Lunes 27 de agosto de 2012 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Justicia politizada

Mientras la política digite el nombramiento y la destitución de jueces, no habrá República con independencia de poderes

El Consejo de la Magistratura es una institución introducida en nuestra Constitución Nacional por la reforma de 1994, con el objeto de independizar los nombramientos y las remociones de los jueces de las negociaciones propias de la vida política.

Este propósito nunca se alcanzó y, en la actualidad, el Consejo, manejado por una mayoría kirchnerista, es una herramienta del oficialismo para intentar manipular a la Justicia. La ley que debía reglamentar su funcionamiento tenía que mantener el equilibrio entre los representantes de los órganos que surgían de la elección popular, los jueces y los abogados. Lamentablemente, el Congreso no cumplió con esta manda y la situación se agravó con la sanción de la ley 26.080, cuya autora fue la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner.
Esa norma rompió el equilibrio prescripto en el mandato constitucional otorgando una mayor representación al sector político, mayoritariamente oficialista, que en los hechos permitió orientar según sus conveniencias la selección de los aspirantes a magistrados, rechazar o admitir denuncias, y amenazar con procesos de remoción a los que están en funciones y demuestran independencia de criterio.
Recientemente desestimaron, sin mayor investigación, tres denuncias y los pedidos de remoción contra el juez federal de Mendoza, Walter Bento, quien había dispuesto el allanamiento y la intervención de la empresa Cablevisión, en diciembre pasado.
Esta inmunidad envalentonó al magistrado para insistir, hace pocos días, en un nuevo y arbitrario pedido de allanamiento frenado por la Cámara Nacional de Primera Instancia en lo Federal Civil y Comercial, que resolvió la incompetencia del juez para insistir en su hostigamiento a la mencionada empresa.
La primera denuncia contra el juez Bento fue iniciada por un abogado de Mendoza en agosto del año pasado, porque el magistrado habría asignado horas extras a una empleada de su juzgado que se encontraba con reducción horaria por razones de salud, que no le permitían cumplir con su jornada laboral habitual.
A esta situación se le sumaron otras dos que terminaron de cerrar lo que en estos días es considerado, en Mendoza, un verdadero escándalo. La empleada habría cobrado las horas extras sin haberlas trabajado, pero lo peor era que se trataba de la esposa del magistrado.
Originalmente, la denuncia le había sido asignada por sorteo al consejero Ricardo Recondo, representante de los jueces en el Consejo, quien solicitó la realización de varias medidas de prueba.
Esos trámites tardaron varios meses en ser diligenciados porque el presidente de la Comisión de Acusación y Disciplina, el diputado oficialista Carlos "Cuto" Moreno, se negaba a suscribir los correspondientes pedidos de informes.
Luego de una larga negociación en la Comisión de Acusación, se impuso el criterio de producir las medidas de prueba preliminares. Así, a principios del corriente año, Recondo volvió a solicitar a la Comisión una serie de diligencias que, luego de transcurridos más de cinco meses, el presidente de la Comisión no firmó. Esta no era la única denuncia contra Bento, pero muestra claramente los criterios de conveniencia político-partidaria que se les imprimen a los expedientes en ese organismo.
También se puede recordar la escandalosa y acelerada instrucción que tuvo la denuncia presentada por el consejero que representa al Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales, contra el juez federal Daniel Rafecas, en la que en cuestión de pocas horas y a espaldas de los restantes miembros, este consejero y el presidente del organismo, violando los reglamentos de la Comisión de Acusación, tomaron declaración testimonial al abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, defensor de José María Núñez Carmona, señalado como amigo y socio del vicepresidente de la Nación en el caso Ciccone, con el objeto de apartar a Rafecas de la causa que involucra al funcionario nacional.
Esas decisiones, sean lentas o rápidas según convenga, muestran la evidente intención del oficialismo en el Consejo de coartar la independencia del Poder Judicial al proteger a quienes son magistrados afines a sus intereses, impidiendo que se los investigue como lo dispone la ley y manteniendo sumarios casi eternos contra aquellos jueces que fallan en contra de los intereses del Gobierno.
Estos hechos, entre tantos otros, marcan precedentes preocupantes que generan desconfianza en la ciudadanía y ponen en evidencia la falta de transparencia y ecuanimidad en el sistema de elección y remoción de los magistrados.
Esos mecanismos, por otra parte, evidencian su notoria parcialidad cuando se quiere investigar a un juez afín al Gobierno o analizar la conducta de uno independiente. Esto anima a los magistrados sensibles al poder político a actuar con la misma falta de independencia, seguros de su impunidad.
En la medida en que el nombramiento y la destitución de los magistrados sea una potestad de la clase política, será inútil pensar en una República con verdadera independencia de poderes.