Viernes 31 de agosto de 2012 | Publicado en edición impresa

La imprenta de los billetes / Decisión del fiscal Di Lello

La Justicia rechazó denuncias de Boudou en el caso Ciccone

No encontró evidencias de las acusaciones contra el ex procurador Righi y el titular de la Bolsa, Gabbi

Por Hernán Cappiello  | LA NACION

mado Boudou recibió ayer un claro revés judicial cuando el fiscal Jorge Di Lello consideró que no había evidencias de las denuncias que el vicepresidente hizo en el caso Ciccone contra familiares del ex procurador general de la Nación Esteban Righi, y contra el presidente de la Bolsa de Comercio, Anselmo Gabbi.

Boudou los había acusado de extorsión en una conferencia de prensa que brindó en abril pasado en el Senado, un día después de que la Justicia allanara un departamento suyo de Puerto Madero como parte de la investigación sobre su vínculo con los directivos de la ex Ciccone.
Las imputaciones del vicepresidente dispararon un sonoro escándalo político que derivó en la renuncia de Righi, un hombre del riñón kirchnerista que había sido ministro del presidente Héctor Campora.
Después de cinco meses de investigación, el fiscal Di Lello entendió que no hay pruebas de que allegados a Righi hayan querido venderle al vicepresidente sus influencias en tribunales, como sostuvo Boudou, por lo que le pidió al juez federal Ariel Lijo que sobresea a los dos denunciados. Ellos son los abogados Ana María García -esposa de Righi-, María José Labat -esposa del ministro de seguridad porteño Guillermo Montenegro- y Fabián Musso, los tres integrantes del estudio jurídico del ex procurador. También Gabbi y Antonio Tabanelli, de la empresa Boldt.
Luego de transcribir los testimonios de su dictamen donde pide el sobreseimiento de los denunciados, el fiscal Di Lello escribió: "Al no haberse acreditado los extremos de la denuncia, resulta evidente a esta altura del proceso dar un corte definitivo a la investigación en la tesitura de que ningún hecho de características delictivas ha podido ser verificado, pese a la labor encarada".
Dijo Di Lello que "ninguna prueba resta por producirse" y que lo pasó en la reuniones "quedará sepultado en el consciente de sus protagonistas". Además, en el caso de Gabbi, dijo que no se determinó que hubiera habido ofrecimiento de dinero "ni mucho menos que hubiera operado por cuenta de un tercero".
Así, propuso que el asunto sea sobreseído, cuestión que el juez Lijo seguramente consentirá.
Boudou había denunciado que García y sus socios lo habían visitado en julio de 2009, cuando él estaba al frente de la Anses, para ofrecerle los servicios jurídicos del estudio porque "tenía buen lobby" en los juzgados y fiscalías federales.
A esta reunión, Boudou dijo que le siguió otra, un año más tarde, cuando ya era ministro de Economía, donde señaló que intentaron "venderle humo", es decir, falsas influencias ante jueces con causas que involucraban al funcionario.
La segunda denuncia de Boudou alcanzó a Gabbi. Dijo que el ejecutivo de la Bolsa se reunió con él en marzo de 2011 para advertirle que los dueños de la empresa Boldt, que se dedica a explotar salas de juego y a realizar impresiones de seguridad, lo "iba a destruir" si no lo ayudaba a mantener la planta de Ciccone que en ese momento alquilaba esa empresa.
Boudou dijo que Gabbi le advirtió que Tabanelli era una persona poderosa y que sólo hacía falta "ponerle un número" para que lo acompañara. En una segunda reunión, Boudou dijo que le comentó a Gabbi que no quería tener nada con Tabanelli.
Boudou sugirió que interrogaran a su abogado Eduardo Durañona, a sus tres secretarias tanto en la Anses como en el Ministerio de Economía, a sus encargados de ceremonial en ambos cargos y a los dos secretarios privados del vicepresidente.
Algunos de ellos no recordaban las reuniones, otros sí las recordaron, pero ninguno pudo dar fe de qué se trató en los encuentros. Los testigos declararon tanto sobre las charlas con los letrados del estudio Righi como sobre las reuniones con Gabbi. Dijeron que existieron, pero no de qué se habló.
El fiscal entendió que las conductas denunciadas por Boudou podían encuadrarse como tráfico de influencias o cohecho activo, pero dijo que no había pruebas para sostenerlas.
Como el fiscal tenía delegada la causa, el dictamen para pedir el sobreseimiento de los acusados por Boudou casi obliga al juez a disponer esa medida.
Pero más allá de lo que marca el proceso, juez y fiscal están de acuerdo en que no hay nada más que investigar en torno a las denuncias de Boudou y en que corresponde cerrar el caso.
Lijo y Di Lello son los mismos que investigan a Boudou por traficar influencias para salvar la imprenta Ciccone de la quiebra y por supuesto enriquecimiento ilícito.
La empresa, beneficiada antes de su estatización con un jugoso contrato para imprimir papel moneda, fue estatizada la semana pasada, pero aún se desconoce el nombre de sus verdaderos accionistas.
Di Lello le pidió al juez comercial que lleva adelante el concurso preventivo de la ex Ciccone que no se le pague nada a la empresa por la expropiación hasta que no aparezcan sus accionistas, con nombre y apellido.

Los protagonistas

• ESTEBAN RIGHI
  Ex Procurador General
  Boudou lo acusó de ofrecerle, a través del estudio de abogados de su familia, influencias en los tribunales.

• ADELMO GABBI
  Presidente de la Bolsa
  Boudou apuntó contra él y dijo que le había transmitido un intento de soborno de la empresa Boldt.

• JORGE DI LELLO
  FIscal federal
  Ayer desestimó por completo las denuncias y pidió el sobreseimiento de los acusados por Boudou.

QUEJA POR LAS RESTRICCIONES AL PERIODISMO
El bloque de diputados de Pro manifestó al vicepresidente Amado Boudou su rechazo a las restricciones impuestas a los periodistas en la cobertura de reuniones en la Cámara alta que, por reglamento, son de acceso público. El periodismo sufrió restricciones en la cobertura de la reunión de comisión en la que se debatió, anteayer, el proyecto para el traspaso de depósitos judiciales del Banco Ciudad al Nación, y, en mayo, en la sesión en la que se aprobó la expropiación de YPF. "Se atentó contra la libertad de expresión, el acceso a la información pública y el sistema republicano fue puesto en jaque", dice una carta macrista.