Los gobiernos kirchneristas sólo contestaron el 12% de los pedidos de informe desde 2003

El año pasado, el gobierno de Cristina Kirchner no respondió ante ninguna solicitud de información de la Cámara de Diputados; distintos legisladores denuncian que obtener datos es una misión "casi imposible"

Por Diego Granda

Según nuestra Constitución Nacional, la Republica Argentina se sostiene en la división de tres poderes. La separación entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, implica, no sólo la distribución de facultades y funciones del Estado, sino también el control de las responsabilidades de cada uno.

Los mecanismos de control sirven para garantizar la independencia de cada Poder y el cumplimiento de las responsabilidades que les fueron asignadas por nuestra Carta Magna. Uno de esos instrumentos de control es la facultad constitucional de los legisladores de pedir informes o explicaciones sobre distintos asuntos que atiendan al país, a los ministros o secretarios del Gobierno.

Los pedidos de información son presentados por un legislador o un grupo de ellos; luego, si son aprobados en la Comisión correspondiente y en la sesión plenaria de la Cámara, se los envía al Ejecutivo para que sean respondidos.

Ejemplos de los últimos pedidos de informe y explicaciones al Ejecutivo nacional por parte del Congreso fueron, entre otros, el pedido al Ministro de transporte, Juan Pablo Schiavi, por información sobre el estado de las concesiones en el sistema ferroviario bonaerense; la citación al Vicepresidente Amado Boudou a que declare por la denuncia de corrupción con la empresa Ciccone; o el pedido a la Ministra de seguridad, Nilda Garré, para que explique la presunta red de espionaje "Proyecto X " de Gendarmería Nacional.

Según presentó la Fundación Nuevas Generaciones , desde el comienzo del período parlamentario en 2003 hasta diciembre del año pasado, es decir, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, se presentaron el la Cámara de Diputados de la Nación 8391 pedidos de informe, pero sólo 1740 fueron aprobados; es decir, sólo el 17.5%.

Pero la situación es aún peor, el Poder Ejecutivo sólo respondió a 1055 solicitudes de información. En síntesis, en la gestión K sólo se respondió al 12% de los pedidos de informe.

El gráfico anterior muestra la cantidad de pedidos de informe aprobados en la Cámara baja. Ahora bien, no todos los pedidos de informe aprobados por Diputados fueron contestados por el Gobierno. Durante 2003 y 2011, casi un 30% de los pedidos a Ministros y Secretarios del Gobierno permanecen sin respuesta. Y el dato más alarmante es que en 2011 -durante el período de sesiones ordinarias del Congreso- el gabinete de Cristina Kirchner no ha respondido ningún pedido de informe de la Cámara baja.

Un punto importante a destacar es que tanto la aprobación de pedidos de informe como la respuesta de los mismos se hace esperar mucho tiempo, incluso años. Esto produce que las soluciones lleguen tarde. El caso más claro es la tragedia de Once de la semana pasada, que dejó 51 muertos y más de 600 heridos. Luego del choque del tren de la línea Sarmiento se supo que existían numerosas solicitudes en la Cámara baja sobre el estado del sistema ferroviario bonaerense y sus concesiones.

"Un pedido de informe no aceptado puede terminar con una o más vidas, y eso quedó claro en la tragedia de Once", sentenció el diputado Enrique Thomas, presidente del bloque Frente Peronista.

Al respecto, Federico Pinedo, presidente del bloque del PRO, dijo que estos números significan "un índice de democracia que nos muestra el mal estado de salud de nuestras instituciones", a la vez que aseguró que "antes de la llegada del kirchnerismo, los pedidos de informe como herramienta de control en el Congreso no se discutían, se aprobaban".

Según la fundación Nuevas Generaciones , encargada de arrojar estos índices, se da en el país una situación de "monopolización del poder por parte del Gobierno, en el cual los legisladores han perdido su facultad de representatividad" y por esto "el sistema republicano se encuentra debilitado".

La Organización propone que cuando un pedido de informe sea acompañado por la firma de al menos 30 diputados sea enviado directamente al Poder Ejecutivo; y, además, plantea fijar un plazo de diez días para contestar el pedido.


La Nación