El proyecto prevé otra amenaza jurídica

Inesperadamente, el proyecto de reforma que restringe las medidas cautelares incluye una nueva amenaza para las empresas y las inversiones.

Cuando las personas se sienten amenazadas por una ley, un decreto, una resolución o cualquier otro acto del Gobierno, pueden pedirles a los jueces que los protejan y dicten una cautelar. Pero el mismo proyecto que debilita esa garantía contiene un fruto envenenado: establece que será el Estado el que pueda pedir protección y cautelares contra sus ciudadanos y empresas.

Ahora, los medios, los mercados de valores y cualquier otra empresa que realice actividades que el Gobierno, unilateralmente, define de "interés público" estarán en una zona roja de riesgo.

Esta norma, que pasó inadvertida entre un marasmo de tecnicismos, es una verdadera amenaza para empresas y sectores que tienen fuerte presencia social. Cuanto más relevante sea la actividad de la empresa, con más facilidad podrá decir el Estado que realiza una actividad de interés público y más fácilmente podrá pedirle a la Justicia -que controlará por vía del Consejo- que tome medidas contra esa empresa.

¿Acaso el Gobierno se siente amenazado por sus ciudadanos o empresas? ¿Quién es más débil y merece más protección? ¿Es necesario proteger a quien tiene a su disposición todos los resortes legales, funcionarios, legisladores, fuerza pública?

"Es el mundo del revés. El proyecto es tan extraño que, ahora, cualquier firma que preste servicios públicos o realice actividades de simple interés público va a quedar completamente expuesta a las decisiones más intervencionistas y arbitrarias del Gobierno", afirmó Máximo Fonrouge, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Históricamente, siempre fueron los hombres o las empresas, más débiles que el Gobierno y su burocracia, quienes buscaron protegerse frente al Estado. Para eso, entre 1957 y 1966, la Argentina reguló la acción de amparo y, más adelante, otros mecanismos procesales que les dieron a los particulares alguna sensación de seguridad, de que tenían remedios para ir a la Justicia y ejercer su derecho de defensa.

Así, los amparos y las cautelares fueron los instrumentos que, durante décadas, permitieron a los particulares frenar aumentos de tarifas, sacar el dinero atrapado en el corralito, reclamar al Gobierno que le entregue un medicamento, solicitar un reajuste jubilatorio o pedir cualquier tipo de asistencia. En otras palabras, es el individuo protegiéndose contra el Gobierno.

Toda la semana los partidos de oposición criticaron que el proyecto del Gobierno apunta a debilitar ese mecanismo, al acortar los plazos de las cautelares y permitir que el Gobierno, con una simple apelación, deje sin efecto esa protección temporal del derecho. Incluso antes de que transcurran los tres o seis meses por los que el juez puede dar una cautelar, bastará con que el Estado la apele para que esa medida judicial se caiga inmediatamente y el Estado pueda aplicar su ley o decreto arbitrario.

Pero, además, el proyecto incluye un insólito y complicado artículo 17 que crea un nuevo peligro para empresas y particulares.

Esa nueva norma les permite al Estado y a sus entes descentralizados requerir a la Justicia, en cualquier momento y sin plazo alguno, "todo tipo de medidas cautelares" destinadas a "garantizar la prestación de servicios públicos" o la ejecución de "actividades de interés público".

Leído a la ligera, el artículo 17 parece apuntar, simplemente, a que el Estado pueda garantizar la prestación de servicios públicos, como son los de gas, luz, el agua, telefonía o transporte, por ejemplo. Para evitar los efectos de un lock- out patronal o de un paro gremial. Pero, eso, ya está en las leyes y decretos que regulan cada una de esas actividades.

En rigor, la trampa del artículo está en la mención de las actividades de "interés público".

Mientras que los jueces y las leyes siempre definieron con claridad qué es un servicio público, nunca quedó en claro cuáles son las actividades de interés público, con lo cual el Gobierno puede meter a cualquier empresa que quiera en esa zona de riesgo.

Por ejemplo, fabricar papel para diarios, elaborar leche en polvo, faenar carne, emitir programas de radio y televisión, o fabricar tubos de acero son, en realidad, actividades empresarias particulares, sometidas a las reglas de mercado en cuanto a la fijación de precios y volúmenes. Lo mismo, por ejemplo, la actividad de los mercados de valores y las bolsas de comercio.

Pero si el Gobierno, la Comisión Nacional de Valores o cualquier ente regular entendiese y definiese unilateralmente que esas actividades son de interés público, podría presentar un contra amparo y requerir medidas cautelares, con lo cual podría afectar seriamente a esos sectores.

Claves de las cautelares

La letra fina de los proyectos presenta una serie de dudas

Servicio público
Una de las iniciativas presentadas por la presidenta Cristina Kirchner regula el uso de las medidas cautelares. En el proyecto se aclara que el Estado podrá presentar un contraamparo en casos en los que se vea afectado un servicio público o ante una empresa que tenga como finalidad el interés público

Artículo polémico
El artículo 17 de la ley que limita los amparos deja abierta la puerta para que en un caso de un lock-out patronal o de un paro gremial el Estado puede anteponer una medida cautelar, aunque esas actividades estén reguladas por otras leyes

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