Unánime rechazo de entidades a la reforma
Un amplio abanico de entidades civiles, empresarias, jurídicas y académicas coincidieron ayer en expresar su rechazo al núcleo de la reforma Judicial que impulsa el Gobierno y denunciar las consecuencias que la iniciativa acarreará sobre la independencia de los magistrados y los derechos de los sectores más vulnerables.
Una de las exposiciones más detalladas fue realizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA), a través de una declaración en la que destacó que los objetivos de la reforma judicial esquivan el principal reclamo de la sociedad: una Justicia más ágil y "eficaz contra la impunidad".
La institución cuestionó que la reforma en la elección de miembros del Consejo de la Magistratura "puede conducir a una indeseable partidización de los jueces" y que los cambios en las mayorías para la toma de decisiones "privaría" al organismo de los "diálogos necesarios" para llegar a consensos con mayor legitimidad.
También se preocupó por los retrasos que podrían generar las nuevas cámaras de casación, así como por las "nuevas formas de indefensión" derivadas de la limitación de medidas cautelares.
A tono con estas críticas, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires exhortó a los diputados a "rechazar esta reforma de corte autoritario", tras considerar que "implicará colocar virtualmente en comisión a los jueces y transformar a los derechos y garantías en meros permisos de uso".
Otro de los documentos más contundentes a la hora de cuestionar las consecuencias del proyecto kirchnerista será difundido hoy a través de una solicitada titulada "¿Justicia para todos?", con la firma de una veintena de entidades civiles, jurídicas y científicas.
"Las reformas previstas al Consejo de la Magistratura se orientan a someterlo a los vaivenes de la política", dice uno de los párrafos de la solicitada, que también advierte sobre las consecuencias "agraviantes para los jubilados" de las nuevas cámaras de casación.
Las entidades agropecuarias también se sumaron al debate. La Sociedad Rural advirtió que los cambios "envuelven un grave riesgo institucional al intentar barrer con la independencia de la Justicia". Por su parte, la Federación Agraria denunció el "trámite exprés" de la iniciativa, y advirtió que podría transformar a la Justicia en un poder "manejado desde el Ejecutivo". Ambas entidades convocaron a marchar hoy hacia el Congreso.
Al coro de críticas se sumó el Movimiento Productivo Argentino. Con la firma del ex presidente Eduardo Duhalde, advirtió: "El Poder Ejecutivo pretende domesticar al Poder Judicial, de la misma manera que ya lo ha hecho con otros sectores de la vida política, económica y social del país".La Nacion
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