Amenaza de sanciones
Harán juicio a empresas que operen en Malvinas
El Gobierno denunciará a las que participen en la búsqueda de crudo
El gobierno de Cristina Kirchner anunció ayer que iniciará acciones administrativas, penales y civiles, dentro del
país y en el exterior , contra empresas petroleras, accionistas, bancos, consultoras, aseguradoras e inversores de cualquier tipo que se involucren en la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas. Busca desalentarlos a invertir en la zona donde existe un conflicto de soberanía.
La medida fue anunciada por el canciller Héctor Timerman y avanzó un paso más en la escalada diplomática con
Gran Bretaña . "La idea es disuadir a potenciales inversores por los riesgos que implica el conflicto irresuelto", dijo a LA NACION un allegado a Timerman.
Pocas horas después, la Presidenta viajó a Chile. Procurará allí que el presidente de ese país, Sebastián Piñera, ratifique su apoyo a la Argentina por la disputa de soberanía luego de haber recibido fuertes presiones británicas.
Apenas se conoció la noticia, el gobierno del Reino Unido informó por medio de sus voceros oficiales que la exploración de hidrocarburos "es un emprendimiento comercial legítimo". Y, además, ratificó que "el gobierno británico apoya el derecho de los habitantes de las islas Falkland [Malvinas] a desarrollar su sector de hidrocarburos". La gestión de David Cameron sostuvo que "este derecho es una parte integral del principio de autodeterminación, que está expresamente contenido en la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos".
La ofensiva judicial argentina, dentro y fuera del país, alcanzará a las empresas que realizan perforaciones y explotación de petróleo en la zona de las islas y a firmas, inversores y bancos que les brindan apoyo logístico, aseguradoras, auditorías, servicios financieros, inversionistas, asesoría y consultoría en general, según explicó Timerman.
Por orden de Cristina Kirchner, el canciller anunció en conferencia de prensa el Plan de Acciones Legales del Estado nacional, que incluirá, dijo, "denuncias penales, civiles y administrativas". Y agregó que Gran Bretaña realizó "actividades ilegítimas" y otorgó "licencias ilegítimas" desde 1998 cuando "perforó seis pozos" en busca de petróleo.
Señaló que fueron "actividades unilaterales contrarias al acuerdo firmado en 1995" con la Argentina.
"Queremos que Gran Bretaña cumpla la resolución 2065 de las
Naciones Unidas (ONU) y defendemos los recursos naturales del pueblo argentino", enfatizó Timerman. Aquella resolución fue la que ordenó a ambos países iniciar negociaciones por la soberanía sobre las Malvinas.
Detalló, además, que las cinco compañías petroleras involucradas son Falkland Oil Gas, Argos, Rockhopper, Desire y Borders and Southern.
"La ley en todo el mundo dice que quienes recomiendan inversiones tienen que explicar sobre los riesgos de cada una y deben informar que hacen acciones ilegales", agregó el canciller.
La estrategia será instrumentada por la Procuración del Tesoro, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Secretaría de Energía y la Procuración General de la Nación.
El plan de acción incluirá el envío de notas de advertencia y asunción de riesgo sobre sanciones civiles y penales a empresas potencialmente interesadas en esas actividades; a sus accionistas institucionales; a las cámaras empresariales, y a todos los entes reguladores bursátiles.
"Esta estrategia judicial no se limitará a acciones en la Argentina, sino también en el exterior", dijo Timerman, "a fin de multiplicar el efecto disuasorio".
Según explicaron a LA NACION en la Cancillería, a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV) se solicitará que la Bolsa de Valores de Londres instruya a las empresas que coticen en sus mercados bursátiles e informen sobre los riesgos por estar contraviniendo las acciones de la ONU y la legislación de la Argentina.
Timerman explicó la existencia de varios niveles de responsabilidad empresaria del negocio petrolero: las exploradoras, que facilitan la inversión, y las de análisis de riesgo.
El conflicto
La escalada diplomática que dispuso la Presidenta coincide con que el 2 del mes próximo se cumplirán 30 años de la
Guerra de las Malvinas .
En diciembre pasado, Cristina Kirchner logró que todos los países del Mercosur les prohibieran ingresar en sus puertos a los buques con banderas malvinenses. Ese bloqueo fue respondido por Londres con el envío del HMS Dauntless, uno de los buques de
guerra más sofisticados de su flota, y la difusión de ejercicios militares en las islas en los que participó el príncipe Guillermo, duque de Cambridge y segundo en la línea de sucesión de la monarquía.
El Gobierno denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU "la militarización" de las islas y recientemente ofreció negociar tres vuelos semanales de Buenos Aires al archipiélago con Aerolíneas Argentinas.
Se intenta reemplazar así la conexión semanal de LAN desde Punta Arenas. Gran Bretaña y Chile lo rechazan por ahora. Cristina Kirchner busca que, entretanto, la ONU se pronuncie.
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La Nacion
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