Jueves 30 de agosto de 2012 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Ante un nuevo ataque a la libertad de expresión

Al suspender a una asociación de consumidores por difundir su relevamiento de precios, el Gobierno busca amedrentar

La sanción impuesta por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor (dependiente de la Secretaría de Comercio Interior) a la asociación Consumidores Libres constituye otro acto de suma gravedad institucional y una vulneración directa al derecho constitucional de libertad de expresión que merecen pleno repudio. En efecto, la disposición de suspender en forma preventiva a Consumidores Libres es reprochable tanto por razones sustantivas como procedimentales.

Como reacción a la publicación de un relevamiento de precios que sugería que entre enero y agosto de 2012 el aumento de la canasta básica alcanzaría un 17,5 por ciento, la Subsecretaría emitió, tan sólo 24 horas después de aparecida la nota en Clarín, una resolución en la que se dispone la suspensión preventiva de Consumidores Libres del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores. Esta suspensión implica quitar -preventivamente- a Consumidores Libres la habilitación que la ley de defensa del consumidor exige para funcionar como Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores. El carácter extremo de la sanción queda en evidencia cuando se constata que ésta es la primera vez en casi dos décadas de existencia del registro que se adopta una medida de tal calibre.
El fundamento central de la resolución radica en que el relevamiento que conduce la Asociación "carecería del rigor, basamento científico y consistencia estadística necesarios", por lo que su difusión podría generar confusión en los consumidores y conducirlos a tomar decisiones erradas que afecten sus intereses económicos. Pero después de disponer la suspensión preventiva, resuelta "a simple vista", según admitió la titular de la Subsecretaría, María Lucila Colombo, se ordenó notificar a Consumidores Libres para que ejerza su derecho de defensa y explique el método con el que conduce su relevamiento. Por varias razones, la decisión de la Subsecretaría resulta reprobable y, sobre todo, preocupante.
La quita preventiva de su posibilidad de actuar como Asociación de Consumidores, basada en el desacuerdo de la autoridad de aplicación con la información producida y difundida por Consumidores Libres, constituye una abierta afrenta al derecho de libertad de expresión. Es que por tratarse de información de interés público, producida sin fines de lucro, debe aplicarse la más amplia tutela constitucional a esa información.
El Estado contaba con diversas formas de cuestionar e incluso intentar desacreditar la información producida por Consumidores Libres. Podría haberla contrastado con otra información que, a su entender, fuera de mejor calidad; podría haber hecho públicas las razones por las que considera poco confiable su índice, e incluso podría haberle exigido que explique el método de su trabajo públicamente. Todas estas alternativas hubieran generado más información y un mejor debate público y hubieran contribuido a brindar más conocimiento a los consumidores. En última instancia, y en virtud de ese acallado debate, Consumidores Libres pagaría con su credibilidad en caso de demostrarse que su procedimiento de relevamiento de precios es poco riguroso metodológicamente.
Sin embargo, la Subsecretaría optó por una solución diametralmente opuesta: suprimir una fuente de información, silenciar las voces discordantes y enviar un mensaje amedrentador a otros posibles actores de la sociedad civil que tuvieran pretensiones de controvertir posturas sostenidas por el Estado. La afectación del derecho a la libertad de expresión es enorme, y como consecuencia, también se produce un perjuicio a los consumidores que se alega proteger. Allí donde cada consumidor podría contar con más información para comparar, elegir, acertar o equivocarse, y ante todo evaluar y sacar sus propias conclusiones, ahora habrá silencio y menos información.
Tan brutal resulta la resolución que no sólo impone un manto de silencio y censura sobre el análisis de precios efectuado por Consumidores Libres -hecho por sí mismo inaceptable-, sino que directamente suspende a la Asociación; además, esta suspensión alcanza no sólo a su actividad referida a la confección de un índice de precios, sino a toda su actividad en defensa de usuarios y consumidores. La medida también resulta inconstitucional en términos de procedimientos. La suspensión se ha adoptado "preventivamente", es decir, sin que la Subsecretaría haya aún logrado arribar a conclusiones sobre la metodología que cuestiona.
La necesidad de contar con datos independientes se torna aún más necesaria ante los falsos e irreales que fabrica el Indec sobre la inflación y sobre la canasta básica alimentaria, que, según el organismo, sólo insume 23 pesos diarios por familia para no caer en la indigencia. Como puede advertirse, no se trata de un cálculo sino de una burla a la sociedad.
Prácticas institucionales como la injusta sanción que condenamos no deben ser naturalizadas ni aceptadas por la sociedad civil ni la ciudadanía, dado que atacan el corazón de nuestro sistema democrático, al intentar silenciar voces disidentes, empobrecer la discusión pública y amedrentar a quienes tienen aportes para realizar al debate público desde la sociedad civil.