El análisis
Jueces y espías se sublevan
Por Joaquín Morales Solá | LA NACION
ristina Kirchner está desmesuradamente enojada. Implacable y arbitraria, agarró a Daniel Scioli (¿también a Sergio Massa?) como juguete de su furia. Las razones profundas de su rabieta están muy lejos de Scioli o de Massa. Se le han sublevado la Justicia y los servicios de inteligencia; a veces, hay pasajes subterráneos que vinculan a jueces y espías. La sociedad está enfadada con ella por la persistencia del delito y la chapucería de su gobierno en el manejo de la economía.
La Presidenta lo advierte, aunque sólo puede dar manotazos de desesperación. Decisiones que no construyen nada nuevo. La precisión oficial es monotemática: ahora sólo le importa consumar un golpe definitivo contra el Poder Judicial.
El síntoma evidente de la rabia presidencial fue el más brutal ataque directo y público que le haya dedicado a Scioli como gobernador. Le reclamó que no la defendiera públicamente por las denuncias de corrupción que involucran a Lázaro Báez y a su familia. No lo dijo así, pero lo deslizó. Cristina nunca se defendió de esas acusaciones. ¿Por qué la debería defender Scioli? ¿No puede ella, acaso, defenderse sola cuando ni siquiera lo intentó?
El próximo escándalo la espera lejos de ahí. La elección popular y partidaria del Consejo de la Magistratura está suspendida. Dos jueces, uno de Mar del Plata y otro de San Nicolás, le aplicaron cautelares para frenarla. Antes, declararon inconstitucional la reforma que eliminó las cautelares. Esa elección ya no es posible, según las resoluciones judiciales vigentes. La reforma judicial, por consiguiente, perdió todo su atractivo para el cristinismo. Si no hubiera ahora elección de consejeros, al Gobierno no le quedará otra alternativa que retroceder con la reforma de la Justicia. ¿Para qué la querría en 2015, cuando otro gobierno podría alzarse con el poder y con la Justicia?
La Corte Suprema ignora qué le llegará primero. Preferiría, sin embargo, que fuera una sentencia sobre la cuestión de fondo. Es decir, sobre la constitucionalidad -o no- de la elección popular de los consejeros, de la futura integración del Consejo y de las eventuales mayorías para investigar y suspender a los jueces. La sentencia que camina hacia esa dirección es la de la jueza María Servini de Cubría, que congeló un pedido de cautelar porque está dispuesta a resolver el fondo del problema. La jueza pidió la opinión del Gobierno en un planteo de inconstitucionalidad presentado por el Colegio de Abogados de la Capital. Le dio cinco días, que vencerán en las primeras dos horas hábiles del próximo viernes. Colaboradores de la magistrada aseguraron que ella está dispuesta a firmar una sentencia en las 48 horas hábiles posteriores a ese plazo.
Los jueces suponen que serán todos interinos si se aplicara la reforma del Consejo de la Magistratura. Quedaremos en comisión, resumió uno de ellos. En comisión significa que podrían seguir o que sus cabezas podrían ser cortadas por una guillotina rápida y fulminante. Con los fallos de primera instancia que frenaron la elección de consejeros, ¿el Gobierno pedirá el per saltum a la Corte Suprema? Es dudoso. Sin una sentencia de la Corte, el cristinismo podría ignorar los fallos de instancias inferiores y seguir adelante con la elección cuestionada.
Un dictamen del fiscal Jorge Di Lello, un viejo militante del peronismo, abrió una senda para la rebeldía del Gobierno. Di Lello, fiscal del juzgado electoral, se negó a opinar sobre el Consejo de la Magistratura como se lo había pedido Servini de Cubría. Algunos de sus argumentos son comprensibles. Es amigo personal de uno de los firmantes del planteo de inconstitucionalidad. Alarmó un párrafo final de su excusación: subrayó que su opinión podría considerarse como la defensa de un interés particular y que podría tomarse como una reacción de la corporación judicial. Esas razones le podrían servir al Gobierno para recusar a todos los jueces, salvo a la Corte Suprema. La modificación del Consejo de la Magistratura no pone en riesgo la estabilidad de la Corte; sólo el Congreso puede cambiar al máximo tribunal.
La Corte está dispuesta a resolver la cuestión antes de que venzan los plazos electorales, pero podría serle difícil tomar el problema sin un per saltum. ¿No habrá un juez bueno que dicte la constitucionalidad de la reforma para que la oposición pida el per saltum?, preguntó, medio en broma, medio en serio, un magistrado de primera instancia. Servini de Cubría habilitará los feriados del 20 y el 21 de junio, y el sábado 22, para inscribir a los candidatos a las primarias de agosto. El 22 vencerá ese plazo. La Corte podría habilitar esos días también para resolver sobre la constitucionalidad de la elección de consejeros. La Justicia corre detrás de plazos muy cortos; nunca haría eso si estuviera dispuesta a permitir la elección popular de los futuros consejeros.
La eventual reacción de la Presidenta ante otra derrota judicial y política, como fue la del 7-D con la ley de medios, es imprevisible. En las capas más altas de la Justicia no se descarta ni siquiera una desobediencia lisa y llana al mandato de los jueces. Cristina está cansada, como ella misma lo aceptó, pero de lidiar con un Estado que accionó, por primera vez, dispositivos de indisciplina. Una de las mayores pataletas presidenciales de los últimos días la provocó el fiscal especial para el crimen de la AMIA, Alberto Nisman, que desarticuló con 500 páginas bien fundamentadas cualquier argumento a favor de un acercamiento con Irán.
Los servicios de inteligencia también están furiosos con su presidenta. Ellos contribuyeron a la pesquisa de Nisman, con la colaboración del espionaje extranjero, y ahora corren el riesgo de quedar todos expuestos ante el vengativo régimen de Teherán. En rigor, Nisman venía trabajando en su dictamen de la semana pasada desde antes del acuerdo con Irán. El trabajo del fiscal se basa, además, no en rumores de espías, sino en datos comprobables, como cruces de llamadas telefónicas o movimientos de cuentas bancarias de los sospechados.
La SI (ex SIDE) estaría haciendo las correcciones finales de un también duro informe a la Corte Suprema de Justicia sobre la voladura de la embajada de Israel. El culpable es el mismo: Irán. La oportunidad no es casual; no hay casualidades en el mundo del espionaje. Ese informe podría darle también nuevos elementos a la causa de la AMIA. Jueces conocedores de los secretos tribunalicios aseguran que algunos fallos recientes que arrinconaron a la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, tendrían la instigación, al menos, de los servicios de inteligencia.
El acuerdo con Irán debería caer. Las conclusiones de Nisman son demoledoras y, además, Irán no cumplió con la promesa de someter el pacto a la aprobación de otros cuerpos de su Estado. A pesar de lo que asegura Héctor Timerman, Interpol no levantó el pedido de captura internacional de seis jerarcas iraníes. Sólo lo haría por un pedido del fiscal y del juez que reclamaron esas capturas. Éstos no harán eso. Pero Cristina nunca acepta un fracaso. Tomó el documento Nisman como una agresión personal.
También se enojó cuando la Justicia le contestó que no a un pedido perentorio: el sobreseimiento de Amado Boudou en el caso Ciccone. Los jueces no tienen vocación de ir presos, le respondieron. Es lo que sucedería con cualquier magistrado que sobreseyera ahora a Boudou, vencido por la carga de las pruebas. ¿Por qué el interés de Cristina por la suerte judicial de Boudou? ¿No quiere asumir ese error histórico? ¿O todavía imagina como candidato, ahora o en 2015, a quien rechaza el 80 por ciento de los argentinos?
Los malos augurios para la próxima elección ya la obligaron a tirar por la ventana el garantismo que gobernaba el Ministerio de Seguridad con Nilda Garré. Arturo Puricelli y Sergio Berni son hombres más pragmáticos, que podrían usar la mano blanda o la dura según sus conveniencias. Agustín Rossi terminó en Defensa porque no puede hacer nada en las elecciones de Santa Fe, donde tampoco quiere presentarse María Eugenia Bielsa, la más taquillera de los peronistas santafecinos. Cristina Kirchner está encerrada en el mismo ciclo de todos los gobiernos largos. Empiezan convocando a los mejores; siguen rodeándose de amigos, y terminan con los que quedan
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