Nuevo revés judicial para Moreno por la manipulación en el Indec

Viernes 14 de junio de 2013 | Publicado en edición impresa

Sentencia

Nuevo revés judicial para Moreno por la manipulación en el Indec

Un fallo en segunda instancia dictaminó que el organismo debe reinstalar en su cargo a la ex coordinadora del IPC Nacional, Marcela Almeida, y pagarle una multa

Por Francisco Jueguen  | LA NACION



uillermo Moreno volvió a sufrir un revés en la Justicia. Mientras el Indec elabora un nuevo índice de precios a nivel nacional para evitar más sanciones del FMI, se conoció ayer una sentencia judicial que obliga al cuestionado organismo a reinstalar en su antiguo puesto a la ex coordinadora del IPC Nacional desplazada, Marcela Almeida, y a pagarle una multa por "daño moral".

La sentencia a la que accedió LA NACION fue redactada por la sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y ratificó en forma completa las decisiones tomadas por otro fallo de primera instancia que favorecía a Almeida.

"No puedo sino concluir que la actora fue víctima de un trato persecutorio y/o discriminatorio como consecuencia de los reclamos que efectuaran los trabajadores del Indec, por su participación en los conflictos colectivos que allí se plantearon y su postulación para un cargo de representación sindical", afirma la sentencia.

"Resulta inadmisible validar la comisión de actos o prácticas discriminatorias, persecutorias o que vulneren la dignidad de la persona humana en cualquier ámbito que se desenvuelva y obviamente, también en su vida laboral, sea su empleador privado o ente público", confirma la cámara.

El fallo reafirma, además, que Almeida fue víctima de fraude laboral porque comenzó a trabajar en el Indec en julio de 2003 con un "contrato fraudulento" entre ese instituto y la Dirección General de Estadística y Censos (Dgeyc) de la ciudad de Buenos Aires -que depende de Mauricio Macri- pese a que cumplía "tareas propias del plantel permanente del organismo".

Según explica la sentencia, esa inestabilidad laboral facilitó "las prácticas persecutorias y discriminatorias" de las que comenzó a ser víctima luego de la intervención de facto del instituto estadístico, a fines de enero de 2007.

Almeida fue uno de los testigos clave en las investigaciones en la causa federal contra el falseamiento de los índices de inflación en el Indec y fue desplazada de su puesto a fines de 2007, cuando le quitaron sus tareas, su password para ingresar en el sistema estadístico, su escritorio y el personal a su cargo.

El caso de Almeida volvió a tomar notoriedad en las últimas semanas debido a que la Dgeyc porteña decidió dar de baja su contrato de trabajo, por lo que, además de desplazada, la técnica no cobra su salario desde hace unos tres meses.

"Es lo máximo que esperábamos. Sabíamos que teníamos razón desde hace cinco años, cuando empezamos este juicio", dijo Almeida. La técnica no sabe todavía cuándo será reincorporada -por medio de un vínculo laboral que no contradiga la ley- ni cuándo volverá a recibir su salario. "Va a haber que pelearla. Nada será automático."

El fallo de cámara afirma que, como indicara el juez Osvaldo Rappa, de primera instancia, la condena a reinstalar a la trabajadora "debe ser confirmada". Y agrega: "A esta altura no se puede soslayar la participación que le cupo a la modalidad contractual implementada con relación a la actora, que ha tenido vinculación y proyectado sus efectos en la persecución y en los actos y conductas discriminatorios reseñados". En ese sentido, el fallo de la cámara hace responsable "solidariamente" por el daño moral al gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y lo obliga, junto con el Indec, a afrontar las consecuencias patrimoniales, o sea una multa que llega a los 40.000 pesos

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