia Legítima, una agrupación de jueces, fiscales y funcionarios judiciales afines al kirchnerismo, ni en designar a fiscales incondicionales suyos al frente de unidades que ella creó. Once de ellos serían fiscales subrogantes que no cuentan con acuerdo del Senado, y 18 serían fiscales ad hoc que no pasaron por concursos. Esto le valió la denuncia penal del senador radical por Chubut e integrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "nombramientos ilegales".
La gravedad del panorama puede advertirse en toda su plenitud si se tiene en cuenta el papel fundamental que cumplen los fiscales en tanto encargados de impulsar las investigaciones. Por ejemplo, si ante una denuncia un fiscal no formula el requerimiento, no podrá iniciarse investigación alguna. Poco o ningún avance registrará una causa si el fiscal ha recibido la orden de no impulsarla. Idéntico perjuicio a la Justicia y a la búsqueda de la verdad puede ocasionar el fiscal que no apela un sobreseimiento injustificado.
Días atrás se produjo un grave anticipo de esta línea que propicia la impunidad de importantes personajes del kirchnerismo involucrados en presuntos casos de corrupción. Se trata de uno de los expedientes que hoy más preocupan al Gobierno, el del posible lavado de dinero del empresario kirchnerista Lázaro Báez, involucrado en un primer momento por Leonardo Fariña y Federico Elaskar en el programa Periodismo para todos , que conduce Jorge Lanata.
Esta causa muestra que quienes en su momento criticaron el nombramiento del fiscal Carlos Gonella al frente de la recién estrenada Procuradoría para la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) no estaban equivocados.
El domingo pasado, en el citado programa periodístico, se denunció que el fiscal Ramiro González, quien intervenía momentáneamente en el flamante expediente de presunto lavado, habría sido presionado por Gonella en nombre de Gils Carbó para eliminar de la lista de imputados a Báez, a quien algunos han calificado de testaferro del ex presidente Néstor Kirchner. Luego, González y Gonella lo negaron. Sin embargo, mientras Fariña y Elaskar se encuentran acusados, Báez no lo está.
Tan notoria omisión se encuentra en consonancia con las declaraciones de Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, quien consideró a Báez solamente "un contribuyente más". Ni Báez ni sus sociedades aparecen tampoco en pedidos de informes efectuados por Gonella, en los que requería los antecedentes de las personas físicas y jurídicas vinculadas con el caso. Sin embargo, el nombre de Báez figura en la carátula de la causa. Se trata de un patético debut de la Procelac, creada en diciembre del año pasado.
En su denuncia, el senador Cimadevilla acusó a Gils Carbó de haber "violentado las disposiciones que regulan la estructura del Ministerio Público Fiscal" al haber "procedido «manu militari» a la designación de sujetos sin concurso de antecedentes y oposición previo y sin acuerdo senatorial. La burda maniobra pone en evidencia el autoritarismo [...], desconociendo y despreciando todo límite constitucional y legal a sus deseos e intenciones, que no son otros que la creación de una estructura ilegal paralela al Ministerio Público Fiscal existente". Añadió que la procuradora estableció "categorías no previstas por la ley", como "fiscales ad hoc", afectando "los derechos e intereses de los designados regularmente" y exponiendo a la "nulidad" la actuación del Ministerio Público. Concluyó que, con este proceder, pone en serio riesgo la validez del proceso de juzgamiento de los imputados de delitos de lavado de dinero". Cimadevilla radicó su denuncia ayer. Hoy, la denunciada se apresuró a aprobar un nuevo régimen de concursos para la selección de fiscales, apuro que algunos observadores interpretaron que podía obedecer a la grave denuncia del legislador.
Ya en su puesto anterior de fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Nación, Gils Carbó recibió muchas críticas, e incluso denuncias ante la Procuración General de la Nación. A diferencia de Daniel Reposo, el frustrado candidato a suceder a Righi, ella cuenta con una cierta idoneidad técnica, pero es su concepción de la Justicia la que constituye un peligro para la República.
Tras la reforma de 1994, la Constitución estableció que la Procuración es independiente y debe promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad. Gils Carbó debería tenerlo en cuenta. El Ministerio Público no puede ser otro brazo del Poder EjecutivoLa Nacion
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