El avance sobre la Justicia / Impacto en el fuero previsional
Advierten que se demorarían más los juicios de los jubilados
Abogados previsionalistas creen que no se justifica crear una Cámara de Casación y que habrá efectos negativos
Por Silvia Stang | LA NACION
Casación en el fuero que tramita los juicios de jubilados contra el Estado provocó un fuerte rechazo entre abogados y expertos en temas previsionales, que advierten que la resolución de litigios podría demorarse por lo menos dos años más respecto de los ya largos plazos del trámite. La iniciativa, sostienen, se suma a diferentes estrategias que tomó el Gobierno a través de acciones de la Anses -como la recurrente recusación a un juez camarista durante un año y medio, finalmente rechazada por la Corte- que provocaron la dilación de los tiempos para miles de expedientes.
En caso de aprobarse la ley, al verse afectada por un fallo de segunda instancia, la Anses (o la parte reclamante) podría interponer en la nueva cámara recursos "de casación, inconstitucionalidad y revisión". Podrían derivarse allí causas sobre cuestiones en las que hay disparidad de criterios entre los jueces del fuero. Y podrían llegar expedientes por otras razones, como la consideración de que son erróneas la interpretación de una ley o la forma procesal, o la acusación de "arbitrariedad" de una sentencia. Según aclara el proyecto, la vía podrá utilizarse con los juicios que ya están en trámite.
Como el recurso de casación entra en juego cuando existe algún conflicto en la aplicación de la ley o de la doctrina legal, se entiende que no llegarían a tal instancia, al menos por ese causal, los juicios sobre reajustes de haberes, porque la Corte ya se expidió sobre el tema, provocando que los jueces dicten fallos con criterios ya definidos. Sin embargo, no todos los reclamos sobre un tema son iguales, y de hecho, si bien la Anses se había comprometido a no apelar los fallos referidos a la aplicación del criterio Badaro (sobre ajustes jubilatorios por el período de 2002 a 2006), luego siguió interponiendo recursos en muchos casos, con el argumento de que los expedientes incluyen otros pedidos.
Por eso, y dada la manera en que se manejó el Gobierno respecto de los juicios previsionales -la propia Presidenta llegó a calificar de buitres a los jubilados reclamantes-, los abogados temen que la vía sea en gran medida utilizada.
Desde la Asociación de Abogados Previsionalistas manifestaron, ante la consulta de LA NACION, su "absoluto desacuerdo" con la proyectada Cámara de Casación, que es considerada "un elemento burocrático" más.
Por su parte, el abogado Adrián Tróccoli, del estudio Sobral Tróccoli, estimó que con la nueva cámara, que en la práctica será "una tercera instancia ordinaria", los juicios podrían demorarse dos o tres años más. Un tema causal de reclamos, explicó, sobre el que aún no hay definición de la Corte, es el ajuste que tuvo hasta 2008 la Prestación Básica Universal (PBU) -un componente del haber que se define como un monto fijo-, respecto del cual las salas de la cámara tienen diferentes criterios. Sin embargo, agregó, la propia cámara puede solucionar las diferencias sobre ese u otros temas, por lo que no se necesita la casación. "Si el objetivo fuera acelerar los procedimientos [tal como argumenta el kirchnerismo], la Anses no debería apelar las sentencias", afirmó.
También el abogado Guillermo Jáuregui consideró que se alargarán los juicios, "entre dos y tres años" y lamentó la creación de la casación, dada la recurrencia de las apelaciones de la Anses. El abogado agregó que por cuestiones sobre las que hay fallos diversos puede haber un plenario de las salas de la cámara de apelación, una modalidad que obligaría a los jueces a dictar sentencias en un determinado sentido.
"No tiene ninguna justificación jurídica", opinó la economista y ex diputada nacional Fernanda Reyes (Coalición Cívica), que integró la comisión de control del fondo de la Anses, sobre el proyecto. Agregó que "el único objetivo del Gobierno es garantizarse una instancia judicial adicta, que le permita ganar tiempo para pagar sentencias", y consideró que esto se suma a una política de persecución de jueces", en alusión a las denuncias ante el Consejo de la Magistratura contra dos integrantes de la cámara.
El juez Luis Herrero, miembro de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social (y uno de los acusados por la Anses), evaluó por su parte que si se aprobara la conformación de la Cámara de Casación, todos los casos previsionales serían apelables, porque son cuestiones referidas a derechos y no a hechos, y por lo tanto, sujetas a interpretación de las normas.
El paso por casación no impediría que luego se presenten recursos para que los expedientes sigan su camino hasta la Corte Suprema.
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