Polémica por una ola de expropiaciones promovida por el gobierno de La Rioja

Estrategia

Polémica por una ola de expropiaciones promovida por el gobierno de La Rioja




















n el guiño del gobierno de Cristina Kirchner, el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, dispuso desde 2011 centenares de expropiaciones a inmuebles , plantas industriales, campos, lotes o viviendas, que desataron conflictos judiciales y reclamos de empresarios ante la Casa Rosada, que defiende la estrategia "productiva" de sus aliados riojanos .

El argumento de Beder y del Gobierno es que en La Rioja debe intervenir el Estado en la economía, en la obra pública y en la constitución de empresas estatales de producción agroindustrial: son las llamadas Sapem, sociedades anónimas de participación estatal mayoritaria. La sospecha es que muchas fueron asignadas a amigos del poder.

Mediante leyes provinciales de "utilidad pública" y "expropiación urgente", Beder Herrera avanzó sobre la estancia Santa Rita, de Vicente Mario Gueimunde, de 398 hectáreas; 17 inmuebles de 71 hectáreas en Castro Barros; 35 inmuebles y empresas del Parque Industrial, y 57 hectáreas en el barrio Santa Catalina, entre las más conflictivas (ver aparte).

En casi todos los proyectos, decretos o resoluciones aparecen las firmas de Beder Herrera, de su secretario de Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, y sus ministros de Hacienda, Ricardo Guerra, y de Infraestructura, Néstor Bosetti.

Puy Soria dijo a LA NACION que "hay dos tipos de expropiaciones: por saneamiento de títulos, que es administrativa y técnica, para adjudicarla al poseedor mediante las leyes 6595 y 8244, de ésas hacemos 3000 o 4000 escrituras por año".

"El otro caso es el de las leyes de utilidad pública, como en el Parque Industrial. Al terminar el diferimiento impositivo, algunos galpones quedaron vacíos, algunos por quiebras fraudulentas", dijo Puy Soria. "Cumplida la finalidad para la cual habían sido adjudicados, el gobierno los recupera", señaló. No informó la cantidad de casos, pero defendió todas las expropiaciones (ver aparte).

Sin embargo, la provincia también avanzó sobre el Club Hípico de La Rioja para ampliar el Parque de la Ciudad Luis Beder Herrera; sobre 50 hectáreas del Country Club La Rioja; sobre decenas de propiedades en Chilecito; 338 hectáreas de Tadeo Turco en Michigasta, y decenas de propiedades en Guandacol, Aimogasta, Malligasta, Sanagasta, Chamical y Arauco, entre otras.

El diputado radical Julio Martínez aseguró a LA NACION que "en La Rioja no hay seguridad jurídica". "El gobierno de Beder Herrera expropia y no paga las propiedades", agregó. "En algunos constituyen una Sapem, en otros construyen espacios públicos y en otros, posesiones veinteañales con testaferros", dijo.

Se generaron por ello decenas de causas judiciales, pero en los tribunales riojanos no prosperan. "Mucha gente está descreída y ni siquiera lo denuncia", dijo Martínez. "Lo que están haciendo en La Rioja es un escándalo. Se reparten Sapem y tierras entre amigos, funcionarios de Beder o diputados", reveló a LA NACION un alto dirigente del PJ.

La operatoria, agregó, comenzó en 2011 cuando Beder fue reelegido por el 67,2% y pasó a gobernar sin control con 32 diputados sobre 36. Sólo el portal www.riojapolitica.com publica las expropiaciones. El argumento de Beder Herrera es que "a La Rioja no llega la inversión privada". Y en el Gobierno convalidan: "Necesita un Estado promotor, porque si no se te cae esa economía", dijo a LA NACION un alto funcionario.

El abogado Mario Masud, que defiende a damnificados, aseguró que desde 2011 "hubo más de 100 leyes de expropiación por utilidad pública" en la provincia que adolece de falta de títulos perfectos.

El empresario Vicente Mario Gueimunde peregrinó sin éxito recientemente por la Casa Rosada porque le expropiaron su estancia, Santa Rita, sobre la ruta 5, a 8,5 km de la capital.

Según relató a LA NACION, en abril de 2013 le vendió sus 398 hectáreas a Adolfo Scaglioni, director de la Sapem Aguas Riojanas, por 1.600.000 pesos, pero el Banco de La Rioja rechazó los cheques por falta de fondos. Gueimunde lo demandó por estafa y anuló la operación.

Pero en mayo la Legislatura provincial expropió su campo por una ley que fue solicitada por un mensaje de Beder Herrera. El campo fue adjudicado a Alfa Sapem, también dirigida por Scaglioni, de producción de alfalfa. Sin embargo, Puy Soria aseguró a LA NACION que ahora "está inscripta a nombre del Estado".

El funcionario justificó la medida: "El dueño estaba incumpliendo con el diferimiento impositivo adjudicado, y los empleados corrían el riesgo de su fuente laboral y tenía una deuda grande en la AFIP. El Estado lo recuperó e hizo tres perforaciones y una plantación de hortalizas". En una recorrida, LA NACION pudo comprobar la siembra de tomates y ajo. Sus trabajadores manifestaron disconformidad. "Hace un año que trabajamos en negro. Nadie nos da respuesta", dijo uno de ellos sin revelar su identidad por temor a represalias.

La denuncia por estafa contra Scaglioni quedó a cargo de la jueza del Juzgado de Instrucción N° 31 de la Capital Federal Susana Mabel Castañera. "Hemos recurrido a funcionarios de La Rioja, del gobierno nacional y todos nos dicen que no hay nada que hacer", dijo Gueimunde.

Era previsible su falta de suerte: la presidenta Cristina Kirchner destacó "el modelo a la riojana" en una teleconferencia con Beder Herrera al inaugurar una línea productiva de Sapem Agro Andina. Y lo llenó de halagos: "Felicitaciones al gobierno de La Rioja, todo un modelo a seguir y a repensar las distintas formas de inversión estatal". La Presidenta anunció allí la entrega de 2.556.612 pesos para el sector apícola. El martes último, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, agregó que en La Rioja "es muy interesante las Sapem porque ayuda al proceso productivo".

PROPIEDADES AFECTADAS

17 inmuebles

Con un valor que supera los $ 138 millones, ocupan 71 hectáreas en el latifundio Azzalini.

Zona Sudestada

Tasadas en más de $ 148 millones, 57 hectáreas del barrio capitalino de Santa Catalina valdrían más.

Parque industrial

Empresas e inmuebles de la zona industrial en el este de la capital.

Club Hípico

El club La Rioja, ubicado en la avenida Las Palmeras, de la capital ,y 50 hectáreas de un club de golf Denuncias.

Particulares

acusaron a la gobernación de "expropiación ilegal" y falta de pago de sus propiedades.

JUSTIFICACIÓN DEL GOBIERNO

El secretario de Tierra y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, justificó todas las expropiaciones ante LA NACION. "La empresa PUR KL estaba en quiebra -dijo- y, al estar vacío su galpón, la provincia avanzó para adjudicarla a Ritex, una textil con más de 3000 empleados." "Piedras Moras también era una quiebra fraudulenta. Y en Plastic SA se están construyendo tejas plásticas", aseguró. "No es que una fábrica que estaba en pleno funcionamiento se la expropió", enfatizó el funcionario. "Estamos haciendo una readecuación del Parque Industrial", defendió Puy Soria y habló de falta de "posibilidades de inversión" privada en relación con otras expropiaciones del gobierno provincial.

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