Incesante fuga de presos y la política de hacer la vista gorda

Editorial I

Incesante fuga de presos y la política de hacer la vista gorda

Urge atender las deplorables condiciones de los penales y trabajar seriamente para terminar con la connivencia entre detenidos y agentes carcelarios


El 21 de octubre de 2008, el ingeniero Ricardo Barrenechea fue asesinado de cuatro tiros en su casa de Acassuso. Uno de los presos por ese crimen, Daniel Danese Benítez, acaba de fugarse de la cárcel donde purgaba una condena a 38 años de prisión por haber sido hallado responsable, además de la muerte del ingeniero, de otros diez hechos violentos cometidos por la misma época.

Según se supo, Danese Benítez dobló los barrotes de su celda y se descolgó desde los siete metros que mide el muro perimetral de la Unidad 9, cercana a la ciudad de La Plata, con sábanas anudadas.

Esa descripción que dieron las autoridades es inexplicable por donde se la analice. La Unidad 9 no es una comisaría desprotegida en el medio del desierto. Es una cárcel de la que sólo se puede huir con la complicidad de alguien. Por esa razón, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) abrió un sumario para hallar a los responsables de haberle franqueado la salida al preso. Pero más allá de las sanciones que puedan aplicarse, lo cierto es que el preso se escapó, como también lo hicieron muchos otros desde lo que va del año, otra muestra gravísima del escaso interés de l as autoridades por afrontar de manera decisiva y contundente el flagelo de la inseguridad y de la corrupción carcelaria y policial.

El poder político no puede ni debe pararse frente a esta situación diciendo solamente que hará los correspondientes sumarios. Esa actitud no difiere mucho de hacer la vista gorda. Hay una falla de origen de este desmanejo y es la que impone el propio Estado, que abandona a su suerte a las víctimas porque no las protege ante posibles delitos, o porque no cumple con su obligación de hacer respetar la ley, en penales en condiciones de seguridad y de detención apropiadas, con miras a la resocialización de los presos.

No se trata de penas duras o menos duras, sino de hacerlas cumplir. A esta altura de los acontecimientos resulta provocador y representa una burla a la ciudadanía, la pretensión de las autoridades de "naturalizar" las fugas de presos como parte de un sistema corrupto al que se intenta combatir. No se lo está haciendo, al menos como se debe.

El caso de Danese Benítez fue precedido por otras fugas inverosímiles. Presos que se escaparon rompiendo los techos de los calabozos, haciendo un boquete en una celda, tras una pelea en la que los esperaba un remise en la puerta del penal, cortando alambres perimetrales... Como si se tratase de situaciones que nadie puede prevenir o, lo que es peor, que nadie quiere ni va a hacer nada para evitar.

En nuestro país se viene registrando un peligroso crecimiento del malestar social respecto de la falta de seguridad. En los últimos días hemos visto varios casos de justicia por mano propia de ciudadanos que, ante la inacción policial, se ensañan con el delincuente hasta dejarlo inconsciente. Es gravísimo que ello ocurra. Las autoridades deben tomar nota de esta reacción directamente vinculada con el sentimiento de enorme desprotección, con la falta de ejemplos y de justicia.

A comienzo de enero de este año ya se habían contabilizado 30 fugas en el país, muchas de las cuales, como las últimas registradas, llamaban la atención por la facilidad con que se produjeron y las explicaciones absurdas de los responsables de la vigilancia de esos presos (uno se escapó dentro de un armario, otro al dar un examen fuera del penal y otro con una pierna enyesada).

En 2013 se verificó un promedio de 11 evasiones mensuales y 134 reclusos fugados. Tan sólo el 1° de enero de este año se fugaron nueve presos, seis de ellos en Santa Fe. Hace pocas horas, otros dos internos se escaparon tras limar barrotes de una ventana en un penal de Bariloche, uno de los cuales ya se había evadido de la cárcel hace más de un mes y fue recapturado.

Esta situación nos habla, en principio, de dos cosas. En primer lugar, como hemos venido reiterando en nuestras columnas editoriales, que no hay voluntad para luchar contra el auge de la delincuencia. Y, en segundo término, que el castigo a los culpables se licua entre la propia inercia del fracaso y, lo que es aún más grave, de la complicidad de quienes debieran custodiar y evitar las fugas.

No debería extrañar que, en un país donde se esconden las cifras de criminalidad desde hace casi cinco años, haya cada vez más fugas de presos. No debería extrañar tampoco que haya evasiones cuando se ha visto a presos participar de reuniones festivas y mitines políticos de la mano de sus principales guardianes. No debería extrañar, pero sí debe preocupar. En cuanto a las recapturas -que, por cierto son pocas- no admiten seguir siendo mostradas como un triunfo de las autoridades. Lo que hay que hacer es evitarlas y terminar con los aceitados engranajes de complicidad que involucran a delincuentes con guardiacárceles y policías.

Se necesita más que sumarios administrativos. Hace falta un saneamiento de las fuerzas de seguridad, lo que incluye los servicios penitenciarios, y un debido reconocimiento a quienes cumplen correctamente su tarea. Se necesitan cárceles apropiadas, tanto para la resocialización de los presos como para el cumplimiento de las condenas que imponen los jueces. De lo contrario, la sensación de impunidad se irá tornando cada vez más fuerte, el delito seguirá "drenando" de las mismas cárceles y el consenso social podría correr serios riesgos.

Es hora de sinceramientos profundos y de medidas perentorias

La Nacion

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