Se define la causa por enriquecimiento contra De Vido

Se define la causa por enriquecimiento contra De Vido

El ministro y su esposa habían sido sobreseídos, pero el fiscal apeló y el caso podría reabrirse

Por   | LA NACION




 Cámara de Casación penal estará en condiciones de resolver desde esta semana si la investigación por enriquecimiento ilícito contra el ministro de Planificación, Julio De Vido, y su mujer, Alessandra Minnicelli, se debe reabrir o si, por el contrario, la pareja debe ser sobreseída, como ya lo resolvió un juez en 2009 , con lo cual el caso se cerraría definitivamente.

En este causa, que ya lleva seis años y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Gemignani convocaron para el miércoles de la semana que se inicia a una audiencia con el fiscal y la defensa del ministro, para determinar si debe confirmarse el sobreseimiento o si debe seguir la investigación adelante.

En primera instancia, De Vido y su mujer habían sido sobreseídos en febrero de 2009 por el entonces juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid, luego de una denuncia que presentó el abogado Ricardo Monner Sans, a partir de una publicación periodística donde se cuestionaba el nivel de vida del matrimonio.

Aráoz de Lamadrid consideró que el matrimonio había justificado su evolución patrimonial entre 2003 y 2007, cuando ambos eran funcionarios, y la compra, con ahorros propios, de una casa de campo de más de 300 metros cuadrados en una chacra de 3,8 hectáreas en Zárate, una camioneta 4x4 Toyota Hilux y el pago del alquiler de 3000 dólares del departamento donde vivían.

"Eventualmente, no es delito que un funcionario gaste todo su sueldo en el alquiler del departamento en el que vive", había escrito el entonces magistrado, luego procesado en un caso de sobornos.

El fiscal Guillermo Marijuán apeló esta decisión, pero la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento.

Sin embargo, el fallo de Cámara fue apelado por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Guillermo Noailles, quien habían asegurado que era prematuro cerrar el caso, pues aún quedaban por hacer medidas de prueba.

El caso así llegó a la Cámara de Casación, donde los jueces de la Sala IV, Borinsky y Hornos, rechazaron la apelación sin analizar si estaba o no justificado el enriquecimiento de la pareja. Los jueces entendieron que el fiscal de Investigaciones Administrativas no tenía atribuciones para apelar, pues no se trataba de una causa iniciada por su denuncia, como era el criterio que imperaba en ese momento.

Dijeron además que "la asignación de competencia específica de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas no incluye el ejercicio directo de la acción penal en toda causa, cuyo objeto sea la investigación de la conducta presuntamente delictiva de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones".

En disidencia, el camarista Juan Carlos Gemignani reconoció la posibilidad de intervenir de la fiscalía, pero entendió que los sobreseimientos no habían sido arbitrarios.

No sólo dijo que Noailles podía apelar sino que además opinó sobre el asunto de los bienes del matrimonio De Vido.

Cuando la causa ya estaba prácticamente muerta por esta sentencia, el caso llegó a la Corte por el recurso que presentó el fiscal ante la Casación, Ricardo Weschler. Y el máximo tribunal le dio la razón, al entender que Noailles estaba legitimado para apelar, y que la Casación debía analizar si De Vido y su mujer estaban bien sobreseídos o si, por el contrario, debe seguir investigándose su evolución patrimonial entre 2003 y 2007.

LOS JUECES A CARGO

¿Quiénes serán los jueces que deben decidir sobre este asunto?

Weschler recusó a Borinsky y a Hornos porque entendió que ya habían opinado en el caso, y Gemignani se excusó, al sostener que él mismo había adelantado opinión.

La Casación resolvió el 11 de febrero pasado que Borinsky y Hornos debían seguir actuando porque sólo se habían pronunciado sobre el incidente (si era o no posible que Noailles apelara) y no sobre el fondo del caso.

Con este asunto resuelto, el tribunal rechazó la excusación de Gemignani y la recusación de este mismo juez que también había pedido el fiscal Weschler.

Nuevamente fueron los votos mayoritarios de Borinsky y Hornos los que determinaron que Gemignani integre el tribunal que analice el caso De Vido, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa que, en minoría, entendió que este magistrado ya había adelantado opinión.

De este modo quedó despejado el problema de la integración del tribunal que debe decidir sobre el futuro de De Vido y su mujer.

Serán los jueces Gemignani, Borinsky y Hornos los que resuelvan, luego de la audiencia del miércoles, si debe confirmarse el sobreseimiento y dar por cerrado el caso, o si corresponde profundizar la investigación de la pareja.

Polémica por una ola de expropiaciones promovida por el gobierno de La Rioja

Estrategia

Polémica por una ola de expropiaciones promovida por el gobierno de La Rioja




















n el guiño del gobierno de Cristina Kirchner, el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, dispuso desde 2011 centenares de expropiaciones a inmuebles , plantas industriales, campos, lotes o viviendas, que desataron conflictos judiciales y reclamos de empresarios ante la Casa Rosada, que defiende la estrategia "productiva" de sus aliados riojanos .

El argumento de Beder y del Gobierno es que en La Rioja debe intervenir el Estado en la economía, en la obra pública y en la constitución de empresas estatales de producción agroindustrial: son las llamadas Sapem, sociedades anónimas de participación estatal mayoritaria. La sospecha es que muchas fueron asignadas a amigos del poder.

Mediante leyes provinciales de "utilidad pública" y "expropiación urgente", Beder Herrera avanzó sobre la estancia Santa Rita, de Vicente Mario Gueimunde, de 398 hectáreas; 17 inmuebles de 71 hectáreas en Castro Barros; 35 inmuebles y empresas del Parque Industrial, y 57 hectáreas en el barrio Santa Catalina, entre las más conflictivas (ver aparte).

En casi todos los proyectos, decretos o resoluciones aparecen las firmas de Beder Herrera, de su secretario de Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, y sus ministros de Hacienda, Ricardo Guerra, y de Infraestructura, Néstor Bosetti.

Puy Soria dijo a LA NACION que "hay dos tipos de expropiaciones: por saneamiento de títulos, que es administrativa y técnica, para adjudicarla al poseedor mediante las leyes 6595 y 8244, de ésas hacemos 3000 o 4000 escrituras por año".

"El otro caso es el de las leyes de utilidad pública, como en el Parque Industrial. Al terminar el diferimiento impositivo, algunos galpones quedaron vacíos, algunos por quiebras fraudulentas", dijo Puy Soria. "Cumplida la finalidad para la cual habían sido adjudicados, el gobierno los recupera", señaló. No informó la cantidad de casos, pero defendió todas las expropiaciones (ver aparte).

Sin embargo, la provincia también avanzó sobre el Club Hípico de La Rioja para ampliar el Parque de la Ciudad Luis Beder Herrera; sobre 50 hectáreas del Country Club La Rioja; sobre decenas de propiedades en Chilecito; 338 hectáreas de Tadeo Turco en Michigasta, y decenas de propiedades en Guandacol, Aimogasta, Malligasta, Sanagasta, Chamical y Arauco, entre otras.

El diputado radical Julio Martínez aseguró a LA NACION que "en La Rioja no hay seguridad jurídica". "El gobierno de Beder Herrera expropia y no paga las propiedades", agregó. "En algunos constituyen una Sapem, en otros construyen espacios públicos y en otros, posesiones veinteañales con testaferros", dijo.

Se generaron por ello decenas de causas judiciales, pero en los tribunales riojanos no prosperan. "Mucha gente está descreída y ni siquiera lo denuncia", dijo Martínez. "Lo que están haciendo en La Rioja es un escándalo. Se reparten Sapem y tierras entre amigos, funcionarios de Beder o diputados", reveló a LA NACION un alto dirigente del PJ.

La operatoria, agregó, comenzó en 2011 cuando Beder fue reelegido por el 67,2% y pasó a gobernar sin control con 32 diputados sobre 36. Sólo el portal www.riojapolitica.com publica las expropiaciones. El argumento de Beder Herrera es que "a La Rioja no llega la inversión privada". Y en el Gobierno convalidan: "Necesita un Estado promotor, porque si no se te cae esa economía", dijo a LA NACION un alto funcionario.

El abogado Mario Masud, que defiende a damnificados, aseguró que desde 2011 "hubo más de 100 leyes de expropiación por utilidad pública" en la provincia que adolece de falta de títulos perfectos.

El empresario Vicente Mario Gueimunde peregrinó sin éxito recientemente por la Casa Rosada porque le expropiaron su estancia, Santa Rita, sobre la ruta 5, a 8,5 km de la capital.

Según relató a LA NACION, en abril de 2013 le vendió sus 398 hectáreas a Adolfo Scaglioni, director de la Sapem Aguas Riojanas, por 1.600.000 pesos, pero el Banco de La Rioja rechazó los cheques por falta de fondos. Gueimunde lo demandó por estafa y anuló la operación.

Pero en mayo la Legislatura provincial expropió su campo por una ley que fue solicitada por un mensaje de Beder Herrera. El campo fue adjudicado a Alfa Sapem, también dirigida por Scaglioni, de producción de alfalfa. Sin embargo, Puy Soria aseguró a LA NACION que ahora "está inscripta a nombre del Estado".

El funcionario justificó la medida: "El dueño estaba incumpliendo con el diferimiento impositivo adjudicado, y los empleados corrían el riesgo de su fuente laboral y tenía una deuda grande en la AFIP. El Estado lo recuperó e hizo tres perforaciones y una plantación de hortalizas". En una recorrida, LA NACION pudo comprobar la siembra de tomates y ajo. Sus trabajadores manifestaron disconformidad. "Hace un año que trabajamos en negro. Nadie nos da respuesta", dijo uno de ellos sin revelar su identidad por temor a represalias.

La denuncia por estafa contra Scaglioni quedó a cargo de la jueza del Juzgado de Instrucción N° 31 de la Capital Federal Susana Mabel Castañera. "Hemos recurrido a funcionarios de La Rioja, del gobierno nacional y todos nos dicen que no hay nada que hacer", dijo Gueimunde.

Era previsible su falta de suerte: la presidenta Cristina Kirchner destacó "el modelo a la riojana" en una teleconferencia con Beder Herrera al inaugurar una línea productiva de Sapem Agro Andina. Y lo llenó de halagos: "Felicitaciones al gobierno de La Rioja, todo un modelo a seguir y a repensar las distintas formas de inversión estatal". La Presidenta anunció allí la entrega de 2.556.612 pesos para el sector apícola. El martes último, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, agregó que en La Rioja "es muy interesante las Sapem porque ayuda al proceso productivo".

PROPIEDADES AFECTADAS

17 inmuebles

Con un valor que supera los $ 138 millones, ocupan 71 hectáreas en el latifundio Azzalini.

Zona Sudestada

Tasadas en más de $ 148 millones, 57 hectáreas del barrio capitalino de Santa Catalina valdrían más.

Parque industrial

Empresas e inmuebles de la zona industrial en el este de la capital.

Club Hípico

El club La Rioja, ubicado en la avenida Las Palmeras, de la capital ,y 50 hectáreas de un club de golf Denuncias.

Particulares

acusaron a la gobernación de "expropiación ilegal" y falta de pago de sus propiedades.

JUSTIFICACIÓN DEL GOBIERNO

El secretario de Tierra y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, justificó todas las expropiaciones ante LA NACION. "La empresa PUR KL estaba en quiebra -dijo- y, al estar vacío su galpón, la provincia avanzó para adjudicarla a Ritex, una textil con más de 3000 empleados." "Piedras Moras también era una quiebra fraudulenta. Y en Plastic SA se están construyendo tejas plásticas", aseguró. "No es que una fábrica que estaba en pleno funcionamiento se la expropió", enfatizó el funcionario. "Estamos haciendo una readecuación del Parque Industrial", defendió Puy Soria y habló de falta de "posibilidades de inversión" privada en relación con otras expropiaciones del gobierno provincial.

Pérez-Reverte: "Los estúpidos causan más daño que los malvados"

Feria del libro / Una de las presentaciones más esperadas del encuentro literario

Pérez-Reverte: "Los estúpidos causan más daño que los malvados"

Ante una sala colmada y en diálogo con Jorge Fernández Díaz, lamentó que se lea cada vez menos y afirmó que la tendencia es a la "chatura conceptual"

Por   | LA NACION


s armas de las que se valen sus personajes para dejar huella han cambiado. De la espada del valiente Capitán Alatriste al aerosol del grafitero Sniper han pasado muchos años y sucesos en la vida del escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte. Sin embargo, el reconocido autor español dejó en claro ayer que hay un arma que no está dispuesto a deponer jamás: la palabra.

De la mano del también escritor, y periodista de LA NACION Jorge Fernández Díaz, Pérez-Reverte presentó ayer su última novela, El francotirador paciente (Alfaguara), en una sala colmada de público que reafirmó el romance literario que mantiene con él. Y que seguirá, como el propio escritor de 62 años confirmó, por muchos años más porque no le pasa ni cerca la idea de dejar de escribir.

"Intento con desesperación aferrarme a la vida real -dijo-. Cada nuevo libro que escribo, irme con los grafiteros, enamorarme o jugar a enamorarme, tropezar en la calle con la gente, oír sus logros o miserias, observar, es como ser joven otra vez. Con cada novela que emprendo espero retrasar al máximo el momento en que sea viejo de verdad. Confío mantener esa decadencia, que llegará, lo más lejana posible".

Y también hay, en el acto de seguir escribiendo, algo de resistencia. Curtido cronista de guerra, agudo observador y crítico de la realidad, Pérez-Reverte es poco optimista a la hora de ver la actualidad. "Vivimos en el crepúsculo del mundo. El mundo en el que hemos sido educados, con libros y bibliotecas, se acabó. La gente ya no lee ni un libro electrónico, va en el metro matando marcianos o mandando WhatsApp -se lamentó-. La tendencia hoy es a la chatura conceptual, que es un síntoma de este final del mundo. Mi obligación es procurar retrasar al máximo este final inevitable, mantener a los bárbaros a raya, aunque la gente está fascinada con estos bárbaros."

Por eso, para Pérez-Reverte lo más peligroso que ha dado la humanidad no son los villanos, sino los estúpidos. "Lo peor del ser humano es la estupidez. Es el peor enemigo, los estúpidos causan más daño que los malvados. ¿Por qué? Porque la estupidez nos deja indefensos ante la realidad. Poco a poco nos vamos suicidando, no escuchamos las señales que nos da el mundo. Es con esta visión que escribo mis libros", dijo y enseguida, ante la súplica de Fernández Díaz de dar un mensaje un poco más optimista, aclaró: "Pero los estúpidos mueren primero, la vida es justa, después de todo".

En este ida y vuelta planteado entre Pérez-Reverte y Fernández Díaz, que además son grandes amigos, surgió lo más jugoso de una tarde donde hubo actividades y charlas para todos los gustos. Pero claro, la inmensa figura del escritor español fue la que acaparó ayer toda la atención y desde muy temprano la gente pugnó por entrar y escuchar al creador del inolvidable Capitán Alatriste, personaje que, según adelantó, podría volver con nuevas aventuras.

"Hay dos historias de él que quiero contar -aseguró el escritor-. Pero también hay otras tantas que quiero contar. ¿Cuáles escribir? ¿Cuáles matar? Ese es el verdadero drama de un escritor, no la hoja en blanco. Hay quienes me piden un libro más de Alatriste y otros que me dicen que lo acabe ya. Y la verdad es que todavía no sé a quién complaceré."

A lo largo de los 90 minutos que duró la charla, donde no hubo tiempo para preguntas del público, aunque muchos tuvieron su revancha en el stand de Alfaguara, donde Pérez-Reverte firmó ejemplares, el autor de El francotirador paciente se despachó contra el mercado del arte moderno, uno de los temas, junto con la venganza personal, que atraviesa su última y celebrada novela.

LA NOBLEZA DEL ARTE

"El arte está en mis novelas desde hace mucho tiempo. Hoy, frente este mercado que está en manos de gente que no es el artista, que es manejado por galeristas y es esencialmente corrupto, el único que ofrece garantía de nobleza es el arte callejero. Es más potente y está más vivo que el de las galerías. Para mí, la calle es el lugar del arte moderno", dijo, y recordó que mientras escribía la novela se acercó a grafiteros y los convenció, entre copas y largas trasnoches, de acompañarlos en sus incursiones callejeras, muchas de ellas al filo de la ilegalidad. Con muchos de estos artistas, contó, sigue saliendo a cenar.

"Me fui vestido de negro por las estaciones de tren -contó el escritor-. Mientras iba con ellos, pensaba el festín que se harían lo medios en cuanto me pillasen en esa situación. Para mí fue como volver a tener un romance. Era una actividad casi paramilitar. Sus códigos de compañerismo también eran propios de grupos marginales."

Sobre el final, el flamante miembro de la Academia Porteña del Lunfardo, habla marginal que escuchó y aprendió de su padre amante y bailarín de tango, Pérez-Reverte aseguró que uno de sus grandes miedos es a repetirse.

"Soy consciente de mis limitaciones, por eso intento mantenerme lejos de los territorios en los que puedo patinar -concluyó-. Hay temas que he agotado. Cuando un escritor ha tenido cierto éxito con sus novelas, corre el riesgo de quedarse encerrado en su biblioteca. Por eso intento aferrarme a la vida. Llega un momento en que hay que moverse, salir de la habitación para no morir como escritor."

Investigan las tragamonedas de López

Justicia

Investigan las tragamonedas de López

Un fiscal ordenó una serie de medidas para determinar si hubo connivencia entre directivos de Lotería Nacional y el empresario kirchnerista por la supuesta falta de control de las máquinas

Por   | LA NACION


 Justicia decidió investigar los casinos del empresario kirchnerista Cristóbal López. El fiscal federal Guillermo Marijuan dio luz verde para avanzar en la pesquisa sobre la denuncia que tiene en la mira a López y a los responsables de Lotería Nacional , por la supuesta falta de control de las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo y del Casino flotante de Puerto Madero.

Marijuan le requirió a la Inspección General de Justicia (IGJ) la "constitución, estatutos y balances de Casino Club", una de las principales empresas del Grupo Indalo, de López. A su vez, solicitó a la AFIP las "actuaciones llevadas adelante sobre el control de la recaudación de las tragamonedas operadas en el Hipódromo de Palermo y en los barcos denominados Casinos Flotantes".

La denuncia por defraudación a la administración pública fue realizada hace 24 días por los legisladores porteños Paula Oliveto Lago y Maximiliano Ferraro (UNEN) y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. Surgió de una investigación presentada en el programa La cornisa, que conduce Luis Majul y que llevó adelante el periodista Lucas Morando, en la que se mostró, según se destaca en la denuncia, "la ausencia de controles onlinepor parte de la Lotería Nacional, en relación con las máquinas [tragamonedas] obrantes en el Hipódromo de Palermo y el denominado Casino Flotante, ambos propiedad de Casino Club", de Cristóbal López.

"El juego es un agujero negro. El pedido de Marijuan nos da esperanza", dijo a LA NACION Oliveto Lago.

En el requerimiento de instrucción, el fiscal Marijuan también solicitó el detalle de la situación fiscal de Casino Club, y pidió que se informe cuánto pagó de impuestos en los últimos cinco años.

"Es una de las medidas más interesantes. Por primera vez estamos avanzando en la investigación para ver cómo se controló", agregó la legisladora Oliveto Lago.

En la presentación, los diputados porteños manifestaron que "la ausencia o debilidades en el control de la recaudación atenta sobre el beneficio que los juegos de apuestas deben otorgar a la ciudadanía"; esto se explica en que un porcentaje de las apuestas debe ser destinado a la asistencia social. Además, Oliveto Lago y Ferraro advirtieron que la laxitud evidenciada "en el control de las apuestas también facilita la evasión tributaria".

La acusación comprende al presidente de Lotería, Roberto Armando López, y se extiende a Andrés Cimadevilla, Juan Manuel Artico y Mario Pudkin, miembros del directorio de la empresa estatal.

MÁS MEDIDAS DE PRUEBA

El fiscal también exigió que se determine cuál es el sistema y qué empresas contrató Lotería Nacional para realizar el control online.

En una solicitada que salió hace tres semanas en distintos medios, Lotería Nacional sostuvo que utiliza el mismo software de control y fiscalización online en todos los distritos.

Advirtió que tanto la institución como el sistema informático que utiliza cuentan con certificaciones internacionales de calidad. Y puntualizó que el software se utiliza en casinos de Estados Unidos y China.

Desde la fiscalía agregaron en la solicitud de medidas un pedido para que la Auditoría General de la Nación informe "si tiene alguna actuación relacionada con la empresa Casino Club y/o con la relación de esta última con la AFIP".

Por último, Marijuan reclamó el informe que presentó el canal América, el 30 de marzo, sin editar.

La polémica en torno a la recaudación de los casinos y el hipódromo viene de larga data. Ahora, con el pedido de Marijuan, Lotería Nacional y Casino Club deberán dar a conocer sus números y los sistemas que utilizan para controlar el ingreso de dinero.

En manos del gobierno nacional, pese a ocupar territorio de la ciudad, las dudas sobre lo que sucede con el juego tuvieron varios puntos destacados en los últimos años. Quizás el más notable fue la prórroga hasta 2032 para explotar las tragamonedas que le dio el ex presidente Néstor Kirchner al empresario López. La particularidad del asunto fue que Kirchner, pocos días antes de abandonar el poder, "obligó" al empresario patagónico a sumar 1500 máquinas nuevas a las 3000 que ya explotaba.

Con 29 empresas bajo su control, desde petróleo hasta medios de comunicación -su última adquisición fue la productora de Marcelo Tinelli, Ideas del Sur-, el emporio de López fue uno de los de mayor crecimiento en la última década.

Se desplomaron 16% las exportaciones y el superávit comercial casi desapareció

Datos oficiales

Se desplomaron 16% las exportaciones y el superávit comercial casi desapareció

También cayeron fuerte en marzo las importaciones de bienes de capital; se corrigió a la baja el resultado de todo 2013, sospechado de manipulación


Por   | LA NACION


 igual que el crecimiento económico de 6,2%, la inflación anual de 10,4% y el dólar a $ 6,33, a esta altura del año el superávit comercial de US$ 10.000 millones proyectado en el presupuesto nacional para 2014 parece un objetivo inalcanzable.

En marzo, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la Argentina alcanzó un superávit comercial de apenas US$ 41 millones, 95% menor que los 811 millones registrados en el mismo mes del año pasado. En el acumulado del primer trimestre, el saldo comercial suma US$ 121 millones, 92% menos que en igual período de 2013.

Las estadísticas oficiales de comercio exterior vienen mostrando llamativos deterioros en lo que va del año. Los analistas, sin embargo, no saben si esto responde sólo al mal momento que atraviesa la economía o también a un intento del Gobierno de sincerar las cifras de comercio exterior, que han sido alcanzadas por el manto de duda que cubre ya a las cifras de inflación, pobreza y crecimiento del PBI.

En las últimas semanas, varias consultoras habían denunciado inconsistencias entre distintos registros oficiales de comercio exterior. Los analistas sospechan que el año pasado el Indec sobreestimó en US$ 9000 millones las exportaciones, monto similar al superávit que se había reportado para 2013.

Ayer, no obstante, además del desplome en el saldo comercial de marzo, otro dato llamó la atención de los analistas. El Indec corrigió a la baja el superávit comercial de 2013: de los US$ 9024 millones registrados hasta el informe pasado a los 8004 millones publicados ayer. "Se realizaron correcciones a la baja sobre los registros globales de exportaciones e importaciones en -1,6% y -0,5% respectivamente. Esta modificación arroja un superávit comercial para el año 2013 de US$ 8004 millones. Esta cifra es un 11 por ciento inferior que el anunciado inicialmente", señala un informe de abeceb.com.

"Estos 1000 millones seguramente van a ser la primera corrección de muchas por venir, porque las cifras de 2013 son falsas", dijo, por su parte, el economista Nicolás Dujovne.

Con este trasfondo, el presunto desplome del superávit comercial en el mes pasado se debió a la caída de 16% en las exportaciones, que pasaron de US$ 6245 millones en marzo de 2013 a 5253 este año. El rubro que más cayó fueron los productos primarios, cuyas ventas al exterior se desplomaron 42%, seguidos por las manufacturas de origen industrial (-11%). "En términos de productos, las mayores caídas se registraron en: Cereales (-59%), Carburantes (-44%) y Material de Transporte Terrestre [vehículos] (-13%). Estos tres subrrubros explican el 72% de la contracción de las exportaciones en el mes de marzo", dice el informe de abeceb.com.

El economista jefe del Ieral (Fundación Mediterránea), Jorge Vasconcelos, destacó que en marzo se profundizó el deterioro de las ventas al exterior, que acumulan una baja de 9% en el primer trimestre. "Las exportaciones de manufacturas industriales cayeron más en marzo que en los dos meses anteriores", dijo, y añadió que lo mismo ocurrió con las importaciones de bienes de capital y sus piezas y accesorios, que se destinan a la producción. Para el analista, esto demuestra un "deterioro en la calidad del ajuste" que viene aplicando el Gobierno y que "está haciendo poco énfasis en lo fiscal y mucho en lo crediticio [tasas] y monetario" y por eso su impacto se siente, particularmente en el sector privado.

Vanconcelos resaltó, además, que la caída de las exportaciones refleja que la Argentina enfrenta un problema de oferta y para demostrarlo mencionó que en los últimos cinco años las exportaciones argentinas hacia China se han estancado, mientras que las exportaciones de Brasil o Australia al mismo país han crecido a un ritmo de 30% anual.

Las importaciones, en tanto, se contrajeron 4% en marzo frente al mismo mes del año pasado. Se registraron caídas en casi todos los rubros, excepto bienes intermedios, que crecieron 3%, y combustibles y lubricantes, que subieron 17%. Las importaciones de autos, en tanto, bajaron 39 por ciento.

En este contexto, el vocero de la Cámara de Importadores (CIRA), Miguel Ponce, señaló que "las demoras en la aprobación de las DJAI [declaraciones juradas anticipadas de importación] de bienes de capital e insumos para las empresas están afectando a las exportaciones, la producción y el empleo" y puso como ejemplo lo que sucede en la industria manufacturera, donde algunas empresas han debido parar su producción (ver aparte).

Una vez conocidas las cifras del primer trimestre, Mauricio Claverí, coordinador de Comercio Exterior en abeceb.com, descartó que el país pueda alcanzar, en el año completo, el superávit de US$ 10.000 millones contemplado en el presupuesto. "Ya pasó una cuarta parte del año y el país prácticamente está en equilibrio comercial. Por el lado de las importaciones, no veo una mayor caída que la registrada hasta ahora, porque ya están muy pisadas y una mayor restricción generaría un efecto recesivo enorme. Para alcanzar ese superávit habría que exportar un récord absoluto de soja, cosa que no va a pasar. Además, vienen cayendo las ventas de productos como autos y biodiésel", dijo..

Imputan al segundo de Zannini en una causa por enriquecimiento ilícito

Funcionario sospechado / Un caso incómodo para el Gobierno

Imputan al segundo de Zannini en una causa por enriquecimiento ilícito

El fiscal pidió 16 medidas de prueba para investigar a Liuzzi por el crecimiento de sus bienes y los de su familia; la AFIP y el Banco Central deberán dar informes; según la denuncia, incrementó su patrimonio "en 38 veces"

Por   | LA NACION


 subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, número dos de Carlos Zannini , se sumó ayer a la lista de funcionarios del Gobierno que están bajo investigación porpresunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal federal Ramiro González presentó ayer un requerimiento de instrucción en su contra: lo imputó formalmente y pidió las primeras medidas de prueba en el expediente. En total son 16. Incluyen solicitudes de informes al Banco Central, a la AFIP y a diferentes registros. Apuntan a obtener una radiografía de todos los bienes, movimientos de fondos y gastos que haya hecho Liuzzi; el fiscal pidió, por ejemplo, el detalle de todas sus compras con tarjeta de crédito.

No sólo investigará a Liuzzi; también solicitó información sobre los bienes de su actual mujer, Thaiss del Corazón de Jesús Hidalgo, que trabaja para él -es la jefa del gabinete de asesores-; de su ex mujer, Gloria María Eugenia Martínez; de su hermana, María Luján Liuzzi, coordinadora contable del Boletín Oficial, y de su hijo Carlos Marco Liuzzi, que también trabaja para el Estado. Carlos Marco tiene 25 años y es el jefe de la Unidad de Enlace Internacional del Registro de Dominios de Internet, que depende de la Secretaría de Legal y Técnica que conduce Zannini.

Todas las medidas solicitadas por el fiscal deberán ser evaluadas ahora por el juez de la causa, Luis Rodríguez, que decidirá si las ordena.

Liuzzi fue denunciado por enriquecimiento ilícito en septiembre de 2012, pero antes de que terminara ese año, el juez Norberto Oyarbide ya lo había sobreseído. Cerró el caso el 20 de diciembre de 2012, al filo de la feria judicial. El patrimonio de Liuzzi nunca fue investigado.

Pasó un año y nadie había cuestionado este archivo, hasta que el propio Oyarbide llamó la atención sobre Liuzzi cuando dijo que en diciembre pasado había ordenado levantar una veintena de allanamientos como consecuencia de una llamada de él.

Según declaró Oyarbide, Liuzzi le informó que los policías a cargo de uno de los procedimientos estaban pidiendo sobornos. "Tan confiable" le resultaba Liuzzi -dijo el juez- que después de su llamada él levantó todos los operativos previstos.

Citado a declarar por el Consejo de la Magistratura, Oyarbide dijo no tener "la menor idea" de "cómo hizo para contactarse" Liuzzi con él. Dijo que jamás tuvieron una "relación personal".

Como consecuencia de los allanamientos frustrados, el fiscal original de la causa por enriquecimiento, Patricio Evers, pidió su reapertura. Oyarbide se negó, dijo que era "cosa juzgada", y el caso pasó a la Cámara Federal, que la semana pasada le dio la razón al fiscal.

Los camaristas sostuvieron que la decisión de Oyarbide había sido "arbitraria" y ordenaron que otro juez se hiciera cargo de la investigación contra el subsecretario de Legal y Técnica. Por sorteo, el expediente le tocó a Luis Rodríguez, el mismo que investiga la suspensión de los allanamientos.

Ese expediente es otro problema para el número dos de Zannini. Rodríguez dispuso una serie de medidas de prueba y planea revisar las llamadas telefónicas de Oyarbide y de Liuzzi. Para eso, les pidió a las empresas de telecomunicaciones que le informaran cuáles son las líneas que están a nombre de ellos.

LOS BIENES, BAJO SOSPECHA

En cuanto al enriquecimiento, la denuncia que dio origen a la causa había sido presentada por el abogado Ricardo Monner Sans, quien afirmó que Liuzzi "incrementó en 38 veces" su patrimonio desde que asumió como funcionario, en 2003. Este dato surge de una nota publicada por el diario Perfil.

Ayer, el fiscal González pidió que se investigara si era cierto que "mientras en 2003 Liuzzi declaró a la Oficina Anticorrupción un patrimonio de $ 189.339, en el año 2012 la suma de sus bienes ascendía a $ 7.226.160".

La denuncia advierte, además, que el subsecretario Liuzzi es dueño de "un campo por valor de diez millones de dólares en la provincia de Mendoza, y propiedades en el barrio de Puerto Madero y en la zona de Pilar"; que con su nueva mujer vive en un departamento del Edificio Mulieris de Puerto Madero, valuado en unos 800.000 dólares, y que ella tiene inversiones agrícolas que deberían investigarse.

Desde ayer, Liuzzi integra la lista de funcionarios investigados por enriquecimiento ilícito, una nómina en la que también están, entre otros, el vicepresidente Amado Boudou; el jefe del Ejército, César Milani; el responsable de la AFIP, Ricardo Echegaray; el titular de Aerolíneas, Mariano Recalde, y el secretario de Obras Públicas, José López.

Según la UCA, la pobreza subió el año pasado al 27,5% de la población

Informe

Según la UCA, la pobreza subió el año pasado al 27,5% de la población

Creció un punto respecto de 2012 como consecuencia de la recesión y la inflación; la indigencia volvió a caer por la actualización del monto en los planes sociales

Por  y   | LA NACION


 pobreza en la Argentina se ubicó el año pasado en el 27,5% , según los datos publicados ayer por la Universidad Católica Argentina (UCA), con un aumento de casi un punto respecto del año previo. De este modo, según este estudio, existen más de 11 millones de pobres en el país, muy cerca del cálculo que tiene la CGT, del 30 por ciento.

En cambio, el Indec estimaba a mediados del año pasado que la pobreza apenas alcanzaba al 4% de la población y a principios de esta semana, para evitar un nuevo papelón, no difundió los datosdel segundo semestre del año pasado.

El jefe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, explicó a LA NACION que "la pobreza siguió aumentando debido al proceso recesivo e inflacionario que se vive en la Argentina". El especialista advirtió que "es probable que con la devaluación y la inflación esto se profundice y se llegue a un pico de pobreza importante en 2014, ya que los precios aumentan bruscamente y no se actualizan los ingresos" a la misma velocidad, tal como ocurre con los salarios y con los planes sociales.

De todos modos, Salvia aclaró que este "pico" del 27,5% (que muestra un aumento respecto del 24,7% de 2011 y del 26,45% de 2012, pero una baja respecto del 29,4% medido en 2010) es un fenómeno "transitorio" y que el problema más agudo es que "deja más pobreza estructural" pendiente de resolver en el país.

Como contrapartida, la indigencia exhibió una baja, del 5,8 al 5,5% (manteniendo la tendencia de los descensos previos, ya que en 2010 era del 7,3% y en 2011 del 6,2%).

Salvia admitió su sorpresa por esta caída, que, explicó, "tiene que ver con que la Asignación Universal por Hijo [AUH] y algunas otras pensiones que otorga el Estado y que representan porciones elevadas de los presupuestos familiares, se actualizaron entre 35 y 38 por ciento". Por esta razón, aclaró, "si se eliminaran estos planes, la indigencia crecería unos ocho puntos".

Mientras que la canasta básica alimentaria -que fija el umbral de la indigencia- del Indec en el cuarto trimestre del año pasado culminó en $ 788, para la UCA ascendió a $ 1982 en el mismo período.

En cuanto a la canasta básica total -que permite medir el nivel de pobreza- para el Indec estaba en $ 1783, mientras que para la UCA se ubicó en $ 4142.

El Gobierno dejó de difundir desde enero los valores de ambas canastas y no aclaró si las reflotará una vez que tenga la "nueva" medición de pobreza que prometió anteayer, cuando salió a justificar el ocultamiento del dato de pobreza del segundo semestre del año pasado. En este sentido, el Indec deslizó críticas en un comunicado a las canastas que le habían permitido decir en 2013 que una persona podía vivir con $ 8,5 diarios para no ser indigente.

Para justificar la no difusión del dato, que estaba programado en la página web del Indec, adujo problemas de "empalme" con el nuevo índice de precios al consumidor nacional que comenzó en enero último, un razonamiento que todos los expertos en estadísticas descartan.

En realidad, el dato correspondía al año pasado, cuando aún no había arrancado el nuevo IPCNu, por lo que no existía necesidad de tal empalme; por otro lado, en otras mediciones oficiales, el Gobierno no tomó ese recaudo, por lo que el argumento suena poco creíble.

Ayer, sin embargo, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, volvió a defender la tendencia descendente de la pobreza desde la crisis de 2001-2002. "Si observamos que en los últimos diez años se aumentó el trabajo en seis millones de puestos, si además hubo un incremento en el empleo formal, si existen paritarias que regularmente se negocian generando a su vez incremento en el poder adquisitivo real, obviamente se reduce cualquier indicador de pobreza e indigencia", expresó.

Lo que no mencionó el funcionario es el crecimiento exponencial de la inflación desde 2007 y, en paralelo, la fuerte distorsión de las estadísticas públicas, que empeoró las expectativas sociales.

A MITAD DE CAMINO

En tanto, el especialista en indicadores sociales ligado al oficialismo Artemio López dijo a LA NACION que la pobreza ronda el 14%. "No es cierto ni lo que dicen los ex técnicos del Indec, que hablaron de un 36 por ciento, ni el Indec", explicó el titular de la consultora Equis.

"Esto significa que hay 5,5 millones de pobres y 1,8 millones de indigentes. No se puede defender un número del 36 por ciento con el actual nivel de desocupación de un dígito, ni tampoco el número del Indec, que también miente, porque la canasta de Precios Cuidados es tres veces mayor que la del organismo", expresó.

Pese a sus diferencias con otros especialistas, López también admitió que políticamente para el Gobierno será muy difícil admitir los números reales de la pobreza y la indigencia.

El patrimonio que declaró Oyarbide no sufrió variaciones

El patrimonio que declaró Oyarbide no sufrió variaciones

Dijo que posee sólo un departamento de 77 m2, una parcela en un cementerio y dólares

Por   | LA NACION


 medio de la polémica por las investigaciones abiertas en su contra porenriquecimiento ilícito e incumplimiento de sus deberes, se conoció ayer la última declaración jurada de bienes del juez federalNorberto Oyarbide , en la que el magistrado señaló que a fines de 2012 su patrimonio ascendía a 966.563 pesos.

El magistrado no presenta una sustancial variación en sus bienes declarados a lo largo de los años: siempre fueron su departamento, una parcela en un cementerio privado, y plata en su cuenta y en efectivo en pesos y en dólares. La máxima diferencia está dada porque se ajusta el valor fiscal de su propiedad.

Su última declaración jurada de bienes fue hecha pública ayer por el Consejo de la Magistratura, a pedido del senador radical y consejero Mario Cimadevilla, para que se la incluya en una de las causas en la que se investiga al juez.

Oyarbide declaró tener un departamento sin cochera, que adquirió el 27 de septiembre de 1995, de 77 metros cuadrados. Su valuación fiscal es de 402.099.49 pesos. Ese departamento es el de Rodríguez Peña y Posadas, en Recoleta, donde vive el juez. Además, declaró una parcela en el cementerio privado de Pilar Jardín de Paz, adquirida en 2001, sin valuación fiscal.

Oyarbide dijo que, al 31 de diciembre de 2012, tenía una caja de ahorro con $ 55.344 y poseía $ 95.000 en efectivo y 84.000 dólares en billetes.

Ésos son todos sus bienes declarados. Sumados y considerando el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2012, su patrimonio suma $ 966.563,49. El juez dijo que tenía ingresos promedio por $ 49.101, por su sueldo de 2012.

Ese año, el juez, acusado de hacer ostentación de ropas costosas, gustos refinados y almuerzos en restaurantes costosos, ya había enfrentado dos escándalos: fue fotografiado en el verano con su pareja Claudio Blanco en un lujoso resort de Punta Cana, donde pasó sus vacaciones. La habitación con vista al mar allí no bajaba de los 1300 dólares por día. Luego, LA NACION publicó que lució ante sus empleados y frente a colegas, abogados y periodistas un anillo por el cual comentó haber pagado US$ 250.000.

Por eso el juez Sergio Torres lo investiga por enriquecimiento ilícito y también lo hace el Consejo de la Magistratura. En esa causa, el juez Oyarbide señaló que no había pagado nada por el anillo porque se lo había dado en consignación una joyería de Punta del Este. Un peritaje sobre la joya aportada por el juez determinó que la piedra no era un diamante, sino un cristal de cuarzo. Ese anillo, dijo el perito, vale entre $ 60.000 y 70.000. Pero el experto Gabriel Rabinovich dijo ante la Justicia que la joya parecía adulterada, porque la piedra estaba rayada y gastada como para que cupiera en el engarce. La calidad de la montura no se condice con el resto de la joya, dijo el experto.

Además, el juez Luis Rodríguez investiga a Oyarbide por paralizar un allanamiento en una financiera, luego de que el subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, lo llamara para decirle que un amigo suyo, dueño de la firma, era extorsionado por policías enviados por el juez.

En medio del nuevo escándalo que enfrenta el juez, el radicalismo impulsó en el Consejo de la Magistratura que se reabra el viejo juicio político que enfrentó Oyarbide por proteger al prostíbulo gay Spartacus. Ese asunto fue cerrado la noche de la caída de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001

El oficialismo presentó un nuevo proyecto para regular la protesta

Debate

El oficialismo presentó un nuevo proyecto para regular la protesta

Es de Conti y de Comelli; propone un cuerpo de mediadores y una amplia amnistía

Por   | LA NACION


 kirchnerismo presentó ayer un nuevo proyecto en la Cámara de Diputados para regular la protesta callejera , que incluye una amnistía para todas las personas juzgadas por manifestaciones sociales desde 2001 hasta la actualidad.

Lo presentaron ayer la kirchnerista Diana Conti y Alicia Comelli, del aliado Movimiento Popular Neuquino (MPN), y tiene como eje la creación de un cuerpo especial de mediadores. Fue luego de la polémica generada la semana pasada por la iniciativa del chaqueño Juan Manuel Pedrini (también firmada por Conti, Carlos Kunkel y Teresa García), resistida por la izquierda, por algunos sectores del oficialismo y de la que tomó distancia el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

Para cumplir el deseo de la Presidenta, que había pedido al Congreso la sanción de una norma para regular la protesta, la idea en el bloque que conduce Juliana Di Tullio es avanzar en la discusión y elaborar un dictamen de consenso con la oposición.

Pensada como un complemento de proyecto de Pedrini, que contempla la figura del mediador, pero en la órbita del Ministerio de Seguridad, la iniciativa de Conti y Comelli propone la creación de una Comisión de Mediación en la órbita del Ministerio de Justicia, destinado a intervenir, de manera obligatoria, en todas las protestas sociales. Quedan incluidos "los cortes de ruta, las movilizaciones populares, la interrupción del tránsito terrestre, naval o aéreo, la toma de establecimientos públicos o privados, la ocupación de inmuebles y cualquier manifestación análoga".

Se trata de la reproducción, con algunos retoques mínimos, de un proyecto presentado, en 2008, por el ex diputado kirchnerista Oscar Massei, actual juez del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén.

Lo más novedoso de la iniciativa de Conti y Comelli es que, en uno de sus últimos artículos, contempla uno de los principales reclamos de los partidos de izquierda: propone declarar "la amnistía de todas las personas incursas en delitos cometidos en el marco de protestas, movilizaciones y reivindicaciones sociales, gremiales y políticas, producidas a partir del 10 de diciembre del año 2001" hasta hoy.

Sólo se deja afuera de ese perdón a aquellos que hayan cometido o estén acusados de "delitos de homicidio, lesiones graves y cualquier otro que implique el ejercicio directo de violencia física sobre las personas".

Sin cifras oficiales, de aprobarse, la amnistía abarcaría a más de 5000 personas, de acuerdo con un relevamiento elaborado en 2012 por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, un colectivo de agrupaciones de izquierda y organismos de derechos humanos enfrentados al Gobierno.

El caso más notorio es el de Fernando Esteche, referente de Quebracho, condenado por daño e incendio y detenido desde el 3 de diciembre pasado, por el ataque contra un local del ex gobernador de Neuquén Jorge Sobisch, tras la represión policial que mató al maestro Carlos Fuentealba.

Según el proyecto de Conti y Comelli, ante el surgimiento de una protesta, las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial o el Ministerio Público deben dar inmediata intervención a la comisión. Esa institución enviará en forma urgente, según se prevé en el proyecto, delegados al lugar de la protesta para iniciar la mediación. En el transcurso de la negociación, los manifestantes deberán flexibilizar la protesta y la policía no podrá intervenir, salvo que haya hechos de violencia.

En caso de no alcanzarse un acuerdo, dice el proyecto, las fuerzas de seguridad deberán intimar a los manifestantes a deponer la protesta y, sólo si la orden no es obedecida, quedará habilitado el uso de la fuerza. Como las protestas son en la mayoría de los casos jurisdicción provincial, se propone crear comisiones análogas en todo el país.